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Análisis y propuestas para una transformación democrática

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17 de Ene 2017
funda

Mario Espinoza, Instituto DM (@MarioEspinozaP)

Enterrado bajo numerosas discusiones sobre construcción de liderazgos, medios de comunicación, redes, márquetin político y grandes dosis de improvisación, yace uno de los problemas centrales de la apuesta municipalista: la cuestión de la organización. Durante la fase electoral el tempo convulso de las campañas parecía no dar tregua, y cualquier reflexión que se moviese un ápice del presente se antojaba tan inactual, como fuera de tono. Así, cuando se señalaban las contradicciones del poder institucional o se hablaba de la necesidad de construir un movimiento municipalista -condición básica para impulsar una política verdaderamente transformadora- las palabras caían en el vacío. Eran asuntos que "no tocaban" o que podían posponerse sin más; lo que apremiaba estaba en otra parte. Por supuesto, la cuestión orgánica -el viejo y recurrente problema del partido- ni siquiera contaba con mimbres para plantearse.

Después de las elecciones de 2015 y concluido por fin el "asalto" democrático a los municipios, los efectos de haber renunciado a un debate organizativo en clave colectiva no se hicieron esperar. El rápido desgaste de las "fuerzas del cambio" a golpe de guerra cultural – el caso Zapata, pero también el caso de los titiriteros, recientemente absueltos-, la reproducción de inercias y automatismos institucionales o la autonomización de los nuevos cargos respecto de sus asambleas, fueron consecuencia de haber desplazado sine die el problema de la organización. Por no hablar de la desconexión del nuevo municipalismo de los entornos movilizados, cada vez más patente. La política con mayúsculas adquiría repentinamente el tono gris de la gestión. Y las medidas más audaces y urgentes de los programas, desde la remunicipalizción hasta la creación de un parque público de viviendas, se daban de bruces con un espacio político renuente a los cambios.

No obstante, la falta de capacidad para abordar el problema de la organización, esto es, la construcción de un dispositivo orgánico más allá de la partitocracia al uso, quizá no fuese una mera renuncia o un error de previsión -aunque, en cierto sentido, no dejara de serlo-, sino más bien un límite objetivo y subjetivo. Un límite del sujeto político fraguado en el 15M, una clase media precarizada con vocación de mayoría social, y de su maquinaria de asalto electoral, anclados ambos en un paradigma más comunicacional (tan tecnopolíticamente innovador como tacticista) que militante y con visión estratégica. En cualquier caso, plantear la cuestión no resultaba fácil ayer ni tampoco hoy. La ausencia de referencias históricas próximas, la pérdida de formas de socialización política alternativas, tales como las de la cultura obrera, sindical o asociacionista, y el poco entrenamiento del 15M en las lides orgánicas -y no olvidemos que gran parte de su fuerza residió ahí- no jugaron nunca a favor de un abordaje mínimo del tema organizativo.

Sujetos, agencia, contrapoder

Por ser claros, el problema que se plantea actualmente, en un momento de impasse colectivo y de comienzo de un nuevo ciclo político, es el de cómo organizar una serie de "átomos dispersos" -por utilizar una metáfora tardía de Louis Althusser- que durante un tiempo formaron un "mundo" (un movimiento) y que hoy, en medio del tránsito por la instituciones, aparecen fragmentados y sin un relato común ni dimensiones orgánicas que permitan socializar entre ellos una estrategia política compartida. Lo que probablemente deberíamos descartar a estas alturas de la historia es el repetido meme del "partido-movimiento", ya sea desde una perspectiva municipal o estatal: la realidad de la crisis y los límites del asalto han demostrado que tal hipótesis -que pudo materializarse en cierto momento- es hoy una quimera. Las "máquinas de guerra electoral" y el gobernismo se han cobrado ya su tributo. Da igual si inclinamos la balanza del lado izquierdista o del "neo-peronista", el desgaste de la nueva política hace inviable este camino de manera inmediata -salvo, quizá, como sucedáneo discursivo-mediático-. La mejor estrategia para afrontar un ciclo de oposición, un ciclo que acusa la segmentación de los nuevos sujetos políticos y requiere una expansión del conflicto, es el contrapoder. Al menos si queremos producir transformaciones sustantivas. Pero no basta con decirlo.

Construir una estrategia de contrapoder pasa, para empezar, por establecer marcos de discusión y reconocimiento entre sujetos que operan en diferentes niveles, y cuya capacidad de agencia no es conmensurable. Descartada la tentación de la "mediación" institucional (escucha, diálogo, participación y otros eslóganes, etc.), tan políticamente improductiva como docilizadora, tendríamos que hablar de cómo articular una estrategia política entre distintos agentes que tenga como protagonista al movimiento. Porque será de ahí, y no de los despachos, los pliegos o las ordenanzas desde donde emergerá el antagonismo, la novedad y las posibilidades de concretar en la práctica los programas políticos municipalistas. Incluso de ir más allá, si se sabe aprovechar la inestabilidad de la crisis.

Recuperando la metáfora althusseriana de los átomos, el problema se plantea en términos de fragmentación y dispersión: nuevos cargos en las instituciones en posición de debilidad respecto del régimen, asambleas municipalistas heterogéneas -divididas entre la gestión, las intrigas palaciegas y los "desajustes" de la confluencia- y movimientos cada vez más replegados hacia sus propios espacios de lucha social, sin ningún tipo de interés en todo lo que huela a nueva política. ¿Cómo hacer que estos tres agentes puedan agregarse y componer una dinámica virtuosa de contrapoder? ¿Una dinámica que requiere tanto de diálogo como de conflicto, de cierta estabilidad al tiempo que tensión? Sea como fuere, desde el plano institucional y municipalista el reto es arduo: no se conseguirá interpelar al "afuera" ni establecer alianzas que fuercen las costuras de la institución sin romper con automatismos, asumir riesgos y hacer gala de coraje político. Y desde fuera sólo se logrará impulsar transformaciones explotando las contradicciones de la administración municipal bajo la forma del desborde.

Organización, autonomía y alianzas condicionales

Desde el punto de vista del municipalismo, mientras la gestión consuma la mayoría de los recursos -humanos, económicos- difícilmente podrá construir un tejido mínimo con el que operar a lo largo de estos escasos dos años. Salvo, por supuesto, en los sectores más gobernistas, que seguirán apostando por la ley del menor coste político, concetrando el poder en cúpulas y vendiendo gestos en lugar de medidas reales (al modo de una empresa de máquetin político). Si el municipalismo institucionalizado no comienza a trabajar sobre las realidades conflictivas de las ciudades, apostando, además, por una intervención de cuño activista -ayudando a generar un ecosistema movilizado- no sólo el músculo de la política municipal seguirá atrofiado, sino que el malestar y el aburrimiento social acabarán colonizando definitivamente las calles. Se trata, en cierto sentido, de "hacer partido" y generar red organizativa. De dar forma a una estructura híbrida que funcione, de nuevo, a través de lógicas más democráticas, horizontales y que no sólo "soporte" la tensión de los conflictos, sino que sea capaz de caminar hacia ellos y darles recorrido violentando el ámbito institucional.

El punto medular, y en esto es nítida la distancia con la concepción clásica del "partido-movimiento", radica en la autonomía del movimiento, su protagonismo (un "leninismo social", no de aparato) y en la importancia de la creación de espacios o dispositivos que permitan entrelazar distintas realidades -institucionales, activistas, ciudadanas-. Pero no de cualquier manera, sino en medio de una lógica de pugna política y conquista de derechos: por los problemas del urbanismo neoliberal, las desigualdades urbanas, el cierre de los CIEs, la lucha contra el securitarismo y el racismo, la defensa de los servicios públicos, la recusación de la deuda o los sangrantes problemas de vivienda, precariedad y exclusión. Se trata de que el origen de las decisiones políticas se socialice cada vez más, de que el movimiento sea quien dibuje la estrategia y dote de contenidos a una política que, concentrada en intrigas y problemas gestionarios, se ha vuelto cada vez más exangüe.

Como decimos, una apuesta interesante puede pasar por la creación de espacios sociales que caminen hacia una forma-organización: hacia un movimiento vertebrado por contrapoderes, cada vez más estables y orgánicos -en los barrios o en torno a conflictos específicos- dentro de una lógica que siempre estará sujeta a las turbulencias de un ciclo en crisis. Y, por supuesto, donde toda alianza se conjugará en tiempo condicional: cuando los cargos políticos del municipalismo se separen del movimiento, adaptándose al marco neoliberal o las inercias institucionales, el contrapoder estará ahí para enfrentarse a ellos. Del mismo modo que apoyará la valentía para implementar las medidas más potentes de los programas políticos. Esta puede ser otra forma de abordar el problema del partido en un momento en que la organización -social, política- se ha convertido en una de las cruces del municipalismo. Por otra parte, sin esa serie de "células" organizativas -y en este punto habrá que poner la imaginación política a trabajar a pleno rendimiento- las próximas oleadas de recortes podrían declinarse de manera reaccionaria. De construir organización en clave social y política dependerá el decantamiento de un ciclo que no verá el renacimiento de las clases medias, sino su final.

Un corolario federativo

Mucho se ha hablado de la necesidad de dar forma a un frente municipalista entre aquellos que apuestan -apostamos- por una transformación social sustantiva, una ruptura democrática, y no por una simple regeneración política de baja intensidad: esa suerte de neoliberalismo "social" con un rostro más humano y gestos amables. Está claro que para conseguir cambios efectivos en materias sensibles -vivienda, urbanismo, renta, deuda, derechos sociales- es primordial establecer un proyecto federativo, de manera que, además de presionar con más fuerza y en común, los conflictos puedan escalar y ocupar el centro de la agenda política del Estado. Pero para ello los municipalismos tendrán que construir un espacio compartido y organizado, tanto en sus propios enclaves específicos como desde una perspectiva federal propiamente dicha. Para lo que habría que producir herramientas comunicativas comunes -una estrategia comunicativa amplia con todas las herramientas disponibles, que permita dar una imagen/relato autónomo al movimiento municipalista y compartir recursos desde una perspectiva interna-, formas organizacionales experimentales (particulares, federales), es decir, espacios de formación, difusión de estrategias, y encuentro entre diferentes agentes; lugares que sólo pongan "en diálogo" realidades, sino que socialicen cada vez más los lugares de toma de decisión política. Construir un nuevo tipo de Centros Sociales, participar en diversas empresas de Sindicalismo Social y materializar medidas clave -realmente antagónicas- permitirán ampliar la conversación a otros sujetos políticos más allá de las clases medias, que ensancharán los marcos de lo posible. Como señalaba Althusser leyendo al viejo Epicuro, para que distintos átomos, en este caso realidades, se agreguen en un nuevo mundo -una organización, un contrapoder, una federación- hace falta un clinamen, un acontecimiento material que altere el orden de las cosas. Quizá la nueva tanda de recortes, la crisis, sea ese clinamen. Quizá no. Todo dependerá del grado de organización y estrategia que sepamos desplegar.

