Saberes
Análisis y propuestas para una transformación democrática
01
Abr
2016
13:51
El agua en la ciudad común: pasos hacia la remunicipalización en Barcelona
Por Fundación de los Comunes

Joan Miquel Gual (@joanomada)

Hace pocos días el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha declarado nula la concesión a la empresa mixta formada por Aguas de Barcelona (70%), Área Metropolitana de Barcelona (15%) y Criteria-La Caixa (15%); con la cual la empresa gestiona el agua de más de 3 millones de personas sin haber pasado previamente por concurso público. La decisión del Ayuntamiento de no recurrir la sentencia resulta un paso muy importante hacia la municipalización de un recurso fundamental que no para de encarecerse. En este escrito se repasan las luchas por el acceso al agua que han tenido lugar en Barcelona a lo largo del siglo XX y XXI. Quizá estamos hoy ante un contexto en el que las movilizaciones pueden revertir la privatización de un bien común que ha marcado de manera férrea la historia de la lucha de clases metropolitana.
 


Albores de la guerra

Para comenzar, una imagen obscena de desigualdad. La que hoy es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, la Font Màgica, con sus espectáculos de luces y colores chorreantes, fue inaugurada en los albores de la Exposición Universal de 1929. Ésta dejaría en una crisis profunda de deuda al gobierno municipal poco antes de la caída de la dictadura de Primo de Rivera y el inicio de la República. Entonces, el acceso al agua no estaba garantizado para la mayoría y de hecho era muy escaso el caudal disponible en los depósitos de los precarios edificios de viviendas. En este contexto, y para proyectarse como una metrópolis rica hacia fuera, la fuente dio pié a un espectáculo de injusticia disfrazado de prosperidad.

    La situación durante los tiempos de la República no fue mucho más halagüeña. En los años 30 alrededor de 20.000 hogares no contaban con acceso al agua, lo cual implicaba a más de 100.000 personas. La excepción, tal y como lo han descrito Gorostiza, March y Sauri, llegó con las colectivizaciones de la Guerra Civil. En la línea de la efectividad conseguida durante la Revolución social en muchos ámbitos productivos, se ganó eficiencia económica y mayor gestión racional que cuando el agua había estado en manos privadas. La autogestión de Sociedad General de Aguas de Barcelona (Sgab), germen de la actual Aguas de Barcelona (Agbar), permitió en 1937 el aumento del consumo colectivo con respecto a niveles anteriores a la guerra hasta los 10.000m3. Las reservas disponibles en ese momento permitían todavía más del doble de ese consumo. El agua llegó también hasta los barrios obreros menos acondicionados, pero el problema fue que bien pronto la mayor parte de la población dejó de pagar por la tarifa debido a la escasez de moneda. En todo caso, la colectivización demostraba que la gestión privada previa se podía mejorar y que con una cierta distribución de la riqueza se podía garantizar el accesso al bien común a toda la población si existía intención política.

Franquismo y tardofranquismo

Más tarde, uno de los elementos de la crisis urbana de los 70 tuvo que ver también con el abastecimiento de agua. Si bien el aprovechamiento del caudal del Llobregat y el Ter en los años 50 y 60 permitió superar la “pertinaz sequía” -tal como la definía un documento del gobierno de la época- que caracterizó la Barcelona superpoblada de la autarquía, el caudal se dirigía solamente hasta los depósitos municipales de Barcelona y las ciudades colindantes. La inexistencia de una infraestructura básica de distribución y el elevado número de chabolas o viviendas sin las condiciones necesarias causaron que el acceso al agua tuviese lugar en fuentes situadas en las calles, muchas veces situadas lejos de los hogares, y el transporte de la misma se hiciese a pié y cargando a peso las garrafas. En los años 70 se calcula que el 40% de las 460.000 casas existentes en el área de Barcelona no tenía baño, pero la problemática del agua no se limitó solamente al abastecimiento sino también a las duras inundaciones que en 1962 y 1971 provocaron un elevado número de muertos, destrucción de muchas casas y unas pérdidas económicas de miles de millones. Finalmente, si bien el movimiento vecinal lograría materializar el abastecimiento de agua potable en todas las viviendas de la ciudad, en 1966 se firmaron las “Bases para el convenio con la Sgab para la organización del servicio de abastecimiento de aguas”, documento vigente hasta 2010, a pesar de su carácter temporal, cuando los juzgados de Barcelona declararon que “no existía contrato de concesión de aguas” entre Agbar y el Ayuntamiento. Durante todos estos años se consolidó un modelo público privado de acceso al agua en el que la ciudadanía paga los costes de las infraestructuras y la compañía se hace con todo el negocio de la distribución, aumentando los precios, ejecutando cortes y despidiendo plantillas en función de su criterio económico.
 


