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Análisis y propuestas para una transformación democrática

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11 de Ene 2017
funda

Pablo Carmona, Concejal de Ahora Madrid y miembro del InstitutoDM (@pblcarmona)

El movimiento de las plazas en 2011 se agrupó en torno a dos grandes dimensiones. La primera como expresión social contra el régimen político español definido como un modelo caduco que debía ser transformado en su integridad. Con el 15M nacía una impugnación global de las políticas económicas, del sistema de partidos y de la representación instituida. La segunda dimensión fue la más concreta, aquella que se expresó en las batallas cotidianas contra los recortes en los servicios públicos y los derechos sociales básicos. Sus mejores expresiones fueron la Marea Blanca, la Marea Verde y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), movimientos de nuevo tipo que jugaron el papel de verdaderos sindicatos en defensa de los servicios públicos y los derechos sociales más básicos, especialmente de las clases populares.

Tras el 15M sólo la PAH mantuvo cierta presencia mediática e impacto social en medio del lanzamiento de las candidaturas municipalistas y de Podemos, que en poco tiempo, coparon el espectro político de “la indignación” y “la revolución democrática”. A partir de ahí una buena parte del ciclo de protesta se focalizó en las herramientas de participación institucional y fue acompañado de cierta escasez de propuestas a nivel de movimientos, sin duda los grandes ausentes en los años posteriores a este momento.

Como consecuencia, apremia pensar alternativas concretas y formas de organización social que no solo pasen por el hecho institucional. De nada sirve tener un pie en las instituciones si fuera de las mismas no se concreta una fuerza social que construya luchas y modelos alternativos de sociedad. Pero ¿qué forma pueden tener esos movimientos?¿Dónde se pueden inspirar para desarrollar su trabajo?¿Cómo pueden salir del impasse en el que se encuentran?

Decimos sindicalismo social

Para abordar la producción de movimientos creemos imprescindible recuperar la dimensión sindical que albergan todas las luchas sociales. El sindicalismo es -según nuestro criterio y entendido de una manera que va más allá del ámbito laboral y oficial-, una herramienta capital en estos momentos. En esta tradición de lucha se condensa la necesaria construcción de respuestas y herramientas colectivas ante problemas cotidianos que de otro modo sólo se nos aparecerían de manera individualizada (casi personalizada) y sobre todo porque este modelo de sindicalismo social y de base puede ayudar a la reconstrucción de formas asociativas y comunitarias que -con una fuerte vocación política y en torno a luchas concretas y cotidianas-, cortocircuiten los mecanismos concretos de desposesión que se nos imponen.

Todo ello se pudo comprobar por ejemplo con las Mareas. Ellas lograron articular un movimiento diverso donde se rompieron las fronteras entre profesionales fijos y los nuevos eventuales precarios que trabajaban en la sanidad o la educación pública y también disolvieron la clásica separación entre usuarios y profesionales del sector público. Alianzas todas ellas que no eran evidentes en los momentos previos a la construcción de aquel movimiento que irrumpió en las calles, los hospitales y los centros escolares, con una fuerza desconocida. El gran éxito de las Mareas y de algunos movimientos que los precedieron es que lograron trascender a las clásicas movilizaciones sindicales y armaron un sindicalismo que, con forma de movimiento social, y más allá de las tradicionales reivindicaciones laborales agrupó a todos los sectores afectados por los recortes en los servicios públicos.

Con dinámicas similares nació el fenómeno de la PAH y los movimientos de vivienda. En pocos meses y utilizando la efervescencia que produjo el 15M, decenas de miles de casos aislados de familias que estaban siendo expulsadas de sus casas encontraron su forma de agregación, dando vida a la red de autodefensa y de lucha más importante de las últimas décadas. Lo que en un principio aparecía como el drama personal de miles de familias que ninguna organización tradicional lograba representar, tomó su propio camino y se desbordó en forma de un sindicato de afectados por la estafa hipotecaria y como movimiento social por la vivienda digna.

La PAH consiguió algo muy reseñable, que los sectores más precarizados, aquellos que están más alejados de las formas de organización sindical tradicionales, y los que más necesitan experimentar con nuevas formas organizativas, encontrasen su propio modelo de agregación y de lucha.

Si miramos con detenimiento muchos movimientos similares, aunque de implantación más modesta, veremos que buena parte de las experiencias novedosas de lucha en los sectores más periféricos y precarios, los que a día de hoy son mayoritarios tanto del ámbito laboral como fuera del mismo (precarios, personas sin derechos, jóvenes, sectores feminizados y migrantes), han ido encontrando nuevos caminos organizativos y de reivindicación con un pie dentro y otro fuera de los conductos formales del sindicalismo.

Así ha sucedido con las experiencias de los trabajadores temporeros de los campos andaluces, también con los investigadores precarizados de las universidades españolas, con el asociacionismo vinculado al mundo de la cultura, con las empleadas domésticas o, más recientemente, con el movimiento de las camareras de piso “las kellys” o el “sindicalismo mantero”.

Tomando sus experiencias, queda por pensar como seguir construyendo y multiplicando estas luchas en ámbitos tan diversos como la vivienda, el mundo de la cultura o el sector turístico, pero también cómo hacer crecer estos movimientos tan necesarios en los tiempos venideros en el reciente contexto institucional sin que pierdan autonomía y capacidad crítica, generando modelos de organización sindicales y sociales autónomos.

Por este motivo son tan valiosas las experiencias del Sindicato Mantero de Barcelona y sus réplicas en Madrid, Sevilla o la costa malagueña, o la incipiente coordinación de las luchas de las trabajadoras domésticas y La Kellys. Como también lo son todas aquellas luchas que, desde perspectivas sindicales de base, miren hacia otros referentes de autoorganización y lancen nuevas tablas reivindicativas que además de conectar proyectos generen o amplíen los campos de lucha por nuevos derechos. Propuestas como las plataformas de lucha contra la pobreza energética o los sindicatos de inquilinos podrían abrir otros caminos y servirnos también de ejemplo.

Todas estas experiencias son cruciales para crear un ecosistema de movimientos que estiren los procesos de democratización abiertos en algunos ámbitos institucionales y constituirse como contrapoderes capaces de vincular y forzar los cambios que la mayoría de programas políticos de Podemos o de la candidaturas municipales han recogido. Como consecuencia, es de vital importancia que el crecimiento y la articulación de estas experiencias, lejos de constituirse como actores subordinados al ciclo institucional o como simple apoyo del mismo, ya sea en labores de gobierno o de oposición, sean capaces de ganar protagonismo como fuerzas de contrapoder.

Nuestro sindicato social no tiene partido. Más allá del partido-movimiento

Hoy cuando las máquinas de guerra electoral muestran sus límites y necesitan repensar sus sistemas de alianzas, sus formas de implantación en los territorios y experimentar otros modelos de agregación y organización en entornos cada vez más precarios, los ejemplos de este sindicalismo en sectores precarizados y aquel que va más allá del ámbito laboral clásico aparecen como una posible solución. Se podría decir que, en la fase de oposición, de nuevo la responsabilidad y el protagonismo se deposita en los movimientos, en la contestación a pie de calle y su día a día.

Este giro, más evidente en el caso de la oficialidad de Podemos, nos lleva a una peligrosa conclusión. Podría deducirse de esta lógica que en la fase ascendente, cuando la maquinaria de partido avanza hacia mayores cotas electorales, cuando el programa debe ser flexible en su rastreo incesante de nuevas mayorías en las urnas y cuando la cal viva divide la historia de España entre los gobiernos del terrorismo de Estado y los años dorados de la socialdemocracia con Zapatero, las vinculaciones entre partido y movimientos suponen un estorbo. Mientras que, iniciada la fase de oposición, cuando las luchas intestinas necesitan reunir fuerzas, trabar alianzas, impulsarse en un nuevo magma de movilización y organización política y social, renace la idea del partido-movimiento y cobran nuevo protagonismo las vinculaciones movimentistas.

Como cuestión de fondo y más allá de posiciones tácticas, la incógnita está en cómo reconstruir un ciclo de movimientos, de reorganización social y de movilización política que corra en paralelo a las apuestas institucionales. Pero ¿con qué mecanismos? ¿Cómo se construyen y en qué ámbitos? Ambas preguntas son necesarias no sólo por pensar los sistemas de vinculación entre las candidaturas y los movimientos, sino porque aquello que conocemos como “movimientos” a día de hoy ha perdido fuerza y se encuentra en fase de reubicación y reconstrucción.

Si todo esto es así ¿qué lugar queda para la idea del partido-movimiento? ¿Es conveniente seguir buscando ese idea de vinculación orgánica entre el adentro y el afuera del ámbito institucional? Desde nuestro punto de vista aquella idea original y que sólo se concretó con mayor precisión en alguna de las candidaturas municipalistas se debe dar por superada. La forma y el tiempo del asalto institucional -tal y como se han concebido-, han demostrado que cualquier apuesta movimentista debe tomar el camino de la plena autonomía y no someterse al tempo institucional.

De hecho, el programa de los movimientos a día de hoy -como programa de contrapoder- debe contemplar como punto central el superar la fase en la que se buscaba una mayor articulación de los movimientos con la institución, y obligarla desde la autonomía a llegar más lejos en términos democratizadores y programáticos, impidiendo en la medida de sus posibilidades, que alumbre a una nueva clase política. Incluso asumiendo el objetivo concreto de tomar los mecanismos de democracia participativa habilitados por el nuevo ciclo institucional para ensayar su superación y hacerlos estallar por desborde.

Entonces ¿Para qué hablar de sindicalismo social?

Profundizar en las herramientas del sindicalismo social dota de una interpretación concreta al modo de reconstrucción y reorientación de esta fase de movimiento. Lejos de ser una fase anclada en la cultura de la contestación, el impulso de estos movimientos debe entenderse como un momento crucial de organización de los sectores sociales más dañados por la crisis, en una suerte de sindicalismo precario, migrante y feminista protagonizado por precarios, trabajadores y trabajadoras pobres, parados, migrantes y mujeres de las periferias urbanas.

Por este motivo -en el corazón del proyecto institucional-, la pregunta que se debe formular ya no es en torno a la vinculación o no con los movimientos, pues esta cuestión ya está resuelta por muchos actos de contrición que se quieran hacer. La cuestión es si en los próximos años se puede o no levantar un nuevo ciclo político que devuelva el protagonismo al afuera del hecho institucional y deje oxígeno a proyectos y movimientos que se articulen dentro de esta nueva composición de clase ultraprecarizada.

Es en este dilema sobre el cómo, el dónde y el cuándo se deben articular estas luchas precarias y de las periferias donde residen dilemas que sólo las herramientas del sindicalismo social pueden resolver. La cuestión es asumir que estamos a la búsqueda de aquellas formas sindicales que hagan emerger el dolor social que produce esta crisis económica sin solución y saber que esta es la única garantía para impedir que ni el discurso político ni sus prácticas se rebajen o moderen con criterios electorales.

Para lograrlo ya tenemos un buen puñado de experiencias, pero éstas no deben servir de acicate para la regeneración de ningún partido ni apuesta institucional. Debemos pensar que al igual que el cambio institucional ha querido construirse mayoritariamente al margen de los movimientos, éstos deben lanzarse con plena autonomía y capacidad crítica. Ahora como en el 15M los movimientos deben remarcar su autonomía y su programa, lograr ser irrepresentables.

06 de Ene 2017
funda

Mauro Castro (@CC_Mauro) y Rubén Martínez Moreno (@RubenMartinez) | La Hidra Cooperativa

El neoliberalismo no es un espíritu satánico que se manifiesta cuando algunas fuerzas oscuras lo convocan. El neoliberalismo es producto de la conquista de las instituciones por parte de las élites económicas y el poder financiero. Todo un asalto institucional. Para consolidar la privatización de servicios públicos fue necesaria la creación y el uso intensivo de herramientas jurídicas, leyes parlamentarias y tácticas capitalistas para cercar y extraer renta de la producción social: apertura de espacios para que se inyecte y circule el capital financiero sin control público; sistemas de evaluación de los servicios públicos basados en métricas economicistas; pliegos y condiciones de contratación de servicios básicos que escamotean el control público; políticas, reglamentos y medidas coercitivas para convertir en mercancía el trabajo, la tierra, el dinero y los saberes. Por eso darle la vuelta al calcetín no es tan fácil. La santería no nos sirve.

En el artículo “El Puerto de Barcelona: un gobierno en la sombra” señalábamos una estrategia de privatización que ha entregado un gran poder sobre el territorio a instituciones privadas y que incluso se ha replicado de una ciudad a otra. Las Autoridades Portuarias, figuras legales con autonomía presupuestaria y de gestión, han logrado un aislamiento absoluto de la presión pública y ciudadana respecto a la transformación de los frentes marítimos. Esta privatización de bienes comunes urbanos se desarrolló en paralelo al desarrollo urbanístico de los centros de las ciudades y para culminar ambos procesos fue necesario producir marcos jurídicos y arreglos institucionales específicos.

La principal reflexión que contiene este ejemplo no revela nada nuevo: el neoliberalismo ha logrado avanzar y entregar poder a grandes oligopolios construyendo sus propios principios científicos, normativos y sus propias dinámicas de organización y movilización. El neoliberalismo urbano ha diseñado una “administración paralela” que ha creado auténticos candados para poder perseverar y que cuenta con un buen listado de casos de corrupción y pillaje. La principal aportación que queremos ofrecer, en el fondo, funciona en un sentido inverso. La remunicipalización y la reapropiación de los bienes comunes solo pueden avanzar tomando en cuenta esas mismas dimensiones, pero para democratizar los recursos públicos.

