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18 de Feb 2014
laconquistadelderecho

Yo soy de las personas que cuando se trata de celebrar suelo estar de las primeras. Ahora por mi reciente maternidad mi manera de celebrar ha cambiado, sustituyendo la celebración de cañas con los compañer@s por la celebración de las palabras, y qué mejor manera de hacerlo sino escribiendo sobre lo que es toda una borrachera de pensamientos, ideas y trabajo colectivo en el resultado del proceso judicial del escrache a Soraya Sáenz de Santamaría.
 

Hablar única y exclusivamente con lenguaje técnico de los conceptos jurídicos que llevaron, en primer lugar al Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid, y posteriormente a la Sección 16ª de Audiencia Provincial de Madrid, a resolver en sendos autos que el archivo del escrache a Soraya Sáenz de Santamaría es conforme a derecho, no me parecía necesario para los lectores de este blog, y no lo digo porque no fueran a comprenderlo, sino porque me resultaba más real, acorde con lo efectivamente sucedido y novedoso, el contar cómo dicho proceso también conllevó una red de trabajo colectivo de compañeros y compañeras letrados y letradas que --contagiados por el espíritu de la PAH-- encontraron una manera de proyectar y militar con ellos en lo que fue el proceso judicial.
 

Debo trasladarme por tanto a cuando por parte de un compañero y letrado de la PAH, Rafa Mayoral, en abril del año pasado se me informó de la notificación que le había llegado a una compañera para ir a declarar en calidad de denunciada.

 
Ninguno nos podíamos imaginar que lo que considerábamos un acto de protesta pacífico por centenares de ciudadanos se tornaría en un proceso judicial con 12 denunciados; así que sin dudarlo, y conscientes y seguros de las respuestas, lo trasladamos a la asamblea de la comisión legal del 15 M así como a la comisión de derechos civiles y sociales de la Asociación Libre de Abogados.

 
Quienes formamos parte de estos colectivos y llevamos trabajando durante los dos últimos años contra la represión del Estado, esto nos pareció una vuelta de tuerca más: en este caso la denuncia estaba interpuesta por el marido de la Vicepresidenta de Gobierno relatando unos hechos que consideraba incardinables dentro de los delitos de coacciones, amenazas, reunión o manifestación ilícita, desórdenes públicos y desobediencia.

 
Efectivamente la respuesta fue masiva por parte de letrados y letradas llegando a resultar más compañer@s que denunciad@s y donde el reparto de tareas, labores de información, apoyo, comunicación, dio como resultado un trabajo colectivo maravilloso.

 
Después de practicadas diligencias de toma de declaración a los funcionarios de policía, al propio denunciante y a la madre de la Vicepresidenta, así como visionado de material de vídeo, el Juzgado de Instrucción nº 4 lo tuvo claro: auto de archivo ante la falta de indicio alguno de criminalidad.

 
Mediante el mencionado auto se desarrolla de manera profusa la inexistencia de acción violenta encaminada a impedir hacer algo que la ley no prohíbe u obligarle a hacer algo sea justo o injusto, que es lo que se denunciaba.

 
Tampoco hubo comportamiento desobediente como manifestaron los propios funcionarios del cuerpo de policía en sus declaraciones.

 
Llama la atención, y me parece reseñable, la diferenciación que se hace en el propio auto entre quebrantar la voluntad política de la Vicepresidencia y el LEGÍTIMO intento o deseo de influir en el criterio que puede realizarse por parte de los denunciados junto con los centenares de personas que ese día se manifestaron.

 
En definitiva, viene a decirnos que el conceptuar esta protesta social como un acto incardinable en algún tipo delictivo se escapa de toda lógica por cuanto se trata de una manifestación pacífica, legítima, constitucionalmente protegida y, lo que es mas importante, el objeto de la misma tiene por fin denunciar la violencia estructural del Estado con sus políticas de gobierno que han colocado a cientos de miles de personas en la calle.

 
El auto se recurrió por parte del Ministerio Público, curiosamente no por el denunciante, sino por aquél que debería ser garante del derecho de manifestación de los ciudadanos de a pie y que en este caso no comparte que el derecho fundamental se ejercite cuando se trata de poner en tela de juicio el comportamiento de responsables políticos del  presente Gobierno.

 
La maquinaria jurídica de los tres colectivos (Legal Sol, ALA y PAH) volvió a ponerse en marcha tejiendo de nuevo una red de solidaridad y de solvencia jurídica; presentando su más firme oposición a dicha decisión y al recurso interpuesto mediante diferentes escritos de impugnación.
 

La Sección 16ª de la Audiencia Provincial lo ha tenido claro y ha sido contundente: no existe indicio alguno de criminalidad en los hechos que se relatan en la denuncia y el atestado.
 

Pero ha avanzado un paso más, pues pudiendo no entrar en el fondo del asunto, dado que el recurso del Ministerio Público no solo no tiene fundamento alguno sino que se interpone fuera del plazo establecido; aun admitiendo por tanto la presentación extemporánea, pero “concurriendo evidentes razones de interés publico” para pronunciarse por los argumentos de fondo planteados por los recurridos, lo hace y, en sintonía con la clarísima y tajante argumentación del Juzgado de Instrucción, da una lección de derecho y realidad social.
 

Es mas que evidente que poco a poco las cosas van cambiando --y digo cambiando-- porque la Sección 16ª no tiene fama de ser una de las mas “progres” de la Audiencia Provincial, lo que nos alegra a los que trabajamos como operarios del derecho y consideramos que el trabajo colectivo de cientos de miles de personas en las calles denunciando determinadas conductas de lo que sí es violencia del Estado, tiene en cierta medida su recompensa aunque sea no criminalizándola,como se pretende desde algunos sectores.

 
La alegría no es solo por los dos autos en cuestión; mi alegría mayor es por ese tejido importante, necesario y enriquecedor para todas que se construye desde el trabajo realizado junto a mis compañer@s de Legal Sol, junto a los de ALA y los de la PAH y que como decía al principio de este artículo, contagiados por ese espíritu maravilloso de lucha que tienen los ciudadanos de a pie nos ha permitido hacer un trabajo que ha calado también en los jueces, mostrado la independencia (a veces dudosa) de  los mismos y que nos aporta un hilo de esperanza e ilusión para recorrer el largo camino que nos queda.
 

Seguimos…
 
“Solo la lucha hace justicia”
 
 
Ana Méndez Gorbea (Letrada de ALA y de la Comisión Legal Sol)
@anamgabog

10 de Feb 2014
laconquistadelderecho

El Estado de Derecho intenta sustituir el tradicional “nos vemos en la calle” por “nos vemos en el juzgado” cuando se vulneran los derechos de los ciudadanos. Aunque suene más sofisticado, no logra del todo reemplazar las expresiones porque la justicia está colapsada por falta de medios, presupuesto y procedimientos actualizados. ¿Quién va a acudir a un juez si no soluciona los problemas a tiempo?

 

Para paliar el problema de sobrecarga se decidió desincentivar con trabas económicas. La Ley de Tasas, Ley 10/2012, modificada por el Real Decreto-ley 3/2013, exige a las personas físicas una tasa de “repago” que ya existía para personas jurídicas. La finalidad declarada de las tasas es que solo acudan a los jueces quienes tengan realmente necesidad (“racionalizar” lo llama la exposición de motivos) porque a estas alturas ya sabemos que la gente despilfarra, compra medicamentos para almacenarlos en casa, se pone tetas con las becas, inicia pleitos contra los vecinos por subir mucho la tele por las noches y recurre cual miura desbocado por encima de sus posibilidades. Muchos profesionales jurídicos entienden que la Ley de Tasas restringe el derecho a la tutela judicial efectiva y concibe a los jueces como un servicio público recortable. Ambos aspectos de la norma son rechazables. Los jueces no son un servicio sino un poder del Estado, el Poder Judicial, y el acceso a la judicatura es la garantía de la aplicación del Derecho. Al limitar el acceso a los jueces con un filtro económico se limita la protección de todos los derechos, se limitan todos los derechos reconocidos en leyes, y se debilita el Estado de Derecho.
 

Decíamos que contra las agresiones a derechos se puede protestar en la calle o en el juzgado. Contra la Ley de Tasas de momento se ha protestado por vía judicial alegando su inconstitucionalidad. Ello permite acudir al Tribunal Constitucional, que no es exactamente un órgano del Poder Judicial sino un órgano constitucional garante de la constitución, pero funciona para oponerse a la norma. A día de hoy hay varios procedimientos de grupos políticos y de jueces contra la norma. El problema es que para cuando el TC dicta sentencia, muchas veces la ley está ya derogada, ha sido modificada en los artículos impugnados o, incluso, han pasado 10 años de privación de derechos. Por ejemplo, la STC 6/2013 resolvió un recurso de 2003 contra la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, pero la ley impugnada llevaba derogada 7 años a la fecha de la sentencia. Antes de la Ley de Tasas, la ley que estableció las tasas para las personas jurídicas fue impugnada el 15 de diciembre de 2003 y la fecha de la sentencia correspondiente del TC fue el 16 de febrero de 2012 (STC 20/2012). Cómo será el tema de los retrasos que en enero de 2014 el TC decidió informalmente paralizar la tramitación de los recursos contra la ley del aborto vigente porque, total, para cuando los resuelvan tal vez el PP ya la haya derogado. Si hay que dictar sentencias, se dictan, pero dictarlas “pa ná” es tontería.

 
Como alternativa a los jueces, hay colectivos que defienden los derechos en la calle, en común, a través de la visibilización, la creación de redes y el ejercicio de formas alternativas de protesta. Hace poco, por ejemplo, la Marea Blanca ha podido celebrar un triunfo en su defensa del derecho a la sanidad pública cuando se ha sabido que se paralizaba la privatización de servicios en diversos hospitales públicos. No obstante, resulta que la dicotomía calle‑juzgado es falsa cuando se trata de luchar por derechos colectivos. La alegría de la Marea Blanca la provoca un Auto que resuelve sobre la medida cautelar de suspensión solicitada por la “Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid”. La solicitud de medida cautelar fue concedida por Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 04 de Madrid y confirmada por el TSJ de Madrid. Paradójicamente, el triunfo de la lucha colectiva en la calle se manifestaba en una resolución favorable de un proceso judicial. Vemos por lo tanto que las protestas no se desarrollan alternativamente en la calle o en el juzgado sino en ambos, de manera que las tasas judiciales restringen el derecho a protestar en genérico, no solo la protesta judicial, porque limitan una de las posibles facetas de la protesta. Otra también limitada son las protestas en sí, en las que se imponen sanciones que, según como se recurran, pueden requerir pago de tasas.
 

