Cechalva, de Jorge Cecchini, no es una obra de ópera sino la empresa ovetense cuya presunta corrupción destapó el caso Pokemon en Galicia y por la que cargos del PSOE, PP y BNG se enfrentarán a procesos judiciales. Cechalva, que gestionó la grúa municipal en Uviéu hasta 2005, nunca fue investigada en Asturies, a pesar de las acusaciones de sobrecostes. Y es que los carpetazos son la receta ‘made in Asturies’: sólo una minoría de las 800 imputaciones por corrupción en el Estado han tenido lugar aquí y las condenas han sido la excepción.

La alargada mano de Herrero

Pero no es posible entender la desidia judicial sin la labor del fiscal superior del Principado de Asturias, Gerardo Herrero, apodado El Historiador por archivar las denuncias a políticos. Herrero, designado por el Ministerio de Justicia, finiquitó en 2009 la denuncia del concejal de Uviéu Roberto Sánchez Ramos, Rivi, contra la empresa Yeguada Picos de Europa, propiedad de los hijos del ex alcalde Gabino de Lorenzo, para muchos una mera pantalla para el cobro de comisiones. Tras apenas doce días de diligencias, y antes de leer la denuncia, Herrero señaló que tenía “pocos visos de prosperar”.
Su profecía se hizo realidad tres meses después, pero nunca se desvaneció la sospecha de que las compras de caballos de pura raza por ciertas empresas estaban ligadas a concesiones municipales (privatización del agua para FCC, cinco millones a Igrafo).
La mano del fiscal superior no era nueva. Ya había desestimado en 2006 unas escuchas aceptadas por los peritos, que involucraban al concejal ovetense Javier Sopeña, ahora directivo de Hunosa, y al presidente de la patronal de la Construcción, Serafín Abilio, en un caso de corrupción urbanística en Puerto de Vega (Navia). Del caso Campelo en Llangréu en 2000 quedaron absueltos los líderes locales del PSOE y PP, al igual que los acusados en el caso de la urbanización Villafría de Uviéu en 1999 que implicaba a la empresa municipal Gesuosa, en la que De Lorenzo contrató a la hija del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El fiscal Herrero volvería a la carga cuando el caso Marea se estaba ‘desmelenando’. Primero apartaría a la jueza gijonesa Ana López Pandiello, que investigaba una lista de 22 empresas vinculadas al PSOE y la conexión ovetense. Después denunciaría al sustituto de ésta, Ángel Sorando, por ocultar una semana la información a la Fiscalía cuando la acusada Marta Renedo admitía en unas escuchas que su abogado “era amigo del fiscal jefe” y eso permitía “adelantarnos a todo”. 2012 no trajo nada nuevo y la Fiscalía de Medio Ambiente pidió el archivo de la causa del vertido de veinte toneladas de fuel que HC hizo a la ría de Aboño. Donde sí se ha esmerado la justicia ha sido en la persecución a activistas sociales, como las veinte personas detenidas en el desahucio de Ciudad Naranco o las enjuiciadas por la huelga minera, a quienes el delegado de Gobierno, Gabino de Lorenzo, definió como “guerrilla urbana de la minería” y afirmó que su destino era “la cárcel”.

Una Justicia politizada

La Fiscalía es un método por el que los partidos controlan la justicia, pero no el único: nombran a dirigentes policiales y pactan el Consejo General del Poder Judicial. Y aún hay otra salvaguarda: los delitos contra la Administración pública reciben la mayor proporción de indultos por número de condenados, hasta un 1,67%, lo que según Jueces para la Democracia sirve “para que el poder se exculpe a sí mismo”.
Los acusados por corrupción no son manzanas podridas: representan la gestión pública de PP y PSOE
Por ello los acusados por corrupción no son manzanas podridas: representan la gestión pública de PP y PSOE, apoyada en conglomerados de empresas al amparo de las administraciones en las que gobiernan. Junto a ellas, numerosas fundaciones y empresas públicas pobladas de directivos de dudosa reputación, como el escandaloso manejo de dinero público en el Niemeyer sugiere, y grandes empresas que beben de todas las administraciones: la venta a SEDES (respaldada por PP, PSOE e IU) del edificio de la Consejería de Salud financió a las familias Cosmen y Lago y la declaración de ilegalidad por la Sindicatura de Cuentas en 2009 no derivó en ninguna consecuencia. En el caso Marea, Igrafo y Almacenes Pumarín eran proveedores del Principado, Ayuntamiento de Uviéu y Universidad, aunque los únicos políticos que han pasado por la cárcel son el ex consejero Riopedre y dos de sus cargos intermedios.
Tirar del hilo tendría consecuencias impredecibles e implicaría a muchos otros organismos públicos, como plantea la acusación popular de la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), que antes persiguió la especulación urbanística iniciada por Antonio Trevín (PSOE) en esa localidad y continuada por su sucesora al frente del Ayuntamiento llanisco, Dolores Campillo.

El necesario silencio mediático

El ‘pacto de no agresión’ político se sostiene por el silencio cómplice de las empresas de comunicación asturianas, mientras nuestro escaso peso en el Estado aisla las noticias a este lado del Huerna. El mutismo se extiende a las críticas a grandes empresarios como Cosmen, Masaveu o Menéndez: la huelga de hambre del desahuciado Jorge Cordero en las puertas de Cajastur apenas pisó ningún medio asturiano.
Los delitos contra la Administración Pública reciben la mayor proporción de indultos por número de condenas
Ante ello, sólo la movilización social mantendrá la lucha contra la corrupción en la agenda pública. Pero sería un error limitarla a los políticos: el tráfico de influencias se plasma en el saqueo de los bienes comunes por multinacionales y empresas locales, en la nacionalización de la deuda privada (como la petición de rescate público de 80 millones de euros de Jovellanos XXI por el Calatrava) o en los rescates bancarios (Cajastur-Liberbank solicitará 1.198 millones). En Islandia juzgaron a los gángsters de las finanzas con traje y corbata: ¿para cuándo lo haremos en Asturies?

NOTA: El fiscal superior de Asturias Gerardo Herrero fallecía durante la primavera de 2013, semanas después de la publicación de este editorial. Como número dos de la Fiscalía asturiana (y fiscal superior en funciones) ascendía Joaquín de la Riva, antiguo fiscal de medio ambiente y responsable del archivo de las investigaciones sobre el vertido de Hidroeléctrica del Cantábrico en la ría de Aboño.