Saberes
Análisis y propuestas para una transformación democrática
18
May
2016
15:19
El asesinato de J. A. Benítez: Los Ángeles-Barcelona
Por Fundación de los Comunes

Joan Miquel Gual (@joanomada)

Jane Jacobs reivindicó en Vida y muerte de las grandes ciudades que “tiene que haber ojos en las calles, ojos pertenecientes a los que podríamos llamar los propietarios naturales de la calle. Los edificios deben estar orientados hacia la calle para garantizar la seguridad de los residentes y extranjeros. No pueden dar la espalda o tener lados en blanco y dejarlos ciegos”.

La posibilidad de filmar la calle con teléfonos móviles permite que los ojos del barrio protejan a las personas viandantes de los abusos policiales. Pero a veces, filmar una paliza mortal, no implica que los culpables sean expulsados del cuerpo de policía ni vayan a la cárcel. El caso Juan Andrés Benítez enseña que protegerse, protegernos, no pasa solamente por la vídeovigilancia popular y las campañas de protesta, sino por la necesidad de depurar unos cuerpos de policía que están llenos de elementos peligrosos.   

Le podría haber pasado a cualquiera

En 1991 Rodney King fue víctima de la violencia policial en Los Angeles. La paliza que recibió, filmada por la cámara de un vídeoaficionado, George Holliday, generó una gran expectación mediática en Estados Unidos. Apenas un año después se desencadenaron los conocidos disturbios de Los Angeles. El estallido se produjo después de la absolución de todos los policías en el juicio, a pesar de la evidencia de las imágenes, pero la motivación de los altercados se encontraba más allá de ellas, en el vínculo de la comunidad negra con la violencia: la sensación colectiva fue que aquellas ostias podrían haberle caído a cualquiera.

Hoy este caso resuena en Barcelona: también Juan Andrés Benítez podría haber sido cualquiera. Como cualquiera podría haber sido Éster Quintana; o cualquiera pudo recibir porrazos el día del intento de desalojo violento de Plaza Catalunya el 15 de mayor de 2011.

A diferencia del caso 4F, en el que no se pudo mostrar quién lanzó la maceta que le atribuyeron a  Rodrigo Lanza, la evolución tecnológica permitió que, en los pocos años transcurridos entre un suceso y el otro, vecinas y vecinos pudiesen captar la reducción mortal de Juan Andrés Benítez por parte de los Mossos d'Esquadra. Las filmaciones fueron publicadas en prensa y circularon viralmente a partir del día después. Éstas generaron un acontecimiento de barrio y de ciudad: la campaña #JusticiaJuanAndrés, que viene durando desde 2013. Entre muchas otras acciones se organizó una manifestación multitudinaria de protesta contra el asesinato y la violencia policial en noviembre de 2013; se abrió en un solar vacío del Raval, el Ágora Juan Andrés Benítez; se han encendido velas cada día cinco del mes -sin falta- en la calle Aurora. En el lugar del asesinato, tuvo lugar el escrache a la regidora Mercè Homs para denunciar su silencio cómplice...   

Parecía que esta vez íbamos a ver a ocho Mossos sentados en el banquillo de los acusados, pero, si bien no han quedado impunes, han evitado el juicio. Dicho esto la pregunta a formular salta a la vista: ¿Cómo puede ser que, a pesar de las explícitas imágenes, de la verdad que atesoran, éstas no sirva para llevar a la cárcel a los asesinos o a quienes cometen excesos de violencia?

El significado de las imágenes

El caso Rodney King avanzó una dinámica que se convertiría en muy habitual con el desarrollo tecnológico de los dispositivos móviles de filmación. No hace mucho que los vídeos captados con teléfonos han modificado profundamente el debate sobre la violencia racial en EE.UU. Si bien en contadas ocasiones la existencia de los mismos resulta una prueba condenatoria, sí que al menos han servido para activar múltiples investigaciones judiciales.