¿Pero cómo? Sobre todo esto y mucho más debatiremos en el #MakDos

16 de Ene 2017
funda

Beatriz García, La Villana de Vallekas/Fundación de los Comunes

Resumen de “La Villana”: un centro social en cuatro hipótesis, escrito para los Laboratorios Villanos de noviembre de 2016. En el link podéis leer una historia de las principales hipótesis que han estado detrás de una parte del movimiento de Centros Sociales en los últimos quince años.
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En La Villana de Vallekas, en Madrid, tenemos la buena costumbre de contar/nos nuestra historia para no olvidar lo aprendido y para que la gente nueva sepa que nuestra lucha viene de lejos, hecha muchas veces por desconocidos. También para comprobar que el capitalismo nos sigue las pisadas y no ponernos tristes cuando ganamos y parece que perdemos, cuando nos cambian las preguntas. Y para saber distinguir las tendencias largas de las cortas, para apreciar lo nuevo que nace y lo fundamental que permanece, e inventar espacios y herramientas que nos permitan fortalecerlo/nos.

Este es un resumen de las hipótesis que tenemos entre manos, pero que se sostienen sobre experiencias y reflexiones que vienen de lejos, de los últimos 15 años y que se han construido en colectivo. Solo se pondrán en práctica nuevas hipótesis si las elaboramos juntos.

Sindicalismo social en el corazón de los Centros Sociales

Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de la necesidad de nuevos partidos que entraran en las instituciones para devolverlas a la ciudadanía. Pero poca gente incide en la necesidad de repensar los sindicatos, a pesar de la brutal necesidad que tenemos de estructuras de defensa y ataque colectivas. Los sindicatos de concertación ni siquiera amagan con una transformación interna; los sindicatos alternativos no terminan de saltar fuera de los lugares de empleo. Sin embargo, parece que la crisis no se va a acabar y seguirán aumentando la precariedad y el desempleo; “el fin del empleo” es algo que hasta los capitalistas anuncian.

En los últimos años se han desarrollado iniciativas que pueden servirnos para imaginar los sindicatos del futuro. Son grupos basados en el apoyo mutuo, que enfrentan problemas propios pero se enmarcan en una lucha mayor, que emplean la acción directa y la pelea legal. Son como sindicatos pero en el campo de la vivienda, la salud o los cuidados. Tienen más que ver con los sindicatos de principios de siglo XX que con los actuales: aquellos pusieron en marcha cooperativas de vivienda, economatos, ateneos populares, cajas de resistencia, mutuas de todo tipo. A este tipo de sindicalismo, para diferenciarlo del existente, más centrado en lo laboral y salarial, se le suele llamar “sindicalismo social”. Estas iniciativas, además de pelear y ejercer derechos, son espacios de politización y empoderamiento de sus miembros, que generan vínculos más allá de la cuestión en conflicto y crean comunidades de apoyo e intercambio: la base material y afectiva para seguir luchando.

La Villana de Vallekas, ya puede pensarse, en este sentido, como un sindicato: nos asociamos para pelear y para desprecarizarnos; tenemos una pata de vivienda, otra de sanidad, un economato, una caja de resistencia y actividades lúdicas y de formación; y tenemos una "casa del pueblo” financiada por afiliados. Pero las distintas patas no están integradas ni se muestran como parte de una misma idea. ¿Podríamos estirar la hipótesis de las Oficinas de Derechos Sociales, de la que formamos parte, y llamarnos tal cual, Sindicato LaVillana? ¿Podríamos federarnos con otros para tener más alcance?

Generar un sindicato en red con otros sería una posibilidad. Llamadnos “red de sindicatos de precarios, autónomos y desempleados”, las figuras más comunes en el tiempo por venir, con quienes queremos luchar. O pivotar en torno a otras figuras menos laboral-centristas, como deudores, inquilinos o cuidadores. Habría sindicatos de todo tipo, porque de distinto tipo son las injusticias a las que nos enfrentamos, tanto en el lugar de trabajo como en el banco, en la bolsa como frente a la burocracia. Sus sedes estarían en centros sociales e igual que “stop-desahucios”, habría “stop-despido” y “stop-deportación”. Una red de sindicatos territorializados que luchan a partir de conflictos cotidianos en distintos campos, componiendo comunidades movilizadas más allá de empleo.

Aunque cada sindicato fuera particular, nos unirían demandas universalistas y revolucionarias en el sentido de que no perseguirían mejorar lo existente sino ser la base de transformaciones profundas del sistema. Quedar atrapados en su sector y en las mejoras corporativistas ha resultado mortal para los sindicatos actuales; esto les impide desear el cierre de su empresa o el fin de su sector, aunque sean perjudiciales para el bien general. Las Mareas han sido un ejemplo iluminador en este sentido. Se exige el sostenimiento de un común, no solo los empleos asociados.

Estas demandas universalistas se propondrían además al resto de la sociedad y construirían el imaginario de una posible sociedad futura organizada por otros principios; formarían también la base de legitimidad y de generación de empatía hacia la red de sindicatos, por ejemplo: Igual trabajo, igual salario; reparto de la riqueza a través del reparto del empleo y de renta para trabajos sociales (“proyectos remunerados” vinculados a estudios, cuidados y otros servicios sociales, actividades culturales y relativas al medio ambiente o emprendimientos productivos); defensa de los servicios públicos universales ampliados (a la vivienda; al derecho al cuidado, a cuidar y a no cuidar); impuestos a las finanzas y aumento de impuestos a grandes empresas y fortunas; abolición de las deudas odiosas...

Habría que reinventar herramientas de lucha. Tenemos los dispositivos de sindicalismo social, que son herramientas de defensa (apoyo mutuo y acceso a vivienda, alimentación, caja de resistencia, ocio...) y de ataque (señalamientos, okupaciones, encierros...). Para las reivindicaciones universalistas y para el apoyo a las luchas de otros sindicatos de la red, habría que seguir pensando nuestras “huelgas”, las de precarias y endeudados, cuidadores y sin papeles, ¿huelga social? ¿huelga urbana? Si los sindicatos de esta red se movilizaran al mismo tiempo, podríamos ensayar esas nuevas huelgas multisectoriales, multiterritoriales, multiescalares: ocupar sucursales a la vez que centros de salud y supermercados, cortar calles y redes, inventar acciones por un conflicto concreto que sirvan para una pelea estatal. La integración (o destrucción) del sindicato de fábrica hacia centrales mayores en la Transición fue una razón importante de su pérdida de potencia de lucha; las huelgas en cadena de apoyo o en solidaridad con otras fábricas iniciaron las peleas más potentes. No lo olvidamos.

Pequeños sindicatos arraigados (con una base material y comunitaria que les permita sobrevivir) y federados (para el apoyo mutuo y las reivindicaciones universalistas) pueden tener más capacidad de acción que estructuras burocratizadas y centradas en lo laboral-salarial. Porque no peleamos por "más y mejor empleo"; para que la dependencia de un empleo escaso y precario no determine nuestras posibilidades de vida, debemos pelear por la vida buena como un todo.

¿Por donde empezar? La iniciativas que ya existen, que enfrentan de forma sindical distintos conflictos, podrían federarse y nombrarse red de sindicatos. Cada uno a su manera, con composiciones distintas, con vidas de diferente duración. Reconocerse y ponerse metas comunes. Podrían/mos ganar en potencia y visibilidad. Y abrir un nuevo imaginario de lo que es y puede un sindicato a partir de centros sociales y de prácticas de apoyo mutuo. Sigamos discutiendo y poniendo en práctica; solo lo que imaginemos y ensayemos juntas llegará a ser realidad. El Mak2 es un momento imprescindible en este sentido. Esta red no existirá mañana mismo. Pero puede que exista antes de que veamos con nuestros ojos un partido realmente democrático.

28 de Dic 2016
funda

Fernán Chalmeta, de los colectivos Traficantes de Sueños y Diagonal

¿Quién y cómo se define el marco de lo políticamente posible; qué es lo que queda fuera y de lo que no se puede hablar? Estos son algunos de los ingredientes fundamentales en la disputa política actual. Una disputa en la que los medios de comunicación –ese 'cuarto poder' pilar de las democracias representativas– son actores de parte.

Por ello, antes de nada, quizás sea oportuno –aunque quede a brochazos– un repaso del escenario mediático peninsular. ¿Cuánto tiempo se prolongará el actual boom de nuevos medios? ¿Son los últimos cierres de algunos de ellos –p.e. el semanario Ahora–, o los acuerdos entre medios que les permiten crecer –como el que han hecho Ctxt-Público o los varios que tiene El Diario– avisos de que se termina un ciclo que podríamos llamar la "burbuja mediática"? Sea lo que sea, las lógicas de mercado no van a tardar mucho en reordenar el sector concentrándolo en los nichos comerciales más rentables, los conglomerados más grandes y los modelos de negocio más ‘exitosos’.

Las oportunidades para la diversidad también se cerrarán con la digestión de su crisis de credibilidad por parte de la gran prensa mainstream. Como señala Guillem Martínez, ésta última ha asumido que ya no obtiene legitimidad únicamente mediante su función cultural, el asegurar que el régimen del 78 es asumido como único marco político legítimo y real. Hoy, la función de los mass media sería principalmente pedagógica: disciplinar. Es decir, educar en el precio a pagar por sobrepasar los límites, formas y equilibrios establecidos, y resaltar los castigos y consecuencias negativas de dichos intentos. Esta es una de las lecturas del affair de la 'expulsión' de Pedro Sánchez, con el regodeo mediático ante la impotencia de las bases socialistas para imponer su voluntad.

Así no ha de extrañar que los media mainstream sean uno de los principales arietes, desde narrativas reaccionarias, contra las candidaturas y equipos municipales 'del cambio'. Arietes que intervienen ya sea a nivel estatal –el inefable Grupo Prisa y su particular concepción de la objetividad e independencia–, como local –las cabeceras de referencia en cada provincia o comunidad autónoma–.

En otro nivel de audiencia y capacidad de marcar la agenda publicada, tenemos a los medios ‘emergentes’ que aspiran a ser "califas en lugar del califa" –muchos confiando en los contactos y ‘genialidad’/'cualidades' de sus directores–, aunque sea sólo desde la web –dejando el soporte papel y el dominio de los kioscos de prensa para los grandes medios–: El Español, El confidencial o Diario... Constituidos con y desde las mismas lógicas y principios de los medios mainstream pero con menos recursos y medios. Los emergentes son, sin embargo, mucho más abiertos a incluir temáticas y enfoques críticos, limitados hasta hace pocos años a los medios alternativos o posicionados. Más allá de que aseguran una importante difusión, de que son percibidos como 'masivos', de que tienen capacidad –limitada, pero capacidad al fin y al cabo– de crear agenda y su cuidado/sensibilidad a la hora de abordar los temas sociales, pero sobre todo, de sus ganas y ambición por abrirse un hueco/posición –para lo que es imprescindible el criticar al Régimen del 78–, cabría preguntarse hasta qué punto son 'seguros'. Por lo menos, los de 'izquierdas' o progresistas, ¿son aliados o compañeros de viaje confiables y honestos en el camino/esfuerzo por acotar el mando de los poderes –fácticos o no– aunque estos sean a nivel municipal? Al fin y al cabo son estructuras empresariales con ánimo de lucro que dependen en buena medida del mercado publicitario, y sus apuestas políticas son coyunturales, lejos de compromisos o tomas de posición fuertes y perdurables a partir de los que establecer interacciones claras.

En un tercer nivel del panorama mediático nos encontramos con los medios posicionados, críticos, comprometidos, o como se les quiera etiquetar –La Directa, Diagonal, Arainfo, La Marea....–, que pese a mantener en numerosos casos posiciones críticas con las apuestas municipales, tienen una clara cercanía y son mucho más confiables en cuanto a sus posturas políticas frente a los vaivenes coyunturales. Pese a sus escasos recursos –que dificultan la investigación y una cobertura continuada...–; frente a otros medios y su difusión bastante limitada o focalizada en sectores concretos; además de tener cierta capacidad para crear agenda –las investigaciones de La Directa han puesto en un brete a las autoridades municipales y autonómicas en varias ocasiones– pueden ser actores relevantes a la hora de dirigirse a partes significativas del municipalismo democrático: a los sectores más ideologizados pero también más organizados.

