Saberes
Análisis y propuestas para una transformación democrática
25
Abr
2016
11:23
10, 100, 1000 centros sociales
Por Fundación de los Comunes

Foto de F. // Chicca // K. Silva
 

Marisa Pérez Colina @Alfanhuisa
Fundación de los Comunes

 

El Centro Social Okupado y Autogestionado (CSOA) La Morada es uno de los cerca de cien centros sociales existentes en la Comunidad de Madrid
Un espacio que se abre a la cooperación ciudadana en septiembre de 2012 y se cierra —confiamos en que solo temporalmente— con el desalojo del 20 de abril de 2016. Va por él.

 

Resulta difícil no asombrarse de la fertilidad social de los CSA. Un Centro social autogestionado es un terreno sembrado de tiempo —de horas liberadas de las obligaciones laborales— y regado de oportunidades de agregación y cooperación social. Tierra, por tanto, tremendamente fecunda en actividades de todo tipo: culturales y artísticas —música, cine, teatro, eventos literarios—, formativas —clases de baile, idiomas, punto, yoga—, económicas —grupos de consumo, cooperativas productivas—, comunicativas —producción de discurso en redes, radios colaborativas— y, sobre todo, políticas. Escribo “sobre todo” para recalcar la esencialidad de lo político sobre todo lo demás. Porque lo político es el alma de toda esta producción colectiva. Un alma autogestionaria. Teóricamente se trata de decidir en común sobre todo aquello que afecta al espacio compartido, desde la organización de lo más pedestre —como el mantenimiento de la morada colectiva— hasta lo más creativo —¿cómo convertir el espacio vacío, el erial abandonado por la iniciativa pública o privada, en un espacio de producción de riqueza social?—. Y esto se hace a través de una asamblea. Una asamblea es —como ya casi nadie desconoce tras su extensión y popularización a partir del 15M— un espacio de toma de decisiones colectivo y horizontal. La asamblea acuerda y hace respetar las normas de convivencia del espacio, los criterios y condiciones para poder formar parte del mismo, el calendario de usos y cohabitación de proyectos y colectivos en su seno. Así se organiza un centro social autogestionado, sea este alquilado, comprado u ocupado, pero también las iniciativas que lo pueblan de forma más o menos estable o transitoria.

Hasta aquí la teoría. Pero como casi siempre, la substantifique moelle, que diría Rabelais, la sustancia realmente sabrosa y apasionante, se encuentra en la práctica. Una práctica de decidir en común no exenta de miles de problemas. Dificultades en primer lugar relacionadas con la calidad democrática de un espacio siempre tensionado por relaciones de poder —de género, clase, origen étnico, capacidad funcional, etc.— que están en la sociedad y que, obviamente, no se quedan milagrosamente en el umbral de entrada de los CSA. Complejidades también en lo relativo a las cuestiones sobre las que toca decidir pues muchas de ellas son temas de los que otros se hacen habitualmente cargo en nuestro nombre. Por poner tan solo un ejemplo: un centro social puede, y debe, expulsar de su seno a las personas o grupos que no respeten lo acordado colectiva y horizontalmente. En otras palabras: dispone y ejerce un poder coercitivo. Contradicciones, por último, que surgen cuando una deja atrás a la individua que solo persigue su propio interés con la única cortapisa de unas leyes decididas desde arriba —estructura jerárquica de la democracia representativa—, para poner en el centro el interés colectivo acordado, también normativamente pero desde abajo. Personalmente lo vivo como una suerte de experiencia mágica: en las asambleas, la pluralidad de gentes que se reúne es tan enorme, las propuestas y opiniones que se vierten en muchas ocasiones —desde el punto de vista propio, claro— tan disparatadas, que una no se explica como, al final, termina imponiéndose el sentido común, también llamado inteligencia colectiva, para encontrar soluciones imaginativas a problemas sociales tremendos y dolorosos —desahucios, redadas racistas, agresiones sexuales— que acontecen en el barrio y/o ciudad donde se ubica el centro social concreto. Sembrando, además, la alegría fuerte de la cooperación social: alegría de encontrarse, de compartir recursos, saberes, afectos.