La reapropiación de los bienes comunes ha de plantearse como un problema institucional, como la necesidad de defender, diseñar, implementar y asumir un conjunto de derechos, normas, obligaciones y compromisos para reapropiarse de lo enajenado y garantizar las condiciones materiales de subsistencia y reproducción social.  No solo necesitamos datos y organización ciudadana, sino también producir y empujar marcos jurídicos que reviertan la situación. Las batallas contra el neoliberalismo que se han dado históricamente han intentado actuar en esa triple dimensión: producir movimiento, producir datos, producir norma.

En su libro “Común”, Laval y Dardot recuerdan las palabras de la militante india Vandana Shiva que ilustran el enfoque político de estas prácticas de reapropiación de lo común:

"Si la globalización es el cercamiento final de los comunes –nuestra agua, nuestra biodiversidad, nuestros alimentos, nuestra cultura, nuestra salud, nuestra educación– recuperar los comunes es el deber político, económico y ecológico de nuestra época."

Estas palabras acompañaban a un conjunto de protestas que se alzaron en Cochabamba como respuesta a la privatización de la provisión de agua potable, entre enero y abril del 2000. La declaración de Vandana Shiva pone sobre la mesa cómo las instituciones capitalistas crean las condiciones necesarias para que el mercado pueda ampliar el espacio sobre el que generar excedentes. En el caso de Cochabamba, una organización supraestatal –el Banco Mundial– promociona a una multinacional estadounidense –Bechtel Corporation– para ser contratada por el entonces Presidente de Bolivia –el dictador Hugo Banzer– quien previamente generó el marco institucional para poder asegurar la legalidad de la privatización. Frente a estas prácticas de desposesión que no solo encarecían el precio del agua y limitaban su acceso, sino que además destruían los sistemas comunales que la gestionaban, la “Batalla del Agua” fue uno de los procesos de organización social que materializó la defensa contemporánea de los bienes comunes.

Inspirados por estos procesos, Ugo Mattei –catedrático italiano especializado en derecho civil y derecho comparado– junto a un número importante de organizaciones, llevaron a cabo una Iniciativa Legislativa Popular en la Unión Europea para hacer una Carta Europea de los Bienes Comunes. La iniciativa buscaba establecer, ante la oleada de privatizaciones de servicios públicos que se estaban produciendo en todo el continente, el estatus jurídico y la protección de los bienes comunes a escala europea. Este proceso iniciado en 2011 no consiguió sus principales objetivos, pero abrió una red que sigue organizándose para afectar la agenda europea. Fue uno de los primeros intentos contemporáneos, junto a otros como la “Comisión Rodotà para la Reforma de los Bienes Públicos”, que buscaban actuar sobre el marco administrativo de los bienes comunes, buscando consolidar su expresión jurídica.

Desde la escala municipal más próxima, una estrategia con los mismos principios está conducida por movimientos como “Aigua és Vida”. Esta plataforma formada por una red de entidades sociales ha creado dispositivos de movilización y ha difundido información sobre el impacto negativo que la privatización del agua ha tenido sobre el precio y la eficiencia del servicio. Junto al trabajo para mostrar la viabilidad legal para revertir los procesos de privatización, “Aigua és Vida” ha situado en la agenda la remunicipalización del agua, un tema que empieza a parecer posible en Barcelona. El propio movimiento ha diseñado una “Guía práctica para caminar hacia una gestión no mercantil y democrática del agua” con algunas indicaciones, intentando transferir sus saberes prácticos a otros municipios. Cada vez son más los municipios catalanes que se suman a la remunicipalización y se pueden unir más a la lista durante este año, como esperamos sea el caso de Terrassa.

Una experiencia actual centrada en la gestión comunitaria de equipamientos en Italia nos señala una de las claves de estos procesos de democratización. En el año 2015 el Ayuntamiento de Nápoles aprobó una serie de medidas administrativas para regular, promover e institucionalizar los bienes comunes en el ámbito urbano. Un proceso encaminado a reconocer jurídicamente espacios de autogobierno e implementar modelos de gestión ciudadana de bienes del patrimonio inmobiliario del Ayuntamiento. Este proceso nació de la “experimentación del uso cívico y colectivo urbano de l’Asilo” un equipamiento de titularidad municipal declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El 2 de marzo de 2012 un colectivo de trabajadores y trabajadoras culturales, conjuntamente con más ciudadanos que formaron parte del proceso, ocuparon L’Asilo. Esta intervención estaba inicialmente planteada para desarrollar actividades culturales autogestionadas durante tres días. Finalmente, a partir de la propia organización ciudadana, se planteó legalizar la autogestión de l’Asilo, recuperando una fórmula jurídica italiana en desuso pero todavía vigente: el uso cívico de un bien público. Este fue el primer paso para lo que finalmente sería un caso de innovación jurídica sin apenas precedentes. A través de una ordenanza municipal, el Ayuntamiento de Nápoles recogió en sus estatutos el concepto de “bien común”, incluyendo en su parte dispositiva el reglamento de uso del inmueble, escrito por los participantes en la asamblea de l’Asilo.

La capacidad de los colectivos de l’Asilo para usar la Ley con el objetivo de invertir las formas de gestión privada vigentes en su municipio nos ofrece toda una lección. Frente al conservadurismo latente –casi “natural”– de gran parte de los servicios jurídicos municipales fue necesaria una fuerza organizada externa con capacidad para incidir en los reglamentos municipales e intervenir en el “Interés General” o, mejor dicho, en el “Bien Común”.

En todos estos procesos convergen tres puntos. En primer lugar, producir datos: nuevas métricas para mostrar la capacidad de producir servicio público por parte de espacios gestionados democráticamente, ya sean públicos o comunitarios. En segundo lugar, producir movimiento: crear alianzas de solidaridad con otros espacios y contextos para reforzar aquellos procesos que cuentan con legitimidad social pero no tienen soporte institucional. En tercer lugar, producir norma: tener un cuerpo militante que, a partir de la alianza entre espacios de lucha y saberes expertos sobre derecho administrativo, generen formas de intervenir en los marcos jurídicos vigentes.

Sin una fortaleza colosal de esa triple dimensión desde el afuera, resulta difícil cambiar el adentro y avanzar en la revolución democrática. Si en algunas de esas dimensiones necesitamos algo más que ideas y diagnósticos, hagamos uso de los recursos que el actual ciclo de “asalto institucional” nos prometió.

19 de Jul 2016
funda

Publicamos una serie de resúmenes de los ejes de discusión del Encuentro Munipalista MAC1 tal y como nos han sido enviados por los responsables de dinamizar los ejes, por tanto no serían unas conclusiones definitivas, sino que apuntan a unas líneas de debate todavía abierto.

El movimiento municipalista y la cuestión de la organización

1. Construir un movimiento municipalista -dar forma a una organización híbrida, movimentista y electoral- pasa por dotarse de una agenda propia, colectiva, capaz de impulsar una hipótesis política que desborde los marcos del régimen del 78. ¿Qué significa esto? Además de eludir las inercias gobernistas, ello implica que las candidaturas y los movimientos forjen una política de alianzas condicionales, un proceso de apertura que incluya nuevos sujetos, al tiempo que se constituye un espacio político más amplio y diverso: una red federal de municipios rebeldes capaces de mirar más allá de los límites de clase (y no sólo) que han dado vida al ciclo 15-M. Para materializar esta apuesta, es necesario compartir los conflictos que atraviesan la escala municipal, adoptando una posición antagónica y concertada frente a ellos: la Ley Montoro, el problema del agua, la urgencia habitacional de los territorios, la deuda municipal y los procesos de remunicipalización son algunos de estos conflictos centrales.

2. Para construir una red federada la comunicación es fundamental. Es urgente alumbrar un medio que permita al movimiento mantenerse conectado, compartiendo saberes, dudas, debates, estrategias y estrechando vínculos entre los diferentes territorios. Pero no sólo. También es necesario generar una máquina de difusión potente que visibilice la apuesta municipalista como tal, es decir, una máquina que permita aumentar el radio de impacto y marcar la agenda política. De este modo el municipalismo democrático se convertirá en una realidad orgánica insoslayable.

3. Finalmente, habría que potenciar una dinámica de contrapoderes, de manera que las candidaturas en gobierno o en oposición se puedan ver obligadas a romper con un marco encerrado en la gestión -propiciado por las dinámicas inherentes al Estado-; así, con unos ayuntamientos amparados y azuzados por un movimiento municipalista, las costuras del modelo institucional podrían tensionarse y esbozar los rasgos de una incipiente nueva institucionalidad. En este sentido, en pos de un nuevo modelo de instituciones, la red de municipios tendrá que imaginar estrategias para dotar de recursos a un nuevo ecosistema movilizado y federado, evitando caer en las trampas de la cooptación y la vieja política, esto es, preservando la agenda autónoma de los movimientos".
 

Espacios sociales y centros de gestión ciudadana

1. Uno de los retos de las candidaturas municipalistas ha de ser el reconocimiento explícito de la institucionalidad que representan los espacios y centros sociales de gestión ciudadana. Existe una demanda concreta de "centros sociales" que operan como dispositivos experimentales de prácticas urbanas y también como un nuevo marco de relaciones dentro de la metrópolis actual. Si no hay entendimiento, diálogo y escucha permanente entre el frente institucional y el frente puramente movimentístico no vamos a salir del estancamiento que a día de hoy está imposibilitando articular de manera definitiva dicha demanda.

2. La reivindicación de esta nueva institucionalidad, de las formas "monstruosas" –híbridas, experimentales– de institución, es anterior e independiente a la actual fase política. La homogenización y el gobernismo de intentar atender a todas las realidades sociales en su conjunto, difumina la singularidad de "nuestras" iniciativas y no respeta diferencias. Reclamamos el derecho a luchar por nuevas instituciones que atiendan a la multiplicidad de perfiles que habitan la ciudad.

3. El derecho a la ciudad no es una colección de derechos. Es un derecho en sí mismo. Intervenir en la ciudad es una necesidad urbana. En el contexto neoliberal es preciso poder desarrollar modelos culturales, políticos y económicos alternativos. La apropiación de la ciudad es uno de los caminos que nosotras consideramos para ello. Además, el "derecho a la ciudad" desde esta conceptualización pone en tela de juico las formas limitadas de "participación democrática" que hoy existen. En paralelo, tenemos claro que este derecho del que hablamos se genera y potencia mediante la práctica, de ahí que no deba está supeditado por completo a la exigencia resolutiva hacia las compas de la institución.

4. Los espacios y centros sociales de gestión ciudadana son dispositivos generadores de "lo común" y elementos esenciales a la hora de producir reequilibrios urbanos. Van unidos, por tanto, a las problemáticas urbanas actuales.

5. El escenario en el que se enmarca la discusión de este eje es complejo. Las relaciones entre el adentro y el afuera de la institución son cada vez más problemáticas y se mantienen dentro de una lógica de polarización. La potencialidad del frente institucional es que desde los ayuntamientos se puede brindar la oportunidad de aportar recursos e infraestructuras públicas al uso ciudadano. Ahora bien, hay serios obstáculos que se tienen que superar: limitaciones de la acción institucional, falta de espacios de coordinación, riesgo de un exceso de gobernismo, miedo al conflicto político... Esto hace que estemos ante una colección de derrotas culturales constante. Por otro lado, para dar batalla cultural desde la institución se necesita apoyo desde los movimientos.

6. Hay que afrontar el reto municipalista de blindar los espacios sociales conquistados a la vez que nos hemos de dotar de herramientas que nos permitan la reproducción autónoma de iniciativas. ¿Cómo? Con la creación de lugares de encuentro híbridos que permita a las compañeras del frente institucional tener un espacio político de discusión, acompañamiento, reflexión y apoyo que se enriquezca constantemente desde ambos lados. En todo caso, no podemos limitar la acción de los movimientos con discursos normativistas. El frente institucional debe también significar un respaldo a la desobediencia de los movimientos. De igual manera, entendemos que los centros sociales de gestión ciudadana son a día de hoy la forma más extendida de liberación de espacios urbanos, de ahí que su legitimidad ya está consolidada.

13 de Jul 2016
funda
 

Este texto es una síntesis de algunas líneas de discusión surgidas en los talleres y espacios de trabajo de las Primeras Jornadas de Municipalismo, Autogobierno y Contrapoder, celebradas en Málaga los días 1, 2, y 3 de julio y con la participación de más de 200 personas de 30 ciudades del Estado español y otros países como Italia, Inglaterra, Austria y Alemania. Pretende servir menos como resumen de todo lo hablado que como apuntes compartidos por la mayoría para seguir pensando juntas en la construcción del movimiento municipalista.

El movimiento municipalista y la cuestión de la organización

1. El movimiento municipalista reivindica su autonomía respecto de cualquier partido o instancia centralizada, su método de construcción democrática y sus raíces en las ciudades y localidades en las que han crecido las iniciativas municipalistas.

2. No obstante, las candidaturas y movimientos municipalistas se emplazan a forjar una política de alianzas diversas capaz de acompañar y empujar los conflictos centrales que atraviesan la escala municipal: la oposición a la Ley de estabilidad presupuestaria –Ley Montoro–, la urgencia habitacional, la deuda municipal y los procesos de remunicipalización de servicios públicos/comunes como el agua o la creación de nuevos servicios municipales como las operadoras eléctricas.