En este escenario mediático, ¿cómo manejarse en términos de movimiento municipalista? A nivel informativo, las prioridades de las candidaturas pero sobre todo de los ayuntamientos', son dar a conocer los avances concretos que se logren y contestar a las periódicas campañas de descrédito que llegan desde la 'brunete mediática'. Por lo que la batalla en torno al relato de lo municipal, en torno a la comunicación, es vivida como central. Para ello, además del manejo de las redes sociales, se recurre tanto a las infraestructuras o medios municipales ya existentes como a los propios de cada candidatura. Pero suele ser una primera respuesta 'insuficiente' o más precisamente limitada ante la virulencia y 'pegada' de los ataques mediáticos o los olvidos sistemáticos de las mejoras. Apostar por desarrollar los medios del propio ayuntamiento, otra posible respuesta mediática, no deja de ser lento –suele tener que formarse el equipo directivo que asegure unos contenidos acertados– y si no se logra repetir los resultados en 2019, a lo mejor cargamos un arma que nos disparará en unos años...

El segundo paso habitual suele consistir en recurrir a los medias ya existentes, pero sobre todo en los dos primeros niveles antes mencionados: los que supuestamente asegurarían 'difusión' pero con los que la capacidad de interacción resulta muy limitada. Una relación en la que los gabinetes de prensa se manejan encantados pero que produce políticamente muy poco. Una relación nada confiable, ya que por un lado, desde estos medios también se reciben ataques injustificados y por otro, más allá de lazos personales de confianza, no hay seguridad alguna de que los media que hoy son 'aliados' no te dejen en la estacada cuando más se les necesite... Por intentar condensar la idea: la relación habitual con los grandes grupos y los media intermedios es "pan para hoy pero hambre para mañana". Entre otras cosas, porque el movimiento municipalista reforzaría y legitimaría unos actores mediáticos que han sido sostén medular del régimen del 78 y que no tienen interés alguno en que el municipalismo cuaje y, menos aún, contamine y se extienda.

Otra respuesta desde lo municipal ha sido el apostar por generar medios propios –o en desarrollar los ya existentes– encarnados en pequeños periódicos de contenidos principalmente autopromocionales. Pero conviene revisar lo efectivo que este tipo de recursos pueden ser a medio plazo y cuando se quiere trascender el entorno de los y las convencidas. Ponerlos en marcha, pero sobre todo mantenerlos, supone una importante inversión. Inversión que necesitará su tiempo para que pueda 'funcionar': servir de respuesta eficaz contra los ataques provenientes de las cabeceras de 'toda la vida' y altavoz para llegar más allá de los y las votantes fieles. Además, invertir en medios propios supone que ceñimos nuestros esfuerzos comunicativos a lo estrictamente local, asumiendo implícitamente la lejanía de las miradas 'de conjunto'. Y quedan muy lejos toda una serie de soportes como la radio y la televisión.

Una posible superación del aparente callejón sin salida mediático al que parecemos destinados: a reforzar lo institucionalizado o ser una eterna diana para los dardos de la reacción, es salirse de la lógica meramente instrumental y pensar, situarnos en un plano político-estratégico, en el medio y largo plazo. Es obvio el absurdo que supone jugársela a intentar cambiar la orientación de los medios sistémicos –ya sean califas o pretendientes al trono del califa–. Pero manejarse con los medios mainstream, a la par que se apuesta por cambiar y reforzar a los medios críticos para que logren mayor repercusión, tiene mucho sentido por varias razones, más allá de la afinidad y cercanía entre algunas candidaturas y determinados medios.

Los media posicionados son uno de los elementos necesarios, por no decir imprescindibles, en la construcción política de los contrapoderes que permitan trascender los límites de los asaltos institucionales. Máxime cuando no hay en el horizonte, poderosos movimientos sociales que encarnen esos contrapoderes. En ese sentido, el participar en la construcción de otra esfera comunicativa puede aminorar dicha carencia. Sería una apuesta preñada de tensiones. Sin ir más lejos, porque esos posibles futuros medios recauchutados van a ser críticos también con los fallos de las propias apuestas municipalistas. Pero será una crítica que empujará a ir más allá de lo 'posible', y con ello, desbrozará caminos. Como dice Nuria Alabao en un reciente artículo:

“...tenemos que darnos cuenta de que el espacio social que representamos es cada vez más grande y que podemos apostar a su crecimiento. Por tanto, y sin complejos, tenemos que tener medios propios que no apelen a difusas mayorías. Eso no quiere decir que tengan que ser ideológicos e identitarios ni que nos cuenten lo que ya sabemos, pero sí que tienen que apostar por funciones nuevas, como puede ser una comunicación que apunte a formas de acción, y que sirva de plataforma a los debates estratégicos –y tácticos– de los movimientos que ahora se encuentran dispersos e inconexos en diversos medios. Una función importante sería, por tanto, la de estructurar estos debates, plantear las preguntas adecuadas, a los agentes adecuados para, en la confrontación de opiniones, ser capaces de trazar mapas que nos guíen en la acción y en las formas de organización de las resistencias.

Por otra parte, la comunicación puede devenir una herramienta de organización como los andamios que se levantan alrededor de un edificio en construcción: marcan sus contornos, facilitan las relaciones entre los distintos sectores, guían y permiten una cierta acción conjunta. Necesitamos una comunicación de movimiento que genere un espacio político propio articulado; que no se dedique a marcar fronteras, sino que las amplíe, identificando e integrando nuevas luchas y formas de resistencia que, todavía hoy, quedan fuera del radar de los medios convencionales.”

Apostar desde el municipalismo democrático por el que los movimientos tengan medios posicionados de calidad y funcionales no debe obviar que estos últimos han de mutar. Y rápido, porque siguen sin resolver la paradoja que les agarrota. Nunca se dieron unas condiciones objetivas tan favorables, y sin embargo sólo ahora logran, en contadas ocasiones, trascender su posición subordinada o periférica. Los medios posicionados siguen lastrados, entre otras cosas, por sus propios límites: persiste cierta imagen de panfletarios –o muy ideologizados– y carentes de rigor. La crónica falta de recursos y medios implica duras condiciones de producción y trabajo, la atomización y dispersión de las cabeceras/proyectos conlleva miradas competitivas y cainitas en vez de lógicas de cooperación… Y es que los bajeles corsarios, por muy valientes y gallardos que sean, poco pueden hacer para dominar los mares ante los buques de guerra mainstream. Para la contienda de la información, si se quiere elevar el tiro, hay que pensar como mínimo en términos de flotillas piratas.

Este tipo de medios han de asumir la realidad que los medios neocom –Libertad digital, OkDiario, etc. – nos recuerdan constantemente: los medios tienen sentido y ‘útilidad’ si son agentes propulsores conscientes y activos de apuestas –que no de siglas ni de marcas– políticas. El difuso magma de los y las damnificadas por el orden social y la crisis no podrá trascender su subordinación en la estructura de clases si primero no se piensa como una identidad política. Los medios posicionados han de asumir que son un instrumento central e imprescindible para que se den las condiciones subjetivas desde las que la diversidad de realidades actúen como una comunidad política. Esto no se logra desde los actuales medios dispersos. Su encomiable y admirable trabajo de hormiguita ya no basta: es demasiado limitado, la partida se debe de jugar ya en otra liga, por un ‘mero’ problema de escala.

El municipalismo tiene la legitimidad para interpelar a los medias posicionados en cuanto a lo limitado de sus ambiciones: deben trascender sus miradas cortas y cooperar, construir plataformas productoras de información que no dependan de las agencias de noticias y que defiendan la viabilidad de formas horizontales de producción/difusión de la información, porque la forma, también define el contenido. Deben de apostar por llegar a las miles de personas que han apoyado el municipalismo. Los medios posicionados ya no pueden no afrontar una de las enseñanzas del 15M: solas no podemos. Que nos falta la televisión y el recuperar las ondas hertzianas. Manjares que ningún medio posicionado se puede pagar solo.

 

26 de Dic 2016
funda

Armando Cuenca, Concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona (@armandocasitas0)

Cualquier movimiento de los autodenominados "Gobiernos del Cambio" es respondido con andanadas de titulares por parte de la caverna mediática "extended" (el País y otros medios tradicionalmente "progres" se suman sin problemas a estas razzias) y por los partidos del régimen. En no pocas ocasiones, a estas andanadas se suma un "fuego amigo" especialmente dañino: el de aquellos que, ocultos tras un débil "sentido común progre", dicen que hay que cambiar las cosas pero "gestionando bien". El "Cambio Tranquilo", ese oxímoron que pretende transformar cosas sustantivas sin que el régimen se soliviante... o aún peor: pretende cambiar el "talante" y el "estilo", dejando el reparto de la pasta para más tarde. Los casos de la limitación de la circulación de coches en la Gran Vía en Madrid y de Pío XII en Pamplona -ambos todavía en disputa- son un buen ejemplo de conflictos que, bien jugados, pueden desbordar los márgenes de una guerra cultural y convertirse en una de las primeras victorias significativas de los gobiernos del cambio.

Tanto el Camarada Chin-Pon-Chi -el famoso concejal de UPN que vinculó los carriles bici a los "millones de muertos" del comunismo- como Esperanza Aguirre han salido rápidamente a la ofensiva. Hay que reconocer que el estilo de Aguirre -esa mezcla de populismo cortoplacista y jeta de cemento- tiene más mordiente y más peligro que el cazurrismo carpetovetónico de la derecha Navarra que, como se ha visto, es fácilmente ridiculizable.

No obstante, cada uno en su estilo, han sabido olfatear la oportunidad. Es relativamente fácil generar controversias en cuanto alguien plantea reducir los privilegios al coche. Cualquier iniciativa que prime la movilidad sostenible genera, en un primer momento, una reacción negativa por parte de la gente que se ve afectada por los cambios. No ha habido ni una sola peatonalización de un casco urbano ni un solo carril bici que afecte a una arteria principal del tráfico que no haya sido contestado airadamente por una parte de los conductores, animados por igual por la prensa "enemiga" y por la "amiga".

Hasta aquí lo que pueden hacer los malos. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Estamos a mitad de legislatura y constatamos que, al menos en Pamplona y en Madrid, los gobiernos del cambio no van a sacar ni un aprobadillo raspado en remunicipalizaciones y en fiscalidad progresiva -del Gobierno de Navarra no esperamos gran cosa tampoco-. Es decir, que si alguien está esperando que los gobiernos del cambio amplien la base social que nos trajo hasta aquí a través de políticas públicas de redistribución de la riqueza, que se lo vaya quitando de la cabeza: o existe un movimiento potente que nos lo reclame desde la calle y nos obligue a realinear las prioridades o, sencillamente, no va a suceder, más allá de micro-recuperaciones, como los cinco trabajadores del Museo de Medio Ambiente de Iruñea, que van a pasar a formar parte de la plantilla del ayuntamiento y que, desde hace poco, trabajaban para la empresa de Florentino Pérez.

¿Qué nos queda, pues, si queremos proyectar algún cambio significativo para nuestra gente? La transformación del espacio público de la ciudad. Ya que no vamos a redistribuir riqueza, redistribuyamos, al menos, asfalto en favor de quienes más hemos sufrido la crisis.