Hasta ahora, en algunos procesos hay suerte y se pueden evitar las tasas. Las tasas no se aplican en procedimientos penales ni en los contencioso-administrativos de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas. Esto ha permitido escapar de las tasas, por ejemplo, a los abogados que interpusieron recursos contra las privatizaciones de Madrid (procedimiento administrativo de tutela del derecho a la sanidad pública) y a los abogados de “Legal Sol 15M” que defienden a los imputados por procedimientos penales de faltas o que recurren judicialmente multas administrativas en manifestaciones (en este último caso, en el recurso se alega que las multas vulneran el derecho de reunión). Sin embargo la Ley de Tasas jugará muy fuerte en contra de las protestas cuando se combine con la Ley de Seguridad Ciudadana (LSC) (de la que ya hablamos aquí). La LSC transforma en multas administrativas muchas infracciones que antes eran faltas, de manera que el juicio es contencioso-administrativo y con tasa en lugar de penal y sin tasa. Si no se encuentra forma de impugnar por el procedimiento de vulneración de derechos fundamentales, recurrir una multa de 3.000 € costaría 203 € por interponer recurso administrativo por procedimiento abreviado, e incluso si se gana el recurso solamente se devolverá el 60% de la tasa. Es fuerte pero cierto: 80 € para que un juez te retire una sanción injusta.

 

Si se examinan los temas que hemos tratado en el blog, casi todos los afectados y todos los que protestaran por ellos verían su acceso a la justicia limitado por las Tasas. Pagan los múltiples afectados por las preferentes. Pagan los inmigrantes que recurren para no verse expulsados (y de paso evitar ser internados en esos agujeros del Estado de Derecho que son los CIEs). Pagan quienes recurren una ejecución hipotecaria. Y tratarán de hacer que los multados con la LSC paguen por los recursos judiciales.

 

Visto que ya hay iniciativas judiciales contra la Ley de Tasas, hace falta oponerse a ella también en la calle para no quedarnos a medias. Tal vez entre las personas ajenas al Derecho no se ha interiorizado el efecto que las tasas tienen en la conservación de los derechos aún formalmente reconocidos en España. Quienes nos dedicamos al Derecho, por el contrario, estamos muy preocupados. La Ley de Tasas recorta todos los derechos de una forma muy sutil, haciendo que su reconocimiento no sea tan eficaz, alejando al juez encargado de protegerlos de la persona cuyos derechos se vulneran. Por eso este artículo está dirigido a los no juristas cuyos derechos puedan verse alguna vez vulnerados y necesiten un juez que lo reconozca. Necesitamos vuestra ayuda para movernos contra las tasas. Necesitamos dejar claro que no queremos pagar por justicia. Necesitamos que se nos oiga. Para ello, nos vemos en la calle.

 

Perfectly Normal Beast
@atropollo

 

03 de Feb 2014
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El 19 de diciembre de 2011 falleció Samba Martine mientras se encontraba internada en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Samba murió en medio de la indiferencia y la desatención del personal del CIE, a pesar de haber reclamado atención sanitaria hasta en diez ocasiones.
 

Su muerte fue investigada por el Juzgado de Instrucción 38 de Madrid, que pese a no practicar las diligencias que propusieron las partes, dictó un auto sobreseyendo el procedimiento por entender que no había relación de causa-efecto entre la falta de atención en el CIE y su fallecimiento. El Auto de sobreseimiento concluía que la muerte se hubiese producido igualmente aunque se hubiera diagnosticado y tratado la enfermedad que padecía.

 

Frente a este auto la acusación particular y las acusaciones populares interpusieron recurso de reforma, que fue desestimado por el propio juzgado y, más tarde, recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

 

La Audiencia Provincial, mediante un auto fechado el 14 de enero de 2014, estima los recursos interpuestos y acuerda la continuación del proceso. Algo de justicia llega por fin al procedimiento después de casi dos años. Y decimos “algo” porque aún queda un largo camino por recorrer.

 

En todo caso, valoramos el auto de forma muy positiva y ello por varias razones. En el recurso de apelación ya advertíamos que existían numerosas irregularidades. En primer lugar, los facultativos debieron indagar sobre las causas de los múltiples síntomas que presentaba la fallecida y que dieron lugar a que, al menos en diez ocasiones antes de su muerte requiriera asistencia médica. Los facultativos se limitaron a pautar un tratamiento paliativo de los síntomas, sin investigar las causas.

 

En segundo lugar, si se hubiera indagado en las causas y si se hubiera tratado adecuadamente a Samba, el resultado podría haberse evitado. El personal del CIE y especialmente los responsables de su servicio médico, ostentan una posición de garante respecto a la vida y la salud de los allí internos, una posición que resulta especialmente intensa cuando la persona enferma se encuentra bajo una relación de sujeción especial respecto del Estado. Al estar privada de libertad, una persona no puede por sí misma proveerse de una atención medica diferente a la de los servicios médicos del CIE, lo que hubiera podido proporcionarle un tratamiento médico adecuado para una enfermedad  que es mortal sino se trata, pero que de haber sido tratada correctamente hubiera podido evitar el fatal desenlace.

 

El sobreseimiento del proceso se basó únicamente en un dictamen médico contradicho por dos dictámenes independientes. Además éste fue emitido a partir de unas hojas de consulta que presentan múltiples irregularidades. Tal como ya se ha comentado, no se practicaron las diligencias propuestas por las acusaciones, algunas de ellas tan elementales como tomar declaración a los testigos que convivieron con Samba y al propio personal facultativo en el CIE.

 

El auto de la Audiencia Provincial acoge cada uno de los argumentos de los recursos presentados. Afirma que el reconocimiento médico al que fue sometida Samba al llegar al CIE fue poco más que un cumplimiento formal. Asimismo, la historia clínica recoge que en al menos tres ocasiones no fue atendida por médicos, sino por enfermeros y además tampoco hubo intérpretes salvo en una ocasión. A mayor abundamiento, la historia clínica manuscrita no coincide con el informe médico que se aportó al Juzgado por parte de los responsables de la empresa adjudicataria del servicio médico en el CIE. En este sentido, la Audiencia llega a afirmar que aparentemente se ha tratado de ocultar el conocimiento por parte del personal médico de síntomas relevantes que debieran haber hecho pensar la existencia de padecimientos graves que no fueron tomados en consideración.

 

El auto además destaca la especialísima situación de quienes se encuentran privados de libertad en un CIE. Los internos no pueden acceder a servicios médicos distintos de los del propio Centro. Si los servicios médicos del CIE no derivan a especialistas o centros hospitalarios a los internos nos encontramos, en palabras de la Audiencia Provincial, en un peculiar limbo. Es por ello que declara la especial relevancia de la posición de garante que atañe al personal del CIE respecto de las personas privadas de libertad ambulatoria. Esta circunstancia debería tomarse en cuenta también en los fallecimientos de Aramis Manukyan y de Idrissa Diallo, que murieron en el CIE de Barcelona en extrañas circunstancias.

 

Inmediatamente después de la publicación de este auto de la Audiencia Provincial, las autoridades han anunciado la construcción de otro CIE en Madrid, esta vez cerca del aeropuerto de Barajas. Esta “respuesta” pretende convertirse en una demostración de fuerza contra las voces cada vez más numerosas que piden el cierre de los CIEs ante los múltiples casos de malos tratos y las deficientes condiciones de estos establecimientos denunciados.

 

Es una obligación del Estado y de la Justicia llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación de la muerte de Samba Martine y depurar todas las respon­sabilidades penales de aquellas personas y funcionarios/as que pudieran haber tenido responsabilidad en los hechos. La madre de Samba recorrió miles de kilómetros para despedir a su hija y tan solo encontró un ataud cerrado. Su hija, que acompañó a Samba en el largo viaje hasta Europa, vive acogida por unos Familiares en Francia. Ambas tienen cuanto menos el derecho de saber que ocurrió exactamente en aquellos 38 días en que su vida se apagó en un CIE.

Lluc Sánchez Bercedo

Abogado de SOS Racismo Madrid

 

Jose María Trillo Figueroa Calvo

Abogado de Pueblos Unidos

27 de Ene 2014
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No es la primera vez que mi barrio se despierta con una imposición del Ayuntamiento, que no quiere, ni pretende aceptar. Si escarbamos en la memoria colectiva de Gamonal, un barrio humilde y rebelde, podríamos hacer paradas en los periódicos de 1980, 2005, y ahora en 2014.
 

En todos estos escenarios la palabra “represión” era la misma. Según la Real Academia de la Lengua Española, es el “acto o conjunto de actos, ordinariamente desde el poder, para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales”.
 

Y si bien es cierto que el significado de “represión” no ha cambiado en nuestros diccionarios, la intensidad de la misma ha aumentado vertiginosamente en los últimos años.
 

En el año 1980, en Gamonal, debido a la subida de 1 peseta el precio del autobús de línea entre Gamonal y Burgos, se llevaron a cabo protestas vecinales que terminaron con barricadas en la carretera nacional N-I y con un autobus quemado. Veinticinco años más tarde, Gamonal volvía a estallar: el 18 de agosto de 2005, debido a la construcción de un parking en la calle Eladio Perlado que las vecinas no queríamos, se realizaron actos de protesta que acabaron en fuertes disturbios. Y nueve años después, el pasado 10 de enero de 2014, con motivo de la imposición del inicio de la obra de un bulevar en la calle Vitoria que las vecinas tampoco queríamos que nos construyeran, se llevaron a cabo amplias y contundentes protestas vecinales durante varios días, que han llenado hojas de periódicos y minutos de telediarios.
 

Vecinas luchando, antidisturbios de refuerzo llegados de las ciudades vecinas tratando de difundir el miedo entre la población, cristales rotos, contenedores quemados, cazuelas en las ventanas, piedras, barricadas... El mismo barrio. El mismo escenario. La desobediencia civil frente a la imposición de un Ayuntamiento autoritario que subestimó, nuevamente, la capacidad de mi barrio para decidir sobre su propio futuro.
 

Si nos planteáramos, y tuviéramos que relacionar los años de los conflictos en Gamonal con los saldos represivos de 8, 20 y 46 personas detenidas, parecería lógico ubicar la mayor cifra de detenidas en plena Transición puesto que las leyes y las estructuras de la Dictadura permanecían prácticamente intactas.
 

Y sin embargo, nada más lejos de la realidad. En 1980 hubo 20, y en el año 2005 fueron 8. Ha sido éste año 2014 cuando ha habido 46 detenidas (sin contar las cerca de 30 detenciones en otras ciudades por actos de solidaridad con Gamonal).
 

Sin duda ha habido un cambio de estrategia por parte del poder, y en un momento de creciente protesta social como el que estamos viviendo, el Estado está respondiendo con una represión sin medida que va en constante aumento, mediante la cual, pretende controlar una masa social crítica que ya no puede controlar por otros medios.
 

Las cifras son completamente escandalosas. Por ejemplo, en Madrid, desde el 15 de mayo de 2011, según datos de la Comisión Legal de Sol, ha habido 458 detenciones, y en las últimas grandes movilizaciones no hay una que acabe con menos de 20 detenidas. En cada movilización de protesta, los procedimientos penales ya los contamos por decenas. Y esto por no hablar de la burorrepresión, y de los próximos cambios legislativos que introduce la reforma del Código Penal y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

 
Esta deriva represiva convierte inevitablemente al Estado en un Estado aún más autoritario, que sólo puede garantizar su estabilidad y falta de legitimidad a golpe de porrazo. Intentan ahogarnos entre multas, detenciones, procedimientos y cárcel.