3. Un horizonte deseable podría consistir en la articulación de una red de candidaturas y movimientos. A fin de construir esta red federada se recomienda apoyar el sostenimiento de medios de comunicación autónomos y la creación de otros nuevos, capaces de acompañar estos procesos, marcar agenda pública y elaborar discursos orientado a generar un nuevo sentido común social.

4. El municipalismo consiste también en imaginar estrategias para dotar de recursos e impulsar desde las instituciones un nuevo ecosistema de movimientos y experimentos institucionales –una nueva institucionalidad–, preservando a su vez la agenda autónoma de los propios movimientos.

Espacios sociales y centros de gestión ciudadana

5. Uno de los retos del municipalismo reside en conseguir el reconocimiento social e institucional de la entidad y la autonomía de los espacios y centros sociales de gestión ciudadana que hacen efectivo el derecho a la ciudad y a la participación democrática.

6. De este reconocimiento explícito se extrae la necesidad de que los ayuntamientos aporten recursos e infraestructuras públicas de uso común de acuerdo con una agenda social que, o bien ya ocupa y gestiona espacios, o reclama activamente la cesión de otros: nuevas normativas, cesiones, etc.

7. También se quiere promover la generación de espacios de encuentro entre los compañeros activos en el frente institucional y en los movimientos que gestionan espacios sociales. El objetivo es la elaboración de un discurso propio capaz de extender su legitimidad y posicionar el conflicto en el corazón del derecho a la ciudad.

Sindicalism social y derechos sociales

8. El desmantelamiento del Estado del bienestar hace cada vez más imprescindible la autoorganización social a fin de hacer efectivos los derechos sociales. Esto es básicamente lo que llamamos sindicalismo social. En un horizonte de precarización e informalidad crecientes, los lugares de trabajo pierden centralidad como espacios de conflicto, por eso hay que imaginar nuevas formas de lucha capaces de producir derechos. Es hora de discutir colectivamente qué nuevas formas de sindicato necesitamos.

9. El movimiento municipalista debe ser un lugar privilegiado para el apoyo, impulso y acompañamiento de iniciativas como la PAH, Yo Sí Sanidad Universal, los comedores autónomos, etc., donde se genere autoorganización a partir de la politización de los problemas colectivos y la construcción de estructuras de ayuda mutua.

10. El barrio puede ser un lugar privilegiado de coordinación de experiencias a escala territorial, pero también se pretente apostar por aumentar la escala y la capacidad de la red municipalista. Se propone, también, experimentar con formas de sindicalismo social que combinen distintos aspecto ahora separados: vivienda con sanidad, cuestiones laborales o de alimentación. También se quiere generar estructuras de comunicación común y de defensa compartidas.

Trabajo, cooperativismo y remunicipalización

11. El mantenimiento de la calidad y la universalidad de los servicios públicos resulta esencial en la batalla contra el neoliberalismo y en la propia redefinición de lo público; se trata de un terreno que permite ensayar experimentos de democratización, autogestión o cogestión. Por eso instamos al movimiento municipalista a encontrar vías comunes para la recuperación/creación de nuevos servicios públicos y para abrir procesos de conflicto capaces de activar y apoyarse en la movilización ciudadana.

12. Para ello, conviene federar esfuerzos y socializar la información generada en los distintos municipios donde existen tanto ejemplos exitosos de remunicipalización como de creación de nuevos servicios. Esto incluye otras herramientas que permitan mejorar la calidad del trabajo en externalizaciones o subcontratas –cláusulas sociales, resquicios legales– y también experiencias de cesión a cooperativas de trabajo, así como los nuevos modelos de cogestión que seamos capaces de inventar.

13. Hacemos un llamamiento a pensar la posible desobediencia coordinada entre distintos municipios a las leyes que limitan la capacidad económica, de endeudamiento o de contratación de estos ayuntamientos, principal escollo a la recuperación de los servicios públicos/comunes.

14. Es necesario lanzar líneas de actuación que permitan reforzar el tejido cooperativo a medio/largo plazo utilizando las instituciones públicas como socios privilegiados. Las instituciones deben servir también de apoyo para acometer apuestas de creación de cooperativas en sectores avanzados con mayor necesidad de inversión. Este apoyo se hará respetando la autonomía del movimiento cooperativo.

La Europa de las ciudades rebeldes

15. En Italia y otros países se están llevando a cabo iniciativas inspiradas en el impulso municipalista que se está produciendo en el Estado Español. El municipalismo y la federación de ciudades a escala europea tiene que ser un espacio privilegiado para la construcción de una Europa contra la austeridad, pero también contra los racismos y fascismos en auge en distintos países del continente, tal y como se evidencia con la tragedia humana de los refugiados.

16. Los gobiernos municipales "del cambio" han sido los primeros en alzar la voz contra el tratamiento intolerable a las personas migrantes y refugiadas y la desigualdad creciente en el seno de la UE. No obstante, estas protestas han de traducirse en procesos y desafíos sustantivos, no solo retóricos. En la perspectiva de estas jornadas está la apuesta por una red de contrapoderes políticos, fiscales y económicos de las ciudades y pueblos rebeldes. Un contrapoder que no ha de entenderse solo como contraparte o contrapeso del "verdadero" poder, sino como un nuevo poder que transforma el poder, un poder constituyente.

17. Este contrapoder es una de las vías abiertas para desbloquear las luchas sociales y políticas del Sur europeo y hacer que estas tengan impacto en la dinámica de la UE. El eje municipalista es uno de los capítulos faltantes que más se hace notar en el drama europeo, paralizado por la dialéctica entre los Estados nación y entre estos y las instituciones de la UE (Eurogrupo, Comisión, Consejo europeo). Una red de ciudades rebeldes puede hacer materialmente otra Europa, al mismo tiempo que combate y destruye la Europa de la austeridad, el autoritarismo financiero, la xenofobia y la oportunidad para el fascismo y la guerra.

Hasta el próximo encuentro que está previsto que sea en Iruñea-Pamplona en noviembre/diciembre. ¡Allí nos encontraremos para seguir trabajando! ¡Municipalistas del mundo, uníos!

 
06 de Jul 2016
funda

 

El pasado fin de semana tuvieron lugar las Primeras jornadas de municipalismo, autogobierno y contrapoder. Para seguir con los debates que se dieron entonces y para preparar los del siguiente encuentro proponemos esta serie de artículos que empiezan con la cuestión del cooperativismo.

 

Emmanuel Rodríguez y David Gámez (Traficantes de Sueños)

El cooperativismo ha tenido una tendencia, con larga historia, a considerarse como una realidad (cumplida) de transformación social. La idea podría resumirse como sigue: basta producir de forma cooperativa y democrática, con relaciones horizontales que primen la equidad, la solidaridad, el respeto al medio ambiente y cierta atención al principio «de cada cual según su capacidad a cada cual según su necesidad» para que podamos decir que estamos algo más cerca de un modelo económico alternativo —socialista, comunista se diría hace algún tiempo— a las relaciones de “mercado”, o por hablar con propiedad, a las relaciones capitalistas. Aunque en estricto sentido esta idea es cierta, creemos que carece del necesario rigor a la hora de servir de estímulo a la expansión y politización del cooperativismo, y a la postre como herramienta de transformación. La presunción de “es una alternativa” tiende a encerrar al cooperativismo en una cápsula autosuficiente y limitante de lo que son y para lo que pueden servir estos experimentos de economía alternativa.

Lo que sigue son apenas unas notas a fin de discutir (e incluso definir) una hipótesis política para el movimiento que hoy se organiza en torno a la economía social. El análisis arranca de los límites y problemas de la economía social, lo que llamamos su “déficit de politicidad”, a partir de dos premisas. Una primera que consiste en hacer un mínimo análisis sobre la historia del cooperativismo (mutualismo sería una palabra más apropiada), centrado en dos momentos: el mutualismo obrero que se desarrolla entre mediados del siglo XIX y el primer tercio del XX, y en segundo lugar, el cooperativismo (también obrero) de los años setenta y ochenta. Este desarrollo nos conduce al momento actual, que definimos como una tercera fase en torno a la “economía social”. La segunda premisa se despliega en tensión con las condiciones de desarrollo de la economía social, lo que también con una palabra vieja debemos llamar “economía política”, es decir: las condiciones del mercado actual (globalizado), la regulación “neoliberal” de la organización productiva, los nichos de la economía social y también la relación entre esta y los movimientos de protesta de los que, muchas veces, arranca. A partir de este análisis tratamos de esbozar una hipótesis política, al tiempo que la tratamos de probarla en condiciones concretas.

Algo de historia

Hacia la década de 1830-1840 —llevaba algún tiempo cocinándose— se expande por el continente europeo, y especialmente entre las figuras de un nuevo artesanado cada vez más desprovisto de las condiciones que organizaban su oficio, la idea (entonces de decía en mayúsculas “La Idea”) de la “asociación obrera”. Se trataba de algo sencillo: fomentar la unión de los trabajadores, arrancados de sus viejas tradiciones gremiales, para defender las condiciones de su oficio, pero también para organizar la producción al margen de las condiciones de “competencia” que en aquellos tiempos se consideraban el origen de todos los males obreros: la depresión de los salarios impuesta por los emergentes mercados nacionales e internacionales, las continuas crisis que arruinaban a las empresas y producían el fenómeno del paro, la insolidariad y “soledad” del obrero.

Si se atiende bien, en aquellos tiempos de formación de la clase obrera, sindicato y cooperativa apenas eran distinguibles. La Idea (en mayúsculas) era la “mutualidad obrera”, una asociación-cooperativa de defensa y apoyo mutuo de los obreros, que podían compartir desde la propiedad colectiva de un taller hasta la puesta en marcha de un economato (cooperativa de consumo), pasando por la organización de seguros para viudas, huérfanos, enfermos y lisiados. Ante la total ausencia del Estado, entonces reducido a ser policía, ejército y ley, la asociación obrera se convierte en la “alternativa” para el naciente mundo obrero. Todo el socialismo utópico (Saint Simon, Fourier, Owen) trabajaba para recuperar o negar esta idea de la asociación obrera, para buscar una reconciliación entre capital y trabajo que impidiese la extensión de las condiciones de competencia capitalista. No hace falta recordar aquí la crítica de Marx sobre estos socialismos, acerca de su “falta” de método científico, pero conviene señalar, en cualquier caso, la incapacidad de estos socialistas para reconocer que entre capital y trabajo existía(e) un antagonismo irreconciliable.

De hecho quizás, la transición del socialismo utópico (de carácter reaccionario o burgués) a un socialismo, propiamente obrero, se encuentra en el momento en el que el naciente movimiento obrero toma la idea del mutualismo, como la base de un proyecto político propio. Fue seguramente Proudhom y el primer anarquismo, los que dieron el primer cuerpo teórico y de proyecto “socialista” a esta hipótesis a partir de los principios del mutualismo y el apoyo mutuo: la idea de una “asociación libre de trabajadores, agrupados y libremente federados” en sus respectivos oficios y talleres. Los textos de la Primera Internacional (1864-1976) están trufados de “proudhonismo”, de base mutualista, la autoorganización de los artesanos a partir de sus “asociaciones”, sin apoyo del Estado.

Lo cierto es que la evolución de la economía capitalista (la tercera y cuarta ola de la revolución industrial), posterior a la Comuna de París de 1871 y el fracaso de la Primera Internacional, tendieron a desmentir, o más bien, a hacer cada vez más obsoleta la primitiva idea del mutualismo obrero. Los cambios se produjeron en todos los órdenes. En el desarrollo del capitalismo decimonónico se produjo un nuevo salto en la generalización de la gran industria y una nueva vuelta de tuerca en la proletarización del trabajo. Las nuevas figuras obreras son definitivamente arrancadas de los pequeños talleres y de las tradiciones de oficio, y aplicadas en grandes fábricas con una organización moderna del trabajo. El proceso se acentúa todavía más a partir de la generalización de las cadenas de montaje y el taylorismo (décadas de 1910-1930). Del mismo modo, las nuevas organizaciones industriales, pero también el Estado, acabarán por pisar el suelo de las mutualidades obreras, ocupando el terreno en el que habían tenido un mayor desarrollo: las mutuas por enfermedad, seguros, etc. Desde Bismark, siempre con el fin de hacer frente al emergente movimiento socialista, se desarrolla el Estado social, que se concibe como un inverso del mutualismo, una gigantesca mutua autoritaria organizada por los seguros del Estado.

La acelerada división del trabajo, los efectos de una organización del trabajo cada vez más compleja y abstracta, la ampliación a escala mundo del mercado global, “alienan” progresivamente al trabajador de sus viejas tradiciones que eran la base del mutualismo. Progresivamente el movimiento obrero se “sindicaliza”. Surgen grandes sindicatos (a veces acompañados de grandes partidos políticos: los de la II Internacional) capaces de enfrentarse a las nuevas corporaciones capitalistas en su mismo terreno: la gran huelga, la paralización de una industria e incluso de una economía nacional al completo, la toma del Estado. Se entiende que el capitalismo ha “socializado” progresivamente la producción (en los trusts, las sociedades por acciones, etc) y el mando (en el Estado nacional moderno). Bastará entonces con tomar los medios de producción y el Estado, para someterlos bajo mando obrero (la famosa dictadura del proletariado) a las condiciones de producción del socialismo.

No obstante, el viejo mutualismo obrero (y todo su entramado cooperativo) no desaparecerá, conservando un papel relevante en la vida obrera. El economato, la cooperativa de consumo, los pequeños talleres o servicios para cuestiones básicas, así como el asociacionismo cultural (que iba desde las “tabernas socialistas” hasta los orfeones también socialistas), seguirán marcando la vida proletaria, su sociabilidad, su solidaridad concreta y efectiva. Pero la diferencia es que la “hipótesis” estratégica, y con ello el proyecto político, ha sufrido un desplazamiento radical.