Tenemos todo a favor para reconvertir nuestras ciudades en lugares amables y seguras para quienes han tenido que prescindir del coche por la crisis; para la gente mayor -que usa mayoritariamente el bus- y para la chavalería, cuya autonomía pasa por la movilidad sostenible. O dicho de otra manera -y por huir de la jerigonza de expertos en movilidad-: los sectores precarizados, las personas mayores, las mujeres y los jóvenes han dejado de usar el coche por motivos que podríamos denominar "económicos". Y entre los que sí lo usan, existe una cantidad importante de "mercado cautivo": gente que mantiene su coche a duras penas porque lo necesita para ir a currar pero que estaría dispuesto a pasarse a otros medios de transporte si fueran lo suficientemente baratos, rápidos y seguros.

En definitiva, ya hoy en nuestras ciudades los que vamos andando (42’1%), en bici (4’1%) o en bus (12’7%) somos mayoría: el 60% en la comarca de Pamplona. Y eso a pesar de que la agresiva política de UPN contra el bus y la bici ha conseguido que Pamplona sea la única ciudad de España en la que el uso del coche ha crecido en los últimos años. El gobierno de Ahora Madrid parece haber entendido estas matemáticas básicas y está determinado a reducir el tráfico en la Gran Vía.

Sin embargo, en Pamplona, la clase política está atenazada por el mantra del "cambio tranquilo" también en la movilidad. Una especie de miedo al conservadurismo de la gente -una percepción distorsionada, desde mi punto de vista- les hace aferrarse a un cierto argumentario muy poco empírico: "la ciudad no está preparada para esto"; "la gente no va a entender cambios demasiado bruscos y nos lo hará pagar en las urnas" o "vamos a estar todo el día en las portadas" son las excusas más habituales que oigo en privado tanto a políticos como a altos funcionarios.

No obstante, mi frase favorita, mezcla de politiqueo provinciano, falta de coraje y absoluto desconocimiento de la cuestión es la de que "hay que facilitar el desplazamiento del autobús y de la bici, pero sin perjudicar al coche". Un auténtico oxímoron, sobre todo si entendemos que estamos hablando de un "reparto modal". Y, como todo reparto, consiste en quitarle un poco a los que tienen mucho para que los muchos tengan un poco. En este caso hablamos de espacio, velocidad y privilegios: si queremos facilitarle la vida a quien hace la compra andando, a quienes van al cole en bici o a quienes están dispuestos a dejar el coche algunos días para ir a currar, hay que reducir el espacio disponible para el vehículo privado y restarle privilegios. No existe la piedra filosofal que, de manera bastante hipócrita, parecen querer buscar quienes no quieren cambiar nada: transitar hacia una movilidad sostenible sin tocar los privilegios del coche es ontológicamente imposible. No quiero ni preguntarles a estos señores lo que opinan de política fiscal, claro está.

No obstante, a pesar de todo lo anterior, parece que los cambios culturales nos acompañan. En España, el número de carnés de conducir expedidos anualmente ha caído en picado desde los 1'3 millones en 2008 hasta los 650.000 en 2015. La crisis, desde luego, ha ayudado mucho, pero la estadística acumulada apunta a un fenómeno global. Los jóvenes que viven en las zonas urbanas no van a vivir su primer coche como una experiencia de libertad y de progreso económico, como lo fue para la generación de nuestros padres y, en menor medida, para la nuestra. El futuro de nuestras ciudades es de los que caminamos, vamos en bici o usamos el transporte público. Y esto no solamente por una cuestión de conciencia ecológica, sino por la imposibilidad material -y casi física- de mantener los actuales niveles de uso del coche en el territorio urbano.

Las grandes marcas de coches ya han entendido esta transición y se preparan -qué remedio- para ella. Saben que van a tener que empezar a vender "experiencias" en lugar de coches y que tienen enfrente a un serio competidor: la bici es percibida como un modo de transporte saludable, menos peligroso y hasta "cool". Que se lo digan a los de BMW. Por eso Volkswagen ha presentado recientemente su división de servicios de movilidad en previsión de ciudades con menos coches y con menor tolerancia a las muertes por atropellos. Y apuntan a "colocarle" a las administraciones públicas flotillas de coches eléctricos, asesorías de seguridad... que den servicio a las necesidades crecientes de una población que no querrá o no podrá comprar coches. Y atentos, porque sospecho que intentarán colar por la gatera otra ronda de privatizaciones en el Sur de Europa, donde el capital financiero busca colonizar las "últimas fronteras" de lo público. Pero esto daría para otro artículo.

En Iruñea tenemos ahora una oportunidad de oro para darle un empujón a estos cambios en favor de los de abajo, de los que estamos al final de la cadena alimentaria de la jungla de asfalto. Ya sabemos que vamos a tener enfrente a los del Gulag y sus "millones de muertos por el ciclismo". Y también sabemos que habrá "fuego amigo" por parte de quienes consideran que los cambios deben ser tan, tan tranquilos que sean indiferenciables del continuismo. Solo falta la gente para decantar esta batalla por una ciudad sostenible, vivible y segura: ¿a qué esperáis para cortar las grandes avenidas de vuestras ciudades?

15 de Dic 2016
funda

Manuel Gabarre y Sonia Martínez (@lventnousporte), activistas de Ganemos Madrid

Los grupos de poder que se consolidaron durante el franquismo continúan hoy manejando las riendas de la política y la economía española. Hasta el final de la transición los integrantes de las élites exhibían su poder sin ningún pudor. De esta manera, los españoles eran bien conscientes de quiénes ostentaban el poder. Sin embargo, la consolidación democrática durante el gobierno socialista provocó que estos grupos tendiesen a ocultar ese poder, ya que exhibirlo no hubiese sido demasiado bueno para la marcha de los negocios. De ahí que a mediados de los años ochenta se empezó a atenuar su aparición en las páginas de sociedad de diarios como ABC o en revistas como el Hola.

Una buena parte del fracaso económico y social que vivimos actualmente proviene de que los distintos gobiernos –tanto los socialistas como los posteriores– no trataron de sustituir un modelo concebido para el beneficio de unas élites parasitarias. González entre 1982 y 1996 inició el camino hacia un modelo de privatización del sector público. Algo que Aznar se aprestó a seguir empujando durante sus dos mandatos –de 1997 a 2004–, momento en el que se culminaron las grandes privatizaciones de empresas como Endesa, Tabacalera, Repsol, Telefónica, Argentaria o Gas Natural, algunas ya iniciadas por el anterior gobierno socialista. 

Se optó así por el infradesarrollo del estado del bienestar protegiendo los intereses de estos grupos, mientras elementos del Partido Socialista o del Partido Popular se incorporaban a estas élites. Es muestra de ello la función que ejercen las puertas giratorias. Así, González se incorporó al consejo de Gas Natural en el 2010 mientras que Aznar lo haría en Endesa como asesor externo en el 2011.

Sin embargo, a día de hoy este modelo político se muestra insostenible. El poder de estos grupos explica en buena medida por qué la electricidad es más cara en España que en el resto de la zona euro; por qué se permitió la reducción a sólo tres operadoras de telefonía móvil o por qué se sigue apostando por la privatización de los servicios públicos como la recogida de basuras en muchos municipios, a pesar de estar demostrado que el coste para las arcas públicas es mucho más elevado. La última adquisición de trenes AVE por RENFE es otro de los ejemplos a gran escala. Sin justificación suficiente, este mes de noviembre, RENFE ha adjudicado la fabricación de treinta trenes y su mantenimiento durante cuarenta años a la empresa TALGO, por más de 2.600 millones de euros, empresa propiedad de la familia Oriol, genuinos representantes de las élites franquistas más agresivas. 

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia estimó en 2015 que solamente los sobrecostes en la contratación pública por incompetencia o corrupción ascendían a 47.600 millones, a los que habría que agregar las pérdidas relacionadas con la corrupción urbanística o la malversación de fondos públicos. Revelar la identidad de los causantes del desmán económico y social que vivimos constituiría el primer paso para socavar un modelo económico que lastra el desarrollo del estado de manera insoportable y deteriora las condiciones de vida de buena parte de la población.  

¿Independencia judicial?

Por otro lado, la independencia judicial sigue siendo una de las asignaturas pendientes de nuestro país puesto que los partidos políticos son capaces de controlar los procedimientos judiciales que les afectan mediante diversos mecanismos. El Consejo General del Poder Judicial, cuya función principal es preservar la independencia de los jueces frente al poder político, está compuesto por jueces nombrados por los partidos políticos. Teniendo en cuenta que este órgano decide los ascensos y los destinos de los jueces, es lícito afirmar que el Parlamento reclama obediencia a las altas instancias del sistema judicial. Del mismo modo sucede con los fiscales: el Ministerio Fiscal es un órgano jerárquico a cuya cabeza se encuentra un jurista nombrado directamente por el Ministro de Justicia. Por tanto, podemos concluir que el Parlamento y el Gobierno controlan la cúspide judicial a través de la composición del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado. Por su parte, la figura del aforamiento tiene su fundamentación en esta capacidad de control, puesto que se trata de una situación jurídica por la cual unos 2.500 cargos públicos no serían juzgados por los tribunales de primera instancia, más difíciles de controlar por el poder político, sino por los tribunales superiores, cuya composición, de alguna manera, ha recibido algún beneplácito político. A este respecto, en octubre de este mismo año, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo Europeo publicó un informe de evaluación para la 'Prevención de la corrupción en los parlamentos, jueces y fiscales' en el que critica con dureza la falta de independencia judicial en España: “en lo que respecta a los jueces, es lamentable que no se haya hecho ninguna reflexión adicional,…, sobre cómo fortalecer la independencia del Consejo General del Poder Judicial, tanto en apariencia como en realidad…’. En este mismo sentido, más de 1.400 jueces suscribieron en 2010 un manifiesto por la despolitización de la Justicia y la independencia judicial reclamando un gran pacto de Estado para recuperar la "dignidad" del Poder Judicial, ya que, en su opinión, cada vez era más permeable a las influencias políticas.

¿Quién manda en nuestras ciudades?

Debido a todos estos condicionantes no se puede hablar de una efectiva separación de poderes, no dándose las garantías que posibiliten la persecución de los delitos de corrupción en nuestro país por los correspondientes organismos públicos. Por tanto, es el tejido asociativo –compuesto por colectivos y asociaciones de afectados por causas de corrupción o plataformas de denuncia como 15MpaRato o la Fundación Civio. – el que se constituye, en muchos casos, como el único espacio para investigar, denunciar y perseguir esta lacra que puede suponer un expolio de entre el 5% y el 10% de nuestro PIB. 

En diversos municipios ya hay grupos de trabajo para identificar las redes de poder informal y para darlas a conocer, proporcionando una información que es fundamental para el buen funcionamiento democrático.

En la segunda edición del encuentro municipalista MAK2, que se celebrará en Pamplona los próximos 20-22 de enero, trataremos de encontrar maneras de compartir el trabajo y los resultados de las diferentes investigaciones llevadas a cabo. La idea es poner en común tanto metodologías de investigación como encontrar vías de compartir investigaciones realizadas entre los grupos locales. La posibilidad de articular una red permitiría sostener recursos en común en el tiempo y el desarrollo de acciones comunicativas y de denuncia coordinadas. También se trataría de encontrar vías para que, en caso de que fuese detectado algún delito, los resultados de las investigaciones pudiesen ser terminar en procesos judiciales impulsados por los propios movimientos municipalistas sin que estos hayan de subordinarse a los intereses de las instituciones o de los partidos políticos.