 
Sin embargo, en la calle, como se ha demostrado en Gamonal, cada día la organización colectiva por la transformación social está más fuerte. Debemos ser conscientes de esta deriva represiva para estrechar lazos e imaginar respuestas colectivas, así como para tejer redes de apoyo mutuo en las que se trabaje el impacto psicosocial de la represión.
 

En mi barrio escuché a varias vecinas decir que tendrían que encarcelar a todas las personas del barrio si querían construir el bulevar... ¿Será ese el panorama al que nos enfrentaremos en el próximo conflicto en Gamonal? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿Estamos preparadas para el peor escenario imaginado? Confío en que antes de que éste llegue, la organización, la creatividad social, y los cuidados entre nosotras dibujen nuevos horizontes de resistencia.
 

 

                                                                     

                                                                                                                                                                                                                          Naomi Abad Velasco. Abogada.

“Yo no pedí ser de Gamonal, simplemente tuve suerte” *

 
 
* Cada vez que vuelvo a casa veo lucir con orgullo la camiseta con el lema: “Yo no pedí ser de Gamonal, simplemente tuve suerte”. Todas deberíamos de aprender de Gamonal y de su capacidad para enfrentar la represión en colectivo. Todas deberíamos llevar esa camiseta y tener la suerte de ser Gamonal en nuestras próximas luchas.
 

20 de Ene 2014
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Esta última semana, la noticia de que Bélgica, al igual que otros Estados miembros de la UE, expulsa sin conmiseración a ciudadanos comunitarios por carecer de recursos económicos suficientes y considerarles una “carga” para su estado social ha sido recibida con estupor e indignación. Se tambalea así una convicción profundamente arraigada: la idea de que la Unión Europea era un espacio de igualdad, libertad y justicia para las/os ciudadanas/os de los países integrantes, que podrían moverse libremente por él de manera incondicionada. Nada más lejos de la realidad.

Lo cierto es que la libre circulación de personas y de residencia, proclamada como “pilar angular” del espacio comunitario y del estatuto del ciudadano europeo, fue concebida desde sus orígenes como mero instrumento del Mercado Único, siempre subordinada a la libre prestación de servicios y a los movimientos económicos. Vía libre pues a turistas, inversores, trabajadores cualificados, o mano de obra a precio de saldo dispuesta a desplazarse, con o sin garantía de condiciones de trabajo dignas, allí donde la requiera el mercado. Por el contrario, personas inactivas o estudiantes solo gozan de libertad de circulación y establecimiento de residencia con la garantía de poder adquisitivo por delante.

Esto es así porque así lo prevén las normas comunitarias que han sido transpuestas a derecho nacional interno. En concreto la Directiva 2004/38/CE, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077...) Esta norma condiciona el derecho de libre circulación de los ciudadanos comunitarios a algunas restricciones y requisitos, desde los tres meses de estancia hasta los cinco años de residencia legal, momento a partir del cual se alcanza la residencia permanente, que no puede ser retirada.

Las restricciones que permiten a un Estado miembro motivar la expulsión de ciudadanos comunitarios son únicamente razones de salvaguarda del orden público, la seguridad y la salud públicas (Art. 1.c). Pero además, a partir de los tres meses, la Directiva solo garantiza el derecho de libre residencia a los ciudadanos de la UE y los miembros de sus familias mientras “no se conviertan en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida” (Art. 14.1), lo que les exige disponer de recursos suficientes y de seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el estado de acogida (Art. 7.1.b). Aunque los estados no puedan establecer un importe fijo ni exigir recursos superiores a los que determinan la concesión de asistencia social o pensión mínima, la Directiva sí les permite controlar que los requisitos se cumplen durante todo el periodo de residencia no permanente. Si no se cumplen, pueden denegar el registro, el permiso de residencia o su renovación, e incluso acordar la expulsión del territorio, mientras “no sea consecuencia automática del recurso a la asistencia social”, es decir, se haya valorado individualmente la situación personal del afectado.

En cuanto a la expulsión, los estados no suelen prever su ejecución forzosa, ni tampoco el internamiento en CIEs (aunque existen casos, como el de una joven búlgara internada en el CIE de Valencia en febrero de 2011), pero la Directiva tampoco prohíbe expresamente estas medidas. En realidad, no serían demasiado útiles: el control en frontera de los movimientos de ciudadanos comunitarios es impracticable dentro de la UE, pero es que además, la negativa al registro en el país de acogida supone ya de por sí una expulsión muy eficaz, pues se inhabilita al ciudadano para tener una vida normal en el país de acogida, cerrándosele el acceso al disfrute de derechos tan básicos como la vivienda, salud, o educación.

En definitiva, la Directiva 2004/38 garantiza a los Estados miembros la selección económica de los flujos migratorios dentro de las fronteras internas de la UE: una prueba más de que la tan aclamada “movilidad exterior” opera ante todo en beneficio del mercado, y no de las personas.

Desde luego, no han faltado casos de transposición deficiente de la Directiva y extralimitaciones de los Estados miembros. Un ejemplo sangrante: el caso de Francia, que al amparo de una circular de 2006, solo en 2009 expulsó a más de 10.000 ciudadanos búlgaros y rumanos de etnia gitana, incluso antes de transcurridos los tres primeros meses de residencia que garantiza la Directiva. La norma les consideraba expresamente una “amenaza para el orden público”, y una “carga excesiva para el sistema de asistencia social francés”. La sociedad civil solo se puso en pie de guerra cuando la policía francesa llegó al extremo de detener y expulsar a una niña durante una excusión escolar; solo entonces, la Comisión Europea sacó los colores a Francia por discriminación racial y expulsiones en masa de una determinada minoría étnica, prohibidas por el derecho internacional. Nótese que el toque de atención no se hizo por la mención al orden público o a la carga excesiva para el erario público.

La administración belga es otra de las que ha cometido excesos, por ejemplo, el interpretar que la condición de “recursos suficientes a disposición” obliga al ciudadano europeo a disponer individualmente de recursos propios, sin que bastaran los recursos prestados o el aval de un tercero sin vínculo jurídico con el afectado. Esta interpretación restrictiva, compartida también por el Reino Unido e Irlanda, se atajó en una sentencia de TJCE de 2006 (Comisión vs Bélgica, 2006/83), que consideraba suficiente “disponer” efectivamente de recursos, sin importar su procedencia. También la denegación automática de la residencia por no presentar en plazo los documentos acreditativos de “recursos suficientes” se declaró contraria a derecho comunitario, y una vez más, el acento se puso en “la disposición efectiva y real de los recursos”.

España no es quién tampoco para recriminar a otros una transposición deficiente, ya que la suya distó mucho de ser ejemplar. El Tribunal Supremo, en la conocida sentencia de 1 de junio 2010 (BOE de 3 de noviembre 2010) anuló varias disposiciones del Real Decreto 240/2007, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de Estados miembros de la UE y del EEE, por ser contrarias a la Directiva. Entre otras, la exigencia que se imponía a los familiares de un ciudadano comunitario fallecido residentes en España de demostrar recursos suficientes y seguro de salud para mantener su permiso de residencia, requisito éste que la propia Directiva no exigía si llevaban un año residiendo en el país.

Pero entonces -conviene recordarlo-, el Gobierno, aprovechando la modificación que debía hacer del Real Decreto 240/2007 para adecuarlo a la sentencia, utilizó la disposición final quinta del Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes y sostenibilidad del sistema nacional de salud (…) para modificar completamente el artículo 7 del Real Decreto 240/2007, no solo suprimiendo el derecho a asistencia sanitaria, sino afectando de lleno al derecho de libre circulación y residencia en España de los ciudadanos comunitarios sin actividad económica. El derecho de éstos quedaba así también en España, condicionado a que acreditaran “disponer de recursos suficientes” y de seguro de salud propio para ellos mismos y sus familiares, requisito que no existía en la norma de transposición española antes de la modificación. Llama la atención el desatino de haber aprobado este cambio, cuando la población española emigrante es hoy en día precisamente una de las mayores víctimas de este tipo de expulsiones en otros países de la UE.

En resumen, el TJCE ha reconocido que el derecho a libre circulación puede perfectamente restringirse por razones legítimas y objetivas “de interés general”, valoradas discrecionalmente por los Estados miembros, siempre que no sean genéricas o desproporcionadas en relación a la finalidad perseguida, que en este caso no es otra que “la protección del erario público de los Estados miembros” (sentencia Comisión vs Bélgica 2006/83, y Shu y Chen, 2004/303). El TJCE reconoce la discriminación, pero no la considera vulneradora del principio de igualdad de trato entre nacionales y comunitarios residentes si se basa en criterio distinto del de la nacionalidad y es “proporcionada” al objetivo perseguido.

Podríamos preguntarnos cómo consigue el TJCE medir la proporcionalidad de una medida en una situación tan profundamente asimétrica como la que se da entre la carga sufrida por un ciudadano expulsado o rechazado en el país de acogida, y la carga financiera que pudiera repercutir en las arcas públicas del estado de acogida si ese ciudadano recurriese individualmente a la asistencia social, incluso abusando de ella. La situación resulta en sí misma desproporcionada, pero una discusión sobre la ponderación de principios del derecho se traslada inevitablemente al terreno de la política.

Para terminar, se percibe un incremento espectacular del número de expulsiones a ciudadanos comunitarios basadas en falta de recursos suficientes y carga para el estado social a lo largo de los últimos dos años. Creo que antes de buscar una explicación en un recrudecimiento de las normas nacionales de acceso a la residencia en ciertos países, el dato apunta a un crecimiento exponencial del número de emigrantes europeos sin “recursos suficientes”. Lo que hasta ahora afectaba a una minoría tan pequeña que pasaba inadvertida en los medios de comunicación, ahora puede convertirse en fenómeno de masas, sobre todo en países europeos como el nuestro, donde se han aplicado más duramente las políticas de ajuste y los índices de desigualdad social y económica se han disparado como consecuencia.

En fin: si el revuelo causado por la noticia de estas expulsiones trae consigo una mayor consideración social y solidaridad hacia lo que significa ser inmigrante “sin papeles” en Europa, o víctima de una expulsión, sea por discriminación racial, nacional o económica; si hace tomar conciencia de la importancia de reivindicar una ciudadanía europea radicalmente inclusiva, y un derecho universal a la asistencia social, independiente de la situación administrativa de la persona; si nos hace tener más presente el papel crucial que juegan las normas e instituciones europeas en la persistencia de las fronteras geográficas, pero también las sociales y económicas, entonces algo habremos avanzado.

Sara Lafuente.
Abogada e investigadora Centre Métices (ULB)
Proyecto Marie Curie ITN FP7 Changing Employement.

