Texto de Alejo Mancebo, miembro del Partido Comunista de Asturias y de la A. Cultural Jaime Lago

Año 2012. El mismo Estado que parecía abocado a abandonar el intervencionismo vacía las arcas públicas en el rescate bancario y se entrega a pagar la deuda privada contraída por los bancos que financiaron la burbuja inmobiliaria. ¿Quién paga la factura? La población. Millones de trabajadores asisten a un empobrecimiento paulatino. La vapuleada deuda pública no cesa de aumentar con cada medida de austeridad: más paro implica menos ingresos y más gastos sociales. La espiral de pobreza y endeudamiento recuerda a la de América Latina en la década de los 80.

En apenas cuatro años se imponen tres reformas laborales. ¿Objetivo? Hacer más competitivas las empresas. Para poder crear empleo es necesario “mejorar la cuenta de resultados”, afirman. ¿Cómo? “Trabajando más y cobrando menos”. Bajar los salarios para mejorar las exportaciones: la “milagrosa” receta alemana. La OIT no puede dejar de reconocerlo: “la estrategia de reducción de los costos laborales podría correr el riesgo de deprimir el consumo interno más de lo que aumentan las exportaciones. Reducciones competitivas de los salarios de forma simultánea en un gran número de países podría llevar a una «carrera hacia el fondo»”. Los salarios también son consumo y las mercancías se acumulan, no por falta de capital, sino por falta de dinero. ¿Lógica suicida? ¿O la única lógica posible cuando el objetivo es lograr beneficios?

Este año, por primera vez, los empresarios españoles acumularon más riqueza en el reparto del PIB que los trabajadores. Para lograr los ingresos anuales de un directivo del IBEX 35 un empleado medio debe trabajar 146 años. Es el otro lado de la moneda: “Durante el periodo de la crisis 2007-2011, las empresas declararon 851.933 millones de euros de beneficios, por los cuales tributaron un 11,9%. Si hubieran pagado el 28,5%, el tipo nominal medio, el Estado hubiera recaudado unos 35.000 millones de euros más anuales, precisamente el recorte de gasto público que los sucesivos gobiernos han estado exigiendo a la población”.

Tras la segunda huelga general del 2012 la CEOE mostraba su preocupación: “En los once primeros meses ha crecido el número de huelgas, las horas de trabajo perdidas y, especialmente, los trabajadores que secundaron las huelgas (+549,74%).” Acudiendo a asambleas o rodeando centros de salud la gente comienza a tomar las riendas.

El capitalismo antepone los beneficios de las empresas a los intereses de la mayoría. ¿Acaso los salarios no son ya demasiado bajos? ¿No se podrían refinanciar educación y sanidad con un impuesto del 30% sobre los beneficios del IBEX? ¿O crear empleo público gravando los ingresos bursátiles del 2% más rico?

ERES y cierres patronales se repiten. ¿Por qué no exigir que los directivos que se lucraron devuelvan las ayudas concedidas? Aceralia, Suzuki. ¿Por qué no incautar las instalaciones de estas empresas que cierran por no obtener suficientes beneficios?

La luz, la vivienda, los alimentos… Nunca antes sus precios fueron tan altos y nunca tanta gente careció de ellos. ¿Porqué no nacionalizar estos sectores? No ya para dar beneficios, sino para satisfacer necesidades.

Los trabajadores exigen respuestas a sus necesidades: casa, pan y trabajo. De la audacia de los activistas dependerá la elaboración de un programa que ilusione y que una a millones de personas. Y para ello la factura deberá cambiar de mesa: financiar ese programa exigirá que paguen quienes originaron la crisis, los multimillonarios, especuladores y grandes accionistas.