12 de Dic 2016
funda

Con este texto comenzamos una serie que tiene como objetivo situar los debates que se desarrollarán en las II Jornadas de Municipalismo, Autogobierno y Contrapoder y que tendrán lugar los próximos 20, 21 y 22 de enero en Pamplona. Publicamos este texto coincidiendo con una semana de movilizaciones por los derechos de los y las migrantes.

Marisa Pérez Colina (@alfanhuisa)
 

Con este título de resonancias quizá un tanto postmodernas y pedantes, nuestra intención es realizar un diagnóstico compartido y trazar algunas líneas de acción determinadas en torno a una preocupación muy concreta: la traducción a escala municipal de los regímenes de extranjería diseñados institucionalmente a escala europea y estatal.

Partimos de una premisa: la fuerza de un movimiento municipalista reside fundamentalmente en su capacidad de transversalizar las luchas de los y las de abajo. La construcción de un movimiento municipalista mestizo, de una articulación de movimiento entre personas autóctonas y personas de origen migrante nos parece vital.

Necesitamos trabar una alianza imprescindible entre unas y otros para desmontar los discursos racistas, islamófobos, securitarios y criminalizadores que intentan separarnos. Creemos que es urgente sumar fuerzas en pos de un objetivo común: la riqueza que producimos entre todos y todas, esa que reproduce cada día nuestras ciudades y pueblos, ha de ser igualmente repartida entre todos y todas, independientemente del color de nuestra piel, de nuestros países de origen, de nuestras diferencias culturales o religiosas.

Con tal presupuesto de partida y en busca de este objetivo general, el eje de trabajo Municipalismo transfronterizo del MAK2 se centrará precisamente en algunas de las aberraciones generadas por las políticas institucionales de discriminación por razón de extranjería. Concretamente en la persecución cada vez más violenta de la venta ambulante, las políticas securitarias y la existencia de los CIE’s, así como los recursos y herramientas institucionales relativos a la acogida de personas refugiadas. La idea es, en primer lugar, analizar los discursos que justifican tales mecanismos de racismo institucional y poner en común sus consecuencias materiales en las vidas de la gente. Pero a la vez y, sobre todo, en tanto nuestra tarea es potenciar la capacidad de organización de movimiento, el espacio de trabajo tratará de lanzar algunas hipótesis de trabajo posible destinadas a revertir tales condiciones de partida.

Algunas tareas para municipios de vocación transfronteriza

A escala local hay mucho trabajo por hacer en múltiples terrenos. Es cierto: existen limitaciones competenciales que, desde el ámbito institucional pueden esgrimirse para justificar la inacción y, con ella, la legitimación de los ataques diarios a la dignidad de las personas de origen extranjero. Pero desde el movimiento municipalista no nos podemos permitir el lujo de creer en límites. Tan solo reconocemos la existencia de obstáculos. Y estos, por muy altos, extensos o espinosos que sean, siempre se pueden saltar. Como las fronteras. ¿Cuáles son, entonces, las fronteras urbanas que queremos demoler?

La descriminalización de la venta ambulante. La persecución despiadada —violencia policial y económica— de los vendedores manteros y lateros, trata de evitar, como las fronteras exteriores, lo inevitable: que personas con escasos recursos y dificultades multiplicadas —ley de extranjería mediante— para acceder a ellos, sobrevivan como puedan. Para justificar esta represión hoy en ciudades como Barcelona o Madrid, las instituciones tienen dos ases bajo la manga: en primer lugar, manteros y lateros serían víctimas de unas supuestas “mafias”, en segundo lugar, los productos con los que comercian infringen las leyes de propiedad intelectual e industrial. Un reto del movimiento municipalista sería, en este sentido, desvelar el truco escondido en dichas cartas y legitimar la venta ambulante hasta lograr legalizarla: todos sabemos que esas mafias no existen, que las leyes de propiedad intelectual e industrial atentan gravemente contra algunos derechos fundamentales —como el derecho a la salud— y que la venta ambulante es, cada vez más, una forma de sobrevivir no solo para manteros y lateros, sino para cada vez más segmentos de población absolutamente excluidos del acceso a la “economía formal”.

La despolicialización de los conflictos urbanos y el desmontaje de las políticas securitarias. Con la excusa de la inseguridad subjetiva pero atendiendo tan solo a determinadas subjetividades —las de los vecinos, principalmente hombres, siempre blancos, preferiblemente de edades comprendidas entre los 45 y los 65 años y, en general, comerciantes que acuden religiosamente a los consejos de seguridad de los distritos—, nuestras calles se pueblan de dispositivos de videovigilancia y de toda suerte de cuerpos policiales. ¿Pero la policialización y la vigilancia son, de verdad, las formas más eficaces de resolver los conflictos urbanos? ¿No deberían emplearse más bien, dada su alta capacidad de criminalización de los colectivos más vulnerables, como el último recurso reservado para delitos de determinada gravedad? ¿No terminan extendiendo un imaginario de miedo al Otro, ese Otro siempre radicalmente distinto, peligroso, expulsable? ¿No resultan contraproducentes frente a la posibilidad de generar vínculos sociales capaces de fomentar una seguridad más profunda, esto es para todos y todas, dentro y fuera de nuestros hogares, en sociedades urbanas cada vez más plurales, complejas y atomizadas?

El cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Compartiendo plenamente con la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el Fin de las Deportaciones el hecho de que “no hay alternativas a los CIE” y que “la única alternativa es cerrarlos y generar un cambio de paradigma en las políticas públicas de migración”, ¿no sería una función del movimiento municipalista respaldar y alimentar todas las iniciativas actuales dirigidas a cerrar los CIE y a impedir las deportaciones, así como inventar otras nuevas? ¿Y no nos correspondería, además, mantenernos ojo avizor ante la posible privatización de los mismos o ante su remplazo por exóticas ocurrencias —como los pisos tutelados— aparentemente más “humanitarias” pero igualmente injustificables desde el punto de vista ético y legal, así como igualmente inútiles desde la perspectiva de disuadir los proyectos migratorios?

La pasividad ante la situación de las personas refugiadas. El movimiento municipalista debería trabajar para aumentar la visibilización y la denuncia del vergonzoso incumplimiento de los acuerdos de reubicación asumidos por el gobierno del Estado español (compromiso de reubicación y reasentamiento paulatino de 19.219 refugiados, de los que en julio de 2016 solo se había acogido un 2%). Algunos gobiernos municipales del cambio justifican su inacción en este terreno por la no llegada efectiva de estos refugiados. Sin embargo, según datos de la Red Solidaria de Acogida (RSA), en el año 2005 se tramitaron 14.600 solicitudes de asilo. Esto es, personas refugiadas, con el estatus jurídico reconocido o no, haberlas haylas. Y necesitan, como todas las personas, una vivienda digna, formación, salud e ingresos que les permitan comer, alimentarse… vivir. Los recursos públicos municipales deberían de hacerse cargo de todas estas necesidades.

Algunos desafíos para un municipalismo transfronterizo

En torno a las cuatro tareas anteriormente expuestas existe, evidentemente, una miríada de colectivos y redes que están sacando adelante un trabajo ímprobo desde iniciativas autoorganizadas y autónomas. El propósito de este eje de trabajo sería, entonces, poner en común las líneas de acción política desarrolladas en las diferentes ciudades en relación a estas cuatro patas —actuaciones desde la institución, acción desde los movimientos—, de cara a trazar algunos objetivos concretos por los que pelear de manera conjunta: discursos compartidos, exigencias paralelas, cooperación y puesta en común de recursos. A este fin, desde el movimiento municipalista tendríamos que afrontar varios desafíos:

El desafío de la autoorganización migrante. Si la cuestión de la autoorganización es clave para el desarrollo, en general, de un movimiento municipalista que vaya ganando consistencia, en la movilización contra los regímenes de extranjería los retos de la autoorganización son aún más complicados, si cabe. La presión de la institución, por un lado victimizadora —medidas sociales basadas en el paradigma de la exclusión—, por otro lado criminalizadora y represora —hostigamiento y violencia policial, constantes detenciones en comisarías y CIE’s—, genera tales condiciones de asimetría entre autóctonos y extranjeros, que a veces es muy complejo salir del asistencialismo y las medidas de urgencia en los espacios políticos mestizos, esto es, en las iniciativas habitadas tanto por autóctonas como por personas migrantes y/o de origen extranjero. El reto del movimiento municipalista sería impulsar el empoderamiento y la autoorganización migrante, apostar por la generación de espacios de completa autonomía.

El desafío de la doble articulación. Para destruir las fronteras internas de nuestros municipios es preciso dotarnos de una doble articulación. En primer lugar, entre espacios de autoorganización migrante y espacios mestizos o no migrantes. Esta cooperación es absolutamente necesaria de cara a poner en común recursos desigualmente distribuidos entre unos y otras, y cuya puesta en cooperación resulta indispensable para ganar cualquier batalla al régimen de extranjería. En segundo lugar, solo una articulación de escala estatal será capaz de dotar de una fuerza instituyente inesquivable las demandas concretas lanzadas desde los diferentes municipios.

El desafío de la transversalidad de luchas y demandas. Este reto podría parecer contradictorio con el de la autoorganización migrante, pero no lo es. La autoorganización está relacionada con las relaciones de poder de “raza” y el necesario empoderamiento y creación de espacios militantes propios a los colectivos subalternizados. Pero si los conflictos suscitados desde las personas afectadas por la ley de extranjería no encuentran puntos de intersección con conflictos surgidos desde otros colectivos o realidades, su fuerza corre el riesgo de aislarse y de acabar muriendo. Así, pues, ¿pelear por la despenalización de la manta no podría compartir campo de batalla con las luchas por la legalización de la venta ambulante en general? ¿Y no sería más transformador políticamente exigir una renta básica para todos y todas, en vez conformarse con parches sociales exclusivamente dirigidos a las vecinas de origen migrante y favorecedores de su estigmatización como los eternos Otros?

La democracia será mestiza o no será

Es el momento de revertir la guerra entre pobres por una alianza democrática radical. La polarización social empieza a alcanzar cotas alarmantes en una Europa del capital que está dejando fuera de juego a capas cada vez mayores de su población. Una población europea que es, recordemos, desde hace mucho tiempo, mestiza.

Así, pues, por mucho que la extrema derecha y las extremas socialdemocracias —imposible olvidar el estado de guerra de Hollande— se empeñen en convencernos de que aún existen valores esenciales y trascendentes de alguna patria por recuperar; por mucho que las clases medias se resistan a dejarse arrebatar las riendas de la política de sus finas y blancas manos, el movimiento municipalista no se amedrentará por las políticas del miedo al Otro y la fragmentación (para someterlas) de las clases populares.

Nuestro objetivo solo puede ser el de tejer un desde abajo plural, un desde abajo instituyente y en movimiento, capaz de confrontar los discursos del sálvese quien pueda y de revertir las políticas de precarización y de fragmentación social. Nuestro proyecto es la construcción, día a día, de la única democracia posible: una democracia mestiza.

 

10 de Nov 2016
funda

Xavier Martínez (@zmartes), Concejal de Terrassa en Comú.