 

 

 

13 de Ene 2014
laconquistadelderecho

El artículo 47 de la Constitución de 1978 estableció unos mandatos muy claros que pueden resumirse en la frase “todos tienen derecho a una vivienda digna, se perseguirá la especulación y la comunidad disfrutará de los beneficios de la acción urbanística”. La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen en sus artículos 25 y 11, respectivamente, el derecho a una vivienda adecuada como parte integrante del Derecho Humano a un nivel de vida adecuado. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena los desalojos forzosos sin alternativa habitacional (sentencia Yordanova y otros contra Bulgaria, 24 de abril de 2012).
 

A pesar de estas solemnes declaraciones, si uno echa la vista atrás a los últimos treinta y cinco años, observará una realidad exactamente opuesta al mandato constitucional. La especulación ha sido y es marca de la casa (#MarcaEspaña), la comunidad no disfruta sino que soporta un urbanismo depredador (cultura del pelotazo), y en cuanto al derecho a la vivienda para todos, permítanme referirme a las tres famosas “D”: desahucios, derribos, desalojos.

 
Sólo en el año 2012, los desahucios de primera vivienda, según datos del Colegio de Registradores, considerados hasta ahora como los más fiables, superaron los 70.000. En el barrio de la Cañada Real Galiana de Madrid, un asentamiento consolidado durante más de cincuenta años y poblado gran parte por migrantes trabajadores de la construcción (qué ironía), el Departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, derribó entre 2007 y 2012 más de un centenar de viviendas sin que conste alojamiento alternativo para las familias. Desde 1995, gracias al Código Penal aprobado por el último gobierno de Felipe González, la ocupación se encuentra penalizada, siendo calificada como delito sin que se prevea legalmente ningún atenuante por situación de “emergencia habitacional”. Familias sin vivienda que ocupan pisos en desuso para poder procurarse un techo, aún tratándose de propiedades de bancos o inmobiliarias, se exponen a un desalojo dentro de un proceso penal por delito de usurpación.
 

La historia del derecho a la vivienda durante los últimos treinta y cinco años es, por tanto, la de un derecho vulnerado sistemáticamente, la de un derecho que a efectos prácticos nunca ha entrado en vigor o, si se quiere, la de un derecho derogado de facto por los poderes políticos y económicos.
 

Mientras tanto, la normativa sobre ejecuciones hipotecarias cuenta con un sistema de máximas garantías, dotado de figuras que blindan la posición jurídica del prestamista en orden a satisfacer la deuda “caiga quien caiga”. Entre tales figuras: el Registrador y el sacrosanto Registro de la Propiedad, el Notario que da Fe y santifica la operación, la Agencia Tributaria que recauda por ella, y desde 1998 el muy cuestionable Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria que “asesoran” a los ciudadanos (aunque actúan bajo convenios de colaboración con Banco Santander y Unión de Créditos Inmobiliarios – UCI).
 

Desde que se aprobó la primera Ley Hipotecaria, en tiempos de Isabel II, las entidades financieras han impuesto y perfeccionado un marco de máxima seguridad jurídica para sus inversiones. El impago de las cuotas conlleva la reclamación del total prestado, incluyendo intereses y costas originadas, lo que aboca a la subasta de la vivienda familiar y al lanzamiento (desahucio). Si la subasta no cubre la deuda, lo que ocurrirá en un 95% de los casos actuales, se perseguirá al deudor por todos los conceptos que no se hayan saldado con la subasta (deuda perpetua). Un sistema realmente expeditivo, un auténtico ajusticiamiento del deudor.
 

El derecho a la vivienda sin embargo, parece pertenecer a un tipo especial de normas que no se aplican, que no son invocables, cuya vulneración no tiene consecuencias. Aún hoy, alegar el derecho a la vivienda en un procedimiento de ejecución hipotecaria resulta irreverente para el sistema judicial.
 

En noviembre de 2012, la Comisión Jurídica de la PAH elaboró un escrito-tipo para intentar frenar los desahucios ante las conclusiones que la abogada general del TJUE (Sra. Kokott) había hecho públicas sobre la ilegalidad de las ejecuciones hipotecarias españolas. Dicho escrito alegaba, entre una batería de argumentos jurídicos, la violación del derecho a la vivienda. Fue presentado por centenares de afectados en juzgados de todo el país. El Juzgado de Primera Instancia nº 32 de Madrid, inconmovible guardián de la ley, rechazó las peticiones de suspensión en los siguientes términos: “No cabe negar trascendencia al derecho a la vivienda reconocido en el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 47 de nuestra Constitución, (…) mas no es admisible una invocación abstracta de ese derecho contraria a las normas que regulan este procedimiento, sin olvidar que la Constitución también garantiza la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, así como otros derechos que afectan a otros intervinientes en la ejecución, incluso con mayor intensidad que el derecho a una vivienda digna, tales como propiedad, tutela judicial efectiva proscripción de la indefensión.
 

Aquella respuesta, repetida en cientos de procedimientos en Madrid, resume y condensa una de las ideas de este artículo: que el procedimiento subordina, somete, a la norma sustantiva, vaciándola de contenido. Que lo que importa es el proceso, no el resultado. ¿Cómo se atreven esos desahuciados a alegar el derecho a la vivienda? Que sus letrados vuelvan a la facultad. ¡Indocumentados!
 

El contraste entre la regulación del derecho a la vivienda y la de las ejecuciones hipotecarias descubre quién es el verdadero sujeto de derecho en nuestro país. La que llaman Carta Magna de 1978 no ha sido capaz de constitucionalizar las ejecuciones hipotecarias, sino que al contrario, ha sido el poder financiero y sus aliados políticos quienes han convertido en ineficaz el derecho a la vivienda reconocido en la Constitución.
 

En este escenario, en el año 2013, la acción combinada de una movilización social sin precedentes (Iniciativa Legislativa Popular con un millón y medio de firmas) y de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han forzado al Gobierno a realizar la reforma de mayor calado en el sistema en casi dos siglos: la posibilidad de ejercer una defensa mínima del ejecutado dentro del proceso, que ahora puede alegar la presencia de “cláusulas abusivas” en su hipoteca. Esta leve modificación permite que los Juzgados de Primera Instancia estudien, aunque sólo sea a efectos de ejecución, las cláusulas del contrato de hipoteca, lo que a su vez está provocando una avalancha de pronunciamientos judiciales sobre condiciones abusivas que revela una práctica generalizada de abuso por parte de las entidades financieras. En última instancia, la idea de que existen responsables a quiénes enjuiciar, aparece cada vez con más claridad en el imaginario colectivo.
 

El ordenamiento jurídico refleja en buena medida la relación de fuerzas existente en cualquier sociedad. Las ejecuciones hipotecarias ya no son lo que eran, y el Derecho a la Vivienda parece que puede ser. Buen camino recorrido, mucho más por recorrer. Ahora es cosa de nosotros, que también somos poder. Poder constituyente.
 

Javier Rubio.
 
www.caesasociacion.org
 
 
 

07 de Ene 2014
laconquistadelderecho

Este “mandamiento” es el que mejor puede definir el Anteproyecto del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz- Gallardón, denominado “Ley Orgánica de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada”, por ese orden.

Leyendo la Exposición de Motivos de este Anteproyecto resulta evidente qué es lo que esta ley pretende proteger: el “derecho a la vida” del concebido, el cual considera, de manera novedosa y obviando lo dispuesto en la Constitución, como “un valor superior del ordenamiento jurídico”. Este “valor superior” entra en conflicto con otros valores “de muy relevante significación”, y aquí es donde están los derechos de la mujer embarazada, que según resulta de la redacción del Anteproyecto se encuentran por debajo de los del concebido.

Sin embargo, este texto obvia normativa relevante y fundamental para esta regulación, tanto a nivel interno como internacional.

A nivel interno, ni el concebido tiene personalidad jurídica (art. 30 del Código Civil), ni se puede considerar que los no nacidos sean “titulares del derecho fundamental a la vida que garantiza el artículo 15 de la Constitución” (STC 116/1999)

A nivel internacional, encontramos que esta ley contradice, entre otras:

  • El art. 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer -CEDAW-, ratificada por España en 1984, que se refiere expresamente a la planificación familiar, como uno de los servicios de atención médica a los que tiene derecho a acceder la mujer en condiciones de igualdad.
  • El Acuerdo de la Plataforma de Acción de Beijing tomado en la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer celebrada en 1995, que establece que «Los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia»
  • La STEDH de 20 de marzo de 2007, en la que se refiere el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la necesidad de reforzar la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, y, en la que se afirma que, «en este tipo de situaciones las previsiones legales deben, en primer lugar y ante todo, asegurar la claridad de la posición jurídica de la mujer embarazada» y, por otro lado, que «una vez que el legislador decide permitir el aborto, no debe estructurar su marco legal de modo que se limiten las posibilidades reales de obtenerlo».
  • La Resolución 1607/2008 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa afirmó el derecho de todo ser humano, y en particular de las mujeres, al respeto de su integridad física y a la libre disposición de su cuerpo y, a que la decisión última de recurrir o no a un aborto corresponda a la mujer interesada invitando a los Estados miembros a despenalizar el aborto dentro de unos plazos de gestación razonables.

La Exposición de motivos hace una interpretación interesada del contenido de la STC 53/1985. Esta Sentencia lo que establece son principios que han de considerarse a la hora de regular la interrupción voluntaria del embarazo, y dice que se han de de «ponderar los bienes y derechos en función del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es posible o, en caso contrario, precisando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia de uno de ellos», de hecho esta sentencia se utiliza para justificar tanto este Anteproyecto como la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo del año 2010 (la ley vigente)
 

Dado que el umbral de la viabilidad fetal se sitúa en torno a la semana 22 de gestación (por consenso generalizado entre médicos), una “ponderación de bienes y derechos” ajustada a los tiempos y en consonancia con las regulaciones de nuestro entorno, nos llevaría a una legislación de interrupción voluntaria del embarazo de plazos (la que tenemos actualmente en España desde el año 2010), y no de supuestos, como es el presente Anteproyecto.

En los países europeos predomina una regulación de plazos, estableciéndose en la mayoría de los casos el aborto libre hasta unas determinadas semanas, permitiéndose por ejemplo el aborto en las primeras 12 semanas en Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Grecia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Suiza, Lituania y República Checa. Solo Malta y Andorra consideran ilegal el aborto, y una minoría de países, entre los que se encuentra, Irlanda, Polonia, Reino Unido y Finlandia, abogan por una legislación de supuestos. Sin embargo, tanto Reino Unido como Finlandia incluyen como supuesto de despenalización circunstancias socioeconómicas, supuesto que no se contempla en el Anteproyecto, a pesar de las dificultades económicas que están atravesando millones de familias en nuestro país.
 