Y aquí conviene no hacer una lectura simple, como aquella que señala el desplazamiento del mutualismo proudhoniano al marxismo y los partidos de la segunda Internacional como una opción obligada. En este desplazamiento (desde luego mucho más rico que lo que aquí se puede demostrar) el movimiento obrero responde a unas condiciones económica y políticas que han mutado. El propio anarquismo español dará un viraje similar, al del resto del movimiento obrero europeo, que le llevará, por medio una larga travesía, de la derrota de la I Internacional y la Primera República a la formación de sindicatos y en 1910 a la constitución de la CNT. Y también en el anarcosindicalismo hispano se pueden ver discusiones parecidas a las que se sostienen en el socialismo, y luego en el comunismo, europeos. Como en este, dentro del magma de la CNT y del mundo libertario hispano sobrevivió una fuerte tendencia mutualista y un entorno cooperativo desarrollado, pero este no dejo de ser criticado como “insuficiente” frente a la preparación de la revolución y la colectivización de la producción.

Si se pueden sacar algunas conclusiones rápidas del desarrollo del mutualismo obrero es que este no dejó de pensarse, en ningún momento, como una herramienta a un tiempo económica y política de defensa de una nueva clase social. Siempre existió una tendencia a “despolitizar” el mutualismo como una mera mejora de la producción frente a los excesos de la competencia capitalista. Si se observa bien, esto es lo que luego explotaron formas de cooperativismo “a medias”, como las que impulsa el sindicalismo católico desde la primera década del siglo XX, especialmente en aquellos sectores sometidos a un intenso proceso de transformación y subordinación y a nuevas condiciones de mercado, como los pequeños campesinos propietarios. Pero lo crucial aquí, es que mientras existió movimiento obrero y política obrera, el cooperativismo ocupó un papel más o menos destacado según las condiciones del momento, y el valor político en términos de “ofensiva” del propio experimento cooperativo. Pasemos al segundo momento.

1973, los precios del petróleo se multiplican por tres en el espacio de unos pocos meses debido a la guerra del Yom Kippur y la fundación de la OPEP. Desde 1968, al menos, la agitación en los grandes centros industriales de Occidente empuja los salarios por encima de los pactos keynesianos que los ligaban a los incrementos de productividad. La crisis está servida. Son años de huelgas salvajes, de crítica al sindicato como “gestor del capital”, de consignas anómalas como la del “rechazo del trabajo”... En muchas fábricas, al patrón ya no le sale a cuenta producir en esas condiciones. Y la abandona. En ocasiones, los obreros se hacen cargo de la producción.

Toman las fábricas con ideas que no corresponden exactamente con el grueso de la reivindicación obrera principal: menos horario, más salario. Se apoyan en los viejos conceptos del consejismo obrero, de la autogestión (entonces todavía circulaba cierta idealización del experimento yugoslavo). En España más de un millar de unidades productivas son así tomadas por los propios trabajadores. Se calcula que son más de cien mil los trabajadores y trabajadoras que participan en estas experiencias. El gobierno socialista se ve obligado a reconocerlas y crea una figura nueva parecida aunque atemperada a la del viejo “cooperativismo”: las sociedades laborales.

La experiencia de este industrialismo cooperativo es, no obstante, agridulce. Se produce al final de un ciclo de movilización obrera que acaba en derrota política tras la institucionalización sindical y los pactos de la Transición, pero también cultural. El paro, la reconversión, la desindustrialización, el alcoholismo y la heroína minan la vida y la convivencia en los barrios obreros. No hay alternativas de vida. El cooperativismo o la sociedad laboral son experimentados como una solución a veces desesperada, a veces como un mal menor. Un documental “Numax Presenta”, de Joaquim Jordá, muestra las dificultades y las contradicciones de un grupo de trabajadores que tomaron la fábrica ante el abandono del empresario en 1976-1977. La fábrica en “régimen de autogestión”, como muchas otras después y especialmente en la década siguiente, no sobrevive. La reproducción de la organización del trabajo, el empeoramiento del mercado entonces en proceso de contracción y de exceso de capacidad a nivel global, sobre todo, sitúan unas condiciones que llevan a la incapacidad de que la autogestión suponga otro régimen laboral y de comunidad, y se constituyen en razones aducidas en el fracaso de la experiencia.

Aquella época dejó, de todas formas, un gran número de experiencias cooperativas que perduran hasta hoy, como es el caso de la CC de Mondragón y también de muchas cooperativas de autoempleo en servicios públicos que sirvieron para que determinados colectivos salvaran la crisis de empleo de los años ochenta.

Pasada esta experiencia, ¿estamos hoy ante algo parecido a una nueva economía social, un nuevo cooperativismo?

Entre el emprendizaje y la empresa política

Treinta años de neoliberalismo, de erosión del Estado social, de extensión de las prácticas de las subcontratación, de terciarización de la economía, de precarización generalizada, de ataque al salario y la organización obrera, separan nuestra situación de la última “explosión cooperativa”. Pero ahora, parece, se intuye un nuevo cooperativismo. Tiene fuentes diversas, a veces contradictorias.

En muchos casos, surge como un experimento asociativo del trabajo profesional ante el abandono del Estado (del servicio público directo). Así se crean cooperativas de padres y profesores (colegios concertados principalmente), de médicos y personal sanitario, de trabajo e intervención social, también en distintos ámbitos de la consultoría, e incluso en el propio fomento del cooperativismo, como “consultoría de autoempleo”. Se trata, en términos de Bologna (véase la bibliografía que acompaña a esta ponencia) del “trabajo autónomo de segunda generación”, que corresponde con una composición social que desborda el perfil del movimiento obrero: trabajo profesional, de alta cualificación, formación universitaria. Antes que “cooperativismo obrero” se trata de trabajo profesional mutualizado, que corresponde con los perfiles característicos de la clase media.

Clave en este trayecto y también en su composición (middle class) es que en muchos casos, por no decir la gran mayoría, el cooperativismo de los profesionales tiene una alta dependencia de los presupuestos del Estado. Se trata de servicios que el Estado (y sobre todo a los ayuntamientos) subcontrata y que las asociaciones de profesionales, en régimen cooperativo, pueden prestar en condiciones de más baratos y a veces de mayor calidad y eficacia. La paradoja es que, aunque muchas veces, se realiza como “servicio a la comunidad”, en términos objetivos puede suponer una pérdida o una diferenciación en el acceso a los derechos sociales. Un ejemplo paradigmático es el de las cooperativas adscritas a los conciertos escolares, lo que tiende (se quiera o no) a reforzar el régimen dual del sistema educativo español.

Motor también de este nuevo cooperativismo son los “emprendimientos económicos” que se organizan directamente desde los movimientos sociales, en muchos casos como parte orgánica de los mismos. En este caso, la valencia política cobra una importancia muy por encima de la profesional; antes política que autoempleo. Los emprendimientos surgen en paralelo al desplazamiento de la centralidad obrera a las nuevas formas de protesta de los movimientos sociales. Ligadas al feminismo surgen así las clínicas y centros de planificación familiar; al ecologismo, las cooperativas de investigación y producción de energías renovables. Posteriormente, a partir de los años noventa (en el Estado español) y con la emergencia de una nueva generación de movimientos sociales de carácter juvenil, aparecen los emprendimientos de ocio (como bares, cines, etc.) y de formación (como librerías, periódicos, etc.), que se incardinan dentro de estos mismos movimientos liderados principalmente por los centros sociales okupados. Del mismo modo, el movimiento neorrural unido al ecologismo, da también cuerpo a las cooperativas de producción agroecológica y de consumo. La experimentación tecnológica ligada a la expansión de Internet y a la aparición del hacktivismo producirá una nueva generación de empresas cuyo centro es el software libre.

En la experiencia de estos emprendimientos de última generación se dibuja una forma de empresarialidad que va más allá del cooperativismo. Se intuye que lo que se trata no es de “vivir” de algo que “gusta”, sino de reforzar una forma de vida, que se “vive” ante todo como política. Se intuye también que de lo que se trata es de “autonomizar” las competencias que se deben prestar al mercado para construir una forma de empresa que en realidad es una herramienta política. Incluso se llega a acuñar el concepto de “empresa política”, para significar a un colectivo que tiene una actividad económica pero al que le importa es hacer política, esto es, intervenir sobre un terreno concreto, prestando las competencias y la energía (que de otra manera se tendrían que “vender al mercado”) en una actividad autónoma. En cualquier caso, en la mayoría de estas experiencias domina la precariedad de las iniciativas, la debilidad de la financiación, y sobre todo su estrecha conexión con una forma de vida, que se prueba (como muchas veces ocurre con estos movimientos) como al margen de la sociedad y el mercado, o al menos los circuitos convencionales de mercado.

Se trata, por tanto, de ordenes de experiencia económica claramente distintos. No obstante, entre ambos extremos, entre la asociación laboral de profesionales y los emprendimientos de los movimientos sociales, existe una amplia paleta de grises, salpicada de experiencias que se alimentan de otras fuentes, como aquellas que vienen de los años setenta y ochenta, mucho más conectadas con la crisis industrial y las iniciativas contra el paro. Sea como sea, estas experiencias son las que conforman el grueso de lo que hoy se llama “economía social”, un conglomerado que dista de ser homogéneo.

De hecho, uno de los problemas centrales de la economía social, y probablemente uno de los lugares en los que esta se resquebraja y empieza a mostrarse de forma contradictoria está en aquello que las “unifica”. Formalmente, lo que parece reunir al nuevo cooperativismo es una cierta apuesta por relaciones laborales democráticas, la inclusión de una política de “valores”, así como la vocación por construir una economía al servicio de la “gente”, de la sociedad. Políticamente esto se considera como un valor en sí, e incluso como una “alternativa” a la economía de mercado. La cuestión es ¿basta esto como hipótesis política? ¿Es esta modalidad cooperativa una “alternativa” eficiente al modelo capitalista?

Por tomar otro punto de partida, dentro de la heterogeneidad de estas experiencias, destacar que todas ellas están sometidas a los condicionantes de una nueva economía política dominada por la retirada del Estado social y la precarización, así como por la erosión progresiva del derecho laboral. En una situación de escasez de renta y sobre todo del empleo, el cooperativismo no es sólo una alternativa (ideal, “pura”, libre a la salarización), sino muchas veces un medio de pura y simple supervivencia. Para los emprendimientos de los movimientos sociales esto tiene una importancia no pequeña. En la medida en que sus precarias economías, son tomadas como un medio para continuar una forma de vida “militante” (en parte de los ámbitos que señalábamos: hacktivismo, agraoecología, producción cultural), las tensiones estallan casi inmediatamente entre el sostenimiento del emprendimiento y la vocación política del mismo. En muchos caso, y a menudo empujadas por la maduración biológica de sus trabajadores, se produce una tendencia a la profesionalización, entendida como asimilación a las condiciones de mercado en las que se realiza la actividad. El resultado es una pérdida progresiva de la comunidad-movimiento de origen (que a veces desaparece en ese proceso) y con ello una asimilación a las condiciones empresariales de la asociación cooperativa profesional de autoempleo. La consecuencia es también la progresiva despolitización de la actividad.

Por otra parte, en tanto, la búsqueda de mercado se tiende a realizar, cada vez más, sobre clientes institucionales, lo que se produce es una progresiva asimilación de las modalidades de cooperativismo. La dependencia de los presupuestos convierte a estas empresas cooperativas en otra cosa quizás distinta a la que era la intención de partida. De hecho, conviene considerar seriamente la posibilidad de que estos experimentos cooperativos sean funcionales como avanzadilla de nuevas formas de gestión de una fuerza de trabajo que se abandona a la “autogestión”, que se gobierna a partir “autoorganización” laboral y su explotación directa por las asimetrías del mercado. Algo que parece confirmarse en el mismo grado que su “despolitización”, esto es, en función de su alejamiento de formas y experiencias de organización política.

Por si esto no fuera poco, a partir de los años noventa y especialmente a partir de las crisis de 2007, se generaliza un nuevo discurso empresarial, el “emprendizaje”. La iniciativa personal, como mecanismo de generación de riqueza, la expansión y desarrollo de las competencias propias, la creatividad, el “tu lo vales”, el trabajo como autorrealización constituyen elementos centrales de esta narrativa. En el ala izquierda de los discursos del emprendizaje se admite también a la economía social, a la autoorganización colectiva, a los experimentos cooperativos.

Un ejemplo: en el cénit de la crisis (2009-2010), el gobierno británico acuña el eslogan big society, gran sociedad. La política austericida muta, la retirada del Estado se disfraza en autoorganización social para la autoprestación de servicios. Si una biblioteca carece de presupuesto que la “autogestionen” los usuarios. El cooperativismo y el mutualismo se vuelven solución, como en los años setenta, pero esta vez no para mantener el empleo, sino el Estado social. La big society no pasa de ser un amago, pero en paralelo se generalizan una serie conceptos que no dejan de compartir el mismo marco. Los más importantes son el de “economía colaborativa” donde cada cual puede convertirse en autónomo o en consumidor de un producto sin intermediarios, y normalmente sin regulación estatal ni contribución fiscal. (La economía colaborativa va como se sabe desde el chapuzas a domicilio, al alquiler de una habitación a un turista, pasando por convertirte en taxista sin licencia.) El otro concepto interesante es el de innovación social, que extiende la vieja figura del empresario, reconvertida en emprendedor, a todo colectivo y comunidad con capacidad de “emprender” para satisfacer una “necesidad social”.

