Saberes
Análisis y propuestas para una transformación democrática
01
Feb
2016
14:09
A cinco años del 15M: institucionalización, potencia, proceso constituyente
Por Fundación de los Comunes

Desde la Fundación de los Comunes lanzamos una serie de artículos para preguntarnos colectivamente por las líneas que definen el momento presente. Pensar desde los movimientos, sin cortapisas, desde dentro de los procesos es para nosotros, la base imprescindible de toda política. En este texto, Raúl Sánchez Cedillo, Nuria Alabao, Rubén Martínez, Emmanuel Rodríguez y Pablo Lópiz responden a dos preguntas sobre la institucionalización del 15M y la posibilidad de un proceso constituyente.

Podemos y las candidaturas municipalistas representan en cierta medida una salida institucional al 15M. Después de estos dos años, ¿se puede decir que el 15M ha llegado a las instituciones?

Raúl Sánchez Cedillo

En parte sí, porque no son pocos las y los elegidos han sido personas activas en el 15M. Buena parte de los diferentes programas, promesas y algunas de las medidas adoptadas en estos meses por parte de los consejos municipales en los que gobiernan las candidaturas municipalistas vienen del 15M, surgieron ahí y han sido enriquecidos desde entonces. En parte sí, porque en el caso de las candidaturas municipalistas, y en particular en los casos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Málaga, ha tenido un enorme peso lo que se ha conocido, gracias a Montserrat Galcerán, como el «método Ganemos». Pero en una buena parte no, porque el calado del lema «Democracia real ya: No somos mercancía en manos de políticos y banqueros dista mucho de verse colmado con un cambio en la composición de las y los representantes en las instituciones, sino que pasa por una relación nueva, constituyente, entre política, trabajo y ciudadanía. La onda media y larga de las transformaciones que anuncia el 15M no depende de los representantes, sino de una consolidación de la participación democrática de grandes conjuntos ciudadanos que sea capaz de condicionar el modo en que somos gobernados, para que gobiernos y parlamentos no puedan, bajo constricción legal y bajo el impacto de un conjunto de contrapoderes ciudadanos e internos a un nuevo andamiaje constitucional, repetir la autonomía de lo político respecto a los vectores decisorios procedentes de los contrapoderes ciudadanos. En este sentido, ni Podemos ni los municipalismos están en condiciones de cumplir con el mandato del 15M. En el primer caso, porque no se comparte esa desacralización del poder del Estado nacional y de la autonomía de la/los política/os.

Rubén Martínez

Podemos y las candidaturas municipalistas son una expresión institucional del 15M. Son una codificación de las demandas del 15M a partir de las herramientas institucionales disponibles y, por eso mismo, son una reducción de lo que expresaba el 15M. La posibilidad de culminar esas demandas por la vía institucional es amplia, pero a la vez es una vía contradictoria. Contradictoria ya que justo son las formas representativas que se ponían en crisis las que ahora deben usarse para poder producir cambios institucionales. Si esas formas de delegación del poder a través de una práctica institucional convencional no se tensan, el riesgo de que todo este ciclo político acabe con un recambio de élites políticas está a al vuelta de la esquina. 

Mirando ciclos anteriores, esto parece conducir al “incrementalismo". Es decir, que los grandes cambios institucionales, sobre todo aquellos que tocan la médula ósea de la sociedad de mercado, parece que solo son posibles a partir de conseguir pequeños cambios. Pequeños cambios que, en suma, acabarán produciendo objetivos deseables como la transformación de las relaciones de poder o la distribución efectiva del poder. Algunos estudiosos dicen que el incrementalismo es propio y “natural” del Estado de derecho, que se basa en la búsqueda continua de consensos y eso choca con la posibilidad de producir grandes cambios a corto plazo. De ahí que las fuerzas políticas más conservadoras apelen a “el imperio de la Ley”. En el fondo, el “imperio de la Ley” quiere decir que las demandas sociales deberán adaptarse a la ley existente, cuando las verdaderas conquistas democráticas se han producido justo al revés.  

Otra contradicción se suma a todo esto. Y es que, si bien se supone que la ley es el mediador de la convivencia social, la producción de nueva ley ha mostrado ser muy costosa cuando se trata de dar poder a las clases subalternas, y muy poco costosa cuando se trata de reprimir o endeudar al cuerpo social. 