En la pasada Junta de portavoces del Ayuntamiento de Terrassa del mes de octubre desde Terrassa en Comú propusimos un acuerdo para apoyar la proposición de Ley para derogar la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), más conocida como “Ley Montoro”, presentada en el congreso de los diputados por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local. En un contexto de grave crisis económica y política, cuando era más necesario que nunca disponer de una administración local, la más cercana a los ciudadanos, con más recursos para hacer frente a la decadente realidad social, el Gobierno del Estado español aprobó la Ley 27/2013 que supuso un recorte competencial sin precedentes, un importante retroceso sobre los servicios que prestan las corporaciones locales y un grave ataque a la autonomía municipal.

Este acuerdo fue aprobado con los votos a favor de TeC, PSC, ERC y CUP (20), los votos en contra de PP y C's (4) y la abstención de CIU (3). Curioso como C's, aquel partido que se presentó para regenerar la democracia, y que dijeron, por activa y por pasiva, que votarían NO a Rajoy y finalmente han votado SÍ al partido más corrupto de Europa, vota en contra de la derogación de esta Ley del PP. También resulta curioso ver como CIU se abstiene, pero no resulta sorpresivo, puesto que fue uno de los partidos que votó a favor de la “Ley Montoro” al Congreso de los Diputados.

Uno de los supuestos objetivos de la LRSAL consistía a "garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas". Se trata de un objetivo que carecía de sentido desde el momento de su formulación. Sólo hay que conocer algunos datos para entender la dimensión del recorte y las consecuencias que ya ha tenido esta ley en los servicios públicos locales. Los Gobiernos locales en el conjunto del Estado suponen un porcentaje de deuda pública casi insignificante, siendo menos del 5 por ciento del total. En cuanto al déficit de las administraciones públicas, las corporaciones locales cerraron 2014 con un superávit en sus cuentas públicas del 0,5% del PIB. Esta situación se repitió en 2015 con un superávit del 0,44%, frente al déficit del 1,66% de las autonomías y del 2,15% de la Administración central.

Es precisamente por este motivo que la crisis ha provocado una "remunicipalización" de ciertos servicios en Alemania, Francia o Reino Unido, para poder "ahorrar" costes y sanear sus cuentas públicas, siendo prueba inequívoca del menor coste que supone ofrecer estos servicios por el ayuntamiento. Berlín, Hamburgo, París o Londres son algunas de las ciudades que ha "remunicipalizado" servicios tan importantes como la gestión del agua. Se ha demostrado que privatizar y subcontratar significa reducir la calidad del servicio prestado y las condiciones de trabajo en las cuales se ofrece el mismo. La Ley también estaba hecha para que las privatizaciones fueran difícilmente reversibles, y pone unas condiciones bastante restrictivas a la remunicipalización de servicios.

La presentación de esta Proposición de Ley en el Congreso y este acuerdo de Junta de portavoces al Ayuntamiento de Terrassa, da el pistoletazo de salida a un proceso participativo para tratar los tres ejes centrales del nuevo municipalismo. Hace falta una nueva Ley de Bases de Régimen Local, para aclarar y aumentar las competencias de los Entes Locales y repensar el papel de las Diputaciones, generando espacios cercanos donde la ciudadanía pueda ejercer y reivindicar sus derechos. Hace falta un nuevo sistema de financiación local, donde los ayuntamientos dejen de ser una administración marginada que garantice derechos y la prestación de servicios esenciales a los ciudadanos. En definitiva, un nuevo municipalismo en el cual prevalezca la transparencia y la participación directa y vinculando de la ciudadanía. Y por eso es necesario que los ayuntamientos levanten su voz para recuperar la autonomía local y aumentar la calidad y la eficiencia de los servicios prestados a la ciudadanía.

Finalmente, hay que recordar que el Ayuntamiento de Terrassa habrá destinado este año 26,7 millones de euros al pago de deuda, 16,7 ya estaban previstos en los presupuestos ordinarios, pero 10,1 millones proceden del superávit del 2015. Recordamos que la “Ley Montoro” obliga que este superávit sólo se pueda destinar a inversiones financieramente sostenibles (se tienen que ejecutar durante el año 2016) o al pago de la deuda. Este año 2016 el pago de la deuda representará un 16% del presupuesto total del Ayuntamiento, una cifra muy significativa cómo para reflexionar. Sí sabemos que tenemos dificultades para encontrar partidas, como por ejemplo para becas comedor, Servicio de Ayuda a domicilio, Ayudas de Urgencia para el pago de alquileres o hipotecas, etc ¿nos podemos permitir el lujo de destinar casi 27 millones de euros al pago de la deuda? Sin negar que hay que hacer frente a la deuda existente, expondremos al equipo de gobierno que en los presupuestos del 2017 no pueden mantener esta línea conservadora que prioriza en exceso el pago de la deuda, y que se tendrán que afinar muy bien los números para evitar que no haya tanto excedente que nos veían obligados finalmente a destinar a pagar deuda, en detrimento de necesidades urgentes de la gente y la ciudad.

 

31 de Oct 2016
funda

Òscar Monterde (@Oscar_Potxo), Regidor de Terrassa en Comú

La garantía de los derechos fundamentales en la salvaguarda de la dignidad de las personas es una señal de identidad de los estados democráticos. La mayoría de los estados del mundo participa en el sistema internacional de los Derechos Humanos (DDHH) y reconoce su universalidad como fundamento de garantía de la dignidad de las personas. La superioridad jerárquica y el carácter imperativo del Derecho Internacional de los DDHH obliga a promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos tanto en su territorio como el exterior. Las instituciones, las empresas, las organizaciones, no sólo tienen que velar por su respeto sino que tienen que trabajar para reconocerlos, asegurarlos y protegerlos, independientemente del lugar donde desarrollen su actividad.

Lamentablemente la violación de los DDHH se sigue produciendo en todo el mundo tanto por parte de los estados como por parte de empresas y organizaciones. A menudo, estas violaciones quedan impunes. La lucha contra la impunidad y por la defensa de los DDHH es una de las grandes cuestiones que tenemos que afrontar en un mundo en convulsión donde los tratados de libre comercio, la crisis económica, las políticas de austeridad y los nuevos conflictos armados hacen que muchas personas vean sus derechos vulnerados. Derechos que, por ley, le son reconocidos, lo que conlleva que no puedan disfrutar de la vida digna a la cual todos y todas tenemos derecho. 

El 2011 el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad los principios rectores sobre empresas y DDHH elaborados por el relator especial John Ruggie. En la resolución A/HRC/17/31 se establecieron una serie de medidas no vinculantes basadas en los principios de protección, respeto y reparación. El año 2014, se creó un grupo de trabajo con el fin de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en el marco del Derecho Internacional de los DDHH.

Este mes en Ginebra, –entre el 24 y el 28 de octubre– ha tenido lugar la segunda sesión de trabajo de este grupo de composición abierta, donde participan estados, organizaciones internacionales y ONG. La sociedad civil internacional se ha movilizado y también irá a Ginebra para exigir y presionar para que se protejan los derechos de sus comunidades ante las empresas transnacionales.

La lucha contra la vulneración de los DDHH no se puede enmarcar tan sólo en el ámbito internacional. El ámbito municipal, como administración más cercana a la ciudadanía, tiene una gran responsabilidad. En la Carta Europea de Salvaguarda de los DDHH en la Ciudad, los gobiernos locales se comprometen a exigir el respeto y la garantía de los DDHH para todos sus habitantes y promover los valores de la cohesión y la protección de los más vulnerables. Asimismo, los gobiernos locales se comprometen a rechazar o denunciar cualquier acto jurídico, en particular cualquier contrato municipal, las consecuencias del cual puedan ser un obstáculo para la protección de los derechos reconocidos o sean contrarias a su realización. Así como a actuar de forma que otros sujetos de derecho estén obligados a reconocer el valor jurídico superior de estos derechos. 
Con la voluntad de poner en práctica y garantizar mecanismos de protección desde los gobiernos locales, Terrassa en común, presentamos al pleno de septiembre una propuesta de resolución para incluir mecanismos de lucha contra la vulneración del Derecho Internacional de los DDHH y del Derecho Internacional Humanitario. La propuesta, aprobada por una amplia mayoría, obliga a incluir en todos los pliegues de contratación una cláusula esencial en la cual las empresas se tienen que comprometer a que tanto sus actividades, como las de sus filiales y las de sus cadenas de proveedores no vulneren ni los DDHH, ni el Derecho Internacional Humanitario, independientemente del lugar donde se lleven a cabo. De tal manera que si se demuestra lo contrario, puedan ser revocados los contratos. Se pone así en práctica uno de los compromisos más importantes firmados en la Carta Europea de Salvaguarda de los DDHH en la Ciudad. 

Sin embargo, la inclusión de un criterio genérico no es suficiente. Por eso los acuerdos ponen especial atención en las empresas que pertenecen y/o desarrollan actividades económicas en países con conflictos armados, en países que ocupan otros territorios de forma ilegal, o en países donde se producen vulneraciones sistemáticas de los DDHH, y pide a todas ellas un informe sobre cómo se aplican los principios y las recomendaciones de Naciones Unidas de respeto, protección y reparación. El objetivo del informe es poder garantizar y hacer seguimiento de su compromiso en colaboración con los organismos competentes como el Centro de evaluación de las empresas catalanas creado por el Parlamento de Cataluña el junio pasado, gracias a las exigencias de la ciudadanía organizada. 

La incorporación de estos criterios no será fácil. Para garantizar que el gobierno no sólo acepta la propuesta como una declaración política, y que se introduzcan las diferentes cláusulas en los pliegos con todas las garantías, los acuerdos también contemplan la adhesión del Ayuntamiento de Terrassa a un proyecto del Fondo Catalán de Cooperación que tiene por objetivo la creación y puesta en marcha de una guía ética y de los DDHH para la contratación y la compra pública de los municipios catalanes

Acciones como esta pretenden así adecuar el sistema de contrataciones a las exigencias democráticas del momento y reforzar, desde el municipalismo, la apuesta por la responsabilidad social de las empresas y empujar también, la lucha contra la impunidad y por la defensa y garantía de los DDHH, una de las cuestiones claves en juego estos días en Ginebra.

25 de Jul 2016
funda

Juan Díaz Ramos (@er_guan), Málaga Ahora, Movimiento por la Democracia Málaga

Nuestro salto a la Institución nos ubica en un nuevo lugar, con sus ventajas e inconvenientes, pero ineludiblemente nos ha de hacer prever y revisar prácticas. Es recurrente la enunciación del objetivo, incluso sentido, de un partido-movimiento, movimiento-partido, en esta nueva fase a la que saltamos hace poco mas de año.

El corto año de aterrizaje en lo institucional, junto a las múltiples citas electorales, nos ha desviado de dicho objetivo, de abordarlo, de experimentar en serio, lo suficiente al menos, como para evaluar y revisar prácticas. Eso sí, nos ha permitido constatar tanto desde el gobierno, como desde la oposición, que la institución por sí sola no basta, y que sin unos movimientos bien fuertes, no se puede.

Parece ser que agotado el largo ciclo electoral este objetivo vuelve a tomar protagonismo. En el seno de Podemos, de las distintas candidaturas de Municipalismo Democrático, en los propios Movimientos Sociales, el asunto es recurrente. También porque nos acercamos a un nuevo ciclo, tras la previsible investidura de un nuevo Gobierno del Régimen del 78, en el que Europa reclamará los recortes que lleva tiempo posponiendo en una nueva ofensiva austericida que se suma a las anteriores.