Advertencia: se trata de una experiencia de la que una difícilmente se recupera. Una experiencia irreversible, que decían las compañeras del CSOA El Laboratorio. Una vez habitada por ella, una se vuelve reacia a someterse a imposiciones de cualquier relación jerárquica, a aceptar que se haga o diga nada en su nombre. Una queda, además, vinculada a la alianza política que supone dejarse atravesar por los problemas, necesidades y deseos de los demás, tomándolos como propios.

Un centro social es, en definitiva, una escuela de politización, una práctica de autogobierno, una fábrica de poder ciudadano. Cuando en la primavera del 2011 apostamos por superar la democracia únicamente representativa —la de los partidos, la del voto cada cuatro años, la del parlamentarismo socialdemócrata al servicio del neoliberalismo global—, el objetivo perseguido era devolver el poder de decidir a manos de la gente. Pues bien, al hablar de participación deberíamos referirnos, sobre todo, a esto. A gente organizada en torno a afectos, malestares y conflictos comunes que se forma, discute y logra llegar, desde una pluralidad de posiciones, a complicados pero eficaces acuerdos colectivos. Espacios que no reniegan del conflicto, sino que se nutren de él. Porque la participación también puede ser banalizada, vaciada de su componente más político y convertida en gobernanza. La gobernanza es esa forma de gobierno que —dicho muy sencillamente— despliega los recursos necesarios para distribuir la capacidad de gestión de los asuntos comunes entre la gente pero desposeyéndola, al mismo tiempo, de la herramienta política, del poder real de decidir. En otras palabras: se permite formar parte del juego siempre y cuando no se impugnen las reglas establecidas de antemano por otros jugadores. Por eso incluso mecanismos muy sofisticados de participación, en relación a las herramientas y metodologías implementadas, pueden acabar sirviendo únicamente a la legitimación de decisiones previamente adoptadas. Pueden seguir siendo, en definitiva, funcionales al poder, a las oligarquías económicas y financieras. Un caso de estudio paradigmático en este sentido sería, en Madrid, el proceso de participación puesto en marcha para “decidir” la remodelación de la plaza de España.

Además de como semilleros de democracia, los centros sociales funcionan como laboratorios de recomposición comunitaria. En su imprescindible libro La escritura en el cuerpo de las mujeres en Ciudad Juárez, Rita Laura Segato emplea el concepto de ciudadanía comunitaria. Y de alguna manera esto es, a mi juicio, lo que los espacios de colaboración no mercantilizada y horizontal, contribuyenan a generar. Un lazo social capaz de sustraernos del uno más uno, del sálvese quién pueda, de la competencia, la desconfianza y el miedo que escupe por cada poro de su asfalto la metrópoli neoliberal. Una implicación por el común, en fuga de la selva de desigualdades, distancias, velocidad, exclusión, banalidad y discriminaciones de un modelo de ciudad que nos expone a diario y 24 horas al día, en un escaparate donde todo se compra y todo se vende, mientras la vida, entendida como algo digno de ser vivido, se escapa, en buena parte, de nuestras manos.

Todas estas son, a mi juicio, razones de suficiente calado para pensar los centros sociales como dispositivos fundamentales en la construcción de otros modelos de ciudad. En consecuencia, las candidaturas municipalistas deberían contribuir de forma determinada y ambiciosa, a su impulso, multiplicación y sostén. En este se­ntido, herramientas legales como la elaboración de estatutos jurídicos que reconozcan el beneficio social de estas entidades del común, habrían de convertirse en una de las apuestas principales de los áreas de participación de los denominados gobiernos del cambio.

Una verdadera democracia no se puede p­ermitir más desalojos como el del CSOA La Morada. Por eso continuaremos peleando tanto por la continuidad de su proyecto y la de tantos otros igualmente interrumpidos en los últimos años —y tristemente sustituidos, en general, por iniciativas de orden turístico y especulativo—, como por la creación de 10, 100, 1000 centros sociales más.

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