El presente Anteproyecto, además de eliminar el derecho de la mujer embarazada a abortar en las primeras 14 semanas, impone una legislación de supuestos más restrictiva que la del año 1985, al pasar de tres supuestos (año 1985) a dos (Anteproyecto), eliminándose además la despenalización del aborto por anomalías del feto y endureciéndose los requisitos para abortar por “grave peligro para la salud física o psíquica de la madre”. A continuación exponemos en un cuadro comparativo la regulación que hemos tenido en distintos momentos:
 
 

  Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del art 147 bis del Código Penal Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo Anteproyecto de la “Ley Orgánica de protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada”
¿Cuándo se podrá abortar y con qué requisitos? Se despenaliza el aborto en 3 supuestos:
1-Grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la embarazada
Se necesita 1 dictamen de médico distinto al que practicará la intervención.
2- Violación (en las 12 primeras semanas)
3- Graves taras físicas o psíquicas del feto (en las 22 primeras semanas)
Se necesitan 2 dictámenes de 2 médicos distintos del que practicará la intervención.
 
La mujer embarazada puede decidir abortar 3 días después de haber sido informada de las consecuencias y ayudas a la maternidad, sin alegar causa y en las 14 primeras semanas.
Además, se despenaliza el aborto dentro de las 22 primeras semanas cuando:
1- Grave riesgo para la vida o salud de la embarazada.
Se necesita 1 dictamen de médico distinto del que practicará la intervención.
2-Casos de anomalías fetales:
- Graves anomalías en el feto. Se necesita 1 dictamen de 2 médicos distintos al que practicará la intervención.
- Anomalías fetales incompatibles con la vida + 1 informe de médico que no practique aborto
- Enfermedad extremadamente grave e incurable en el feto + confirmación de Comité Médico
Se despenaliza el aborto en 2 supuestos:
1-Grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la embarazada (en las 22 primeras semanas)
Se necesitan 2 dictámenes de 2 médicos distintos al que practicará la intervención y que no trabajen en el mismo centro de salud donde se practicará la misma.
Se exigen 2 informes incluso cuando el feto presente una anomalía incompatible con la vida: 1 informe sobre el estado de la embarazada y otro sobre la viabilidad del embrión.
2- Violación (en las 12 primeras semanas)
 
La mujer embarazada esperará 7 días desde el momento en que es informada de las consecuencias y ayudas a la maternidad hasta el aborto.
Aborto para las mujeres menores de edad Necesitarán el consentimiento de sus padres/tutores Entre 16 y 17 años: decidirá la embarazada + informar a un padre/tutor de la decisión Menores de 16 años: necesitarán consentimiento de padres/tutores
Entre 16 y 18 años: necesitarán asentimiento de padres/tutores

 

Este Anteproyecto priva a la mujer de la capacidad de decidir sobre su planificación familiar, sobre su maternidad y sobre su cuerpo, convirtiéndose la posibilidad de abortar en una carrera de obstáculos, incluso cuando el feto presente malformaciones que impidan el desarrollo de una vida digna de ser humano. Nos encontramos con que el sistema sanitario permite el diagnóstico temprano de patologías fetales las cuales parece que sólo se comunicaran a efectos informativos (en este sentido ha criticado el Anteproyecto la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal)

Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la ONU han apuntado que prohibir el aborto en los casos de malformación fetal grave supone un “trato cruel, inhumano y degradante para la mujer”. De hecho, el CDH se ha pronunciado contra varios países por vulnerar los derechos humanos de mujeres a quienes no permitió interrumpir el embarazo por anomalías fetales graves.

 
Otra novedad es que este Anteproyecto regula la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios “que participen o colaboren” en la intervención, ampliándose el tipo de profesionales que pueden acogerse a esta objeción, ya que la redacción abarcaría no sólo a los médicos o anestesistas, sino también a personal administrativo, celadores, etc. Este punto supone un cambio respecto a la regulación del año 2010, que preveía la objeción de conciencia a profesionales sanitarios “directamente implicados” en la intervención. Pese a encontrar una regulación detallada de la objeción de conciencia, no encontramos regulación alguna referida a la salud sexual y reproductiva o a la educación sexual.

 
Por otra parte, el Ministro de Justicia, utilizando frases como que “la mujer es víctima y no culpable del aborto”, decide despenalizar la conducta de la mujer embarazada que aborte fuera de los supuestos previstos (actualmente para estos casos se prevé una multa de 6 a 24 meses), quedando dicho aborto solo castigado penalmente para los profesionales sanitarios. De este modo, resultarán inimputables en el Código Penal las personas que actúen sin voluntad ni conciencia, y las mujeres cuando aborten fuera de los restrictivos supuestos del Anteproyecto.
Esto evidencia la concepción que el Gobierno tiene de las mujeres, como personas que ni pueden decidir sobre su maternidad y su planificación familiar, y considerando que cuando lo hace, lo hace “sin conciencia ni voluntad”.

 
El presente Anteproyecto nos situaría en tiempos preconstitucionales, obedece claramente a la ideología machista, patriarcal, paternalista y retrógrada de este Gobierno y del Ministro de Justicia en particular, una reforma pedida por la Conferencia Episcopal y el sector más conservador de la derecha española.

No es cierto que desde la aprobación de la LO de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo del año 2010 el número de abortos haya aumentado, sino que los datos demuestran lo contrario:

  • Sólo un 3,2% de las mujeres que han abortado desde la entrada en vigor de la ley del 2010 tenían 16 o 17 años, según un Informe de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI)
  • Los abortos se redujeron un 5% en el año 2012 según el Informe Anual del Ministerio de Sanidad, cifras confirmadas por ACAI.

Por ello, no encontramos otra justificación más que la ideológica, la que tiene este Ministerio y este Gobierno de la sociedad y de las mujeres.

Es mejor una ley de plazos como la que actualmente tenemos, ya que, además de estar en consonancia con la evolución de la sociedad, con las regulaciones mayoritarias de los países de nuestro entorno y con la normativa internacional, garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones adecuadas de salubridad, el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad (respetando el derecho del concebido cuando éste tiene “viabilidad” médica), y evita situaciones de inseguridad jurídica como la que generará este Anteproyecto a los profesionales sanitarios.

Se pudo comprobar en España lo que una legislación como el presente Anteproyecto va a suponer: que las mujeres adineradas vayan a abortar al extranjero mientras las mujeres con dificultades económicas aborten en condiciones insalubres en la clandestinidad, o con remedios caseros. La ley actual no obliga a ninguna mujer a abortar, solo protege su derecho a decidir.
 

Para finalizar, no podemos pasar por alto las declaraciones de Alberto Ruiz Gallardón relativas a que la ley es para proteger “a los más débiles, los concebidos y no nacidos”. Estas declaraciones, viniendo de un Gobierno cuyos recortes están afectando especialmente a los más débiles (enfermos, pensionistas, etc) es cuanto menos hipócrita, y en lo que al Ministro le afecta directamente: la ciudadanía hubiera agradecido que el Ministro pensara en los “más débiles” ya nacidos antes de aprobar una Ley de Tasas que ha dejado sin acceso a la justicia a muchas personas sin recursos económicos.

Silvia Yáñez

Abogada

30 de Dic 2013
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La escena yo me la imagino así: cada viernes en La Moncloa, en un momento determinado de la sesión del Consejo de Ministros, hacen pasar a la sala a unos ujieres. Estos ujieres llevan en sus brazos unas togas blancas y unas coronas de laurel que ponen a cada uno de los ministros y al Presidente del Gobierno que, así disfrazados, y una vez los ujieres han salido de la sala, proceden a votar con rictus serio y el dedo pulgar arriba o abajo cuáles son los indultos que conceden y cuáles los que no de los propuestos durante la semana.

 

Soy consciente de que la imagen que planteo puede no ser cierta y que sencillamente el indulto sea uno más de los distintos trámites que se cumplen en un Consejo de Ministros cada semana y no requiera más que unas breves palabras; pero el dedo pulgar, la corona de laurel, el rictus serio y la toga blanca son la imagen del referente moral y ético más inmediato que los gobiernos del S. XXI tienen respecto del indulto: el césar en el coliseo decidiendo si un gladiador vuelve a las celdas o termina como aperitivo de los leones.

 
Todo esto viene a cuento de la anulación del Tribunal Supremo del indulto concedido a un señor condenado a 13 años de cárcel por un delito de conducción con grave desprecio a la vida de los demás, en concurso ideal con un delito de homicidio, un delito de lesiones, una falta de lesiones y una de daños: había conducido 5 kilómetros en dirección contraria a gran velocidad hasta provocar un accidente en el que falleció una persona y resultó herida otra. Las circunstancias de este indulto han tenido gran publicidad: tanto las asociaciones de afectados por accidentes de tráfico como la familia del fallecido han logrado acceder a los medios de comunicación y denunciar que el indulto se ha producido apenas seis meses después de la entrada en prisión del condenado, que se realiza contradiciendo la supuesta estrategia gubernamental de “mano dura” con los causantes de accidentes de tráfico, y que el abogado defensor del condenado forma parte de la plantilla del mismo despacho de abogados en el que trabaja el hijo del Ministro de Justicia. Me van a permitir dudar de esta última afirmación, no tanto porque este gobierno haya sido probo en momento alguno de la legislatura con el tráfico de influencias, como porque el despacho de abogados al que se refieren los medios de comunicación es y ha sido siempre muy poderoso y esa capacidad de influencia se le presume independientemente de si alguno de los miembros de su plantilla es hijo o hermano de algún miembro del Gobierno.

 
Del contenido de la anulación del Tribunal Supremo aún no se sabe nada por uno de esos desastres que han acechado a este Gobierno en los distintos momentos de la legislatura. Resulta que había sido designado como ponente de la sentencia el magistrado Carlos Lesmes, según todo el mundo candidato favorito de Alberto Ruiz Gallardón para presidir el propio Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Cuál habrá sido su sorpresa cuando, al someter su propuesta de Sentencia al Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, ha perdido la votación: 17 miembros de la sala han sido favorables a validar el indulto mientras que 19 se mostraron en contra, en una decisión histórica, porque es la primera vez en que un órgano jurisdiccional tumba completamente un indulto. Por eso la Sentencia aún no tiene cuerpo: tienen que designar a un nuevo ponente entre la mayoría.
  
 
Tampoco es la primera vez que un gobierno genera polémica con un indulto. Bien al contrario casi podría decirse que es uno de esos eternos retornos a los que estamos tan acostumbrados: Liaño, los mossos torturadores, los condenados del Caso Marey, o por el Yak 42 y Alfredo Sáenz son otros de los muchos ejemplos de los indultos que saltan durante algunos días a los medios de comunicación, hacen que tertulianos de distinto pelaje se rasguen las vestiduras y se mesen el cabello, alternativamente y en función de sus filias y fobias políticas, para después dar carpetazo al asunto hasta el siguiente indulto, donde toda la rueda polémica que afecta a esta figura comenzará de nuevo su círculo cerrado de peregrinaje.