En este contexto se celebró recientemente las Jornadas Municipalismos, Autogobierno, y Contrapoder, en Málaga. Y dentro de ellas se desarrolló un eje de trabajo que abordaba la cuestión de la organización, del que surgieron preguntas y debates. Pero cuando hablamos de procesos organizativos desde el municipalismo, o de generar ese partido-movimiento, qué método nos planteamos. Ese papel que ya venimos asumiendo: ¿nos situamos desde fuera como una figura de mediación y acceso a la institución? Pero más allá de ello. ¿Nos implicamos en los procesos autoorganizativos? Y así fuese, ¿nos diluimos en ellos como un actor más, o mantenemos una identidad fuerte en su seno como organización? ¿Nos interesan movimientos autónomos o vinculados a nuestra organización? Partimos de que necesitamos un mínimo de personas para poder trabajar desde nuestra organización. Pero ese grupo, ¿lo dedicamos a agregar, a crecer y a “absorber” personas y movimientos a nuestra organización; o a promover procesos autoorganizativos autónomos y establecer sinergias y redes, en torno a una serie de vectores estratégicos de demandas y propuestas?

Cuando hablamos de Partido-Movimiento ¿lo hacemos bajo el paradigma clásico propio de la mejor tradición de los Partidos Comunistas del s.XX, donde el Partido era el centro de la hipótesis revolucionaria, al que se debería de supeditar y agregar el tejido organizativo sindical y social? ¿O lo hacemos bajo un paradigma del Movimiento en Red, propio del s.XXI, donde a partir de objetivos y estrategias comunes se articulan los distintos colectivos, manteniendo su margen de autonomía?

El debate sobre el método no es baladí, dado que según se opte por unas formas u otras, los márgenes de entendimiento-cooperación, o desencuentros-disputas divergirán.
En el seno de Podemos, y sobre Podemos, el debate es recurrente. En las interpretaciones de los resultados electorales por la perdida de más de un millón de votos, hay unas que apelan a la perdida de capacidad de movilización de un electorado por definición crítico con tendencia abstencionista, que ante el enrocamiento organizativo, el control centralista, y la poca posibilidad de desborde perdió ilusión y posibilidad de movilización. También está sobre la mesa el método organizativo a seguir en esta nueva fase post-electoral, tanto a nivel interno como partido, como a nivel de relación con los distintos espacios organizativos.

En el seno del Movimiento Municipalista y los movimientos sociales que lo respaldaron, incluso impulsaron, el debate no es menor. En la fase previa a la llegada a la institución a grandes rasgos se puede diferenciar aquellos procesos que surgieron del seno de Podemos, en los que la Candidatura era Podemos (o parte) con otro nombre, respecto otras dinámicas de construcción de confluencias entre personas de diversas procedencias que dieron lugar a las Candidaturas de Municipalismo Democrático.

La llegada a la institución complejizó el escenario, y se han dado situaciones diversas: desde una absoluta desvinculación de representantes institucionales (o parte) respecto al soporte organizativo que les aupó a su posición; a la fragmentación cotidiana entre las partes que compusieron la candidatura, cuando estas fueron fruto de coaliciones; pasando por conflictos derivados del intento de desnaturalización de las confluencias y su marco constituyente, hacia la pérdida de su autonomía vinculándolas a partidos externos, normalmente más por la iniciativa de personas de estos partidos, que por decisión de los propios partidos.

Tras cada uno de los escenarios descritos emerge el mismo debate de raíz, el debate del método: un método centralizado, de control, con lógica de mayorías, que busca de forma rápida la hegemonía, y la uniformidad, tanto a nivel interno, como a nivel de relaciones con el resto de espacios organizativos, y donde la lógica discursiva que lo ha legitimado y naturalizado ha sido (y es): “el asalto a los cielos”, “la ventana de oportunidad”, “el momento histórico”, “la altura de miras”…En definitiva, la urgencia y el fin, sobre los medios, donde las críticas cuando se dan, son ignoradas, o son leídas como inoportunas, cainismo, tendencia al gueto, pureza naif, nostalgia del 15M, etc. mediante un solo espectro blanco-negro de interpretación: “dentro-fuera” “pro-anti”.

Otro de los método posibles ha sido el distribuido, de desborde, con lógicas de consenso, cooperación, y diversidad, tanto a la hora de componerse entre personas de diversas procedencias en el seno de un proceso organizativo, como a la hora de articular relaciones de sinergia y cooperación con diversos espacios.

El debate y contraste de métodos, con ligeras variaciones, no es nuevo, se remonta años, décadas, incluso siglos atrás. La diferencia, la novedad que no podemos ignorar, es un acontecimiento reciente, el 15M, un acontecimiento que supuso una radical transformación subjetiva de gran parte de la sociedad. Un Movimiento que antes que una organización, es un método, una especie de software libre que se ha ido replicando adaptándolo a distintas iniciativas y procesos organizativos. No son ajenas al acontecimiento 15M, Podemos y las distintas Candidaturas Municipalistas, de él beben, a él apelan, de él captan la mayor parte de sus simpatías, votos, y militantes. Tampoco son ajenas a los métodos, al software 15M, en mayor o menor medida, en unos momentos con más, en otros con menos intensidad, lo han asimilado en sus prácticas organizativas.

Si damos por buena la premisa pragmática, de que lo que importa son los resultados, que no es tan importante el debate sobre la correspondencia entre fines y medios. Hay que atender rápidamente al mencionado cambio subjetivo operado en gran parte de la población a raíz del 15M. Aquellos procesos o experiencias que han operado más fielmente bajo las premisas 15M –o las han sabido aparentar, aunque las apariencias duran poco–: diversidad, consenso, democracia, desborde, proliferación, han conseguido mejores resultados, y evolución positiva de los apoyos. Aquellas que progresivamente más se han ido alejando, han ido perdiéndolos.
Normalmente el viejo debate se resolvía en una confrontación entre Coherencia vs. Pragmatismo. Con el cambio subjetivo operado con el 15M, la experiencia ha dotado de éxito la lógica del método y la coherencia, lo pragmático ha mutado a ser coherente en los medios, los buenos resultados dependen de aplicar un software 15M, rompiéndose la vieja dicotomía.
También fue recurrente durante las Jornadas el debate Institución vs. Contrapoder. Pero tal dicotomía también deja de operar en el momento que aplicamos prácticas 15M desde la Institución, frente a prácticas reproductoras del Régimen del 78. En el momento que lo hacemos, la presencia institucional también puede derivar en contrapoder, y la dicotomía vuelve a ser la previa al asalto institucional Régimen del 78 vs. Proceso Constituyente.

De cómo se aborde la cuestión metodológica en lo organizativo, pende el futuro, éxito, y continuidad, de las distintas experiencias de asalto institucional: Podemos, Municipalismos Democráticos, o las por venir.

24 de Jul 2016
funda

Último resumen de los ejes de discusión del Encuentro Munipalista MAC1 tal y como nos han sido enviados por los responsables de dinamizar los ejes, por tanto no serían unas conclusiones definitivas, sino que apuntan a unas líneas de debate todavía abierto.
 

Taller de trabajo, cooperativismo y remunicipalizaciones

1. Desde las instituciones municipales, faltan instrumentos legales para intervenir con efectividad en las condiciones de trabajo. Sin embargo, hay todo un sector público que se ha externalizado desde la década de 1990 o que está siendo gestionado por empresas público/privadas y donde las condiciones de trabajo en ocasiones pueden equipararse a las de cualquier ETT. Recuperar para los social servicios públicos privatizados durante la oleada neoliberal, debería ser un eje central de los ayuntamientos “del cambio”. El mantenimiento de la calidad y la universalidad de los servicios públicos resulta esencial en la batalla contra el neoliberalismo y en la propia redefinición de lo público; se trata de un terreno que permite ensayar experimentos de democratización, autogestión o cogestión.

2. Los municipios tienen una gran cantidad de limitaciones a la hora de revertir esas privatizaciones: la ley Montoro, los techos de déficit y la imposibilidad de aumentar plantillas–. Se tiene que empezar a pensar la posible desobediencia coordinada entre distintos municipios a las leyes que limitan la capacidad económica, de endeudamiento o de contratación de estos ayuntamientos.

3. Se tendría que empezar a socializar la información generada en los distintos municipios donde existen tanto ejemplos exitosos de remunicipalización como de creación de nuevos servicios. Esto incluye otras herramientas que permitan mejorar la calidad del trabajo en externalizaciones o subcontratas –cláusulas sociales, resquicios legales– y también experiencias de cesión a cooperativas de trabajo, así como los nuevos modelos de cogestión que seamos capaces de inventar.

4. A veces no hay voluntad política desde los ayuntamientos para impulsar estos proyectos porque hay miedo a que si se genera un conflicto durante el proceso de remunicipalización y se dejan de prestar los servicios, no habrá suficiente fuerza contrarestar la oposición y los ataques mediáticos. Se tendría que generar un movimiento amplio para apoyar el proceso de remunicipalización. Para ello tiene que haber algún tipo de movilización social más amplia. En los casos donde ya existe trabajo previo –movimientos por la remuncipalización del agua, etc.–  es más fácil. En otros casos, el propio proceso debería ser un campo de creación del propio movimiento a partir del proceso liderado por los ayuntamientos. Este movimiento sería el lugar ideal para generar el sentido de demanda compartida que permita plantearse luego tanto una cogestión del servicio –ciudadana, usuarios, trabajadores o cooperativa– o su democratización profunda que permita una amplia participación.

5. La gestión de los nuevos servicios públicos remunicipalizados abre la oportunidad a la cesión a cooperativas. En ocasiones no hay suficiente tejido cooperativo capaz de asumir servicios grandes en estos municipios. Por tanto, es necesario lanzar líneas de actuación que permitan reforzar el tejido cooperativo a medio/largo plazo utilizando las instituciones públicas como socios privilegiados. Las instituciones deben servir también de apoyo para acometer apuestas de creación de cooperativas en sectores avanzados con mayor necesidad de inversión. Este apoyo se hará respetando la autonomía del movimiento cooperativo.

6. La misma cuestión surge cuando se quiere ceder espacios a la gestión comunitaria, no siempre existe la comunidad capaz de hacerse cargo. Es necesaria la audacia institucional que permita crear nuevas comunidades a partir de los propios procesos de cesión. La experimentación en este campo puede ayudar no solo a revertir los efectos del neoliberalismo en estos años, sino también puede ayudar a redefinir el sentido de lo público. Tanto en los servicios municipales como estatales. Sin duda cuestiones centrales de la propia redefinición de la democracia, en relación con las nuevas modelos prácticos –y propuestas teóricas– que seamos capaces de inventar para los próximos tiempos.
 

22 de Jul 2016
funda

Segundo resumen de los ejes de discusión del Encuentro Munipalista MAC1 tal y como nos han sido enviados por los responsables de dinamizar los ejes, por tanto no serían unas conclusiones definitivas, sino que apuntan a unas líneas de debate todavía abierto.

Taller de sindicalismo social

Necesitamos repensar el papel de los sindicatos. Los sindicatos de principios del siglo XX actuaban en fábricas y empresas pero también tenían cooperativas de vivienda, economatos, ateneos culturales, mútuas, etc. Combinaban acción directa, consecución de derechos y construcción de comunidades. Al irse desarrollando el Estado del bienestar, estos mecanismos de seguridad colectiva para el sostenimiento de la vida se universalizaron pero su organización quedó alejada de la gente. Los sindicatos, después de la II Guerra Mundial en Europa y después de la Transición en el Estado español, se centraron en cuestiones laborales y salariales, y en su su nuevo papel de concertación entre Estado, patronal y trabajadores.

