Saberes
Análisis y propuestas para una transformación democrática
05
Sep
2016
17:51
Dentro y contra del Estado neoliberal: "el derecho de cualquiera" y los comunes
Por Fundación de los Comunes
Descansando después de recoger arándanos, año 1978. Foto cortesía de Pentti Huttunen.

Lotta Meri Pirita Tenhunen (@sydansalama)

El derecho de cualquiera –según su traducción literal del finlandés– es un derecho consuetudinario con reconocimiento en los países del norte de Europa que garantiza el disfrute y aprovechamiento sostenible de la naturaleza independientemente de la propiedad. Aumenta las posibilidades de autosuficiencia alimentaria y fortalece una economía plural, donde la importancia de las economías sostenibles locales frente al mercado global capitalista viene reconocida a través de la posibilidad de venta a pequeña escala de los bienes comunes silvestres como por ejemplo, los frutos del bosque y las setas. Aunque el derecho de carácter consuetudinario en sí no ha sido formalizado, varias leyes separadas –la Ley Penal, la Ley de los Bosques, etcétera– delimitan sus diferentes dimensiones.

La historia del derecho de cualquiera podría trazarse desde los antiguos sistemas económicos de caza y recolección. Sin embargo, el concepto nació a principios del siglo XX al mismo tiempo que la urbanización. En ese momento también se produjo la transición de la práctica de tala y quema dentro de un modelo de propiedad rotativa a una agricultura con propietario permanentes, lo que produjo la necesidad de plasmación en ley más estable que recogiese una serie de costumbres y prácticas que necesitaban ser protegidas para conservarse.

Desde entonces sus dimensiones fundamentales se han ido estableciendo como el derecho a:

Moverse libremente por tierra y por agua, independientemente del régimen de propiedad al que pertenece la tierra o el curso del agua, ya sea a pie, en bicicleta o a caballo, esquiando o patinando en invierno, o nadando y remando en verano. Quedan excluidas de esta práctica las zonas cultivadas y los jardines de las casas, así como los terrenos de entrenamiento militar y algunas islas pequeñas y zonas acuáticas protegidas por su fauna.

– Acampar a una distancia prudente de casas y sus jardines (para no molestar con ruido a sus habitantes) sin intención de construir una morada permanente y usar los miles de cobertizos públicos que existen para pernoctar y hacer fuego. (Hay un listado en http://www.laavu.org/) Incluso, aunque la ley lo prohiba fuera de estos refugios públicos, en el derecho de cualquiera suele incluirse también el hacer fuego con ramas caídas (sin cortar leña) cuando no se corra riesgo de incendio. Esto último se entiende como una necesidad básica en cualquier estación salvo en verano. Aunque la ley prohiba hacer fuego en la tierra, se entiende que esto no incluye la superficie congelada de los lagos sobre los que puede hacerse un fuego. Cada año surgen casos controvertidos en este sentido, pero muchas veces se resuelven a favor del derecho consuetudinario, con la implementación de la cláusula sobre el estado de necesidad de la Ley Penal.

– Recoger sin limitaciones frutos del bosque, setas y todo aquello silvestre que sea comestible (salvo las especies protegidas), ya sea para consumo propio o para su venta a pequeña escala. Esto puede hacerse sin pagar impuestos. También se incluye el derecho a pescar con caña sencilla en verano y a través de un agujero en el hielo en invierno.

 

Cobertizo para pernoctar y hacer fuego en Kurikka. Foto de Kurikan Paulapieksut.

Cobertizo para pernoctar y hacer fuego en Kurikka. Foto de Kurikan Paulapieksut.

Las limitaciones legales del derecho de cualquiera son, grosso modo, de dos tipos: las que dicta el ecosistema y las que definen el interés capitalista con el avance de la industrialización en el territorio. Las primeras se basan en la protección del ecosistema y la posibilidad de su regeneración. Por ejemplo, no se permite recoger líquenes, cuyo uso decorativo a gran escala podría hacer peligrar el funcionamiento del ecosistema y de los que depende el alimento de varios animales salvajes, ni pueden recogerse flores de las especies protegidas.

El segundo tipo de limitaciones ha nacido poco a poco, a través de la imposición de las relaciones de propiedad privada en la agricultura y en la industria maderera. Si bien siempre existió una cierta exigencia de respeto al uso preferente del propietario de sus bienes, la tardía industrialización de la producción de madera –a partir de 1880– y sus derivados intensificó la presión política para definir un marco legal más estricto sobre el uso de los bosques finlandeses que favoreciera la exportación de madera y sus derivados. Por otro lado, el proceso privatizador por el cual las tierras agrícolas comunales fueron divididas y repartidas entre los campesinos – la Storskiftet– había terminado en la mayor parte del país –que en aquel entonces formaba parte de Suecia. Los motivos de la reforma agraria eran una mezcla de aumento de productividad y el divide et impera de los campesinos, además de que los grandes terratenientes se habían organizado para defender su propio interés. Así, el historiador Kustaa Vilkuna cuenta que lo que en el anterior siglo fue aún habitual y permitido recolectar en tierras privados, devino un delito. Antes, una persona hambrienta podía visitar el campo de nabos de cualquier vecino y recoger para alimentarse lo que pudiera llevarse en las manos –siempre sin recogerlos en bolsos o cestas. Ahora, acciones de este tipo pueden llegar a provocar una denuncia por robo.