La economía dominante tiende a asimilar a la “economía social y alternativa” como una forma de empleabilidad en línea con la “rarificación” de la renta y el empleo. Al mismo tiempo, la economía social tiende a despolitizarse al asumir posiciones cada vez más centrales en el marco de la economía convencional. Véamos el problema con un ejemplo reciente, que a nuestro entender apunta a los límites del nuevo cooperativismo.

Un ejemplo al caso: las “alcaldías del cambio” en sus límites

De cara a aterrizar la discusión nos parece interesante situar como caso concreto los desarrollos sobre cooperativismo y economía social y solidaria, que se están impulsando o están en proyecto de activación en los diferentes ayuntamientos salidos de las últimas elecciones. El primer punto de partida es entender que la llegada de las nuevas fuerzas políticas a los ayuntamientos nace de la apuesta de por democratizar dichas instituciones. Entendemos democratizar por devolver la institución municipal a la ciudadanía rompiendo el secuestro de la misma por parte de los intereses oligárquicos que sobre todo en las últimas décadas y de forma diversa, han aplicado la agenda neoliberal de recortes de derechos y privatización de empresas y bienes públicos. Si tomamos como contraejemplo el modelo de la Big Society que mencionábamos antes, las políticas públicas deberían apostar por una serie de líneas de trabajo que describimos a continuación.

Desde los ayuntamientos entendidos como gran empresa proveedora de servicios públicos debe de revertir las dinámicas marcadas por las políticas neoliberales. Por tanto, revertir los procesos de expropiación de los bienes públicos por medio de subcontratación o directa privatización de los mismos. Para ello, pensamos que la remunicipalización de servicios públicos en régimen de cooperativa mixta, modelo joven, pero ya practicado en algunas zonas, debería ser uno de los modelos a elegir, aunque no el único. A través de esta cooperativización, la economía solidaria podría incluir sus principios en la prestación de servicios a través de procesos de acompañamiento o incluso incorporar a sus entidades como prestadoras de servicios.

Es imprescindible además incluir en este proceso de remunicipalización a las experiencias sindicales y procesos de lucha que se han opuesto a la privatización de los servicios públicos. Sumaríamos además a las empresas en quiebra apoyando los procesos de recuperación por parte de sus propias plantillas.

Consideramos esencial el contacto directo con los sectores en lucha, sindicados o no, así como el establecimiento de líneas de trabajo directo con los grupos organizados de trabajadoras y trabajadores domésticos en lucha por la dignificación del sector. Un sector clave en un contexto de envejecimiento generalizado de la población en nuestras sociedades. Y situado además, en el centro de la crisis de cuidados que se despliega por la sociedad capitalista en su conjunto.

Sólo afrontando estas articulaciones superaremos algunos de los límites a los que se enfrente el cooperativismo y la economía solidaria hoy en día.

Elementos de hipótesis

La economía social debe arrancar de su posición en los circuitos de explotación capitalista de los que, quiera o no, forma parte. La formas de organización de la producción tienden hoy a abandonar segmentos enteros de la cadena de valor hacia la autoorganización productiva, al trabajo autónomo organizado. No en otro sentido va la generalización de las prácticas de subcontratación y externalización. De igual modo, el Estado y el servicio público se está adaptando a esas mismas modalidades de organización. En este sentido, el trabajo en régimen de cooperativa no se sitúa como una alternativa a la economía capitalista sino en la misma línea de tendencia del capitalismo más moderno y agresivo.

Por decirlo con otras palabras, ya no es la subordinación jerárquica dentro de la empresa la que organiza el trabajo, sino su subdivisión y subcontratación externa en régimen de competencia. En este sentido, dentro de un mismo espacio económico pueden convivir prácticas igualitarias y cooperativas dentro de una microempresa y la más feroz competencia fuera de la misma, y presionando sobre la misma. El mercado y la precariedad son las nuevas formas del mando, frente a la jerarquía y la disciplina del empleo industrial.

Algunas orientaciones generales pueden servir para definir el trabajo cooperativo como un espacio económico no sustraído a los circuitos capitalista de producción de valor, pero si al menos, como ocurrió en el viejo mutualismo, convertido en arma política y de construcción de clase (en este caso de comunidad).

 1. La vinculación de las experiencias cooperativas y de los emprendimientos económicos con movimientos sociales y políticos concretos. En este sentido la empresa se debe entender como parte orgánica de una comunidad concreta (importante que sea concreta) y en lucha sobre cuestiones generales o específicas.

 2. La orientación de la actividad económica de la cooperativa a las necesidades de esa comunidad concreta en un régimen no de mercado, cuanto de servicio público-común a la misma.

 3. La consideración de que el mejor cooperativismo es aquel que no depende del presupuesto público y que no suple servicios que deberían realizarse directamente por la administración pública. Obviamente muchos de estos servicios de deben y se pueden “mutualizar” pero estos se comprenden principalmente ligados a experiencias sindicales, y no como trabajo profesional subcontratado.

 4. La consideración de los elementos internos laborales y la política de valores como insuficientes en tanto elementos diferenciales en el marco de las economías de mercado. Es de nuevo, el vínculo a las comunidades concretas y a formas de vida específicas, en definitiva, a la construcción de sujetos colectivos, lo que debiera ser el principal motivo del emprendimiento económico.

 5. La consideración del autoempleo como un motivo ambiguo y menor en las experiencias cooperativas, en línea con lo ya señalado en términos de la tendencia a externalizar segmentos enteros de trabajo, sobre la base del discurso del emprendizaje y de la innovación social.

22 de Jun 2016
funda

Marisa Pérez Colina (@alfanhuisa), Fundación de los Comunes
¿El movimiento municipalista tiene sujeto?

Desde mi perspectiva, sí. Su sujeto debería ser la multitud, pero una multitud organizada en torno a una estrategia de transformación compartida. Hablar de multitud significa que no se trata de sumar, por ejemplo, estructuras partidarias o sindicales, sino de construir una estructura cuyos componentes no sean portavoces o defensores de intereses ajenos, sino edificadores de un propósito propio, común. En teoría, que las personas pertenezcan o no a otras estructuras no debería ser obstáculo a su inserción en la organización del movimiento. En la práctica, no todas las estructuras son iguales y las de partido, por su naturaleza de máquina jerárquica, pueden dificultar en gran medida la confluencia real imprescindible a un proyecto verdaderamente colectivo. Un espacio mestizo, al menos tendencialmente, debe buscar los mecanismos de proteger esa priorización de lo colectivo.

Lo mestizo, además, no se ajusta, como forma de agregación y de cruce, a los términos medios. No intenta buscar ningún centro ni responder a una mayoría social imaginaria. El envite consiste más bien en componerse como la mayoría social real y en definir nuestros intereses. La mayoría social real, cada vez más precarizada y empobrecida, somos potencialmente todos y todas. El centro imaginario del consenso, del café para todos, es falso y reproduce, desde su mentira, los mecanismos de precarización y generación de desigualdad ya existentes. La mayoría social real está compuesta, eso sí, de culturas vitales, políticas y sociales aparentemente incompatibles. Clase media desclasada, clases populares cada vez más más desprotegidas y excluidas por las políticas de la acumulación, migrantes etc. Cabría llamarla “precariado” si este nombre hubiera tenido algún éxito compositivo. Como, a mi juicio, no ha sido así, pensemos mejor, antes que en un nuevo sujeto (una nueva clase obrera), en un movimiento compuesto de alianzas flexibles y un cuerpo mutante y poroso en su capacidad de incorporar y generar alianzas.

En busca de una estructura organizativa flexible, porosa, sólida y combinante

Una estructura organizada no equivale necesariamente a un partido como los que conocemos con órganos funcional y jerárquicamente diferenciados para separar, en especial, los espacios de pensamiento y decisiones estratégicas, de acceso restringido, de los espacios más ejecutivos. Nuestra tarea sería generar estructuras no jerárquicas. Espacios formales, abiertos y estables de toma de decisiones, para empezar. Estos órganos habrían de conjugar la capacidad de agregación con la de consolidación de un proyecto común compartido. La capacidad de acumular fuerza y consistencia a lo largo del tiempo con la de combinación puntual, con otros movimientos, peleas concretas e iniciativas otras cuyos fines se compartan. En este sentido, es preciso adoptar métodos que atiendan a la porosidad del espacio (convocatorias abiertas, metodologías para que las personas recién incorporadas se apropien lo antes posible del espacio común, etc.) y, al mismo tiempo, normas garantizadoras de una línea común. Medidas sencillas como proteger las asambleas abiertas de ataques organizados de partidos o de oportunistas transitoriamente interesados en alguna cuestión en particular, restringiendo, por ejemplo, el derecho a participar de las decisiones a las personas que formen parte de un espacio de trabajo concreto, que hayan participado durante un determinado tiempo de las asambleas y/o que aporten las cuotas de mantenimiento de la organización.

Y para que las estructuras no solo se mantengan, sino que crezcan y se multipliquen, se ha de hacer hincapié en los recursos materiales. No hacen falta sedes, pero sí espacios físicos, compartidos con otras iniciativas, donde desarrollar actividades fundamentales para el desarrollo de iniciativas de contrapoder. Espacios híbridos donde organizar programas de autoformación, donde generar nuevas realidades productivas (cooperativas de consumo y de producción). Espacios de producción cultural, de organización política y de socialización. Espacios de cooperación que mantengan su autonomía en relación a la institución, pero protegidos por la misma mediante reconocimiento de su contribución social. Las personas del movimiento temporalmente designadas para defender los fines del mismo en el plano institucional, han de aportar una parte de sus ingresos a la constitución material de estas estructuras. Y para que todo esto se defienda de la tendencia a la dispersión, al acercamiento más consumista o turístico a lo colectivo (o como se prefiera llamar a esa suerte de maldición generacional que huye de la lealtad y del compromiso como si fueran de derechas, cuando hoy no hay nada más funcional al sistema capitalista que el usar y tirar, el cambio constante de proyectos y la movilidad oportunista), crear las condiciones materiales de una estabilidad irreductible en su compromiso con un proyecto emancipador. Retribuir, por lo tanto, determinadas tareas: como la secretaría técnica, los trabajos de comunicación, la organización de cursos, la elaboración de informes y de discurso, etc... Funciones siempre condicionadas a la obligación de rendir cuentas en los espacios de decisión colectivos, sujetos a normas que regulen formas de rotación sensatas así como nuevas incorporaciones, sobre todo, en los espacios de delegación institucionales. La rotación aquí debería ser algo prioritario si de verdad queremos romper con la acumulación de poder y la tendencia a la autonomización de lo político-institucional.

Pero la organización no trabaja, evidentemente, para sí misma, sino que sus estructuras y recursos (cursos, locales, personas militantes) han de ponerse al servicio de cualquier iniciativa que aumente la potencia de actuar del contrapoder. El objetivo es desarrollar dinámicas de autogobierno y todo lo que densifique el tejido social, articule conflicto y alimente procesos de empoderamiento, formación y politización, son su tarea. Ahora bien, la vocación del movimiento municipalista no es la de convertirse en paraguas de todas las luchas luchas, no se trata de un movimiento de movimientos. Es tan solo de un actor que está atento y da aliento a lo que ya respira con fuerza en tal o cual demanda, o contribuye a que surjan nuevas iniciativas.

Cuestión de escalas: el municipalismo será continental o la revolución no será

Otra cuestión fundamental para una organización que sostenga un movimiento municipalista es el trenzado de una red que tienda a desbordar lo local. Este plano es, como sabemos, en el que más fácilmente nos ha sido posible imaginar y comenzar a desarrollar prácticas de autogobierno, por razones ya mil veces enunciadas: los problemas de cercanía facilitan la implicación, lo próximo hace posible procesos de politización que convocan lo afectivo y la creación de comunidad. En definitiva, lo local tiene una dimensión de complejidad abordable.

Esto es así, obvio, pero también es cierto que en un mundo donde el capital se organiza de forma global, una transformación realmente revolucionaria debería aspirar a pelear en la misma escala. Las constricciones de lo local a nivel institucional son muchas. La mayor parte de los cambios legislativos que permitirían dar un vuelco profundo al sistema de distribución de la riqueza (políticas fiscales, acceso a recursos, nuevas legislaciones que prioricen el valor de uso sobre el de cambio de bienes y servicios básicos, en un proceso de desmercantilización de la economía), se sitúan en otras escalas institucionales. Así, pues, la profundización en un sentido democratizador de nuestras sociedades debería trabajar en una construcción de movimiento que supere, por un lado, las fronteras municipales y autonómicas y, a la vez, se piense y organice en una dimensión continental.

Democratizar Europa es, aunque suene paradójico y grandilocuente, la finalidad del movimiento municipalista.

A modo de conclusión

La prueba del algodón de un movimiento municipalista es que sea cada vez más radical y no lo contrario. La radicalidad, ese concepto a arrebatar de las mistificaciones interesadas de los medios de comunicación que lo equiparan o aproximan semánticamente todo lo que pueden a ilegalidad, terrorismo o irracionalidad, es, simplemente, la ética política de acudir a la raíz de los problemas como única forma, si no de solucionarlos, sí, al menos, de intentarlo honestamente. Cada vez más rojos y menos socialdemócratas. Cada vez más autogobernados y menos representados. Cada vez menos nacionalistas y más internacionalistas. Cada vez más feministas y menos patriarcocapitalistas.