Agua y neoliberalismo

Y así llegamos al presente. Uno de los mitos que está cayendo es el de la eficiencia neoliberal. En las principales ciudades europeas se está procediendo a la remunicipalización de servicios como reversión a una situación de “externalización de servicios” iniciada en los años 80. El agua, pero también la electricidad, el transporte público, la gestión de residuos, la limpieza y la vivienda están siendo recuperados obteniendo un mejor servicio, a un coste más barato y manteniendo o incluso ampliando el número de puestos de trabajo. Así pues, Londres disolvió pocos años atrás dos grandes asociaciones público privadas de transporte  mediante cancelación de contrato, y la autoridad municipal se ha hecho cargo de buena parte de la gestión del servicio; París, en 2010, sustituyó las compañías privadas que proveían agua a la ciudad logrando ahorrar solamente en el primer año 35 millones de €, bajando la tarifa usuaria en un 8%; en Alemania, en 2012 habían vuelto a manos públicas más de 100 concesiones de redes de distribución energética y prestación de servicios y se habían construído 44 nuevas instalaciones públicas. Todos estos datos los ofrece el estudio Remunicipalización de los servicios municipales en Europa, realizado por David Hall (Universidad Internacional de Investigación de Servicios Públicos, Universidad de Greenwich).

    Como afirman Janet Sanz y Eloi Badia, “Hoy la gestión pública abastece aproximadamente el 90% de la población mundial y son centenares los municipios que han apostado por la remunicipalización. Seguramente, París y Berlín son casos paradigmáticos. Pero también lo son Nueva York, Tokio, Toronto, Estocolmo, Oslo, Helsinki, San Francisco, Los Ángeles, Melbourne, Roma, Kioto, Múnich, Milán, Glasgow, Boston, Medellín, Bogotá, Quito, Atlanta, Copenhague, Buenos Aires, Río de Janeiro... El denominador común: grandes ciudades y gestión pública del agua.”. Bien al contrario, el proceso privatizador ha crecido en el Estado español y en Catalunya. Tal y como explica la plataforma Aigua és Vida, uno de los efectos de esta privatización es que el 56% del coste total de la tarifa de agua resultan gastos no asociados, es decir, en la tarifa que paga cada usuaria o usuario solamente el 44% es un gasto asociado al agua. En total, de los 324 millones de € que costó el consumo de agua en 2012, 143 millones resultan el cómputo total de gastos necesarios por el consumo colectivo, mientras que los 181 millones restantes se podrían ahorrar vía municipalización.

    El primer paso hacia la municipalización ya ha sido dado: la resolución del TSJC sobre la constitución de la empresa mixta del agua del AMB resulta una sentencia demoledora que no cuestiona el procedimiento, sino que declara la nulidad de todo lo que justificó que Agbar obtuviera la gestión del agua de casi tres millones de personas, sin pasar por un concurso público, hasta el 2047 y con una participación del 85% en la empresa mixta que se creó. Existe la posibilidad, a día de hoy, de equiparar la ciudad a lo que ya es normal en la mayoría del resto de municipios importantes del mundo. Agbar recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia. A la espera del resultado, la batalla que se abre es la reivindicada desde hace tiempo por Aigua és vida: la conversión de la empresa mixta en pública, abriendo el debate a las nuevas formas de participación y control ciudadano para garantizar la buena gestión.   
 

 

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