El pasado 23 de junio el Tribunal Contencioso Electoral negaba al colectivo Yasunidos la apelación por fraude, tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de anular más de la mitad de las firmas entregadas por este colectivo para convocar una Consulta Popular en defensa del Parque Nacional Yasuní. Este colectivo recogió más de 750.000 firmas para rever la decisión presidencial del pasado 15 de agosto de 2013, de explotar el petróleo de este espacio amazónico, considerado uno de los más biodiversos del mundo y donde habitan los pueblos Tagaeri-Taromenane, pueblos llamados en aislamiento voluntario. Las firmas fueron entregadas el 12 de abril de 2014, superándose las 584.000 firmas necesarias, el 5% del padrón electoral que exige la Constitución de Ecuador de 2008 para llevar a cabo un referéndum sobre cualquier asunto público. El CNE consideró válidas menos de 360.000 firmas, tras un proceso lleno de denuncias de irregularidades por parte de Yasunidos, lo que llevó a este colectivo a considerar un fraude, en un momento en el que distintas encuestas mostraban que una clara mayoría de Ecuador demandaba que la cuestión del Yasuní-ITT fuese dirimida por referéndum. El órgano regulador de la democracia ecuatoriana no atendió los pedidos de transparencia de la “Comisión mixta de alto nivel” compuesta por reconocidos juristas y personas vinculadas a los derechos humanos. Una vez han sido agotadas las instancias ecuatorianas Yasunidos anunció que continuará el proceso en las instancias internacionales por privación de los derechos civiles de participación política, a través de una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante el mes de julio las acciones tanto de Yasunidos como del Gobierno han puesto su vista en el propio Parque Nacional Yasuní. El debate sobre el territorio fue uno de los argumentos centrales durante la campaña de recogida de firmas. Por un lado, el gobierno considera que solo se afectará al uno por mil del espacio del PNY, menos de mil hectáreas, considerando únicamente el espacio deforestado por la infraestructura petrolera. Por otro lado, Yasunidos recogía firmas anunciando que más de 100.000 hectáreas serían afectadas de explotarse nuevos bloques en este área. Este debate llevó tanto al presidente de Ecuador Rafael Correa como al presidente del CNE a llamar mentirosos a Yasunidos. Sin embargo, una simulación del Colectivo de Geografía Crítica llevó a considerar que la afectación dentro del PNY por la explotación petrolera podría superar las 117.000 hectáreas en los bloques 31 y 43. Estimación considerada como moderada, ya que solo tomaba en cuenta cinco variables de afectación en un territorio muy complejo, por estar compuesto por ecosistemas enormemente biodiversos que incluyen pueblos indígenas sin contacto con la civilización petrolera que coloniza la Amazonía. En las últimas semanas, un nuevo estudio presentado por investigadores italianos y estadounidenses mostraba a través de imágenes satelitales georreferenciadas cómo las vías abiertas para la explotación del Bloque 31 dentro del PNY, considerados por el gobierno como “senderos ecológicos”, superaban la deforestación de 15 metros para el ancho de la carretera establecido por el Estudio de Impacto Ambiental. En algunas zonas se llega incluso a la deforestación de 60 metros para ubicar las vías en el interior del Yasuní, lo que incluye pasos elevados para el tránsito de vehículos pesados. La aparición masiva en los medios de comunicación del informe llevó al Estado ecuatoriano a una agresiva campaña de deslegitimación de los investigadores que realizaron el estudio y las personas de Yasunidos que se hicieron eco del mismo, sin aportar pruebas que desmintieran el incumplimiento del EIA. Ello llevó al vicepresidente Jorge Glas a insultar repetidamente en su discurso semanal a Esperanza Martínez, reconocida defensora de los derechos de la naturaleza de Ecuador y parte de Yasunidos. El show incluyó el envío a través de los servicios postales públicos de un metro para que Esperanza Martínez midiera bien el ancho de vía abierto en el interior del Yasuní.

En respuesta, una brigada de Yasunidos acompañada por prensa internacional, el pasado 19 y 20 de julio, trataron de acceder al Yasuní equipados con bicicletas y un metro de medir para constatar lo afirmado por el estudio que denuncia la violación del EIA del Bloque 31. Hasta ese momento, las visitas de turistas y activistas a las comunidades indígenas afectadas por el petróleo habían sido una constante, combinando un turismo comunitario que permitía el conocimiento de la realidad amazónica a personas de Ecuador y de todo el mundo. El grupo de activistas se encontró con la cruda realidad del Parque Nacional: la lancha no pudo ingresar a las comunidades kichwas amazónicas que se encuentran en el Yasuní porque la nueva legislación exige permisos especiales, fueron custodiados durante dos días por militares a lo largo de todo su trayecto y éstos impidieron el acceso de la brigada a la vía construida en el Bloque 31. Ni siquiera el vídeo del discurso del vicepresidente hizo que los militares cambiaran sus órdenes: por las carreteras construidas solo pueden transitar los vehículos autorizados por Petroamazonas. De forma que la propuesta del vicepresidente fue una burla, y la supuesta gestión transparente de la explotación petrolera del Yasuní pura propaganda. El Yasuní es hoy un espacio militarizado, al servicio del capital trasnacional que será el mayor beneficiario de la destrucción de un lugar donde habitan más especies de árboles en una sola hectárea que en toda norteamérica, donde se está despojando el territorio a los últimos pueblos que han decidido conservar su forma de vida en la selva sin contacto con la civilización que los destruye. El territorio está en el centro del debate del Yasuní porque son los territorios que se han mantenido fuera de la lógica del capital los espacios con una mayor disputa en el capitalismo contemporáneo, porque el sistema global necesita acelerar sus ciclos de reproducción y ensanchar su territorialidad en busca de materias primas. Y necesita hacerlo en un contexto de mayorías sociales que consideran que la promesa del desarrollo no puede aplastar la vida y los derechos de los pueblos indígenas o de la naturaleza, recogidos en la Constitución del Ecuador de forma superlativa. En la actualidad es el capital chino el protagonista de la arremetida petrolera en Ecuador, aunque contiguo al Bloque 31, también en el Yasuní, la compañía Repsol opera el Bloque 16 desde hace 2001, donde se ha producido la última matanza de una treintena de personas Taromenane en 2013. Las venas de América Latina siguen abiertas por parte de unos gobiernos llamados “progresistas” que han entendido que la profundización del modelo primario-exportador es la única forma de mejorar la vida de las clases bajas, manteniendo incólume el modelo de acumulación de capital y el papel de las nuevas y viejas oligarquías nacionales y trasnacionales.

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