Llevar capuchas durante una protesta podrá ser conside- rado infracción grave si prosperan los cambios planteados por Interior. / Foto: Albert García.

Ataque directo, pero por la vía económica. Si poco después de las manifestaciones de estudiantes que tuvieron lugar en febrero en Valencia,
el ministro de Interior, Jorge
Fernández Díaz, anunciaba cambios
en el Código Penal que supondrían
la penalización de la resistencia pasiva como forma de atentado a la autoridad y la criminalización de la convocatoria a través de internet de concentraciones que puedan ser consideradas violentas, tras el 12M15M la
amenaza viene por la vía administrativa, es decir, la económica.

Según explica Antonio Segura,
abogado penalista especializado en
derechos humanos, los cambios
anunciados en la Ley Orgánica de
Seguridad Ciudadana responden a
las movilizaciones sociales, especialmente al 15M, por ser un movimiento no violento. “Buscan una respuesta distinta a estos movimientos pacíficos, a base de dinero. Pagas o te embargan el sueldo, la vivienda, etc. Es
una táctica muy efectiva y más elevando la sanción”, afirma el jurista.

Esta estrategia represiva no es
nueva. Con el Gobierno de Aznar, el
entonces delegado de Gobierno
en Madrid, Francisco Javier
Ansuátegui, se dedicó a frenar
movimientos sociales a golpe de sanciones, aunque para ello no se hizo
ningún cambio en la ley orgánica.
“Ocurrió ya con el tema de la A-3 en
el barrio de Santa Eugenia. El movimiento que surgió en contra de su
ensanche se disolvió con sanciones
bestiales. Es una forma muy efectiva
de disolver movimientos sin necesidad de violencia física”, explica
Segura.

Tampoco ha hecho falta
cambiar el texto para que unos 250
estudiantes valencianos hayan recibido multas de hasta 6.000 euros por
concentrarse en las inmediaciones
de una comisaría y cortar calles.

Los
cambios anunciados en la Ley de
Seguridad Ciudadana, cuya aprobación se prevé para antes del verano, suponen que las infracciones leves, que antes conllevaban sanciones de hasta 300,51 euros, pasen
ahora a ser castigadas con multas
de 300 a 3.000 euros. La multa mínima a infracciones graves pasaría
a ser de 3.000 euros y la máxima
de 30.000. Eso sí, la multa mínima
de las infracciones muy graves se
mantendría en los 30.000 euros y
la máxima bajaría de los 600.000 a
los 300.000. Como consecuencia,
las concentraciones en la vía pública no comunicadas, generalmente
castigadas con el mínimo contemplado para las infracciones graves,
pasarían a acarrear multas de un
mínimo de 3.000 euros.

Sin embargo, más allá de la cuantía de las multas, los cambios anunciados suponen que actos que actualmente son considerados leves pasen
a ser muy graves. Éste es el caso de
la desobediencia o falta de respeto a
la autoridad o sus agentes, es decir, a
la policía, infracción que hasta ahora
tenía una sanción máxima de 300 euros y que, si los cambios anunciados
se llevan a cabo, pasará a considerarse falta grave o muy grave y será
castigada con una multa que podría
ir de los 3.000 a los 300.000 euros.

Acudir a manifestaciones con capucha o máscaras como las de Guy
Fawkes, tan vistas y mediatizadas en
los actos del 15M, también será considerado una infracción grave. A esto se le suma la indefensión ante la
vía administrativa, en la que, según
explica Segura, la única opción del
sancionado es recurrir ante la misma
administración que le ha sancionado
o ir a un contencioso-administrativo,
“un procedimiento largo y costoso”.

La asociación Jueces para la
Democracia también ha expresado
su rechazo a los cambios anunciados
por el ministro, que, según afirmó a
Europa Press su portavoz, José Luis
Ramírez, “pueden poner en riesgo
derechos fundamentales como el de
reunión, asociación o libertad de expresión” y cuyo único objetivo es “disuadir a quienes quieren expresar en
la calle su opinión acerca de las decisiones y los recortes que está adoptando el Gobierno”.

La asociación de jueces y la Unión
Progresista de Fiscales ya emitieron
un comunicado conjunto ante la información sobre el cambio del
Código Penal en el que reivindicaban que “el Derecho Penal no es la
respuesta a los problemas sociales” y
tachaban la criminalización de la
protesta anunciada por Fernández
Díaz de perseguir “la disuasión de la
protesta legítima”.

¿Justicia universal? Tasas hasta 750 euros más caras

En paralelo a los cambios
anunciados por el ministro de
Interior, el ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón, anunció
en marzo su propuesta para
desatascar los juzgados españoles y sufragar la justicia gratuita: el copago. El aumento de
las tasas, de entre 50 y 750 euros, que se aplicaría a las
demandas y recursos en la vía
civil y contencioso-administrativa, supondría, según los cálculos del Ministerio, la recaudación de hasta 300 millones de
euros.

El Consejo General del
Poder Judicial ha criticado la
propuesta en un informe en el
que recuerda que las tasas
judiciales fueron erradicadas
en 1986 “para que todos los
ciudadanos pudieran obtener
justicia, cualquiera que fuera
su situación económica” y afirma que ahora las sube “por
exclusivos motivos de oportunidad política y económica”.

Canutos a 3.000 euros

Los cambios en la Ley de
Seguridad Ciudadana anunciados por el ministro de Interior también suponen que el
consumo o tenencia de sustancias estupefacientes en
lugares públicos, infracción
tipificada como grave ya en la
Ley de Seguridad Ciudadana,
pase a ser castigado con una
multa que iría de los 3.000 a
los 30.000 euros. La misma
multa se aplicaría a las personas que hagan botellón, lo
que hasta ahora se ha castigado a partir de ordenanzas
municipales, y que también
podría ser incluido como
infracción grave en la ley
orgánica. Fernández Díaz también ha anunciado que
ampliará los plazos de prescripción de las infracciones,
pero sin dar detalles.