Para entender el enconado conflicto de la minería privada en Asturies y el norte de León hay que profundizar en el conocimiento de un territorio, los pueblos mineros del suroccidente asturiano y El Bierzo, marcados por el despoblamiento y el envejecimiento de su población, como consecuencia del largo declive del campo y la minería. A día de hoy pocas son las expectativas para las jóvenes plantillas de las minas, con edades que oscilan entre los 30 y 45 años. El principal actor por la parte empresarial es a día de hoy Victorino Alonso, un empresario leonés que aglutina el 51% de la industria nacional de extracción del carbón gracias al proceso de expansión que emprendió en los años 80 con la compra a bajo coste de minas arruinadas en el suroccidente asturiano y El Bierzo y Palencia.

Alonso ha sido siempre un empresario que ha crecido al calor de las subvenciones y la protección estatal, favorecido por unos gobernantes que no han dudado en ceder a sus presiones. Actualmente controla en Asturies las empresas Coto Minero Cantábrico (minas de Cerredo y Tormaleo) y UMINSA (Minas de Cangas de Narcea y Tineo). El actual presidente de la patronal del carbón (Carbunión) se ha convertido en un monopolista casi perfecto que con la amenaza de cierre total de sus explotaciones consiguió en 2008 que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero legislara obligando a las empresas eléctricas a comprar carbón nacional a un precio superior, dictado por Carbunión, con la consecuente subida de la factura eléctrica. El mismo Gobierno socialista se comprometió entonces a la compra por medio de HUNOSA del excedente de las minas de Alonso. El mineral se guardaría en el Almacén Estratégico Temporal (AETC) en dependencias empresariales del propio Alonso.

Problemas con la Justicia

De este almacén han desaparecido 500.000 toneladas, reclamadas por HUNOSA a principios de este año. El grupo del empresario leonés atribuyó esto a las pérdidas normales provocadas por agentes como la lluvia o el viento. El caso está actualmente en manos de la Guardia Civil, aunque parece difícil pensar que una cantidad equivalente a la carga de unos 25.000 camiones de alto tonelaje haya desaparecido por arte de magia bajo la acción de los agentes meteorológicos. Aunque esta no es la primera ocasión en la que un cliente de las empresas de Victorino Alonso denuncia acciones ilícitas, ya que anteriormente las empresas eléctricas acusaron a Carbunión de vender una producción adulterada con carbón importado de baja calidad y residuos propios de un mal lavado.

Las empresas eléctricas acusaron a Carbunión de vender una producción adulterada con carbón importado de baja calidad y residuos propios de un mal lavadoEl alcance del juego de “Don Vito”, como es conocido en las comarcas mineras, no se detiene sólo en las supuestas estafas a clientes y su presión a comarcas enteras, sino que sobre su persona pende una sentencia en firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que lo condenó a pagar una multa medioambiental de 129 millones de euros por la explotación ilegal durante doce años de la mina a cielo abierto de “El Feixolín” en el Valle de Laciana, un lugar protegido como reserva de la biosfera. Esta denuncia que llevaron a cabo conjuntamente el Ayuntamiento de Villablino y Ecobierzo, fue, según el colectivo medioambientalista, sustancialmente rebajada, quedando la multa inicial reducida hasta los 800.000 euros que Alonso aún adeuda a día de hoy a la villa minera; a cuyo consistorio también ha intentado coaccionar mediante amenazas de despidos en sus minas. Por estas razones el pleno del Ayuntamiento berciano decidía este mes calificar al empresario minero de “persona non grata”.

El chantaje a los trabajadores

El otro actor del conflicto, los trabajadores, vienen siendo sistemáticamente utilizados como mecanismo coercitivo por parte de Alonso, en especial desde 2012, con la aceleración del fin de la minería decretada por el Gobierno de Rajoy. Estas prácticas vienen siendo denunciadas por fuerzas sindicales como la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), con presencia en las minas de Alonso, y que las califica como “caciquistas” y “propias de las minas del siglo XIX”. En los últimos meses y tras la negativa del gobierno de Rajoy a asegurar el pago de ayudas a la minería privada así como la investigación del grupo de Alonso por supuestos impagos a la Seguridad Social, este ha contraatacado sacando sus empresas CMC y UMINSA a concurso de acreedores y aplicando ERE de regulación primero y de extinción después a 169 trabajadores en Cerredo y 58 en Pilotuerto. Con estas medidas pretende encarar las negociaciones con el Gobierno central desde una posición dominante que le permita el desbloqueo de las ayudas que a día de hoy se estiman tras los últimos ajustes en 49 millones de euros.

La situación para muchas familias se torna insostenible. En prácticamente la totalidad de los casos desde mayo del año del año pasado, cuando comenzaron los conflictos de la minería, los trabajadores apenas han percibido tres nóminas (correspondientes a agosto, septiembre y octubre de 2012) y se les adeudan las trabajadas de noviembre, diciembre de 2012 y enero de 2013 que es cuando se comenzaron a llevar a cabo las ejecuciones de los ERE. A día de hoy estas nóminas pendientes de pago sólo han sido abonadas a los trabajadores despedidos para hacer efectiva esta regulación. El resto de trabajadores mantienen desde enero una huelga y piquetes. Las explotaciones han cerrado de forma preventiva por temor a altercados mayores con los huelguistas. La reapertura de las minas por parte de Alonso estaría supeditada a nuevas condiciones laborales planteadas a la baja y que incluirían el aumento de una hora en la jornada laboral con supresión de los quince minutos para el bocadillo, una reducción sustancial del sueldo que podría llegar al 60% y la obligatoriedad de trabajar un sábado al mes.

La aceptación de las exigencias de Alonso sería “cargarse de un plumazo las conquistas mineras en derechos laborales de décadas de sindicalismo y volver a condiciones que parecían superadas”, asegura uno de los mineros implicados en las movilizaciones, que prefiere no revelar su nombre por temor a represalias. Con la aceptación de estas medidas por parte del Gobierno y los trabajadores Alonso consideraría la recolocación de los afectados por los despidos en las explotaciones a cielo abierto que posee, viéndose nuevamente beneficiado de un aumento de las ganancias a costa del bienestar de los trabajadores que le permitiría reanudar las extracciones hasta completar el cupo pactado de carbón sin ser penalizado por ello. Así funciona el macabro juego a tres bandas del principal empresario del llamado “capo” del carbón en España.