20 de Jun 2016
funda

Mario Espinoza Pino / InstitutoDM

Ha pasado un año desde la llegada del nuevo municipalismo a las instituciones, un año difícil y plagado de contratiempos que representa, no lo olvidemos, un punto de partida más que una meta. Por decirlo esquemáticamente: si bien era esencial asaltar los gobiernos locales para transformar la agenda institucional -ese era uno de los objetivos centrales de la apuesta municipalista-, no menos importante era abrir los ayuntamientos a un afuera rico en experiencias democráticas, demandas sociales y autoorganización. Se trataba de hacer que entidades políticas sometidas a décadas de prácticas clientelares y corrupción, diseñadas a golpe de burbuja inmobiliaria, obedeciesen a los imperativos del ciclo de movilizaciones iniciado con el 15M: democracia radical, participación ciudadana, justicia social, derecho a la ciudad y a la vivienda, redistribución de la riqueza, transparencia, transición hacia modelos cooperativos de producción, porosidad ante las demandas de agentes sociales movilizados, etc. Se trataba y se trata, en definitiva, de construir una verdadera "democracia de proximidad" en confrontación con los propios límites -muchos, sin duda- de las administraciones locales del régimen del 78. Pero no resulta fácil tratar cara a cara con el poder y las propias contradicciones.

Afrontar el salto "de las calles a las instituciones", con todo lo que ello conlleva, sigue siendo uno de los problemas más sensibles para las candidaturas y el entorno municipalista. A las contradicciones básicas que plantean los municipios -merma estructural de financiación, deuda y competencias recortadas- hay que sumar las asimetrías del acceso al espacio institucional, resultado de la contienda electoral -gobiernos en minoría, en coalición (formal o informal) u oposición-. Aunque quizá sea todavía más importante reparar en los contratiempos que genera la "división del trabajo" en el marco de las candidaturas: una división que separa a los cargos de sus propias asambleas y del tejido social organizado. A raíz de esto último, podríamos decir -amparándonos en una frase manoseada hasta la saciedad- que el "gobernismo" se ha instalado como la "enfermedad infantil del municipalismo".

El gobernismo

Quizá el término "infantil" -por lo condescendiente y paternalista del mismo- sea inadecuado, pero no deja de señalar cierta verdad: por una parte refleja la falta de experiencia, el no haber sido capaces de elaborar un discurso más sólido sobre el poder y resortes políticos contra las inercias de la gestión; por otra, la confianza ciega en una ética compartida -el ethos de los movimientos- cuya densidad en materia de vínculos parecía capaz de acompañar colectivamente el "salto" hacia lo institucional. Vemos que no es así. O que lo es a duras penas. Si el sujeto político hegemónico del 15M fueron unas clases medias precarizadas, la entrada en la institución ha supuesto el ingreso de estas clases en un espacio que garantizaba retribuciones económicas, simbólicas y prestigio, algo que en no pocas ocasiones ha sido capitalizado como "empresa personal", apartándose de lo colectivo. Ello ha fragmentando las candidaturas -también sacudidas por las dinámicas partidarias de las confluencias- e impulsado un proceso de burocratización a toda velocidad.

El "gobernismo" -como "tipo ideal"- se estructuraría en torno a tres características: primacía de la gestión por encima de la política, concepción de la institución como espacio neutral -se juega al gobierno para todos rehuyendo el conflicto- y cierre del espacio municipal en torno a ciertas figuras que constituyen, si no lo son ya, el embrión de una nueva élite política. El "gobierno para todos" introduce, además, cierto vector progre y moderado en la orientación de las políticas, algo que -como hemos podido comprobar- hace que el nuevo municipalismo sea presa fácil de la derecha movilizada. El caso de Ahora Madrid es, en este sentido, paradigmático -¡dichosas batallas culturales!-. Sin embargo, incluso en las candidaturas donde el gobernismo ha sido criticado y limitado -donde se ha hecho gala de valentía institucional más que de responsabilidad institucional- la división entre institución y movimiento municipalista sigue siendo un problema de base.

Un municipalismo desde abajo

Construir un movimiento municipalista capaz de desbordar el marco institucional, una multitud que tensione los límites de los ayuntamientos, pugne por ampliar derechos y materialice las demandas sociales del ciclo resulta prioritario. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Nos encontramos con tres instancias conectadas al tiempo que separadas: una serie de cargos institucionales, las asambleas de las candidaturas y un exterior movilizado (o no) en horas bajas, mermado por el cansancio y las consecuencias del "efecto delegación" que ha provocado la llegada del nuevo municipalismo a los ayuntamientos -ese "ahora gobiernan los nuestros"-. A la luz de las experiencias que nos ha dejado el año, cabe plantear algunas hipótesis y perspectivas para intentar hacer florecer ese movimiento.

Por aterrizar los problemas de golpe: resulta imposible construir un movimiento municipalista si tanto las asambleas de las candidaturas como los movimientos sociales acaban siendo absorbidos por la agenda institucional. Cuando se focaliza el contenido de asambleas y foros en torno a los problemas gestionarios, diferentes de los problemas políticos y sociales, el entorno movilizado que circunda las candidaturas termina por burocratizarse (o agostarse). Es fundamental que los cargos institucionales rindan cuentas ante sus asambleas, incluso que promuevan espacios para hacer pedagogía política (no marketing), pero asumir que ese -y sólo ese- es el campo de batalla condena el ciclo a su cierre. ¿Qué quedará para sostenerlo más allá de lo instituido? Poco o nada.

Las asambleas municipalistas, habitualmente formadas por activistas, cuadros de partidos y ciudadanas de a pie, tienen un papel bisagra complicado en esta coyuntura. Por una parte, y más allá de sus diferencias, se ven obligadas a sostener y tensionar el enclave político en el que participan, frenando la autonomización de los cargos, nutriendo políticamente el espacio y entrando en conflicto cuando es necesario. No es una posición sencilla y no hay recetas. Lo que resulta esencial es la capacidad de estas asambleas para crear vínculos con un afuera que no se encuentra incluido en el entorno del muncipalismo. No se trata de absorber lo que hay fuera, al contrario: se trata de potenciar lazos y construir una red difusa con iniciativas autónomas o asociativas que están alejadas de la instituciones. Fomentar una lógica de contrapoderes y apoyos condicionales. Ahora bien, si las asambleas se convierten únicamente en una "asesoría" para cargos o en meras correas de transmisión, poco habremos avanzado. Las asambleas y en entorno municipalista deben dar forma a algo más que un partido-movimiento, deben hibridarse con el exterior y producir sinergias de orden distribuido, potenciando el ecosistema movilizado y evitando su cooptación.

¿Pero cómo conectar estas realidades? ¿Cómo producir una "noción común" que permita establecer nexos entre estas tres caras del municipalismo (institución, asambleas, movimientos) e incluirlas en un movimiento más amplio, un movimiento municipalista? Para empezar, son necesarios espacios de encuentro, lugares descentralizados -ajenos a la institución- donde estas realidades puedan entrar en diálogo. También es necesario que estos espacios –sean foros sobre problemas candentes, Centros Sociales u otras iniciativas colectivas con carácter aglutinador- eviten formas verticales de jerarquización, privilegiando una agenda autónoma enmarcada en lo social. Lo que no significa que no puedan estar sustentados, en parte, por las candidaturas. Destinar renta y recursos a nuevas formas institucionalidad puede ser una salidad innovadora y eficaz: si se mantiene la autonomía de los distintos enclaves, estaremos ante un feedback productivo entre lo institucional y su afuera. Estaremos dando pasos hacia el autogobierno.

Restan muchas preguntas y no pocas dificultades. ¿Cómo conciliar -al menos de un modo más productivo- los diferentes ritmos de la institución y los movimientos? ¿Cómo poner un dique frente a las tendencias gobernistas? ¿Cómo hacer los muros de los ayuntamientos porosos ante las demandas y soluciones trabajadas por agentes movilizados (desde la PAH hasta los colectivos de que defienden una Auditoría Ciudadana de la deuda)? ¿Cómo ampliar el sujeto político del municipalismo -esto es, hacerlo viajar más allá de las clases medias a las periferias-? ¿Cómo construir dinámicas de participación capaces de hackear la burocracia y evitar tentaciones clientelares? ¿Cómo plantear el municipalismo en términos de federación preservando la autonomía y potenciando redes desde abajo? ¿Cómo pensar en clave europea la importancia de la apuesta municipalista? Si bien es difícil responder a todas estas cuestiones, plantearlas ya es un primer paso para pensarlas en común.

17 de Jun 2016
funda

 

Publicamos una serie de textos para preparar los debates de las Primeras jornadas de municipalismo, autogobierno y contrapoder.

 

 

Marisa Pérez Colina (@alfanhuisa) / Fundación de los Comunes

Porque no es verdad que un año no es nada

Un año ha pasado ya desde que se iniciara, para muchos y muchas de nosotros, el proceso de pérdida de la inocencia latente en el tránsito de una política movimentista y autónoma a una apuesta política que apunta, también, al plano institucional. Otras militantes más experimentadas ya vivieron, en otros momentos de desafío revolucionario, los riesgos y obstáculos de las iniciativas políticas que cruzan esa frontera. Problemas como, por ejemplo, la estructura burocrática de la institución y el agujero negro de sus urgencias gestionarias, la fuerza despiadada del verdadero poder, esto es, de los poderes fácticos o la fascinación representativa, es decir, la cooptación institucional de muchas compañeras y compañeros que, olvidando la consigna fundamental del autogobierno (nada sobre nosotros sin nosotros), terminan confundiendo el mandato colectivo de delegación con el espejismo de haber sido elegidos para hacer lo que es mejor para los demás pero sin contar con ellos.

Pero muchos y muchas de quienes apostamos por salir del impasse de la increíble movilización colectiva post-15M dándose una y otra vez de bruces con la inexistencia de una contraparte institucional, de quienes nos lanzamos a pensar un movimiento municipalista posible, a confeccionar candidaturas municipalistas que se presentaran a los comicios locales y, finalmente, “ganamos”, somos absolutamente neófitas en este tipo de aventuras y, aun comprendiendo lo que ocurre a medida que va pasando, nos sigue costando, creo, anticiparnos.

Ahora ya sabemos mucho más que hace un año. Es el momento, pues, de volvernos a armar con el arrojo de unas memorias aún libres de derrotas pasadas, para pensar, lo más lúcidamente posible, en el nuevo desafío: el de construir una organización municipalista que sea movimiento y contrapoder, y participe, al mismo tiempo, de la institución.

Espejismos falsos, tareas concretas

Para acometer la nueva apuesta, la del movimiento municipalista, tocaría, en primer lugar, salir del espejismo de la victoria. Ganar no era entrar en las instituciones (y mucho menos gobernar): esto es solo parte del juego, una parte fundamental, eso sí, la imprescindible colocación de las piezas en un tablero del que antes no formaban ni siquiera parte. Pero solo estamos en la casilla de salida de una partida cuyo propósito real no es alcanzar ninguna meta cumpliendo las reglas que encontramos, sino algo mucho más complicado. Algo que realmente merece la pena, al menos, intentar: cambiar, en el camino, las reglas del juego inicial.

Por salir de la metáfora y aterrizar en lo concreto. El objetivo de la apropiación de las instituciones es usarlas como instrumento de transformación emancipadora, como vehículos que faciliten la multiplicación y extensión de prácticas de autogobierno. Lo que en su día denominamos “poner el poder en manos de la gente”. Esto va mucho más allá de un compromiso de escucha, por mucho que esta se realice mediante muy bien intencionadas y, sin duda, útiles metodologías de encuestas y dinámicas de participación. ¿Por qué? Porque el poder es algo evidentemente muy mal repartido entre ese genérico “gente” a la que se lo queremos devolver. De esta forma, más que preguntar a personas supuestamente capaces de responder en las mismas condiciones, lo necesario sería, dicho así a bote pronto y sintetizando al máximo: 1º atacar las relaciones de poder que impiden que respondamos en las mismas condiciones de partida a lo que la institución nos pueda preguntar; 2º fortalecer los espacios/iniciativas/grupos que, sin necesidad de ser preguntados, ya están proponiendo respuestas a posibilidades de reparto del poder y la riqueza; 3º transferir recursos de lo público a lo común como jaque mate al centro de producción y reproducción de las relaciones desiguales de poder.

La primera tarea es deconstruir el término de ciudadanía tal y como los hemos venido empleando de forma indiscriminada y profusa desde las fuerzas del cambio en general, municipalistas o no. Sin meternos en larguras históricas ni honduras filosóficas, la ciudadanía no conforma un conjunto homogéneo de personas, sino una abstracción, tendencialmente más excluyente que incluyente, con la que denominamos a la reunión de personas con derechos que habita un determinado territorio. En una situación de precarización y empobrecimiento crecientes de las poblaciones, la “ciudadanía” está cada vez más rota, más agrietada de desigualdades, más sujeta a conflictos entre quienes todavía acceden a derechos y quienes no. A las clásicas relaciones de poder de clase, raza o género, debemos añadir las menos mencionadas de edad, diversidad funcional o identidad sexual. Todas ellas agudizadas en esta etapa neoliberal, que se caracteriza, precisamente, por su pulsión suicida, en el sentido de disolvente de todos los pactos que hacían posible la hasta ahora aceptación (relativa) de esas desiguales posiciones de poder (poder de decir, de hacer, de vivir): los famosos pactos de los Estados del bienestar. Todo esto son cuestiones muy básicas, muy obvias. Pero conviene recordarlas para abandonar la idea de una democracia mal entendida como gobierno a través de la participación (esto es, dar voz a todos y a cualquiera desde preguntas formuladas desde una institución que interpela a un falso “todo” homogéneo para terminar validando lo que ya hay), y dirigirnos hacia la materialización de una democracia real: que reparta poder, que distribuya de forma equitativa los recursos generados por todos y todas, y donde participe, claro, pero desde la organización social. Se trata de meter mano a las políticas fiscales para repartir la riqueza que ya hay; de cambiar el modelo de producción actual, articulado en torno a la acumulación de beneficio, en pos de unas economías más centradas en la sostenibilidad de las vidas; de reformular los sistemas de acceso y gestión de los bienes y servicios básicos: los considerados básicos hasta el momento, como comer y dormir bajo techo, la salud o la educación, pero también otros derechos fundamentales como el acceso a la energía, la comunicación, la movilidad o la cultura.

