MALOS TRATOS: EL FISCAL, PESE A AFIRMAR QUE LOS AGENTES MIENTEN, SÓLO PIDE CONDENAS DE CÁRCEL PARA CUATRO DE L
¿Avances en la lucha contra la tortura?

En un hecho sin precedentes, 15 agentes han sido
juzgados: acusados de torturar a dos miembros de ETA.
Sin embargo, numerosas denuncias quedan sin investigar.

12/11/10 · 10:55
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“TORTURA NO”. Miles de personas se manifestaron el 30 de octubre en Donostia. Foto: Ekinklik.

“No dicen la verdad”. Es bastante
normal que un fiscal acabe su alegato
diciendo que los acusados mienten.
Lo que es inusual es que un fiscal
lo diga a guardias civiles. Pero
acaba de ocurrir. Fue durante el juicio
celebrado a finales de octubre en
la Audiencia Provincial de Gipuzkoa
contra 15 guardias civiles acusados
de torturar, tras su detención
en 2008, a los dos miembros de ETA

Igor Portu y Mattin Sarasola.

En la última sesión del juicio, el 28
de octubre, el fiscal jefe de Gipuzkoa,
Jaime Goyena, afirmó que la versión
de los guardias procesados es “cualquier
cosa menos creíble
”. Sin embargo,
solo pidió penas de prisión
para cuatro de los 15 agentes implicados.
“Aunque no se puede decir
que la Fiscalía haya impulsado especialmente
el procedimiento –el impulso
ha venido fundamentalmente
de los diferentes jueces de instrucción
implicados–, lo cierto es que
siempre, y especialmente en el juicio
oral, ha mantenido la existencia, en
este caso, de las torturas”, sostiene
Amaia Izko, abogada que ha llevado
la acusación particular
en nombre
de Portu y Sarasola. “¿El motivo?
Como en el caso del juez instructor,
ha sido la evidencia y gravedad de
las lesiones, y la declaración contundente
de los dos detenidos -aún durante
el tiempo en que estaban detenidos
e incomunicados- sobre los
malos tratos. Es lo que hizo que no
pudiera esquivarse una actuación”.

Según un estudio del año pasado,
entre 2000 y 2008, el Ministerio
del Interior cuantificó en 1.231 las
personas detenidas en relación con
ETA, de las que, al menos, 957 sufrieron
incomunicación
. De estas,
634 alegaron haber sido torturadas
,
pero ‘sólo’ 446 interpusieron denuncias
judiciales. Según afirma
Jorge del Cura, portavoz de la
Coordinadora para la Prevención
de la Tortura (plataforma de unas
40 organizaciones de derechos humanos)
“de estas 446 denuncias,
sólo los casos de Maite Orue, e Igor
Portu y Matti Sarasola han llegado
a juicio. Si bien otros se encuentran
en fase de instrucción”.

El caso de Maite Orue

Maite Orue fue detenida por la Policía
Nacional en 2005. Según su relato,
fue torturada hasta tal punto
que se autolesionó. Tras los cuatro
días que estuvo incomunicada, quedó
en libertad bajo fianza. Aunque
en un principio la denuncia fue archivada,
finalmente ha sido retomada
por la Audiencia Provincial
de Madrid. Así, el 28 y 29 de octubre,
se ha celebrado un juicio contra
cinco policías acusados de torturas.

En este caso, la Fiscalía pide
la absolución de los agentes al considerar
que no hubo malos tratos.
“El cierre de filas por parte del Estado
para negar la aplicación sistemática
de la tortura en el caso de los
detenidos vascos es total” sostiene
Izko, “y lo es porque la tortura es parte
muy importante del diseño de lo
que llaman ‘lucha antiterrorista
’. Es
por ello que todas las instituciones
del Estado, incluida la Fiscalía como
tal, no sólo cierran los ojos ante esta
situación sino que colaboran efectivamente
en su blindaje”.
El papel de los jueces es para Izko
determinante: “Ésta es una de las
cuestiones más sangrantes, y no sólo
del caso de Portu y Sarasola, sino
también de otros muchos. Me refiero
a la actitud de los jueces de instrucción
de la Audiencia Nacional
,
su pasividad respecto de las situaciones
y denuncias de torturas. Pasividad
que es sistemática y que no puede
interpretarse, por lo tanto, sino
como permisividad. Y en el caso de
Portu y Sarasola es bien palmario”.