 
Procede ahora, por tanto, aunque sólo sea para estar a la moda con el resto comentaristas de la actualidad revisar la figura del indulto, que, por si no ha quedado claro es, según la norma de referencia que lo valida (que data nada menos que de 1870), una medida de gracia. Es decir, que desde el punto de la imaginación simbólica del estado de derecho es un acto lamentable: el Rey, a propuesta del Consejo de Ministros y refrendado por el Ministro de Justicia, indulta a uno de sus súbditos legitimado por la directa tradición medieval fundada en el derecho divino del monarca (y escrito en el artículo 62 de la Constitución). Una medida de gracia, subrayo, en la más alta tradición del paternalismo político de colleja y zanahoria. Una medida de gracia, insisto después de subrayar, exactamente igual que cuando el presidente de Estados Unidos decide, en el día de Acción de Gracias, indultar a un pavo. Eso es en lo que nos convertimos cuando somos indultados: en pavos.

 
Por ahondar un poco más en el concepto del estado de derecho, que es uno de esos términos que sirven igual para un roto que para un descosido, la separación de poderes, que desde el plano teórico podría parecer consustancial a éste, queda absolutamente quebrada en los indultos porque son una medida decidida por el poder ejecutivo (que reside en el Consejo de Ministros) sobre las decisiones tomadas por el poder judicial que son firmes. Es más, si bien en la tramitación del indulto es obligatorio que recabe un informe al respecto del órgano judicial sentenciador, este informe no es vinculante. Esto molesta particularmente a las asociaciones de jueces, que se han manifestado constantemente en contra de esta figura por interceder en sus capacidades y funciones de forma espuria. Desgraciadamente está por ver que ellos decidan dejar de hacer política en sus sentencias, si bien eso es materia para otro post.

 
También, como prueba de la discrecionalidad del ejecutivo en esta materia, los indultos no requieren de motivación alguna: sencillamente se conceden y ya. La Constitución sólo pide que no sean generales y la Ley de Gracia apenas exige que ya hayan sido condenados, que no estén a disposición del Tribunal y que no sean reincidentes, e incluso en este último caso establece la excepción de la existencia de razones de “justicia, equidad o conveniencia pública”. Es decir, carta blanca. O, mejor dicho, el pulgar arriba o el pulgar abajo como forma de razonamiento acerca de la responsabilidad jurídica de las personas por sus delitos.

 
Claro, ese pulgar que se levanta o que se baja podemos considerar que está movido por razones altruistas, por razones populistas o por razones de interés personal, que son los tres músculos primarios del político. Dilucidarlo es difícil, toda vez que no existe motivación alguna de los indultos, porque la Ley no se lo exige al ejecutivo. Más aún si se considera la opacidad que hay respecto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y la propia ausencia de registros que hay en el propio Ministerio de Justicia. Si se quiere realizar una investigación sobre los indultos, la única forma posible de hacerla es mediante la cuenta de la vieja: hay que leerse uno a uno los BOE y los Reales Decretos para determinar cuántos son los indultos que se realizan anualmente y sobre qué materias; y acudir a las diferentes comparecencias de los Ministros de Justicia en el Congreso, en las que si hay suerte sueltan algún dato.
 
 
Los informes que se han realizado sobre el indulto muestran que la mayor parte se conceden sobre lo que podríamos denominar como delitos comunes y no demasiados graves: tráfico de drogas, estafas, robos, etc. Este parecería ser el argumento fundamental a favor de la causa del indulto: se conceden a individuos cuyas condenas son más altas de lo que deberían respecto de la gravedad de los hechos cometidos.

 
Sin embargo el que la mayor parte de los indultos sean contra delitos leves no debe inducirnos a confusión, dado que proporcionalmente son los que mayor número de condenados tienen. Bien al contrario creo que en caso de que se analicen (por ejemplo) los indultos de los condenados por torturas respecto de los condenados totales por torturas, daría unos resultados sorprendentemente superiores, proporcionalmente, a los de todo el resto de delitos. Se demostraría así una determinada intencionalidad en el uso del indulto por parte del gobierno, incentivando la sensación de impunidad que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta argumentación es extensible a otros tipos de delitos sobre los que también hay indultos que resultan polémicos: los de guante blanco, los delitos contra el patrimonio ecológico, los delitos electorales o la prevaricación. De hecho se han presentado iniciativas legislativas para volver a regular el indulto, con expresa exclusión de algunos tipos de delito (como los mencionados en la frase anterior) de su ámbito de aplicación. Que el Gobierno haya declarado que no tiene intención de modificar su regulación refuerza la tesis de este artículo: que pretende mediante el indulto hacer y deshacer al antojo de su conveniencia, independientemente (por usar su propia retórica) de “las reglas del juego” o, por usar una retórica más nuestra, de la consideración de justicia que el común tengamos.
 
 
Esa manía de control sobre todo y todos y la sensación de que el Gobierno quiere tener la última palabra independientemente de las más básicas consideraciones sobre el Estado de Derecho y la separación de poderes, son las razones que llevan a este artículo a posicionarse en contra del indulto y su regulación actual. Y lejos queda del espíritu del mismo desear grandes condenas, o rigidez a la hora de aplicar mismas: bien al contrario cualquier medida tendente a rebajar la criminalización es del todo deseable. Sin embargo, y para el indulto, eso exigiría gobernantes responsables, dispuestos a limitar su margen de acción o a justificar públicamente sus decisiones, y criterios razonables y éticos a la hora de indultar. Requeriría, en fin, que no creyeran que el indulto procede de su gracia, sino de un concepto de justicia que nos es común a toda la ciudadanía.

Nacho Trillo

@laredjuridica

23 de Dic 2013
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Partimos en este artículo de una premisa básica: la venta de participaciones preferentes a pequeños ahorradores por parte de una gran cantidad de entidades financieras (y otras empresas no financieras) ha sido una estafa, en su más estricto sentido penal de acto que provoca, mediante un engaño premeditado y anterior, que un tercero realice una disposición patrimonial en beneficio de dicho engañador. En nuestro caso, los órganos de administración de algunas cajas de ahorros y bancos, desesperados por obtener un capital que no llegaba por parte de inversores institucionales (inversores profesionales y especializados), decidieron de forma deliberada captar este dinero de sus propios clientes vendiéndoles un producto financiero de alto riesgo, transmitiéndoles sin embargo una falsa naturaleza del producto y una también falsa apariencia de estabilidad y robustez de la entidad que garantizaba estas participaciones preferentes.

 

Por supuesto que el Estado no fue ajeno ni imparcial en este engaño masivo; colaboró necesariamente a través de una negligente supervisión, tanto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores al no controlar la forma de comercialización de las emisiones de las preferentes, como por parte del Banco de España al no vigilar la verdadera situación financiera de los bancos y cajas que las respaldaban.

 

Los resultados son ya conocidos: Más de 600.000 afectados han visto su dinero congelado o convertido en acciones con un valor muy inferior al inicial. Cierto que habrá preferentistas que conocieran los riesgos y hayan perdido en la ruleta de los mercados financieros, pero a tenor de las noticias que nos desbordan cada día (ventas de preferentes a ancianos que no sabían leer ni escribir, a bebés, a menores, a enfermos de alzheimer, etc.) y de las copiosas sentencias judiciales condenando a las entidades, podemos constatar que una proporción altísima de ellos no contaban con la cualificación o conocimientos suficientes ni para comprender el riesgo al que se exponían ni para analizar críticamente la situación económica real de las entidades garantes.

 

Uno esperaría que el Estado, por su imperativo esencial de protección de los ciudadanos cuya voluntad le legitima y por la ingente capacidad técnica y humana del que le hemos dotado precisamente para hacer frente a aquellas situaciones que un ciudadano en solitario no puede afrontar, hubiera encabezado la lucha para obtener tanto la restauración de los derechos de los afectados (recuperar su dinero) como para investigar y llegado el caso sancionar a los responsables si así se apreciara. Pero su papel no ha podido ser más decepcionante, por parcial; en lugar de proteger a sus ciudadanos y dar respuesta pública efectiva a esta situación, ha optado por emplear su vasto poder para difuminar las responsabilidades personales, políticas y penales de estos miembros de los Consejos de Administración de las cajas y bancos que diseñaron y aprobaron la campaña de venta masiva de productos de alto riesgo a ciudadanos legos en finanzas. No hay más que ver su respuesta a esta exigencia de justicia:

 

A) Los organismos supervisores, CNMV y Banco de España, han ocultado sistemáticamente información de relevancia fundamental para acreditar este engaño, negando incluso a los Tribunales que se lo pedían poseer dicha información. Es el caso de la clase de inversores (minoristas o institucionales) que acudieron a la mayor emisión hecha por Caja Madrid, en 2.009, que la CNMV había aducido en varias ocasiones desconocer pese a ser pedida expresamente por la Audiencia Nacional y que finalmente hemos conocido mediante un chivatazo que confirmó lo que todos sospechábamos: Que el 99% de las preferentes de esta emisión, hecha sin publicidad de ningún tipo, fueron vendidas a particulares y pequeñas organizaciones, no a clientes profesionales. O el caso del Informe secreto de la CNMV acerca de las malas prácticas en que incurrieron numerosas cajas.

 
 

B) La Fiscalía General del Estado ha puesto innumerables trabas a la investigación por la vía penal de estas ventas, rechazando y recurriendo por sistema la admisión de las querellas presentadas. El Ministerio Fiscal no considera necesario investigar autónomamente si estos hechos pudieran ser constitutivos de delito, pese a la increíble magnitud de los afectados (más de 600.000 personas, de las cuales un 80% aproximadamente tiene más de 65 años), la magnitud de los daños (más de 12.500 millones de euros en inversiones), la extraña casualidad/causalidad de que la mala praxis a la hora de vender y hacer cases fuera asombrosamente común en muchas entidades ni, como acabamos de saber, hasta el propio ex-Presidente de Caja Madrid coqueteara en su momento con la naturaleza engañosa de la emisión. Para el Ministerio Fiscal esta venta de preferentes fue, como mucho, solo una pieza más de la salida a bolsa de Caja Madrid y solo puede investigarse en ese procedimiento, el cual avanza notablemente más lento que cualquier causa presentada por particulares.

 

Esta resistencia a investigar con efectividad, y en su caso imputar, es particularmente reprobable en este caso, pues el Ministerio Fiscal, con sus recursos y conocimientos, es de los pocos entes con capacidad real para desmontar el blindaje con el que se arman entidades tan grandes y poderosas como bancos y cajas para ocultar sus propios delitos, blindaje imposible de perforar cuando eres un mero ciudadano (aunque existan excepciones como el heroico, inteligentísimo y tenaz trabajo de la Plataforma 15MpaRato).

 

C) En mayo de este año el Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros son elegidos por las Cortes Generales, nombró como Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo al hasta entonces Director de la Asesoría Jurídica de La Caixa, Sebastián Sastre Papiol. El mayor experto en productos financieros del Tribunal que en un futuro próximo sentará jurisprudencia acerca del estándar de transparencia exigible a bancos y cajas a la hora de vender participaciones preferentes ha trabajado en la banca desde el año 69 hasta el 2.013.

