México vive un proceso de indignación ciudadana y una diversidad de reacciones que se multiplican alrededor del mundo a raíz del asesinato de seis estudiantes y la desaparición forzada de otros 43, los días 26 y 27 de septiembre pasados. Esto ocurrió en el estado de Guerrero, uno de los más empobrecidos del país y de América Latina, según datos oficiales. Dichas agresiones no son actos aislados, sino parte de  lógicas de violencia que han marcado la vida del país en los últimos años con feminicidios, desapariciones de migrantes centroamericanos en tránsito, asesinatos de periodistas, concesiones a empresas mineras extranjeras, empobrecimiento del campo y represión de la protesta social.
 
Desde Fuera de la clase, reflexionamos sobre las políticas educativas de acoso a la educación rural y a la vida comunitaria que derivaron en este ataque. Nos preguntamos por qué estos estudiantes fueron flanco de un ataque descarnado por parte de la colusión del Estado con el crimen organizado. Como estudiantes que somos, dentro y fuera de la clase nos preocupan algunas preguntas: ¿Por qué estudiantes de una Escuela Normal Rural representaban una amenaza para el poder político y económico mexicano? ¿Qué armas tenía un grupo de maestros rurales en formación, para ser desaparecidos por los poderes fácticos? Existe un estrecho vínculo entre la  desigualdad en la distribución de la riqueza y el acceso a la educación. Por eso es indispensable conocer la especificidad histórica que ha dado lugar a las formas de desigualdad tan violentas en las que sucedieron estos hechos.
 
Escuelas formadoras de actores políticos

En las Escuelas Normales Rurales se forma a profesores/as de educación básica para dar cobertura a zonas rurales cuya población puede ser hablante de lenguas indígenas. Las primeras de estas escuelas se fundaron en la segunda década del siglo XX con programas que incluían labores agrícolas y el aprendizaje de oficios. Sus estudiantes y egresados/as han sido muy activos/as en movimientos sociales rurales y urbanos, con una formación política e ideológica heredada del gobierno de Cárdenas (1934-1940), durante el cual se modificó el artículo tercero de la Constitución para establecer que la enseñanza debía ser socialista. Los/as maestros/as formados en las Normales Rurales no sólo debían enseñar a leer y a escribir, sino que debían promover los vínculos con las comunidades. Posteriormente, la política educativa cambió al intentar “modernizarse”, por lo que estas escuelas perdieron importancia, su presupuesto se redujo y comenzó una persecución ideológica a profesores y estudiantes. A partir de los años sesenta, ante la represión del Estado, importantes líderes sociales formados en estas escuelas se incorporaron a guerrillas como último recurso para exigir justicia, igualdad, mejores condiciones de vida y distribución equitativa de la tierra ante el despojo de empresas mineras, forestales y ganaderas.

¿Por qué una muerte tan cruel para los estudiantes de Ayotzinapa?

Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, maestros rurales que participaron en el Ejército de los Pobres en los años setenta, se formaron en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que es hoy símbolo de resistencia y de formación de luchadores social. Por más de cinco décadas, en ella se han formado profesores que se han enfrentado a caciques locales y a los regímenes políticos. Ahí se gestó una historia de resistencia y lucha por la tierra, y al mismo tiempo, de represión y paramilitarismo. A partir de los noventa, algunas de estas escuelas cerraron por la reducción de recursos económicos. Las Normales Rurales dan alojamiento y alimentación a sus estudiantes y el gobierno mexicano destina 35 pesos mexicanos al día, es decir, dos euros. Ante las manifestaciones para exigir mayor presupuesto, el Estado responde con más represión.

Son muy pocas las oportunidades de acceso a la educación para la población de áreas rurales. No es casual que desde finales de los años sesenta en ese estado, se haya reprimido  a ciudadanos/as indignados/as, campesinos/as, activistas, líderes/as sociales, maestros/as y estudiantes. En aquella época, los movimientos guerrilleros con una fuerte base social, lucharon contra la discriminación y exclusión de los más empobrecidos quienes desde aquella época vivieron represión policial y desapariciones forzadas. En fechas más recientes, las luchas de las comunidades rurales contra el tratado de libre comercio, el establecimiento del extractivismo minero, y la producción de drogas, han sido reprimidas. En la última década, el gobierno mexicano ha mantenido una persecución a estos sectores, además de que las políticas educativas neoliberales conducen al cierre de estas escuelas y ataca directamente al derecho a la educación rural e indígena.

Sistema educativo excluyente

En México, muchos/as jóvenes migran a las ciudades para intentar acceder a las universidades y ampliar sus posibilidades de incorporarse al mercado laboral que es desigual. Para quienes no pueden ir a las ciudades, las Escuelas Normales Rurales son una de las alternativas (inicialmente eran sólo para hombres, actualmente las hay también para mujeres y mixtas), junto a otras personas cuyas vidas corren riesgos en los márgenes de la violencia. Según fuentes oficiales, desde hace diez años en México se ha desaparecido a cerca de 30 mil personas, aunque otros datos dan cifras más elevadas. Los números continúan: se ha enterrado en fosas comunes a cerca de 300 mil personas; y entre 47 mil y 70 mil han muerto por esta violencia. Este contexto reduce las opciones de vida para todas las personas en México pero, sin duda, los y las jóvenes del mundo rural se ven aún más afectados por los altos niveles de pobreza y desigualdad en el acceso a formación. Estas son las posibilidades de educación en tiempos de fosas.

El sistema educativo mexicano ha sido ya muchas veces señalado como racista, clasista y sexista al reproducir la jerarquía en la distribución de oportunidades de vida digna. Por todo ello, no es casual que en los últimos años hayan surgido formas de organización comunitaria que imaginan y proponen nuevas formas de entender la educación y la justicia. Por un lado, la “escuelita zapatista” y las radios comunitarias promueven alternativas a la educación formal. Por otro lado, procesos como el de las policías comunitarias en Guerrero intentan frenar la violencia y organizarse para buscar otras formas de seguridad y reeducación. En lugar de criminalizar punitivamente, las policías comunitarias ejercen formas de seguridad que cuestionan aquellas utilizadas por la policía ordinaria patriarcal. La penalización de las personas más pobres, indígenas y campesinas en México, ha llenado las cárceles de quienes experimentan más violencia, pero no de los políticos y uniformados policiales y militares responsables de masacres y desapariciones. En México, el aparato de justicia ordinaria es, al igual que el sistema educativo, otra forma de desposesión y de exclusión.

Alternativas de esperanza

Las Escuelas Normales Rurales son uno de los últimos logros que sobreviven del ideario de la Revolución Mexicana. Aunque no están libres de problemas en su interior, posiblemente son el último reducto de la inspiración social de aquel período que costó cerca de dos millones de vidas. Atacar a las Normales y a sus estudiantes, destruirlas marginándolas, es una política intencional en el marco de las privatizaciones y las reformas neoliberales en la educación. Estas políticas suelen restringir el acceso a la educación para la población indígena y para la más empobrecida. Tenemos derecho a exigir justicia, y también la responsabilidad de imaginar y aportar para que la educación dignifique la vida de las personas, en lugar de que acabe con ellas. Estas son nuestras alternativas de esperanza.

Marisa Ruiz Trejo*, Izcóatl García Morales**, Nancy Wence Partida***

* Investigadora del Dpto. de Antropología, Universidad Autónoma de Madrid
* * Doctorando UCM-Madrid; activista Yosoy132 Madrid
***Dpto. de Antropología Universidad Autónoma Metropolitana