Como conclusión a todo esto: sin dosis de desobediencia institucional no se producirán cambios como los expresados en el 15M. 

Emmanuel Rodríguez

El 15M ha desencadenado un vasto desplazamiento de tierras, que tiene su reflejo como “paisaje” (y por tanto en la superficie) que podemos ver en la emergencia de  nuevos sujetos electorales, en la crisis del viejo sistema de partidos. La situación es por tanto nueva, pero esto no supone que se deba aprobar la equivalencia 15M = nuevos partidos. De hecho, una de las características que dominará, a buen seguro, la escena política en los próximos años es la larga crisis de representación que el 15M sencillamente hizo emerger pero que recoge tendencias profundas (y no sólo hispanas) y que va mucho más lejos de conformarse con el pasaje del “no nos representan” al “ahora sí nos representan”. La prueba de fuego de la nueva política está fundamentalmente en tomarse muy en serio esta crisis, o en otras palabras, en reconocer que el papel de la “nueva política” (de las nuevas formaciones) no tiene más recorrido que el de las fuerzas sociales que ha catapultado, dentro de una relación, muy distinta, a la clásica de representante-representado. Dicho de otro modo, sólo hay una posibilidad: salir del espejismo de la autonomía de lo político.

Nuria Alabao

El 15M ha llevado a las instituciones a nuevos partidos y personas así como demandas que se pusieron en juego durante las tomas de las plazas y que provienen de la movilización social. Podría haberse dado un después el 15M sin que los movimientos hubiesen asumido el reto institucional y los partidos clásicos habrían tenido que reformarse de una u otra manera para recoger las aspiraciones sociales de cambio. Pero se apostó por esta vía, y lo que hay del 15M en las instituciones hoy supone la materialización –institucionalización– de una oportunidad política que se produce por tanto a través de todos los condicionantes que le dan cuerpo: la composición social de estas capas que conforman los nuevos partidos –clases medias universitarias mucho más jóvenes que la clase política en el poder–; las formas organizativas que hay detrás de estos representantes –más o menos democráticas, con mayor o menor voluntad de construir tejido organizativo o penetrar el cuerpo social–; las relaciones de poder locales y las cortapisas que el contexto político ofrecen al desarrollo de las políticas transformadoras, limitadas a su vez por la voluntad de permanencia en el poder de estas nuevas organizaciones, lo que las formatea institucionalmente, les hace ir en la búsqueda de un “centro” donde supuestamente residen las aspiraciones de las mayorías sociales y les resta capacidad de confrontar lobbies e intereses del poder constituido.

Con todas las contradicciones y limitaciones, la batalla continúa, el momento todavía está preñado de oportunidades y la situación no se cerrará en mucho tiempo. Sobre todo si la movilización social asume que no está “representada”, o que no hay posibilidad real de “representación” de los movimientos y la calle continúa en efervescencia.

Pablo Lópiz

Si bien la mutación en la escala institucional debe, sin duda, ser entendida como expresión del Acontecimiento-15M, éste último no puede ser reducido a dicha mutación, ni tampoco a una serie de demandas concretas. En primer lugar, el 15M fue expresión de una potencia mucho más heterogénea de lo que lo son las apuestas institucionales. Pero, además, la tendencia dominante en las plazas, al menos por lo que se pudo constatar en lugares como Zaragoza, demostró una mayor radicalidad política que la que se muestra en la salida institucional, bastante más moderada. Resumiendo mucho, diría que el 15M producía y aún produce nueva realidad social y política, mientras que las candidaturas municipalistas, así como, en menor medida, Podemos, negocian con una realidad preinstituida, ponen al 15M a negociar con el Ancient Régime. En cualquier caso, y a pesar de su moderación —quizá, en parte, gracias a ella— la salida institucional supone una escalada del conflicto social sin precedentes desde la Transición.
 

Pablo Iglesias por Marc Lozano
Pablo Iglesias por Marc Lozano

Una de las demandas de los movimientos ha sido la de abrir un proceso constituyente capaz de dar lugar a un nuevo régimen más democrático. ¿Ha sido recogida esa demanda? ¿Estamos más cerca de eso?