El gran eco que ha tenido este juicio
podría explicar en buena medida
el éxito de la manifestación que el 30
de octubre recorrió el centro de Donostia
bajo el lema “Torturarik ez”
(No a la tortura). Al término de la
marcha, en la que participaron unas
20.000 personas, representantes del
grupo convocante, Torturaren Aurkako
Talde, recordaron que esa misma
semana “varios jóvenes [tras su
detención como supuestos integrantes
de Segi] han denunciado haber
sido torturados a manos de la Policía.
Incluso uno de ellos, Egoi Irisarri,
ha tenido que ser trasladado a
un centro hospitalario después de
sufrir intensos golpes en los testículos
durante la incomunicación”.
“No sé si este juicio puede ser un
punto y aparte”, aclara del Cura
,
“pero sí será importante en la lucha
contra la tortura, cualquiera que
sea su resultado”. Del Cura muestra
su esperanza, “hay aspectos que
podrían indicar que algo está cambiando
gracias a la presión internacional.

Presión que se expresa en la
reciente sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos de
Estrasburgo que en septiembre ha
condenado a España por no investigar
una denuncia por torturas; o
en los informes y recomendaciones
internacionales. También hemos
visto como el Tribunal
Constitucional ha dictado ocho
sentencias que ordenan a otros
tantos juzgados la reapertura de
causas por tortura. Al igual que han
hecho varias audiencias provinciales
”.

Y añade, “por primera vez,
desde 2002, se han dictado sentencias
condenatorias por tortura, no
por delitos de lesiones o contra la
integridad moral, sino por tortura.
Además en estos dos últimos años
se han abierto numerosas causas
por delitos de tortura”. Pero remacha,
“lo que realmente hace falta es
una clara voluntad política para, si
no erradicarla, sí al menos prevenir
la tortura”.


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AMAIA IZKO. “El juez de Guardia se vio obligado a actuar”.

AMAIA IZKO: “LA INCOMUNICACIÓN VIENE A SUPONER UN MURO INFRANQUEABLE”

DIAGONAL: ¿Por qué en esta
ocasión la denuncia ha
prosperado?

AMAIA IZKO: En este tipo de
delito, el de torturas y malos tratos,
obtener pruebas resulta muy
difícil por la naturaleza misma
del delito y por las circunstancias
en que éste se produce. Y esta
dificultad se agrava en el caso
de las detenciones en régimen
de incomunicación. Es algo que
vienen denunciando los diversos
organismos anti tortura, tanto del
Estado como internacionales.

La
incomunicación viene a suponer
un muro prácticamente infranqueable,
que permite que durante
el tiempo de la detención
incomunicada, la tortura sea
posible y la blinda respecto a
sus posibles consecuencias. Así
se garantiza también la impunidad
de quien la infringe. La dificultad
de penetrar ese muro y
obtener alguna prueba hace tan
difícil que las denuncias de torturas
prosperen.

Yo creo que la diferencia entre
este caso y otros muchos se
debe a las gravísimas lesiones
que se infligieron a Igor Portu y
las serias lesiones que sufrió
también Mattin Sarasola, el juez
de guardia de Donostia se vio en
la obligación de actuar. De este
modo, ese periodo oscuro, ese
muro casi infranqueable de la
incomunicación se pudo quebrar,
al menos, mínimamente. La
gravedad de las lesiones hizo
que no se pudiera mirar para
otro lado. La correcta actuación
de los médicos forenses y del
Juzgado de Guardia de Donostia
marcó también la diferencia.

Muchas veces hablan de denuncia
sistemática de los detenidos
vascos o de denuncia de manual.
Lo que es sistemático, y de
manual, es la actitud de falta de
control absoluto y de nula intervención
de los jueces de la
Audiencia Nacional, salvo en
contadas ocasiones, respecto de
lo que ocurre durante las detenciones
incomunicadas. Incluso,
cuando como en este caso y en
otros muchos, haya indicios de
que se han producido maltratos.

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