En la actualidad, la degradación del Estado del bienestar, las políticas neoliberales, la finaciarización y las políticas de austeridad han hecho que muchos tengamos que organizarnos colectivamente para asegurarnos esos derechos sociales básicos que necesitamos para vivir: casa, sanidad, comida, papeles, renta. Las iniciativas que han surgido, como la PAH, Yo Sí Sanidad Universal, las Despensas Solidarias o Territorio Doméstico comparten muchas formas de acción con aquel sindicato de principios del XX que llamamos sindicalismo social.

No son los nombres lo que importa, sino las prácticas capaces de generar auto-organización y derechos. En el taller vimos que se basan en una política en primera persona, de gente que se junta para actuar en su nombre, y que al encontrase con otros se da cuenta de que sus problemas son comunes y no individuales. En estos procesos se produce una colectivización y una politización de los problemas comunes y ahí se empieza a perder la vergüenza, la soledad y, por lo tanto, el miedo. Se organizan a partir del apoyo mutuo, de acciones pensadas y realizadas por el conjunto del grupo, lo que genera lazos afectivos que traspasan el conflicto puntual y se comparten más cosas: otros recursos, cuidados, espacios de ocio. En cuanto a que atañen a necesidades vitales, se acercan diferentes tipos de personas, muchos que nunca habían participado antes en procesos colectivos, muchos que no tienen empleo o lo tiene precario e intermitente, personas que no han encontrado acogida en estructuras organizativas más clásicas. 

La pregunta que lanzaba el taller era por la posibilidad de aumentar de escala y federar iniciativas de este tipo. Mezclar las organizaciones por la vivienda con aquellas que luchan por una sanidad universal o por el derecho a la alimentación o el trabajo, dotarlas de una comunicación común; generar bases territoriales de defensa compartidas. En un horizonte incierto en cuanto a lo laboral, se prevee una tendencia a la escasez del empleo formal y a su continua precarización, cabe pensar que los lugares de trabajo perderán centralidad y podemos imaginar nuevos espacios, quizá barriales, donde organizar este tipo de iniciativas sindicales, sociales y laborales.

Se ha discutido mucho de la nueva forma-partido en los últimos años; es hora de discutir también qué nueva forma-sindicato necesitamos. No importa el nombre, importa tener estructuras colectivas que nos permitan asegurar nuestros derechos y nuestras vidas.
 

Eje de municipalismo europeo: La Europa de las ciudades rebeldes

Sobre todo en Italia, pero en breve en más países, se están llevando a cabo iniciativas inspiradas en el impulso municipalista en España. Las ciudades del cambio están siendo las primeras en alzar su voz contra el tratamiento intolerable a las personas migrantes y refugiadas, y en la práctica de la paz activa contra las fuerzas de la guerra y la desigualdad que están creciendo en el seno de la UE.

Esta instancia del municipalismo nos permite vislumbrar una geometría a varios niveles del espacio político europeo, basada en las democracias municipales y en los circuitos de la producción del común metropolitano. En la perspectiva de estas jornadas está la apuesta por un contrapoder político, fiscal y económico de las ciudades y pueblos rebeldes. Pero se trata también de las ciudades y metrópolis como fábricas del común dentro y contra la financiarización privatizadora y el corporativismo público que excluye a las y los subalternos.

No ha sido la primera vez que, junto a Reinos e imperios, en Europa se han planteado e iniciado federaciones y confederaciones de ciudades, desde la Liga Hanseática a las Comunas italianas, pasando por las comunidades de Castilla. Sin nostalgia alguna, y en plena debacle del diseño institucional de la UE, la imaginación constituyente de las ciudades permite pensar una salida emancipadora y democrática del marasmo europeo.

El taller comenzó con el planteamiento de una relación no circunstancial entre el municipalismo y la construcción de una Europa contra la austeridad y el autoritarismo financiero, pero también contra los racismos y fascismos en auge en distintos países de la UE. Por ejemplo, la llamada crisis de los refugiados y la tragedia humana en la que los Estados de la UE y la Comisión europea están provocando. Aquí el municipalismo está jugando un papel relevante, aunque notablemente insuficiente. Las iniciativas del ayuntamiento de Barcelona han servido de estandarte de una posibilidad, pero que ha de traducirse en procesos y desafíos sustantivos.

Pudimos escuchar las exposiciones de Alberto de Nicola, Mauro Pinto y Gerald Raunig sobre el incipiente municipalismo romano; la dinámica exitosa del municipalismo napolitano en torno al alcalde Luigi de Magistris y los problemas estratégicos del municipalismo respectivamente.

En Nápoles la victoria de Luigi de Magistris, con una candidatura de consenso de todas las fuerzas activas de base de la ciudad, es una ocasión de poner a prueba la potencia del municipalismo. La primera prueba será la constitución efectiva de sedes formales de contrapoder mediante los consejos ciudadanos de distrito y de barrio, con los que efectivamente se tratará de ejercer el proceso de gobierno fuera de un esquema de arriba-abajo. ¿Cuánta "soberanía" se quiere ceder? Al mismo tiempo, el proyecto del nuevo gobierno de Nápoles se coloca expresamente en el plano europeo de la apuesta municipalista.

En el caso de Roma, tras la desarticulación del ayuntamiento debido a la corrupción y el posterior periodo de administración judicial, el vacío político creado se ha traducido, en el plano electoral, en la victoria de la candidata del Movimiento V Estrellas, con un programa bastante escorado hacia los temas sociales y de participación, así como de rechazo de los poderes oligárquicos de la ciudad. En el plano de iniciativas de base, ha nacido Roma Comune, red transversal quiere llevar a la práctica las temáticas de radicalidad democrática y del derecho a la ciudad en diálogo/conflicto con el nuevo gobierno local y con los principales actores de la ciudad.

 

19 de Jul 2016
funda

Publicamos una serie de resúmenes de los ejes de discusión del Encuentro Munipalista MAC1 tal y como nos han sido enviados por los responsables de dinamizar los ejes, por tanto no serían unas conclusiones definitivas, sino que apuntan a unas líneas de debate todavía abierto.

El movimiento municipalista y la cuestión de la organización

1. Construir un movimiento municipalista -dar forma a una organización híbrida, movimentista y electoral- pasa por dotarse de una agenda propia, colectiva, capaz de impulsar una hipótesis política que desborde los marcos del régimen del 78. ¿Qué significa esto? Además de eludir las inercias gobernistas, ello implica que las candidaturas y los movimientos forjen una política de alianzas condicionales, un proceso de apertura que incluya nuevos sujetos, al tiempo que se constituye un espacio político más amplio y diverso: una red federal de municipios rebeldes capaces de mirar más allá de los límites de clase (y no sólo) que han dado vida al ciclo 15-M. Para materializar esta apuesta, es necesario compartir los conflictos que atraviesan la escala municipal, adoptando una posición antagónica y concertada frente a ellos: la Ley Montoro, el problema del agua, la urgencia habitacional de los territorios, la deuda municipal y los procesos de remunicipalización son algunos de estos conflictos centrales.

2. Para construir una red federada la comunicación es fundamental. Es urgente alumbrar un medio que permita al movimiento mantenerse conectado, compartiendo saberes, dudas, debates, estrategias y estrechando vínculos entre los diferentes territorios. Pero no sólo. También es necesario generar una máquina de difusión potente que visibilice la apuesta municipalista como tal, es decir, una máquina que permita aumentar el radio de impacto y marcar la agenda política. De este modo el municipalismo democrático se convertirá en una realidad orgánica insoslayable.

3. Finalmente, habría que potenciar una dinámica de contrapoderes, de manera que las candidaturas en gobierno o en oposición se puedan ver obligadas a romper con un marco encerrado en la gestión -propiciado por las dinámicas inherentes al Estado-; así, con unos ayuntamientos amparados y azuzados por un movimiento municipalista, las costuras del modelo institucional podrían tensionarse y esbozar los rasgos de una incipiente nueva institucionalidad. En este sentido, en pos de un nuevo modelo de instituciones, la red de municipios tendrá que imaginar estrategias para dotar de recursos a un nuevo ecosistema movilizado y federado, evitando caer en las trampas de la cooptación y la vieja política, esto es, preservando la agenda autónoma de los movimientos".
 

Espacios sociales y centros de gestión ciudadana

1. Uno de los retos de las candidaturas municipalistas ha de ser el reconocimiento explícito de la institucionalidad que representan los espacios y centros sociales de gestión ciudadana. Existe una demanda concreta de "centros sociales" que operan como dispositivos experimentales de prácticas urbanas y también como un nuevo marco de relaciones dentro de la metrópolis actual. Si no hay entendimiento, diálogo y escucha permanente entre el frente institucional y el frente puramente movimentístico no vamos a salir del estancamiento que a día de hoy está imposibilitando articular de manera definitiva dicha demanda.

2. La reivindicación de esta nueva institucionalidad, de las formas "monstruosas" –híbridas, experimentales– de institución, es anterior e independiente a la actual fase política. La homogenización y el gobernismo de intentar atender a todas las realidades sociales en su conjunto, difumina la singularidad de "nuestras" iniciativas y no respeta diferencias. Reclamamos el derecho a luchar por nuevas instituciones que atiendan a la multiplicidad de perfiles que habitan la ciudad.

3. El derecho a la ciudad no es una colección de derechos. Es un derecho en sí mismo. Intervenir en la ciudad es una necesidad urbana. En el contexto neoliberal es preciso poder desarrollar modelos culturales, políticos y económicos alternativos. La apropiación de la ciudad es uno de los caminos que nosotras consideramos para ello. Además, el "derecho a la ciudad" desde esta conceptualización pone en tela de juico las formas limitadas de "participación democrática" que hoy existen. En paralelo, tenemos claro que este derecho del que hablamos se genera y potencia mediante la práctica, de ahí que no deba está supeditado por completo a la exigencia resolutiva hacia las compas de la institución.

4. Los espacios y centros sociales de gestión ciudadana son dispositivos generadores de "lo común" y elementos esenciales a la hora de producir reequilibrios urbanos. Van unidos, por tanto, a las problemáticas urbanas actuales.

5. El escenario en el que se enmarca la discusión de este eje es complejo. Las relaciones entre el adentro y el afuera de la institución son cada vez más problemáticas y se mantienen dentro de una lógica de polarización. La potencialidad del frente institucional es que desde los ayuntamientos se puede brindar la oportunidad de aportar recursos e infraestructuras públicas al uso ciudadano. Ahora bien, hay serios obstáculos que se tienen que superar: limitaciones de la acción institucional, falta de espacios de coordinación, riesgo de un exceso de gobernismo, miedo al conflicto político... Esto hace que estemos ante una colección de derrotas culturales constante. Por otro lado, para dar batalla cultural desde la institución se necesita apoyo desde los movimientos.

6. Hay que afrontar el reto municipalista de blindar los espacios sociales conquistados a la vez que nos hemos de dotar de herramientas que nos permitan la reproducción autónoma de iniciativas. ¿Cómo? Con la creación de lugares de encuentro híbridos que permita a las compañeras del frente institucional tener un espacio político de discusión, acompañamiento, reflexión y apoyo que se enriquezca constantemente desde ambos lados. En todo caso, no podemos limitar la acción de los movimientos con discursos normativistas. El frente institucional debe también significar un respaldo a la desobediencia de los movimientos. De igual manera, entendemos que los centros sociales de gestión ciudadana son a día de hoy la forma más extendida de liberación de espacios urbanos, de ahí que su legitimidad ya está consolidada.

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