Emmanuel Rodríguez

El punto de la cuestión está en que el 15M –estirado, proyectado, en su propia “tendencia”–  prefiguraba un horizonte de democracia absoluta. Basta considerar las consignas, las formas de organización, los horizontes políticos. En el proceso de creación de herramientas electorales se ha producido una vuelta a repertorios clásicos: liderazgos carismáticos, formas de partido-empresa, la política-espectáculo, la política-gesto. Si en un principio la demanda de proceso constituyente trataba a duras penas de recoger esa aspiración de democratización radical, en las exigencias de la política electoral, esta ha quedado disuelta en enunciados vagos y vacíos: “el gobierno del cambio”, “el año del cambio”. A futuro, sin embargo, sobre todo si el ciclo quiere seguir siendo expansivo, se tendrá que volver sobre formas políticas de realización concreta de ese proceso de democratización. En la medida en que el juego político de restauración-cambio de régimen pasará seguramente por una reforma constitucional, es casi seguro que la idea de proceso constituyente recuperará posiciones.

Nuria Alabao

La demanda de un proceso constituyente era la conclusión lógica al cuestionamiento que el 15M y el nuevo clima político hacen del régimen salido de la Transición. Por primera vez se ha impugnado de forma amplia el proceso político que dio lugar a nuestra arquitectura institucional y sus relaciones con lo social y se hace evidente cómo en aquellos pactos y consensos se produjo el germen de lo que ahora reconocemos como una democracia fallida. La aspiración a una “democracia real” es por tanto, no únicamente una demanda de renovar la letra constitucional, sino más bien una aspiración a poder revisar las relaciones que estructuran nuestra sociedad, la de un proceso capaz de inaugurar una democracia fundada sobre nuevas bases.

El momento político es excepcional. En estos últimos años se están poniendo en cuestión desde la institución monárquica, hasta la unidad territorial que esta representa –de manera mucho más amplia que anteriormente–. En Cataluña es enunciada con fuerza la posibilidad de un proceso constituyente pero con significados diversos según se proponga desde la izquierda anticapitalista, los movimientos sociales o de la derecha neoliberal de Convergència, puesto que un espectro tan amplio ha hecho converger su discurso político hacia ahí.

Ahora que hasta el PSOE habla de reforma constitucional, es posible que la Constitución se transforme de una u otra manera para solucionar la “cuestión catalana”, pero también para encauzar la situación política, encajar las demandas de Podemos en la nueva fase institucional y cerrar la crisis de régimen sin tocar la monarquía. Sin embargo, una reforma constitucional conducida por la correlación de fuerzas presente no parece que pueda conducir a un proceso destinado a servir de base para transformar de manera significativa las relaciones sociales dando acceso al poder a las clases populares que ahora tienen escasa representación en las instituciones. Es decir, de traducir de forma significativa la demanda de mayor democracia a la manera que lo han hecho los procesos constituyentes latinoamericanos de las últimas décadas.

Rubén Martínez

El "proceso constituyente" ha sido reducido a una expresión más pobre: “reforma constitucional”. Una idea que se asegura alcanza mayor consenso en el arco político institucional. Pero un proceso constituyente no es la redacción de nuevas líneas en una constitución, ni siquiera la redacción de una constitución nueva. Lo que emerge de las prácticas de sindicalismo social, las mareas, la PAH, las prácticas de autogestión urbana, el cooperativismo, incluso de la base de los nuevos gobiernos municipales no puede ser reducido a una nueva línea en la Carta Magna. Un proceso constituyente es la producción desde abajo de un nuevo marco de convivencia, la producción de un nuevo contrato social prefigurado en los movimientos ciudadanos vivos.

Esa potencia social de cambio apunta hacia una forma de acceso a la cobertura de necesidades básicas y de sistema redistribuido que no se agota en el Estado. Esos movimientos apuntan a una democracia de lo común que pone en crisis la forma Estado como garante de lo público. El proceso constituyente pasa por ese rediseño de la arquitectura institucional y de los mecanismos y pactos para asegurar libertad, igualdad y justicia social. 

Tal vez el ciclo del proceso constituyente es mucho más largo, pero seguro pasa por la escala europea. Es en Europa donde se cuecen la mayoría de dictámenes que el pobre Estado-nación asume sin mayor resistencia. La soberanía tendremos que construirla escalando las prácticas de movimiento y contrapoder en el territorio Europeo. Una asignatura pendiente para dar pasos hacia la creación de una Europa democrática. 

