El conflicto mediático en torno a la venta ambulante en Barcelona y Madrid ha vuelto a poner de manifiesto las dificultades de los llamados 'Ayuntamientos del cambio' para hacer aquello que estaban llamados a hacer: llevar el conflicto social al terreno de lo institucional.

A lo largo de este año, el Gobierno de Barcelona en Comù ha desarrollado una serie de medidas contra el 'top manta' que ha aceptado el marco clasista y represivo formulado por la mayoría de medios de comunicación y por las autodenominadas asociaciones de comerciantes. Un marco al que en pleno verano se sumó el equipo municipal de Ahora Madrid, con su concejal de Seguridad, Javier Barbero, al frente, que avaló el plan policial para expulsar a los 'manteros' de las calles comerciales del centro –para luego decir que se paralizaba en espera de que funcionen ciertas medidas sociales–.
 
Como en otras ocasiones, es la aceptación seguidista de un discurso –el de la supuesta tolerancia cero ante prácticas comerciales irregulares o anómalas– y de una escenificación –la unidad de los supuestos partidarios de la legalidad y el orden– la que posibilita que un fenómeno de venta que apenas genera ingresos de subsistencia para quienes lo practican se convierta en objetivo de actuaciones policiales y urbanísticas de corte autoritario. Con el resultado, en el caso de Barcelona, de una persona en prisión preventiva y varias internas en el mismo CIE que el Gobierno municipal había tratado de cerrar.    

Estos y otros equipos de gobierno “del cambio” hacen mal en olvidar lo obvio: gobernar y tener el poder no son la misma cosa

Son demasiados los hechos que dan por supuestos los gobiernos del cambio. Partiendo de la propia segregación establecida por la Ley de Extranjería, la situación del mercado laboral, la situación añadida de racismo –también institucional– padecida por una mayoría de vendedores; así como el acceso al espacio público –y sus nichos de venta– con precios inaccesibles no ya para los vendedores de origen migrante, sino para la mayoría. 

Es esta ordenación cada vez más desigual del territorio y de los derechos la que tenían que impugnar los Ayuntamientos del cambio. Al contrario, sus políticas parecen más interesadas en aportar una imposible solución 'social' –como los planes de formación o las medidas de autoemprendimiento– que matice el sesgo racista y segregador que los grandes intereses que gobiernan están imponiendo en nuestras ciudades. 
 

No es con más gobernismo ni con planteamientos imposibles de café para todos como obtendremos niveles decentes de igualdad y justicia social. Estos y otros equipos de gobierno "del cambio" hacen mal en olvidar lo obvio: gobernar y tener el poder no son la misma cosa. 

Para cualquier planteamiento de ofensiva contra los propietarios de nuestras ciudades es urgente construir y fortalecer experiencias de sindicalismo social que puedan pensar en alianzas a gran escala por nuestros derechos.

El Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes en Barcelona es un ejemplo en este sentido. Y así lo entendieron los responsables policiales al internar a su portavoz en el CIE de Zona Franca. ¿Lo han entendido los gobiernos del cambio?