 

D) Y finalmente llegamos a la medida estrella del Gobierno para satisfacer a los afectados: Los arbitrajes ad hoc. Como una suerte de entes parajudiciales, paralelos a los tribunales civiles, el Estado ha creado e impulsado unos mecanismos específicos para resarcir a los afectados, descongestionar los juzgados y, muy específicamente, acotar la responsabilidad de las entidades al puro ámbito monetario. Que la Caja pague y nos olvidemos del temita de marras. Así, si nos centramos, por cercano a mí, en el arbitraje de Caja Madrid/Bankia, nos encontramos con características escandalosas, instauradas y santificadas por el propio Gobierno, que contravienen nuestro propio ordenamiento:
 

  1. El arbitraje permite expresamente transar sobre materias indisponibles para las partes, como son los contratos suscritos por menores e incapaces sin sus representantes. Estos contratos son nulos por ley por falta absoluta de consentimiento y cualquier tribunal debería así declararlo, obligando a las partes a devolverse recíprocamente lo entregado: El banco el dinero y el ahorrador los títulos de las participaciones más los intereses, pues no puede incumplirse un contrato que nunca llegó a nacer. Más hete aquí que ahora un arbitro puede entrar a resolver si esa compra de preferentes fue válida o no y, lo que es más grave, cuál va a ser la suma que cobre finalmente el preferentista.
     
  2. Se seduce a los preferentistas más necesitados con el argumento de que el arbitraje es rápido y gratuito pues no necesita abogados, pero se omite mencionar que Caja Madrid tiene un departamento jurídico más grande que el 99% de los despachos de abogados de este país y que lleva años estudiando cómo defenderse de estas acusaciones.
     
  3. El Experto “independiente” nombrado por Bankia y el Gobierno, a través del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria, para decidir qué preferentistas pueden acudir a este arbitraje y qué cuantía máxima pueden reclamar (siendo el máximo el capital invertido) es la auditora KPMG, cuyo departamento jurídico defendía a Bankia en los pleitos por preferentes 24 horas antes de su nombramiento. El conflicto de interés latente entre ser parte en un asunto un día y ser experto independiente e imparcial en ese mismo asunto el siguiente es evidente. 
     
  4. Este arbitraje tiene unos criterios concretos para poder acceder a él, en función de las características del ahorrador (edad, estudios, etc.), la cuantía de la inversión, la documentación disponible... Si el experto “independiente” entiende que no cumples dichos criterios deberás acudir a la vía judicial civil y pagar tasas, abogado, procurador y esperar años a la resolución definitiva.

 
Todas estas iniciativas públicas nos muestran sin duda la falta de voluntad del Estado de investigar o sancionar a los responsables de la venta de participaciones preferentes. El Estado ni quiere investigar ni quiere que otros lo hagan. Quiere diluir el abuso y reducirlo a una mera cuestión económica. 
 

Al acotar las posibles vías de reclamación el Estado ha hecho una dejación inaceptable de funciones y ha cargado sobre los hombros de cada ciudadano la responsabilidad que le correspondería asumir como representante de estos. Ahora los ciudadanos nos enfrentamos a un forzado dilema: U optamos por el largo y costoso peregrinaje judicial pagando tasas judiciales, abogados y procuradores o escogemos el parcial y selectivo arbitraje. Y si eres preferentista de Bankia aun te queda otra opción más dolorosa: Vender las acciones por las que te canjearon las preferentes por un valor notablemente inferior al que pagaste.
 

El Estado es cómplice, en definitiva, de que una de las mayores estafas de este país pase a la historia como una operación financiera fallida más, como un simple gaje del negocio bancario especulativo.

 

Alejandro Gámez Selma.
Abogado

 

16 de Dic 2013
laconquistadelderecho

El 3 de diciembre murió  en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zona Franca (Barcelona) Aramis Manukyan,  ciudadano de nacionalidad Armenia. Según las autoridades su fallecimiento se debió a un suicidio, mientras que diversas entidades han recogido el testimonio de varios internos que contradicen la versión oficial y además afirman que Aramis fue agredido por los funcionarios de policía en las horas previas a su supuesto suicidio. Dos de estos testigos presenciales fueron inmediatamente deportados. Este fallecimiento sumado a  las recientes muertes de la ciudadana congoleña Samba Martine  en el CIE de Madrid y la de Idrissa Diallo joven de 21 años nacido en Guinea-Conakry también  en el CIE de Barcelona, así como las numerosas denuncias de malos tratos  ponen de manifiesto que el internamiento de inmigrantes sin papeles,  previsto en La Directiva de la Vergüenza y en la Ley de Extranjería es una de las realidades  más tenebrosas y que más tensiona hoy día los principios básicos del Estado de Derecho.

La respuesta de las autoridades a estas muertes y a las denuncias de torturas y malos tratos es la de intentar ocultar y obstruir las investigaciones expulsando lo antes posible a los testigos presenciales. Tanto la normativa interna y los Tratados Internacionales como la jurisprudencia del  Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) establecen  que las autoridades están obligadas a investigar  hechos denunciados y  perseguir y juzgar a las personas responsables. Esta obligación de investigar implica que el Estado debe ofrecer no sólo un procedimiento accesible para las personas o entidades  que denuncien, sino también un sistema de justicia efectivo. Además el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del TEDH  imponen  a los Estados miembros de la Unión Europea obligaciones positivas de proteger contra la tortura o penas o tratos inhumanos o degradantes y, sobre todo, en relación con personas en situación vulnerable como son los internos de los CIEs. Del mismo modo, las garantías de una investigación en condiciones imponen una obligación negativa a los Estados de no expulsar, deportar o extraditar a las personas que presenciaron los hechos.

Pues bien, en el caso de la muerte de Aramis Manukyan las autoridades  no sólo no facilitan ni promueven  el proceso de investigación de un hecho tan grave, sino que se apresuran a expulsar a los testigos presenciales claves en la investigación. A este respecto los juzgados de control del CIE deberían jugar un importante papel, en primer lugar tomando declaración lo antes posible a los testigos para preconstituir prueba y en segundo lugar evitando las expulsiones.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya ha condenado al  Estado Español por obstruir y dificultar investigaciones dentro de los CIE en  Agosto de 2012. Los hechos que motivaron esta condena fueron una agresión de la Policía a Adnam El Hadj que fue internado en el CIE de Aluche. El 8 de mayo de 2012 varios policías se presentaron en la celda donde se encontraba internado Adnam el Hadj para ejecutar la expulsión de su compañero de celda, un compatriota. Tras despedirse de su compañero, Adnam el Hadj llamó racistas a los agentes, que procedieron a esposarle, atarle las piernas y arrastrarle agarrándole del pelo hasta conducirle a los bajos de una escalera situados en una zona gris del sistema de video control del CIE, donde le obligaron a arrodillarse y le golpearon. Mientras le agredían, los policías le decían: “Vienes a España a comer gratis. Te vas a largar y que te den de comer en tu país, moro de mierda”. De vuelta a la celda, los policías hicieron salir al resto de internos y golpearon de nuevo a Adnam el Hadj. Tras la paliza, el servicio médico del CIE realizó un parte médico que certificaba múltiples contusiones y golpes, ordenando el traslado de Adnam al hospital 12 de Octubre. Pero Adnam nunca fue trasladado al Hospital, ni tampoco se ordenó un reconocimiento médico-forense ni se tomaron fotografías de las lesiones. La expulsión de Adnam, prevista para días posteriores, se ejecutó ese mismo día 8 de mayo, a raíz del escándalo que se produjo en el CIE y con el objetivo de que la denuncia no prosperase.

Es una obligación del Estado y de la Justicia llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación de la muerte de Aramis Manukyan  y depurar todas las respon­sabilidades de aquellas personas y funcionarios/as que tengan responsabilidad en los hechos. De quedar impune esta muerte que avergüenza a toda nuestra sociedad, no pasará mucho tiempo antes de que se produzca otra desgracia tras estos muros de la ver­güenza.

Esta nueva y trágica muerte constata que los CIE son auténticos agujeros negros del Derecho y su mera existencia y  funcionamiento favorecen la vulneración sistemática de los derechos de la población migrante sin papeles. Por tanto,  los CIE deben desaparecer tanto en España como en los demás Estados miembros de la Unión Europea.

 
Lluc Sánchez Bercedo
Abogado

09 de Dic 2013
laconquistadelderecho
Pasado el día de la Constitución nos parece bueno recordar que la fuerza normativa de las constituciones representa siempre un problema lógico. A todos nos han enseñado como axioma que la Constitución española de 1978 (CE’78) es una norma jurídica vigente y aplicable, no una mera declaración de principios no vinculante. Sin embargo, ni siempre ha sido así ni es obligatorio que su aplicación como norma jurídica se mantenga. De hecho, la madrugada del 28 de noviembre de 2013 en varios domicilios de Madrid no hubo constitución aplicable y poca gente se ha escandalizado.
    

El problema lógico de las constituciones es el siguiente: una norma no puede obligarte a cumplir esa misma norma. Las reglas del tenis solamente son obligatorias si aceptas jugar al tenis. Si decides jugar a algo diferente y no seguir todas las normas del tenis, estás jugando a otra cosa ‑con raquetas, pelota y red‑ y no pasa nada: es solo un juego diferente. Algo parecido le pasa a las constituciones. Toda norma jurídica necesita un mandato superior que respalde su eficacia. En el caso de las leyes, ese mandato viene de la constitución. Sin embargo, la obligatoriedad de la propia constitución, al ser la norma superior del sistema, depende de la existencia de una costumbre social generalizada que sea favorable a cumplirla. Es necesario que la sociedad a la que se dirige la Carta Magna decida jugar al tenis en vez de jugar a otra cosa. 
 

Esto no es una hipótesis: en España las constituciones anteriores a la CE’78 no fueron normas jurídicas con fuerza normativa (salvo, con limitaciones prácticas, la de 1931). Se consideraban meras directrices políticas cuyo contenido se concretaba en las leyes, que eran las normas jurídicas. No había “leyes inconstitucionales” ni las constituciones tenían valor normativo ante tribunales ordinarios. Tampoco era obligatorio –esto es importante- que la actuación de los poderes públicos se sometiese a los principios constitucionales. No jugaban al tenis sino a un juego diferente.
 

La CE’78 establece claramente su propia aplicación como norma. Cuando se promulgó, los poderes tenían un problema: convencer de que, a diferencia de las anteriores, esta constitución sí era una norma aplicable. Para ello se publicaron textos doctrinales justificando la fuerza normativa de la CE’78, se enseñó en las facultades y con el paso del tiempo se consolidó que la CE’78 es una norma aplicable, a veces directamente como los derechos fundamentales, otras como marco general imperativo (lo cual, todo sea dicho, es un sí-pero-no muchas veces frustrante). Sin embargo, esta creencia colectiva no debe engañarnos: la CE’78 no es aplicable porque lo diga la propia CE’78 sino porque, por suerte, se convenció a la gente de que así fuera. Podría no haber sido así. De hecho, para algunas cosas está desapareciendo la conciencia social de ese carácter normativo, lo cual la rebaja a declaración de intenciones no vinculante: expliquen de otra manera lo que está ocurriendo con los derechos sociales.

