Editorial de Pamplonauta (14 de junio)

La necesidad de espacios para la ciudadanía ha desbordado la agenda pública en Pamplona como en otras capitales del cambio. La expectativa de que, por fin, tras décadas de cerrojo de la derecha, los nuevos gobiernos municipales abran la mano y cedan el uso de espacios públicos a iniciativas populares se ha convertido en eje estratégico de una nueva manera de entender y construir ciudad y, que duda cabe, de controversia con la vieja política y su defensa de la institución paternalista.

En Iruñea se multiplican las demandas vecinales de carácter sociocultural, y ya se han iniciado diversos procesos, cada uno con sus particularidades. El gaztetxe del Casco Viejo ha pasado de la okupación de un portal de la Calle Compañía a la negociación del Chalet de Caparroso; en torno al Palacio de Redín y Cruzat se acaba de iniciar el proceso participativo Plazara! de manera conjunta con el Ayuntamiento; en Mendillorri a la problemática demanda del Palacio se ofrece la construcción de un nuevo edificio; en las Salesianas de la Txantrea se llega a un acuerdo que todavía no es firme… Un panorama tan diverso y complicado como estimulante.

Recientemente, la plataforma Batera! celebró las jornadas “Cogestión o autogestión: ¿Cómo nos organizamos?” en las que se puso de relieve la centralidad y, al tiempo, la complejidad del modelo de gestión, vinculada a las relaciones con la administración, entre la vía progresiva de La Harinera de Zaragoza y la veterana autogestión del barcelonés Ateneu Popular Nou Barris, tras 40 años de existencia y gestionando un millón de euros de presupuesto… No hay soluciones iguales para todas las situaciones pero sí debe haber criterios y principios comunes para, desde la institución, atender a todas las demandas ciudadanas. Y, a cambio, corresponsabilidad real por parte de las plataformas ciudadanas.

Lo que está en juego no es solo la creación de un puñado de espacios de nuevas generación sino el futuro de los bienes públicos urbanos; si se mantienen en la órbita de la gestión pública, más o menos participada, o si se empieza a dar el salto cualitativo hacia su conversión en bienes público-comunales. Con todos los matices y escalas, este es el debate de fondo: la democratización profunda de la propiedad y de la gestión de lo público.

En medio de este saludable debate, se cruzan conflictos y malestares sociales que los medios de comunicación reducen a problemas de orden público, y más aún en periodo electoral, como los recientes casos de Can Vies o del Banc Expropiat. Lo cierto es que el acceso a la ciudad es una reivindicación creciente y que la institución debe llevar a cabo una mediación sofisticada para atender dicha demanda. De momento, con sus altibajos y torpezas, el Ayuntamiento ha conseguido mantener la potencial conflictividad de los procesos locales en coordenadas razonables. Pero ha de perseverar en la transparencia y en la participación. Necesita cintura para adaptarse a las coyunturas cambiantes en el desarrollo de su propio modelo.

Entre sus labores, estará sin duda contestar a la campaña de alarma social que está montando ese viejo régimen –experto en la deriva de prebendas y bienes hacia la iniciativa privada– que ya ha empezado a lanzar acusaciones de grueso calibre. Aunque, sin duda, la mejor forma de responder son los hechos: consolidando al final de legislatura una red de centros ciudadanos que transformen Pamplona para la próxima legislatura y más allá. Centros sociales 2.0 convertidos en espacios públicos, con algún punto virtuoso entre la cogestión y la autogestión, y que sean la vanguardia de los comunales urbanos que necesitamos.