LOS MOSSOS TENÍAN DISEÑADA UNA VASTA MACROOPERACIÓN POSTHUELGA QUE FINALMENTE NO SE HA MATERIALIZADO
Barcelona: guerra preventiva contra la disidencia

Las versiones oficiales han reducido a guerrilla urbana
la protesta durante la huelga general. Así, la
participación ciudadana es silenciada y criminalizada.

28/10/10 · 16:38
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El antiguo Banco Español
de Crédito, antes de ser desalojado por los Mossos. Foto/ Guillaume Darribau

En Catalunya, a las puertas de unas
elecciones autonómicas que implicarán
un cambio de ciclo involutivo; en
medio de una crisis social con su cortejo
de 1,3 millones de pobres y
600.000 parados; y ante una recuperación
económica y social que se prevé
lenta y con dramáticos impactos
sociales, la palabra de moda en Barcelona
es… antisistema. Cabeza de
turco o excusa permanente, el término
ha copado tertulias, declaraciones
públicas y alertas policiales tras
una huelga general que superó las
expectativas. Y los movimientos sociales
han vuelto a convertirse en
ariete político.

La atención mediática, focalizada
en los enfrentamientos con la policía
el 29-S en el centro de la ciudad
, se
ha aprovechado de las tesis oficiales
más habituales. El Ayuntamiento ha
recurrido a la manida de “los 200 violentos
de siempre”, las fuentes policiales
reviven el triángulo anarquista
Grecia-Italia-Barcelona y los Mossos
aducen la existencia de un cómplice
“colchón social de 1.800 activistas
sociales” que ampararía a los jóvenes
de los disturbios.

Estas tesis ampliamente repetidas
se han visto acompañados, en plena
disputa electoral, de peticiones casi
unánimes de mayor dureza y de llamamientos
abiertos a una suerte de
guerra preventiva contra la disidencia.
Hasta tal punto ha llegado la guerra
verbal que Maria Eugenia Alegret,
presidenta del Tribunal Superior
de Justicia de Catalunya, salió al
pasó para recordar que la guerra preventiva
no tiene encaje legal ni constitucional
en el actual ordenamiento.
Ni encaje ni concreción penal.

Hoy, excepto el ciudadano rumano
Gociu B.M, en situación de exclusión
social y acusado de participar en el
asalto a una tienda Levi’s, no queda
ninguna persona privada de libertad,
a pesar de las 43 detenciones que se
produjeron en Barcelona
. Algunas
de ellas realizadas, según testimonios
presenciales, por agentes policiales
que, “a dedo”, en los piquetes
matinales llamaban por su nombre a
los que iban a detener.

La ‘otra huelga’ invisibilizada

Y es que las versiones oficiales apenas
han hablado de ‘la otra huelga’
vivida en Barcelona el 29 de septiembre,
la que aunó sectores sociales excluidos
del sindicalismo oficial, la
que visualizó la implicación y protesta
de jóvenes, mujeres o migrantes,
la que tomó protagonismo en la calle.
Una huelga que se hizo presente
el 25 de septiembre con la espectacular
toma del antiguo Banco Español
de Crédito
en la céntrica plaza
Catalunya de Barcelona, acción que
catalizó la huelga de los otros: de los
precarizados, de los excluidos, de
los comités de barrio... Y que visualizaba
un intento compartido por
recuperar los vínculos sociales y
comunitarios deteriorados por la
crisis, reforzar la búsqueda y defensa
de alternativas sociales ante
el colapso económico y financiero.

Su eco ha sido prácticamente nulo
en los media. Y no por que hayan faltado
voces. El histórico ex concejal
de Urbanismo de Barcelona, Jordi
Borja, confesó que había participado
tranquilamente en asambleas y múltiples
debates del banco ocupado:
“ni armas ni cócteles molotov que,
por cierto, tampoco después aparecieron”.
Incluso un magistrado de
Barcelona, presente en el banco, ha
certificado a DIAGONAL que “dentro
de la okupación del emblemático
edificio se desarrollaron actividades
y talleres de debate y formación ciudadana:
fue algo de un contenido social
extraordinariamente positivo”.

Un “arsenal de guerrilla”

Similar opinión refiere Clara Valverde,
presidenta de la Liga de
Síndrome de la Fátiga Crónica, Fibromialgia
y Sensibilidades Químicas
Múltiples
que en una carta
abierta al consejero de Interior, el
ecosocialista Joan Saura, denunciaba
el desalojo y relataba su participación
en las actividades desarrolladas
en el banco. Valverde finalizaba
la misiva recordando a ICV
que éstos hechos son los que le
costarán el Gobierno en las elecciones
del 28 de noviembre, matizando
empero que nadie podrá borrar
lo inscrito en las puertas del
edificio ocupado: “Aquí se sueña”.

