El Consejo de Seguridad Nuclear ha decidido otorgar un informe favorable a la revocación parcial de la orden ministerial del 20 de junio de 2012 y Nuclenor (Endesa e Iberdrola) disponga, así, de un año más para solicitar una prórroga para que la central Nuclear de Garoña pueda seguir funcionando. Durante este año, la central permanecerá abierta sin producir energía. La decisión se ha tomado con los votos favorables de los dos miembros del PP y el de CiU y los votos en contra de los miembros del PSOE.
Nuclenor pidió la semana pasada una prórroga para mantener durante un año más el funcionamiento de la central sin producir electricidad. Esto significa prolongar durante un año el cierre de la central y conseguir así tiempo para que una previsible reforma facilite modifique las exigencias económicas actuales. Como la misma Nuclenor señalaba en la nota de prensa relativa al cierre de Garoña, las exigencias fiscales de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética no le permitían seguir funcionando y obteniendo beneficios.
La central de Garoña produjo el año pasado 3.879,69 GWh, es decir el 1,5% de la demanda. Sin embargo, el sistema eléctrico tiene sobrecapacidad debido, principalmente, a la abundancia de centrales de ciclo combinado. En los seis meses que lleva sin funcionar Garoña se ha demostrado que el sistema eléctrico en España no necesita esta central nuclear.
Además, entre los costes de la energía nuclear no se tienen en cuenta las externalidades tanto sociales como medioambientales. La actividad nuclear genera unos residuos cuyos costes de mantenimiento están contemplados hasta 2070, cuando muchos componentes pueden llegar a durar 100.000 años. Asimismo, las consecuencias de una catástrofe nuclear no están contempladas en los seguros, como se ha demostrado en el caso del accidente de Fukushima.
El proceso que ha desencadenado en esta prórroga demuestra que el sistema eléctrico español es profundamente antidemocrático. En primer lugar, el Gobierno de Zapatero incumplió su programa electoral al prorrogar la vida de la central más allá de sus cuarenta años que se cumplían en 2012 y dejar abierta la decisión a 2013. Ahora se ha demostrado otra vez que las decisiones que afectan al sistema energético se toman sin tener en cuenta a la ciudadanía ni el bien común.