El derecho no entiende de limitaciones de nacionalidad, estatus, residencia o país de origen e incluye a todo aquel que desee disfrutar de él. Lamentablemente este hecho, que sí merece ser alabado, no solamente significa igualdad entre las personas que tienen la nacionalidad finlandesa y los nómadas contemporáneos. Durante los últimos años, hemos visto claramente que las políticas neoliberales de expolio de los bienes comunes no defienden los bosques frente a los otros interesados: las empresas multinacionales y la industria turística tienen la puerta abierta para explotar el terreno forestal. Un caso destacable en este sentido sería el de la mala praxis de las empresas exportadoras de los frutos del bosque, que convocan desde hace media década a temporeros tailandeses para la recogida anual de los tres tipos de arándano que llenan los bosques cada otoño. La empresa organiza los viajes de los temporeros, pero ellos quedan en deuda por el importe del coste de los vuelos, asumiendo el riesgo de que si el año no trae buena cosecha, no tienen manera de regresar a su país con ganancias –y en algunos casos, ni siquiera llegan a saldar la deuda con la empresa. En los últimos tiempos pues, además de las discusiones sobre el abuso del derecho de cualquiera, se ha suscitado uno de los conflictos laborales más vívidos e interesantes desde el punto de vista de la globalización de la fuerza de trabajo.

Mujeres en la recogida del arándano. Foto cortesía de Pentti Huttunen.

 

Por otro lado, la reforma del 2014 de la Ley de los Bosques ha abierto el camino hacia la corporatización de los bosques del Estado, y ha ampliado el derecho de los propietarios de explotación de su terreno forestal. El objetivo es la incentivación de ciclos más cortos de tala a costa de la biodiversidad y su regeneración. Aunque ni esta reforma, ni la siguiente (prevista para este año) intervienen directamente en el derecho consuetudinario por la vía legislativa, contribuyen a un futuro agotamiento del recurso común en el que basa su existencia.

Mientras tanto el derecho de cualquiera finlandés nunca ha sido legislado. Aún así, se le conoce desde la boca de la plebe hasta el Ministerio de Medioambiente finlandés. En el país vecino, Suecia, el mismo derecho está comprendido en el Código legal desde 1994, cuando quedó jurídicamente formalizada que "todos tendrán derecho a la Naturaleza, según el derecho de cualquiera”, pero como la ley no contempla los contenidos del mismo, los hábitos y la autorregulación comunitaria siguen siendo la base de su definición y cumplimiento.

Para proteger el recurso común, la formalización del derecho consuetudinario como ley es una opción, aunque no la única. Con o sin piruetas jurídicas en el repertorio, a día de hoy parece que casi no hay quién esté a la altura del desafío, de no ser por las nuevas generaciones de los Sámi (los pueblos originarios de Laponia) que se están organizando a partir de un lúcido análisis sobre la relación entre el capitalismo contemporáneo y la destrucción del medioambiente. Pero el interés de organizar una defensa del derecho de cualquiera es todavía marginal – sigue el sueño demasiado alargado de los finlandeses sobre un neoliberalismo que siempre está “allá fuera”. A una dirección u otra, pronto podremos afirmar que el uso común se “reglamenta” (o no) y se defiende (o no) a fuerza de organización social de las costumbres. Esto nos recordará que los derechos nacen y mueren, se restringen y se expanden según su ejercicio.

El ejemplo de este derecho de costumbres que se consolida dentro y contra el Estado neoliberal puede ayudarnos a pensar en una Europa en la que el uso sostenible e inclusivo de los bienes naturales, el terreno y los cursos de agua se fortalezcan y resistan frente al neoliberalismo extractivista. Cierto es que los procesos de innovación consuetudinaria son largos y no ofrecen soluciones de protección rápidas en situaciones de destrucción inmediata de la biodiversidad, y seguramente necesitaremos muchas mas herramientas para detener la violencia ejercida contra la biósfera que amenaza la vida en el planeta. Sin embargo, lo que también es cierto es que son los costumbres los que siembran a su paso semillas de imparable crecimiento: puede bien ser que son las únicas que, al final y al cabo, pueden crear en las generaciones venideras un deseo de vivir en un mundo menos destruido por el hombre, libre de fronteras selectivas que privan el paso a los pobres.

 

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