Ayer, en Los Angeles, la imagen que debía funcionar como prueba de la brutalidad acabó apuntalando, en primera instancia, la legitimación del protocolo de la policía de allí. En un primer momento, a causa de una muy buena defensa y una pésima acusación, la actuación fue definida en el juicio como ejemplar, ajustada a los cánones, y por ello el juez dictaminó la absolución. Después de los disturbios hubo una segunda vista. En ella, con una mejor acusación que había estudiado bien el contenido de lo filmado, dos de los policías fueron condenados por violencia excesiva.

En el caso de que se hubiese producido un juicio en Barcelona, el tema central del mismo habría sido la interpretación de las imágenes, una lucha por el significado de las mismas para distinguir qué parte de la actuación policial resulta correcta y qué parte es condenable. La aceptación del pacto por parte de la acusación popular supone no entrar al trapo en esa batalla que quizá se podría haber ganado con una buena argumentación. La eliminación de pruebas como los restos de sangre o el borrado de filmaciones captadas por vecinos, coaccionados por los Mossos, así como la existencia de testigos que muy probablemente podrían haber declarado, habrían jugado en favor de la acusación.

En cambio, las imágenes pretextarán simplemente el debate gubernamental sobre la revisión del protocolo de “reducción de personas alteradas”: a partir de ahora se contempla la descarga eléctrica de las pistolas Taser para inmovilizar los cuerpos cuando sea necesario. Las pistolas que, dicho sea de paso, son las que se utilizan desde hace años en EE.UU y que se utilizaron precisamente para tratar de inmovilizar a Rodney King en su momento. Por lo tanto el debate se desplaza hacia los instrumentos represivos, en lugar de señalar la permanencia en el cuerpo de los perfiles violentos que forman la policía autonómica catalana.

El necesario y siempre pospuesto debate sobre qué tipo de policías patrullan la ciudad

Uno de los episodios más indignantes de todo el proceso fue cuando 4 de los 6 mossos declarados homicidas eludieron el test de tóxicos rasurándose el cuerpo al completo. Escoltados por sus compañeros, fueron camuflados para evitar que sus rostros saliesen publicados. Después, los policías homicidas han tenido un trato de excepción en la vista: para evitar que circulen sus rostros, el juez prohibió a los medios filmar durante el procedimiento. La decisión política cómplice de La Generalitat de mantener a estos sujetos peligrosos patrullando las calles cuando haya pasado un tiempo de siete años lo dice todo: la violencia -monopolio del Estado- no solamente es policial, sino también judicial y política.

Ante esta situación, es normal que las bases de la campaña Justicia Juan Andrés, y mucha gente de a pie, nos sintamos enormemente defraudados por la decisión –unilateral–  de la acusación popular de aceptar el pacto y evitar el juicio. Por las formas y por el fondo. Aunque se hubiese perdido el juicio, al menos el marco habría servido para generar un debate más que necesario: ¿Qué tipo de policías patrullan la ciudad? ¿Qué perfiles psicotécnicos son necesarios para acceder al cuerpo? ¿Por qué hay tantos casos de violencia en las comisarías de Ciutat Vella? ¿Cuántos casos de violencia más son necesarios para asumir responsabilidades y expulsar a los indeseables?

Los Mossos declararon a la salida del juicio, a través de las palabras sonrientes de su abogado ultraderechista Fuster Fabra, estar “moralmente convencidos” de que su manera de proceder fue correcta desde el punto de vista protocolario. La acusación de homicidio imprudente, y las penas que conlleva, han sido aceptadas simplemente porque éstas no traspasan las líneas rojas que se habían fijado: ni irán a la cárcel ni serán suspendidos de por vida. Es decir, aceptan su culpabilidad únicamente porque quedan en la calle y en dos años estarán otra vez trabajando.

A la vista de los hechos toca pensar en cómo aplicar la justicia desde abajo. Empapelar las calles con sus rostros, como propone Rereguarda En Moviment, y la batalla política en el Parlament para expulsar a los Mossos del cuerpo, como proponen las CUP, son algunos de los siguientes pasos.

https://juanandresbenitez.wordpress.com/
 

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