La segunda tarea de un movimiento municipalista es dar cauce a la aplicación de medidas y propuestas que colectivos afectados por cuestiones particulares y, por lo tanto, directamente implicados y fuertemente interesados en su resolución, ya han pensado e, incluso, probado. Propuestas que tienden a repartir el poder y la riqueza, que obstaculizan su acumulación en pocas manos. El ejemplo más popular y conocido por todos es, seguramente, el de los colectivos de defensa del derecho a la vivienda. Sin embargo, otros muchos espacios tienen miles de mejoras sociales que aportar: los colectivos que trabajan contra las políticas excluyentes y letales de las fronteras pueden poner sobre la mesa mecanismos que favorecen una pluralidad social refractaria a la jerarquización de las diferencias. Los feminismos tienen mucho que decir sobre otras formas de pensar/hacer economías, poniéndolas al servicio de unas vidas más dignas, ricas y emancipadas, y que, además, valgan lo mismo. Los colectivos ecologistas nunca han dejado de proponer medidas para evitar el destrozo de todo aquello que nos permite vivir. Las personas diversas funcionales conocen, por su parte, cómo hacer que la autonomía no sea un privilegio de algunas, sino un derecho de todas las personas, se desplacen como se desplacen, hablen como hablen, oigan o no oigan, vean o no vean. Cabría seguir así hasta el infinito, pero la idea fundamental es que existen perspectivas concretas, situadas (en general, desde posiciones de discriminación de partida) que aportan, desde el saber de la experiencia propia, mejoras democratizantes para la sociedad en su conjunto. Y estas perspectivas han de hallar cauce de expresión y ejecución de sus propuestas.

Por último, la tercera tarea consiste en transferir recursos de lo público a lo común. En otras palabras, desestatalizar los bienes y servicios que consideramos imprescindibles para llevar a cabo unas vidas individuales y colectivas lo más dignas posibles. ¿Por qué desestatalizar? Porque lo público entendido como hasta ahora desde un poder jerárquico y representativo no es funcional respecto a la defensa del interés general, es decir, la restitución de la igualdad de partida entre las personas y el ataque frontal a toda aquella institución que produzca jerarquías en la capacidad de decidir y desigualdades en la posibilidad de disfrutar de las riquezas producidas socialmente. Todas las administraciones de poder, desde las locales a la UE, trabajan actualmente al servicio de los intereses de un puñado de corporaciones y oligarquías financieras. Esta es, finalmente, la gran transformación neoliberal y la victoria de una subjetividad capitalista funcional a esta mutación.

Para contrarrestar este estado de cosas habría que potenciar, por ende, tanto unos regímenes de acceso a bienes y servicios básicos (alimento, hogar, agua, aire limpio, salud, educación, socialización de los cuidados, etc), capaces de desplazar, por ejemplo, el régimen de propiedad en pos de otras formas de disfrutar y compartir lo que necesitamos, como sus formas de gestión: el objetivo es que no se representen nuestros intereses, sino que tengamos la oportunidad de manifestarlos y sostenerlos en todos los ámbitos (comunidades educativas, de salud, de crianza, de gestión comunal del agua, de protección y resolución de conflictos en los barrios, etc.). Y como laboratorios de politización y de generación de ideas, como espacios de fortalecimiento de un tejido social capaz de materializarlas, como espacio de cooperación, apoyo mutuo y empoderamiento social, un común urbano fundamental a respaldar, también institucionalmente, son, por supuesto, los centros sociales. Los muchos centros sociales ya existentes y los mil y uno potencialmente posibles, como lugares de cruce de iniciativas y de transversalización de luchas.
 

15 de Jun 2016
funda

Editorial de Pamplonauta (14 de junio)

La necesidad de espacios para la ciudadanía ha desbordado la agenda pública en Pamplona como en otras capitales del cambio. La expectativa de que, por fin, tras décadas de cerrojo de la derecha, los nuevos gobiernos municipales abran la mano y cedan el uso de espacios públicos a iniciativas populares se ha convertido en eje estratégico de una nueva manera de entender y construir ciudad y, que duda cabe, de controversia con la vieja política y su defensa de la institución paternalista.

En Iruñea se multiplican las demandas vecinales de carácter sociocultural, y ya se han iniciado diversos procesos, cada uno con sus particularidades. El gaztetxe del Casco Viejo ha pasado de la okupación de un portal de la Calle Compañía a la negociación del Chalet de Caparroso; en torno al Palacio de Redín y Cruzat se acaba de iniciar el proceso participativo Plazara! de manera conjunta con el Ayuntamiento; en Mendillorri a la problemática demanda del Palacio se ofrece la construcción de un nuevo edificio; en las Salesianas de la Txantrea se llega a un acuerdo que todavía no es firme… Un panorama tan diverso y complicado como estimulante.

Recientemente, la plataforma Batera! celebró las jornadas “Cogestión o autogestión: ¿Cómo nos organizamos?” en las que se puso de relieve la centralidad y, al tiempo, la complejidad del modelo de gestión, vinculada a las relaciones con la administración, entre la vía progresiva de La Harinera de Zaragoza y la veterana autogestión del barcelonés Ateneu Popular Nou Barris, tras 40 años de existencia y gestionando un millón de euros de presupuesto… No hay soluciones iguales para todas las situaciones pero sí debe haber criterios y principios comunes para, desde la institución, atender a todas las demandas ciudadanas. Y, a cambio, corresponsabilidad real por parte de las plataformas ciudadanas.

Lo que está en juego no es solo la creación de un puñado de espacios de nuevas generación sino el futuro de los bienes públicos urbanos; si se mantienen en la órbita de la gestión pública, más o menos participada, o si se empieza a dar el salto cualitativo hacia su conversión en bienes público-comunales. Con todos los matices y escalas, este es el debate de fondo: la democratización profunda de la propiedad y de la gestión de lo público.

En medio de este saludable debate, se cruzan conflictos y malestares sociales que los medios de comunicación reducen a problemas de orden público, y más aún en periodo electoral, como los recientes casos de Can Vies o del Banc Expropiat. Lo cierto es que el acceso a la ciudad es una reivindicación creciente y que la institución debe llevar a cabo una mediación sofisticada para atender dicha demanda. De momento, con sus altibajos y torpezas, el Ayuntamiento ha conseguido mantener la potencial conflictividad de los procesos locales en coordenadas razonables. Pero ha de perseverar en la transparencia y en la participación. Necesita cintura para adaptarse a las coyunturas cambiantes en el desarrollo de su propio modelo.

Entre sus labores, estará sin duda contestar a la campaña de alarma social que está montando ese viejo régimen –experto en la deriva de prebendas y bienes hacia la iniciativa privada– que ya ha empezado a lanzar acusaciones de grueso calibre. Aunque, sin duda, la mejor forma de responder son los hechos: consolidando al final de legislatura una red de centros ciudadanos que transformen Pamplona para la próxima legislatura y más allá. Centros sociales 2.0 convertidos en espacios públicos, con algún punto virtuoso entre la cogestión y la autogestión, y que sean la vanguardia de los comunales urbanos que necesitamos.
 

 

12 de Jun 2016
funda

Curro Machuca / @curromp de La Casa Invisible (Málaga)

A raíz del juicio que el pasado 3 de junio se celebró en Madrid contra cuatro compañeras del Patio Maravillas por dar vida a un espacio abandonado (que hoy, tras su desalojo hace más de un año, continua vacío), la alcaldesa Manuela Carmena se expresó en los siguientes términos: “Lo suyo es que, cuando los propietarios reivindican la propiedad, las personas que han generado esa actividad cultural en esos centros se marchen y dejen la propiedad”. De nuevo, nos encontramos ante un posicionamiento débil, ni siquiera ya neutral. En fin, ante otra batalla cultural perdida frente al embite mediático. Cierto es que, a diferencia de lo que ocurría hasta hace no mucho, en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza o A Coruña hoy se están abriendo canales de diálogo, muestra de que al menos existe una disposición real a abordar la cuestión de las iniciativas de gestión ciudadana –incluyendo las que son resultado de la legítima ocupación de un inmueble sin uso o abandonado–. Se agradece y se tiene en cuenta. Ahora bien, una cosa es actuar con cautela y otra bien distinta hacerlo con miedo, como parece, porque esto último nos termina situando fuera del marco político y cultural en el que queremos incidir al perder la capacidad de producir nuestro propio relato. Es tiempo, pues, de que el asalto institucional abra definitivamente la puerta, y con garantías, al “hacer ciudad” desde los diversos espacios comunitarios y polivalentes en torno a los cuales una parte de la ciudadanía lleva años autoorganizándose para acometer tal fin. Al hilo de las declaraciones de Carmena, y dándole la vuelta a una famosa frase de Amanece que no es poco, podríamos recordarle que alcaldesa, "todas somos necesarias, pero tú eres contingente”.

Las ciudades, antes que focos de activación económica y ejes de dinamización empresarial, son el lugar básico donde las personas desplegamos nuestra vida. Son redes de afecto. En ellas trabajamos, disfrutamos y sufrimos. Por eso es tan necesario su sustento consciente y su defensa colectiva, más si cabe en un momento en el que la especulación inmobiliaria y el urbanismo neoliberal nos están privando de espacios y derechos cívicos a pasos de gigante. Los centros sociales de gestión ciudadana, sin duda, han sido –y siguen siéndolo– un agente clave a la hora de desobedecer tales injusticias y generar alternativas sostenibles de vida urbana. Espacios que se atreven a ir más allá de lo público y lo privado,  situándose en el sugerente marco de lo común. Afortunadamente, ya desde momentos pre-15M, en los últimos años estamos asistiendo a la emergencia de un buen número iniciativas ciudadanas radicadas en la conquista del derecho a la ciudad, caracterizadas por la multiplicidad de experiencias contenidas y la polivalencia a la hora de su despliegue sobre el territorio. A todas ellas les une su carácter autoorganizado y  de autonomía con respecto al poder instituido, sea nacional, autonómico o municipal.

La mesa y el taller sobre “espacios sociales y centros de gestión ciudadana” que se propone dentro de estas primeras Jornadas de Municipalismo, Autogobierno y Contrapoder tiene precisamente como fin reflexionar acerca de las oportunidades que se abren –o no– dentro de la nueva fase política a nivel municipal. ¿Hay posibilidades de reproducción de iniciativas? ¿Dónde queda la autonomía? ¿Cómo nos reforzamos? En parte, son preguntas que en el seno de La Casa Invisible nos han surgido a partir de la discusión que compartimos con otras iniciativas similares el pasado 30 enero en Madrid, en el I Encuentro de Iniciativas de Gestión Ciudadana, promovido por la Red de Espacios Ciudadanos.

Por otro lado, los centros sociales autogestionados, en su vertiente experimental, actúan como dispositivos tanto de producción como de gestión de saberes y bienes comunes. Además de focos de desprecarización y empoderamiento –de ahí su legitimidad como agentes políticos que merecen reconocimiento explícito– no hay que olvidar que muchos de los espacios sociales autogestionados e iniciativas ciudadanas que se van a dar cita en las jornadas de Málaga son resultado de conquistas ante las administraciones públicas e intereses particulares de carácter especulativo, o bien están en proceso de ello. Existe una acuciante necesidad de atender a la multiplicidad de singularidades subjetivas que proliferan en la metrópolis actual, pero es igualmente preceptivo que los poderes locales se doten de un carácter instituyente que permita diluir lo ya instituido para poner en práctica los principios de radicalidad democrática que perseguimos. El hacer político anómalo de los espacios sociales y centros ciudadanos autogestionados se nos revela entonces como un aspecto que debería tenerse en cuenta. Es más, es esta necesidad de seguir ahondando en los caminos de la nueva institucionalidad lo que precisamente revela la importancia de que los centros sociales de gestión ciudadana continúen reproduciéndose con carácter propio e independiente ya que constituyen eficaces focos de contrapoder dentro de la nueva fase política: extienden el repertorio de las formas de incidencia y participación. Aquí está, en fin, el otro gran bloque de debate que proponemos dentro del eje de trabajo de “espacios sociales y centros de gestión ciudadana”, a partir de preguntas tales como: ¿Qué aportamos al proceso de transformación social? ¿Cuál es nuestro papel en la coyuntura actual? ¿Puede el tejido social generado impulsar la acción de los opciones de cambio? ¿Es eso lo que buscamos? ¿Qué hacer ante el riesgo de institucionalización?

05 de Abr 2016
funda

Una reflexión sobre lo nuevo en política, la uniformalización y la diversificación de los sistemas de convivencia.

Antón Fernández de Rota (@AntonFdezdeRota)

 
1. Como sostiene Oesterhamell, posiblemente el siglo XIX fue a nivel planetario el más diverso en cuando a sistemas políticos se refiere, además de una centuria plagada de los más pintorescos experimentos y diseños políticos, utópicos o no. Sin embargo, fruto del universalismo dieciochesco, tanto propuso la universalización de un único modelo (parlamentarismo ciudadano + libre mercado) como aseveró que esta era la tendencia inevitable hacia la que se dirigía el mundo (hacia el comunismo, según Marx).

