ARGENTINA // MÁS DE 25 AÑOS DESPUÉS DE LA DICTADURA MILITAR SE HA APROBADO UNA LEY DE MEDIOS
Unos avances muy limitados

Los medios alternativos destacan el espacio que se les reserva gracias a la nueva ley, aunque aquí también podrían entrar las fundaciones de las grandes empresas.

07/01/10 · 0:00
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Texto del Centro de Producciones Radiofónicas y FM La Colectiva

En marzo de 2009, el Gobierno deCristina Fernández de Kirchner
presentó una Propuesta de Proyecto
de Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, que tras
muchas y sustanciales modificaciones
–aunque según la Red
Nacional de Medios Alternativos
de Argentina
(RNMA) estas son
todavía insuficientes– fue aprobada
en el Congreso en noviembre.

La anterior ley, que provenía de
1980, años de plena dictadura militar,
estaba llena de carga ideológica
de la Doctrina de Seguridad
Nacional junto a limitaciones inaceptables,
como la exclusividad
de explotación de radiodifusión a
sociedades comerciales. Sin embargo,
esta ley fue sostenida y empeorada
tras la caída de la dictadura.
Durante el Gobierno de
Carlos Menem (1989-1999) se produjo
una creciente monopolización
y extranjerización de los medios
de comunicación. Este proceso
contó con la oposición de diferentes
organizaciones sociales
que exigieron su eliminación.

La nueva propuesta dividió
aguas: o se estaba completamente
en contra de todo lo que significara,
por el mero hecho de provenir
del Gobierno kirchnerista (papel
asumido por la mayoría de la oposición
y los monopolios mediáticos)
o se estaba a favor de ella, sin
reconocer sus problemas (papel
del oficialismo y agrupaciones
obedientes).

Aún así, en medio de este arco
se podía encontrar a algunos sectores
de la oposición y organizaciones
como la RNMA. Esta última
se desmarcó de la discusión
maniqueísta e intentó mantener
una postura propositiva y constructiva
en torno a este debate.

No podemos obviar los avances
que supone que por fin exista una
Ley de Medios tras la dictadura militar.
Algunos de sus artículos, en
teoría, podrían servir como base
para democratizar el espectro de
los medios de comunicación, hoy
dominado por multinacionales.

Algunas de las propuestas de la
Red Nacional fueron integradas
en el texto definitivo de la ley, como
la de evitar la entrada de las
compañías telefónicas a prestar
servicios de radiodifusión, la definición
de emisoras comunitarias,
la inclusión de la consideración
de los pueblos originarios como
actor específico, etc. Sin embargo,
quizás la más importante, la
que garantiza el desarrollo de medios
sociales –comunitarios, alternativos,
libres– es la que no fue incluida,
y sigue en el centro de
nuestra preocupación.

Nueva división del espectro

La Ley de Medios fue presentada por el oficialismo como democratizadora. Su principal argumento para defender esta  opinión es la propuesta de división del espectro radioeléctrico. El espectro se dividirá en tres grandes bloques: público, organizaciones privadas con fines de lucro y organizaciones sin fines de lucro. A este último sector se le  garantiza un 33% del espectro. Esta tercera parte, a priori, parecería un gran avance ya que considera que un tercio  de los prestadores no deben ser empresas. Si bien la reserva de un 33% del espectro se plantea como una garantía para el desarrollo de los medios comunitarios, la RNMA considera que resulta insuficiente. Las grandes corporaciones  también pueden verse beneficiadas con este espectro, gracias a las fundaciones que poseen.

De esta forma, se reducirían las
oportunidades de los medios comunitarios
que deberán competir
“de igual a igual” por licencias
contra monstruos corporativos como
Fundación Telefónica, o varias
de las iglesias no católicas, o las
fundaciones del sector bancario o
de los propios medios masivos como
el grupo Clarín, etc. Cabe inferir
que la pelea no será en igualdad
de condiciones, en la medida
en que todos entren en la misma
categoría de “prestadores sin fines
de lucro”.

Por lo tanto, la deficiencia más
importante que tiene la actual ley
es la falta de garantías y derechos
diferenciados para medios comunitarios
y alternativos, que son los
que realmente hacen del sistema
de comunicación algo más democrático,
y los que hicieron, contra
las ilegítimas leyes vigentes, que
la comunicación en Argentina fuera
un poco más plural durante todos
estos años.

Como dice la declaración de la
RNMA, se saben cuáles son los límites
de esta democracia cuya
institucionalidad se basa en la
“representatividad” y no en el
ejercicio del poder popular. Por
ello, la pelea continuará para que
lo potencialmente positivo de esta
ley se utilice en beneficio de los
sectores populares; para que se
den las condiciones necesarias
para el libre desarrollo de los medios
que ven a la comunicación
desde el lugar de la vocación y de
la posibilidad de transformación
de la sociedad misma.

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