Acercamiento desde el centro. La fractura interna

La nación es un cómputo de construcciones teóricas que se presenta ante la gente como una fuerza activa que garantiza los Derechos Humanos y genera comunidad en un territorio. En este sentido, la nacionalidad sería aquello que permite pertenecer a esa comunidad en la que se promete la defensa de los Derechos Humanos.

El sentido de nacionalidad, que nace durante la modernidad a la par que el de soberanía, es una construcción política secular1 para potenciar la idea de unidad en un territorio habitado por múltiples formas-de-vida. Pero no una unidad orgánica o biológica, sino una unidad mecánica creada artificialmente, manejable y en la que se adscribe a la gente bajo una misma estructura que no aboga tanto por la exclusión como por la inclusión diferencial. ¿Por qué? Por el hecho de que las diferencias en el interior de cada pueblo siempre han sido mayores que las diferencias entre los pueblos mismos. Las tesis procedentes del racismo —que excluye— han comenzado a ser desfiguradas para dar cabida a otros mecanismos de designación que operan por inclusión, mediante la determinación de diferencias a través de una serie de grados de integración en la nacionalidad. Con la nacionalidad, no hay otro, no hay exterior, no hay afuera. La alteridad debe ser absorbida, y la nacionalidad es el principal aparato (dispositif) para conseguirlo.

La modernidad y sus consecuencias lo cambian todo radicalmente. El mundo de las comunidades debe desaparecer; lo particular, lo local y lo singular deben ceder ante lo general, lo global y lo normal. El progreso teleológico irá fracturando poco a poco la tradición histórica. Y, con el creciente grado de complejidad al que se somete el funcionamiento de cada espacio, el Estado, la nación y la nacionalidad terminarán por imponerse como los elementos idóneos para la administración de territorios, que serán controlados por el Estado e integrados por medio de la difusión de una cultura altamente secularizada. La nación sustituye a la comunidad, la solidaridad orgánica reemplaza la solidaridad mecánica, el estatus heredado pierde terreno frente al estatus adquirido, la modernidad borra la tradición y la burocracia se perfila como el medio por excelencia para la organización. Todo ello conduce a un nuevo orden que debe ser administrado.

El concepto de nación se remonta al concepto de pueblo, instituido este último como base originaria del primero. El pueblo remite a lo Uno, a lo homogéneo. Lo Uno, frente al peligro de lo múltiple, según Hobbes, necesita de un defensor —el Leviatán, representado por el Estado-nación, constructor de la identidad en torno a un pueblo y proveedor de nacionalidad, con sus derechos y obligaciones. Así las cosas, la nacionalidad es un elemento que objetualiza a las personas que la adquieren, mediante la inclusión de su subjetividad en todo un marco político, cultural, social, económico, histórico, filosófico, jurídico, etc., generalmente administrado y gestionado por el Estado-nación. No es baladí que el contrato social, el consenso y el Estado-nación estén tan íntimamente relacionados, a pesar del autoritarismo del último y de la relatividad de los primeros.

Junto a la nación y la nacionalidad entra en juego un elemento importante: la gubernamentalidad, entendida por Foucault como el «conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población; (…) línea de fuerza [que conduce] hacia la preeminencia del tipo de poder que podemos llamar ‘gobierno’ sobre todos los demás; (…) proceso, o mejor, el resultado del proceso en virtud del cual el Estado de justicia de la Edad Media, convertido en Estado administrativo durante los siglos XV y XVI, se ‘gubernamentalizó’ poco a poco» (Foucault, 2006: 136). En esta gubernamentalidad, la nacionalidad biopolitiza, es decir, permite que el poder se adhiera a la vida, que la interprete, que la articule, que la transforme. ¿Cómo? A través del vínculo establecido entre un territorio constituido como nación y las personas que lo habitan y han adquirido —de forma automática o no— su nacionalidad, otorgada por el Estado. La nacionalidad representa un paso importante para el cambio profundo que experimentará el poder soberano con la modernidad, cambio con el que surge el biopoder, que se le une y lo potencia para producir y reproducir vida, haciendo de la «nuda vida» —zoé— de los sujetos un objeto, una vida cualificada —bios— a ser disciplinada, controlada, gestionada y gobernada a la vez. ¿De qué manera podemos comprobar estas tesis? Leyendo cualquier libro de la historia oficial de un Estado, generalmente enseñada en la escuela; poniendo atención a los lenguajes del saber y la forma en que se enuncian y visibilizan; viendo cómo actúan los medios de comunicación ante determinados sucesos; afrontando cualquier trámite burocrático; analizando lo jurídico; observando la economía actual, que ya no está en nuestras manos; comprobando que hay una religión por encima de todas, la del progreso capitalista. El exterior que nos rodea, condiciona y determina nuestro interior crea todo un orden del que se nos imposibilita salir, pero al que se nos obliga a asistir.

En este sentido, valiéndonos de Agamben, podemos establecer que, con respecto a la nación y la nacionalidad, estamos hablando   del reino y la gloria. La nación es el reino, el poder como gobierno y gestión eficaz. La nacionalidad, el consenso en torno a ella —impuesto a través de lasdemocracias— y su gestión son la gloria, el poder como realeza ceremonial y litúrgica. Y en este reino de la nación, la disciplina y el control inherentes a él se imponen gloriosamente ante la gente a
través de toda una serie de dispositivos por la que se propaga su
poder2.

Por tanto, en la oikonomia (cuidado de la casa) de una nación, la nacionalidad es un fuerte vínculo de unión entre las personas y el Estado-nación, hasta el punto de que no se puede alcanzar la condición de apátrida si se es nacional de algún Estado.

Desde su surgimiento, la importancia que se le ha dado a la nacionalidad es tal que incluso la Declaración Universal de Derechos Humanos cuenta con un artículo, el Artículo 15, en el que queda establecido que «toda persona tiene derecho a una nacionalidad» y que «a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad». No se dice nada sobre el derecho a la renuncia de una nacionalidad sin que ello implique la adquisición de una nueva. Y en este sentido, por ejemplo, la Constitución Española de 1978 se aprovecha de la situación de indeterminación para establecer en su Artículo 11 que «la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley», la cual no contempla el abandono voluntario de la nacionalidad española si no es para adquirir otra nacionalidad.

La voluntad de un sujeto en relación a la nacionalidad se encuentra en una posición ambigua, relegada siempre a los márgenes del devenir de una nación. El Estado-nación y la nacionalidad no fueron creados para atender la autodeterminación de cada persona. Entre sus principales propósitos se encuentra el de perfeccionar la gestión gubernamental —gloria— de un territorio y su población —convertidos en reino.
 

1 Sin embargo, esta «secularización» no acaba con el poder de la teología, en el sentido de que ésta continúa con una presencia y una acción sobresalientes en la modernidad. Esta «secularización», como plantea Agamben, es más bien una relación estratégica particular que marca los conceptos políticos, remitiéndolos a su origen teológico.
 

2 Entre estos dispositivos destaca, por ejemplo, el de los medios de comunicación que, dice Agamben, si son «tan importantes en las democracias modernas, no es sólo porque permiten el control y el gobierno de la opinión pública, sino también y en especial porque administran y dispensan la Gloria, el aspecto aclamativo y doxológico del poder que parecía haber desaparecido con la modernidad».