2. Como en una profecía auto-cumplida, las décadas alrededor del ecuador del siglo XX consolidaron un proceso uniformalizador culminado tras la caída del Muro de Berlín. Entre los años 30 y 60, la crítica política fue la crítica de esa homogeneización supuestamente inevitable que había vaticinado el siglo anterior. Esto es así tanto para la crítica neoliberal -que veía en el llamado "colectivismo", socialista, welfarista o fascista, una fuerza expansiva de la misma naturaleza- como para la crítica de izquierdas -Escuela de Frankfurt et al- que consideraba que todo se volvía idéntico o equivalente bajo el imperio espectral de la mercancía, colonizador incluso de los afectos y de la vida cotidiana. Para estos últimos, en este sentido, el 1989 no hubiese significado un cambio considerable. El planeta no se había homogeneizado en torno a dos polos distintos -los de la Guerra Fría- pues la polaridad era falsa. De Horkheimer a Illich, consideraron que los dos mundos no eran más que dos versiones de una misma forma: el "Capitalismo de Estado".

3. Pero algo ocurrió a la vuelta del 1968 global. Tanto a la hora de pensar lo político-económico como la naturaleza, se dio una transición desde los sistemas en equilibrio (balance of nature) o para el equilibrio (keynesianismo), a los sistemas complejos y en situaciones de no-equilibrio, donde el orden no es más que un momento del caos estructurado. El error se convirtió en normativo. La emergencia o fluctuación turbulenta, fue entendida como un estado normal en los asuntos físicos y biosféricos. El gobierno dejó de ser para el equilibrio, y comenzó a establecer su práctica sobre los usos del desorden, asegurando el inestable paso entre estabilidades cambiantes. Esto fue así tanto para la ingeniería de ecosistemas como para la política económica y la reorganización empresarial postfordista.

4. Por su parte, la crítica devino entonces composicionista (operaismo), molecular (Deleuze y Guattari) y micropolítica (Foucault). Surgieron o se consolidaron las historias desde abajo -historia de la vida cotidiana, de la vida privada, de las mentalidades, del cuerpo, etc.- y se activaron todos los sujetos que hasta entonces eran vistos como más o menos pasivos; los consumidores, por ejemplo, devinieron un activo “capital humano”, inversor en sí mismo mediante el consumo que realiza (Escuela de Chicago), o decodificadores semióticos y bricoleurs igualmente creativos (de la “obra abierta” de Eco y la “muerte del autor” de Barthes a los Escuela de Birmingham). El sujeto político antagonista se diversificó a lo largo de las "minorías". Su existencia cobró realidad experiencial en las subculturas (Estudios Culturales), y también una realidad institucional alternativa en tanto que contra-públicos (Kluge y Negt), o partícipes de unas de las varias economías que siempre coexisten en tensión, más allá de la pretendida uniformidad del llamado sistema capitalista (J.K. Gibson-Graham). Nunca existe una sola esfera pública, ni una sola economía.

5. Desde entonces comenzó a brotar de nuevo la imaginación política. Los neoliberales llevaban tiempo diseñando sus sistemas, espoleados por la exhortación de Hayek a emprender una “aventura intelectual” que en “un acto de valentía” recuperase el carácter utópico que había impregnado el primer liberalismo. Llegado el momento estaban preparados y pudieron seducir a los políticos. Desde la mitad del siglo XIX hasta Keynes la izquierda se había hecho con la imaginación utópica, pero al llegar a los sesenta la había perdido. Autores como Marcuse incluso la consideraban imposible. Pero a la vuelta del 68 el predominio en el seno de la izquierda de las distopías (1984, Un mundo feliz, etc.) dejó sitio al tímido renacimiento utópico: primero, con las utopías de la automatización con autogestión y de las comunas hippie-cibernéticas californianas, que con el advenimiento de lo digital se metamorfosearon en las del general intellect, del Aceleracionismo, de la sociabilidad peer-to-peer y de los comunes abiertos; también las utopías ecologistas, de Ernest Callenbach y Ursula K. Le Guin a Kim Stanley Robinson; y más recientemente los afrofuturismos.

6. El renacimiento de la izquierda en el siglo XXI, cuando menos en el Atlántico Norte, pero no sólo, ha tenido dos detonantes: el llamado “movimiento alterglobal” y, a raíz de la crisis financiera y de la Primavera Árabe, los movimientos que eclosionaron en el 2011 semi-global: Indignados, Occupy y similares. De estos dos procesos difusamente conectados surgieron partidos políticos, o al menos auparon a viejos líderes, que se han declarado por igual refundadores de la izquierda: Syriza en Grecia, Podemos en España, Corbin en el Reino Unido, Sanders en los Estados Unidos. Por debajo y fuera de Syriza el medio social griego ha experimentado con formas a pequeña escala de economía y protección social colaborativa. Más ambiciosas, las acampadas en España fueron configuradas como ágoras-think tank para el reseteo y diseño de nuevo de la política. En los Estados Unidos y el Reino Unido tampoco han faltado procesos y redes activas en el ámbito del pensamiento. Sin embargo, los cuatro notables o partidos, quizás más Sanders que Corbin, y Syriza que Podemos, han replegado las velas de la imaginación para volverse sobre posiciones más tímidas, menos exigentes para el intelecto, en apariencia más seguras, versionando, en una mezcla de nostalgia y realpolitik conservadora, el viejo welfare keynesiano. El mantra conformista “hay que ser realistas”, parece más bien una excusa. Paradójicamente, mientras se resignan, futurólogos no muy serios como Jeremy Rifkin y Paul Mason se convierten en best sellers, profetizando el advenimiento de la sociedad postcapitalista e imaginando sus contenidos.

7. Entretanto, el poder constituyente sigue avivando por abajo las utopías. Éste tendrá que hacer frente a la nostalgia idealizadora de los “mejores tiempos pasados” y a la distopía del presente, estilo William Gibson y Black Mirror: la pesadilla del Big Data que reemplaza al Big Brother; del Imperio del Internet de las Cosas; de las plataformas tecno-convivenciales monopolizadas; de la existencia endeudada y del comando de las finanzas cibernéticas. En el mismo momento en el que esta última distopía ascendía, un poeta del anarquismo ontológico, desengañado de los sueños de una utopía digital que comenzaba a convertirse en pesadilla, y aún sin renegar de la potencia de la imaginación utópica, escribía el elogio de su locura: “bloque primordial sin esculpir, único excelentísimo monstruo, inerte y espontáneo, más ultravioleta que ninguna ideología (como las sombras antes de Babilonia), la homogénea unidad original del ser todavía irradia serena como los negros pendones de los Asesinos, perpetua y azarosamente ebria”. Caos nunca murió, decía, tampoco la utopía, que se compone molecularmente, al nivel del suelo y en el subsuelo, cobrando vida con las bifurcaciones que se alejan de lo –precariamente- establecido.
 

17 de Mar 2016
funda
Publicamos esto en ocasión del Encuentro internacional: Procesos constituyentes. Este encuentro intenta aportar experiencias y reflexiones a partir de los procesos constituyentes latinoamericanos de la últimas décadas, en particular de Ecuador y Bolivia. En estos países se redactaron nuevas constituciones que consiguieron plasmar reinvindicaciones sociales de los movimientos de base gracias a la acumulación de décadas de movilizaciones. Textos que recogieron innovaciones políticas tales como la plurinacionalidad o nuevos regímenes de propiedad basados en bienes comunes. Sin embargo, las convulsiones políticas de los últimos tiempos ponen en cuestión algunas de las conquistas de estas revoluciones democráticas. En esta sesión hablaremos también de la necesidad de mantener un poder constituyente siempre vivo capaz de mantener la oportunidad abierta y de impulsar los procesos políticos más allá de sus límites institucionales.

Programa completo aquí.
 


Lula y Doña Penha; entre el 4 y el 8 de marzo de 2014

Giuseppe Cocco e Renan Porto

Sao Paulo. 4 de marzo al amanecer, Lula ha sido detenido por la Policía Federal por orden del juez Moro y es “llevado a la fuerza” a responder a un interrogatorio en la sala presidencial del aeropuerto de Congonhas. La investigación tiene que ver con fuertes indicios que apuntan a la implicación de Lula con un papel importante en un sistema de corrupción que prácticamente ha llevado a la bancarrota la Petrobras (estamos hablando de cientos de miles de reales y de la casi inevitable privatización de la empresa que era la joya de la corona). De inmediato, el PT y un montón de intelectuales vociferan contra el golpe, la CIA, el imperialismo y quién sabe más que podrían estar detrás de esa operación.

Rio de Janeiro. 8 de marzo al amanecer, las excavadoras del ayuntamiento de Rio han destruido la casa de Doña Penha, una de las últimas supervivientes de las 500 casas de una pequeña favela -la heroica resistencia della Vila Autodromo, adyacente a la Villa Olímpica, se prolongó durante años- destruidas para hacer hueco a la especulación inmobiliaria alimentada por inmensas e inútiles inversiones públicas para el Mundial y las Olimpiadas.

¿Cuál es la relación entre el 4 y el 8 de marzo? Muy directa: el ayuntamiento de Rio está gobernado por el PMDB y el PT de Lula. El teniente de alcalde es del PT, la concejalía de vivienda es del PT y ha gestionado la política de expulsiones de los pobres de estos últimos años. El alcalde y el gobernador del Estado de Rio y sus mafias son la base de apoyo parlamentario que garantiza a Dilma -por el momento- que no será destituida. La izquierda brasileña y la internacional lloran por Lula, pero hacen votar leyes que convierten en terrorismo las luchas de Doña Penha y de los pobres que insisten en defender sus modos de vida, como los indios que se revelan contra las megapresas. Defender a Lula y Dilma es como si los No-TAV italianos defendieran a los responsables de las grandes obras en el Valle de Susa. Su gobierno se ha convertido en el gobierno de las grandes empresas y las grandes obras públicas: Lula y Dilma se han convertido miserables ricos lobbistas.

¿Qué está pasando ahora?

1) En un plano general, está sucediendo exactamente lo que decíamos después del movimiento de junio de 2013 y sobre todo en octubre de 2014. A diferencia de cuanto afirmaba una lectura superficial, la reelección de Dilma ha sido una victoria pírrica planificada del siguiente modo: a) represión y purificación del movimiento de junio de 2013; destrucción mediante una infame campaña moralista de la opción de renovación de un liderazgo institucional moderado; b) abuso del poder financiero de miles de millones de dólares robados a las empresas estatales.

2) Lula y Dilma han mentido dos veces: diciendo que Brasil no tenía problemas económicos y que nunca llevaría a cabo políticas de austeridad. El día después de la “victoria”, comenzó la austeridad justificada por la bancarrota del país. Resultado: una depresión de cerca del 8 % (acumulado en dos años); una inflación oficial de más del 10 %; devaluación de la moneda local; estados federales en bancarrota: proveedores no pagados, suspensión de becas, retrasos en las nóminas, universidades reducidas a depósitos de inmundicia; hospitales que cierran mientras aumentan el dengue y el zika y la ya alucinante violencia civil: atracos, asesinatos, tiroteos, robos.

3) Cuando cayó el Muro, la izquierda no quiso creerlo. En el fondo, aquel “afuera” venía bien, la patria del socialismo -por más que fea y gris como el portón de una cárcel- era una alternativa. La izquierda continuaba de esa manera: viviendo de mitos. Y ahora de los “gobiernos progresistas” de América del Sur.

La historia no ha terminado, pero el muro ha caído. En Brasil, Lula y el PT están acabados: no porque sean demasiado populares, sino porque se han convertido en una parte ineficaz de la mafia de las grandes empresas y han gobernado para estas contra los pobres y los indios. Destruyendo el movimiento de junio pensaban que podrían salvarse, pero en realidad se han destruido a sí mismos y la posibilidad de renovarse.

Addenda: tras el 13 de marzo

Las manifestaciones del pasado 13 de marzo contra el gobierno Dilma han sido gigantescas y ubicuas (se habla de la participación de entre 3 y 6 millones de personas).

La oposición a Dilma que ha intentado participar en ellas ha sido abucheada (en particular Aecio Neves y Geraldo Alckmin del derechista PSDB) y se ha visto obligada a escapar con dificultades de la manifestación. En la manifestación se ha visto la preponderancia de una composición de clase media, que corresponde a un tejido productivo difuso.

Ninguna fuerza política tiene hoy posibilidad de cabalgar el tigre que ahora se ha vuelto “justicialista”: el juez Moro ha unificado así las manifestaciones. Así las cosas, la única salida es electoral.

Lula acaba de aceptar (sic) convertirse en ministro para no ir a la cárcel (mientras tanto, estallla un nuevo escándalo, donde Aloízio Mercadante, actual ministro de Educación, habría intentado evitar con sobornos que Delcidio do Amaral, senador del PT implicado en los escándalos de corrupción, declarara ante los tribunales).

La entrada de Lula al gobierno es una aventura y una grave provocación.

Giuseppe Cocco, @beppo22, profesor de teoría política en la Universidad Federal de Rio de Janeiro y miembro de la Rede Universidade Nomade. Además es autor, entre otros libros, de MundoBraz: el devenir mundo de Brasil y el devenir Brasil del mundo, editado por Traficantes de Sueños-Mapas.

Renan Porto es jurista e investigador. Participa en la Red Universidade Nomade.
 

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