 
En el caso que nos ocupa, vamos a denunciar una actuación de la Delegación del Gobierno de Madrid y la policía en contra de uno de los valores superiores proclamados en la CE’78 que además es un derecho fundamental de invocación inmediata en los tribunales: la libertad. Esta actuación se ha celebrado por la mayoría de medios de comunicación y por parte de la sociedad. A la vista de que pocos han denunciado la vulneración de la libertad de los detenidos, sospechamos que se está promoviendo una conciencia social favorable a exceptuar el carácter normativo de la CE’78 en ciertas situaciones. Nos reafirmamos en esta sospecha a la vista de la sobreactuación policial sufrida por manifestantes en los últimos años, del trato a inmigrantes, del machaque mediático sobre la sentencia del TEDH sobre la Doctrina Parot o de las reformas legislativas con finalidades represivas.
 

El 20 de noviembre se celebró una manifestación en la Ciudad Universitaria de Madrid. Al finalizar se denunció un altercado en la sala de una asociación de estudiantes de derechas. En la madrugada del 28 de noviembre se produjo una oleada de detenciones por todo Madrid (la llamada #CazadeBrujas). Según el atestado policial, agentes de la Brigada Policial de Información (“especializados en el seguimiento de grupos radicales y violentos”) aseguran que algunos de los detenidos se encontraban en el lugar de la manifestación. Las condiciones en que se llevaron a cabo las detenciones son claramente contrarias a los límites que se suponen aplicables según la CE`78.

 
El primer artículo de la CE’78 declara a España un Estado de Derecho que propugna como valor superior de su ordenamiento jurídico -entre otros- la libertad. Poco después, otro artículo reconoce la libertad como derecho fundamental. Como la CE’78 es una norma aplicable y la libertad es un valor superior y derecho fundamental, los poderes públicos deben restringir la libertad lo menos posible cuando actúan. Y además, teniendo en cuenta que cualquier sospechoso es presuntamente inocente, todo el mundo merece la libertad propia de los inocentes hasta que un órgano judicial no declare lo contrario. De acuerdo con el valor y derecho fundamental a la libertad, la detención es el último recurso. En el proceso penal la primera opción es llamar a declarar ante el juez a la persona que, se sospeche, pueda haber participado en una conducta ilícita. Si se tiene un domicilio conocido, se notifica para que comparezcan a declarar voluntariamente. Solo está justificada la detención, restricción excepcional del valor y principio de la libertad, si existe una situación de riesgo objetiva o si se presume que la persona no comparecerá cuando la llame un juez. Además, la detención debe durar lo mínimo imprescindible.

 
El 28N la policía acudió a los domicilios de los detenidos mientras dormían, desayunaban o estaban a punto de salir a trabajar, y detuvo a diecinueve personas. Es decir, fue a sus casas (¿alguien dijo intimidad?) de madrugada. Se difundió al momento en los medios de comunicación, que mayoritariamente lo airearon sin buscar testimonios ni fuentes diferentes a la policía o la Delegación del Gobierno. Esos medios resaltaron la pertenencia de los detenidos a colectivos de todo el espectro de la izquierda. La cuenta de twitter de la Delegada del Gobierno, además, anunció que algunos tenían “antecedentes policiales” (que normalmente significa que les han pedido el carnet alguna vez). Por último, la detención se prolongó durante casi 40 horas.
 

Los detenidos en el procedimiento son estudiantes o jóvenes profesionales arraigados en Madrid. No se estaba cometiendo un acto delictivo porque los detenidos estaban en sus casas. No es defendible que hubiera situación de riesgo objetiva dado que la mayoría carecía de antecedentes penales. Y, finalmente, sus recursos económicos hacen improbable que desaparezcan. ¿Qué lleva a una Administración en estas circunstancias a ignorar el valor y derecho fundamental a la libertad y decidir detenerlos espectacularmente?

 
Para nosotros es claro que se busca provocar alarma social y asimilar públicamente a los detenidos con terroristas para vulnerar sus derechos constitucionales con el beneplácito general. Estas detenciones no solo suponen un aviso a navegantes para recordar que el rigor punitivo muchas veces no se reduce exclusivamente al Código Penal (la mera detención puede ser ya un castigo de por sí) sino que son algo mucho más grave: son la constatación de que nos están quitando los derechos constitucionales por el sencillo método de no aplicarlos. Aunque luego un juez corrija a la Delegación, el daño ya está hecho y el valor normativo de la CE’78, degradado.
 

La Delegación buscaba conscientemente tratar a los detenidos como enemigos sociales, criminalizarlos para que la conciencia social les niegue la aplicación de las garantías constitucionales. Lamentablemente, la aplicación de la CE`78 depende de la voluntad social de que se aplique y no sea una mera declaración política. Para evitar esta criminalización hay que proteger la conciencia social de que tenemos una norma superior que proclama valores y derechos inquebrantables. Paradójicamente, si permitimos que los quebranten reiteradamente, al final esos valores y derechos dejarán de ser normas aplicables. Lo inquietante es que en tal caso nos veremos jugando a otro juego mucho más siniestro.
 

PerfectlyNormalBeast y Daniel Amelang López [1]

     
[1] Los autores agradecemos las pacientes revisiones, comentarios y sugerencias de @quicourtubia, quien no ha querido firmar el artículo pero no ha logrado escapar de la temible nota de agradecimiento.
 
02 de Dic 2013
laconquistadelderecho

Aunque Yolanda Barcina (YB) haya exteriorizado una «gran satisfacción» por la sentencia de la Audiencia Nacional contra los cuatro activistas de ‘Mugitu!’ que participaron en el acto reivindicativo contra la construcción del Tren de Alta Velocidad en el País Vasco y Navarra, a mi juicio, la condena de la que han sido objeto dista mucho de las pretensiones de YB, dejando al descubierto el desmesurado afán revanchista y punitivo con que la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra afrontó el procedimiento judicial.
 

YB sostuvo una acusación que no contemplaba ninguna circunstancia atenuante pero, en cambio, sí una agravante respecto de uno de los tartalaris, Gorka Ovejero. Pues bien, la AN no sólo desmonta y rechaza la pretendida circunstancia agravante, sino que reconoce para los cuatro una atenuante “muy cualificada” por entender que actuaron en la creencia de que sería en Francia donde, de forma más benévola que en España, se les exigirían responsabilidades. Aun a riesgo de que pueda ser un mérito para que algún lector me considere (in)digno merecedor de una dosis de merengue, me parece justo reconocer a la AN cierta buena voluntad en este punto.

 
Además, la presidenta pretendió que Mikel Álvarez (MA), el activista que se limitó a levantar los brazos mientras ella recibía las dosis de merengue, fuese condenado con la misma dureza que los otros tres, para lo cual le atribuyó la condición de cooperador necesario. Es decir, para YB no se habrían producido los tartazos si MA no hubiese levantado los brazos. ¿No chirría esta relación de causalidad? Hasta chirrió al tribunal, pero no lo suficiente como para absolver a MA. La AN entendió que sí cooperó, pero de forma innecesaria, y por ello le considera cómplice (que conlleva un castigo menor). Me parece que, indebidamente, la sentencia hace una aplicación expansiva de la norma, porque incluso aceptando que —como se dice en ella— MA levantara los brazos “para llamar la atención sobre lo que sucedía, en una clara actitud de apoyo”, la complicidad jurídica exige facilitar o contribuir de forma no indispensable pero eficaz a la comisión de una infracción penal; no basta, pues, con un comportamiento que denote solidaridad o camaradería intelectual con el protagonista y autor material de la acción.

 
Aunque la AN haya impuesto unas penas rebajadas de forma muy importante respecto de lo pedido por YB (que les permitirá evitar la cárcel), no por ello su sentencia merece un aplauso. A mi juicio, cabe discutir que los hechos constituyan un delito de atentado y, más aún, que MA no debiese ser absuelto.

 
Con la palabra ‘atentado’ sucede que, como en otras ocasiones, el significado de la palabra en Derecho no se corresponde con el significado que se le da en la calle. Así, mientras que la palabra se asocia frecuentemente con el adjetivo ‘terrorista’ e imágenes de muerte y destrucción, el Código Penal lo define empleando palabras como “acometer”, “emplear fuerza”, “intimidar gravemente” o “hacer resistencia activa grave”. Es decir, que una simple torta a un representante político es un atentado.

 
Como los hechos fueron grabados y los podemos encontrar en internet, no es preciso divagar acerca de cómo ocurrieron. En el video se ve que tres sujetos impactan con sendas tartas en la cabeza de YB (y también que un cuarto se queda de pie, a unos dos metros de la presidenta, con los brazos levantados mientras la acción tiene lugar). Ciertamente, no es fácil encontrar un verbo sin connotación de violencia (estampar, golpear, impactar, estrellar, dar un tartazo…) para describir lo que sucedió con las tartas, pero ello no impide que, en realidad, las tartas alcanzasen la cabeza de YB de forma más o menos delicada, sin constituir —en contra de lo que dice el tribunal— una “acción violenta corporal”. Para llegar a esa conclusión la AN concede importancia a varios hechos (que YB tuviese que abandonar la sala, que fuese ayudada por su guardaespaldas, que estuviese desorientada o que no viese) ajenos a la mayor o menor “entidad del acometimiento”. La entidad no fue del acometimiento en sí mismo, sino de la sorpresiva, llamativa y pringosa situación creada. Es más, a la vista de las imágenes, cabría incluso cuestionar que los hechos encajasen bajo el verbo acometer, definido por la Real Academia de la Lengua como “embestir con ímpetu y ardimiento”. Parece, en fin, que los hechos no consistieron tanto en una embestida o acometimiento, por lo que se ha forzado el tipo para castigarlos como un delito de atentado.

 
En cambio, a mi juicio, los hechos sí fueron una ofensa, una falta “al respeto y consideración debida a la autoridad”, que el Código Penal sanciona como falta (valga la redundancia), no como delito. Ésta sería, para mí, la respuesta penal natural, adecuada y proporcionada a los hechos.

 
Desde mi punto de vista, la sentencia hace equilibrios para que, de un lado, los tartalaris no resultasen absueltos o condenados por una falta y, de otro, no fuesen condenados con una pena a todas luces exagerada en atención a la escasa gravedad de los hechos. Y, para ello, ha buscado o acogido los argumentos necesarios para limitar el castigo como delito lo máximo posible, dentro del margen que la Ley permitía.
 

En vista de cómo nos tiene de contenta la clase política a la ciudadanía, la absolución quizás habría sentado un precedente que pondría el precio de la tarta de merengue a precio de caviar y provocaría que el Ministro de Justicia incluyese expresamente en la nueva reforma del Código Penal el tartazo como delito: el atentado repostero.

Guillermo Castro Manzanares

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Este es un blog coordinado por Red Jurídica Abogados, pero escrito por profesionales del mundo jurídico de distintas partes del Estado y con diferentes proyectos y opiniones respecto de las cosas que se cuentan en él. Con este blog intentamos pulsar, desde una perspectiva crítica, la actualidad jurídica y crear un marco conjunto para pensar cómo construir una justicia de los comunes.