En una de las pocas grietas de la
siempre monocorde La Vanguardia,
Gregorio Morán también ofreció otra
reflexión: “con una juventud diezmada
por un paro sin precedentes y sin
otra alternativa que la emigración,
ya me dirán ustedes como enfocamos
esto de los antisistema. ¿Quién
fue el ingeniero de la palabra que se
inventó la denominación?”.

Y es que la tesis política y policial
esgrimida para el desalojo, en plena
jornada de huelga general, sostenía
que el banco ocupado había sido el
epicentro armado de la guerrilla urbana.
Sin embargo ningún atestado
policial ni diligencia judicial refiere
hoy prueba alguna en ese sentido.
Prueba de ello es que tras el desalojo,
las 19 personas que se hallaban
en el interior sólo fueron identificadas
y ninguna detenida. Es una operación
jurídicamente ilegal, ya que
el Juzgado de Instrucción número 1
sólo autorizó, telefónicamente, la
entrada en el edificio, pero nunca
su desalojo. Después, “el arsenal de
guerrilla” nunca apareció y se limitó
a una única garrafa de gasolina
nunca utilizada. Garrafa que, paradójicamente,
es la prueba que aduce
la propiedad del banco para demostrar
que daba uso a un edificio
vacío hace 5 años: la garrafa alimentaba
el generador eléctrico que
tenían contratado. Hoy del proceso
por la ocupación del banco quedan
19 personas imputadas por un único
delito de usurpación. Mientras
“guerrilla” y “arsenal” se han desvanecido
del sumario judicial. Aunque
la criminalización sigue atizando la
lógica inquisitorial: fuentes judiciales
han confirmado que mandos de
los Mossos tenían diseñada una vasta
macrooperación posthuelga que
finalmente no se ha materializado.

— -

Campaña por la libertad de expresión

S. DE CASTRO, KAOS EN LA RED
Tras los incidentes ocurridos el
29 de septiembre, la concejala
de Seguridad del Ayuntamiento
de Barcelona, Assumpta Escarp,
proponía el cierre de aquellas
webs que, según ella, hacen
“apología de la violencia”, citando
a diversos medios como
Kaos en la Red. El 5 de octubre,
Escarp pedía a la Fiscalía la
investigación de las webs citadas.
Paralelamente, los medios
de comunicación de masas
comenzaban su escalada de criminalización
de los antisistema.

Un proceso que llegaba a su
punto culminante cuando el día
9 de octubre el Telediario de
RTVE emitía un reportaje en el
que utilizaba expresiones como
“guerrilla urbana” o “terrorismo
de baja intensidad” para referirse
a las acciones de los grupos
alterglobalización en Barcelona,
a la vez que mostraba imágenes
de webs como Kaos en la Red,
Indymedia Barcelona, Alerta
Solidaria
y La Haine. La campaña
lanzada por Kaos en la Red
a
favor de la libertad de expresión
ha encontrado el apoyo de miles
de personas y organizaciones,
incluido el Sindicato de Periodistas
de Catalunya. Por otro lado,
el 19 de octubre fue presentado
un manifiesto firmado por más
de 120 profesores y profesoras
de distintas universidades catalanas
que denuncia “la actual
política de criminalización de los
movimientos sociales”.

Frenar las iniciativas futuras

La campaña de criminalización
es también un golpe político y
policial lanzado contra una
agenda intensa para los movimientos
sociales. La Asamblea
de Barcelona
y el Moviment
del 25 de setembre
, dinamizadores
de la huelga de ‘los invisibles’,
realizaron el 14 de
octubre, con la participación
de más de 300 personas, una
asamblea de valoración de la
huelga, desde donde se ha
impulsado un calendario movilizador
ante la campaña electoral.

Además, en sinergia con el
movimiento feminista, gay y
lésbico y ateo, han declarado
los días 6 y 7 como jornadas
de lucha contra la visita papal.
Protesta que irá acompañada
por una huelga parcial en los
autobuses de Barcelona, convocada
por la CGT y anunciada
en rueda de prensa por Josep
Garganté, el 20 de octubre. Este
dirigente sindical de la CGT
fue detenido el jueves 14 por
agentes de paisano de los
Mossos, cuando acababa su
turno como conductor de autobuses
y se dirigía a una asamblea.

La detención partía de la
denuncia de un trabajador de
TV3 que le acusaba de haber
roto su cámara. Pero en los
vídeos entregados a la justicia,
no se ve que Garganté participase.
El sindicalista salió en
libertad al día siguiente con
cargos genéricos por desórdenes
y daños.

Tags relacionados: Barcelona Número 136
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