Òscar Monterde (@Oscar_Potxo), Regidor de Terrassa en Comú

La garantía de los derechos fundamentales en la salvaguarda de la dignidad de las personas es una señal de identidad de los estados democráticos. La mayoría de los estados del mundo participa en el sistema internacional de los Derechos Humanos (DDHH) y reconoce su universalidad como fundamento de garantía de la dignidad de las personas. La superioridad jerárquica y el carácter imperativo del Derecho Internacional de los DDHH obliga a promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos tanto en su territorio como el exterior. Las instituciones, las empresas, las organizaciones, no sólo tienen que velar por su respeto sino que tienen que trabajar para reconocerlos, asegurarlos y protegerlos, independientemente del lugar donde desarrollen su actividad.

Lamentablemente la violación de los DDHH se sigue produciendo en todo el mundo tanto por parte de los estados como por parte de empresas y organizaciones. A menudo, estas violaciones quedan impunes. La lucha contra la impunidad y por la defensa de los DDHH es una de las grandes cuestiones que tenemos que afrontar en un mundo en convulsión donde los tratados de libre comercio, la crisis económica, las políticas de austeridad y los nuevos conflictos armados hacen que muchas personas vean sus derechos vulnerados. Derechos que, por ley, le son reconocidos, lo que conlleva que no puedan disfrutar de la vida digna a la cual todos y todas tenemos derecho. 

El 2011 el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad los principios rectores sobre empresas y DDHH elaborados por el relator especial John Ruggie. En la resolución A/HRC/17/31 se establecieron una serie de medidas no vinculantes basadas en los principios de protección, respeto y reparación. El año 2014, se creó un grupo de trabajo con el fin de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en el marco del Derecho Internacional de los DDHH.

Este mes en Ginebra, –entre el 24 y el 28 de octubre– ha tenido lugar la segunda sesión de trabajo de este grupo de composición abierta, donde participan estados, organizaciones internacionales y ONG. La sociedad civil internacional se ha movilizado y también irá a Ginebra para exigir y presionar para que se protejan los derechos de sus comunidades ante las empresas transnacionales.

La lucha contra la vulneración de los DDHH no se puede enmarcar tan sólo en el ámbito internacional. El ámbito municipal, como administración más cercana a la ciudadanía, tiene una gran responsabilidad. En la Carta Europea de Salvaguarda de los DDHH en la Ciudad, los gobiernos locales se comprometen a exigir el respeto y la garantía de los DDHH para todos sus habitantes y promover los valores de la cohesión y la protección de los más vulnerables. Asimismo, los gobiernos locales se comprometen a rechazar o denunciar cualquier acto jurídico, en particular cualquier contrato municipal, las consecuencias del cual puedan ser un obstáculo para la protección de los derechos reconocidos o sean contrarias a su realización. Así como a actuar de forma que otros sujetos de derecho estén obligados a reconocer el valor jurídico superior de estos derechos. 
Con la voluntad de poner en práctica y garantizar mecanismos de protección desde los gobiernos locales, Terrassa en común, presentamos al pleno de septiembre una propuesta de resolución para incluir mecanismos de lucha contra la vulneración del Derecho Internacional de los DDHH y del Derecho Internacional Humanitario. La propuesta, aprobada por una amplia mayoría, obliga a incluir en todos los pliegues de contratación una cláusula esencial en la cual las empresas se tienen que comprometer a que tanto sus actividades, como las de sus filiales y las de sus cadenas de proveedores no vulneren ni los DDHH, ni el Derecho Internacional Humanitario, independientemente del lugar donde se lleven a cabo. De tal manera que si se demuestra lo contrario, puedan ser revocados los contratos. Se pone así en práctica uno de los compromisos más importantes firmados en la Carta Europea de Salvaguarda de los DDHH en la Ciudad. 

Sin embargo, la inclusión de un criterio genérico no es suficiente. Por eso los acuerdos ponen especial atención en las empresas que pertenecen y/o desarrollan actividades económicas en países con conflictos armados, en países que ocupan otros territorios de forma ilegal, o en países donde se producen vulneraciones sistemáticas de los DDHH, y pide a todas ellas un informe sobre cómo se aplican los principios y las recomendaciones de Naciones Unidas de respeto, protección y reparación. El objetivo del informe es poder garantizar y hacer seguimiento de su compromiso en colaboración con los organismos competentes como el Centro de evaluación de las empresas catalanas creado por el Parlamento de Cataluña el junio pasado, gracias a las exigencias de la ciudadanía organizada. 

La incorporación de estos criterios no será fácil. Para garantizar que el gobierno no sólo acepta la propuesta como una declaración política, y que se introduzcan las diferentes cláusulas en los pliegos con todas las garantías, los acuerdos también contemplan la adhesión del Ayuntamiento de Terrassa a un proyecto del Fondo Catalán de Cooperación que tiene por objetivo la creación y puesta en marcha de una guía ética y de los DDHH para la contratación y la compra pública de los municipios catalanes. 

Acciones como esta pretenden así adecuar el sistema de contrataciones a las exigencias democráticas del momento y reforzar, desde el municipalismo, la apuesta por la responsabilidad social de las empresas y empujar también, la lucha contra la impunidad y por la defensa y garantía de los DDHH, una de las cuestiones claves en juego estos días en Ginebra.