Pablo Lópiz

El proceso constituyente no es una demanda sino una realidad. El 15M abre, precisamente, eso, un proceso constituyente. Es cierto que a nivel formal no ha habido modificación del marco constitucional, salvo por las alteraciones, digamos, reaccionarias, como la del artículo 135; pero la constitución material del campo social ha mutado por completo, y lo ha hecho en favor de los sectores menos conservadores. Gente antes ajena al campo político ha accedido a éste, se ha experimentado con nuevos modelos organizativos, se han abierto los debates acerca de los procedimientos más adecuados para el autogobierno. Ahora es necesario fijar toda esta novedad en una constitución formal. Entiendo que de eso es de lo que trata, en parte, la apuesta institucional. Ahora bien que la revolución democrática esté en marcha no significa ni mucho menos que vaya a triunfar. Por decirlo con una terminología algo anticuada, también la contrarrevolución está en marcha, y no sólo donde se la espera. Podemos e, incluso, algunos sectores del municipalismo están atravesados por una pulsión antidemocrática. Las formas de liderazgo que promueven, la verticalidad, así como los estilos de militancia dominantes son marcadamente elitistas.

Raúl Sánchez Cedillo

En estos días posteriores al 20D, en los que aún no sabemos cuál será el resultado de las negociaciones para formar gobierno, resulta difícil contestar la pregunta. Lo primero que hay que decir es que la exigencia constituyente del 15M no ha sido directa, sino implicada. En las condiciones actuales, pedir «Democracia real ya» es pedir un proceso constituyente. Pero lo es más bien por derivación o interpretación. Como mucho podemos decir que en el 15M se habló de proceso constituyente, pero esa formulación no ocupó el centro del consenso de ese sistema red.

Sin embargo, el problema de la constitución y, por lo tanto, la problemática constituyente, pugna por ocupar el centro de la actualidad política por razones objetivas, es decir, por razones que solo una minoría ultramontana se atreve a rechazar. El principal ariete contra el consenso constitucional es sin duda la cuestión catalana. Una cuestión que no tuvo solución de larga duración con el pacto constitucional de 1978, pero que la crisis sistémica que se desenvuelve desde 2008 ha llevado a una situación insostenible. O se reforma la constitución y se vota en referéndum (estatal) o la situación no parece reversible.

Sin embargo, hay otros dos factores críticos en la crisis constitucional que están menos vinculados a la historia local y tienen que ver directamente con los efectos locales de la crisis sistémica en el espacio económico y financiero en Europa. Se trata de la cuestión del mandato electoral representativo y de la vigencia de los derechos sociales y civiles recogidos en la Constitución española. Estas cuestiones han ocupado el centro de la escena con el 15M, pero no han alcanzado una formulación como problema constituyente salvo en iniciativas minoritarias o como elemento de programa de partidos como Podemos o IU.

A decir verdad, la experiencia enseña que, en la medida en que la cuestión del proceso constituyente esté en manos de los instrumentos electorales, es decir, de los partidos (aunque sean los del «cambio»), predominará la amalgama y la ambivalencia calculada entre «proceso constituyente» y mera «reforma constitucional». La clave de discriminación o de ruptura de la ambivalencia pasa seguramente por la respuesta a una pregunta: ¿cabe identificar en la situación actual un poder constituyente como sujeto material en proceso, múltiple, activo, independiente de los instrumentos electorales? La secuencia que se abre desde el 15M hasta el llamado «asalto electoral» presenta todos los rasgos de ese poder constituyente extrajurídico, en acto. La gran vulnerabilidad del asalto electoral consiste precisamente en que la ilusión de una autonomía de lo político (en el fondo, de una «neutralidad» de la esfera mediática y parlamentaria, así como de la gama de operaciones que competen a un gobierno) termine truncando el proceso de formación y de expresión directa de ese sujeto múltiple, del poder constituyente actual. Aún no estamos en condiciones, a corto plazo, de prever cómo se resolverá esa ambivalencia. Hay que tener en cuenta además que esa ambivalencia se prolongará durante meses si, como parece sumamente probable, el bloqueo de la investidura presidencial se resuelve en nuevas elecciones.

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