Si el presupuesto en la Universidad de Uviéu era de 229,5 millones de euros en 2010, las cuentas aprobadas este Enero descendían hasta los 198 millones. Recorte necesario tras el descenso en la aportación de dinero del Principado de Asturies: 56 millones menos, si computamos la deuda del Principado y los créditos del Campus de Excelencia que la Universidad tendrá que devolver. La financiación pública, bajo gobiernos socialistas, ha pasado del 78,69% del total en 2010 a un 67%. Así, el peso de los sucesivos desfases ha caído sobre estudiantes y personal. Recortes en becas de colaboración (30%), actividades solidarias (7,5%) o del Consejo de Estudiantes (68,5% de tijeretazo), paralización en la compra de fondos bibliográficos y de las ayudas del Plan de Promoción de la Investigación, o recorte en licencias de programas estadísticos o de financiación de Departamentos y Facultades, de hasta un 50%. Los cortes de calefacción han llevado a alumnos a asistir a clase con abrigos y bufandas y la Universidad no garantiza tras Septiembre el suministro de luz. Con la docencia afectada, por el mayor número de horas por profesor y los despidos de profesores asociados, la indignación recorrió la Universidad cuando el ya dimitido Gerente de ésta, Eusebio González, aumentaba su sueldo un 16,35%, meses después de ser vinculado al Caso Marea. Millonarias contrataciones de informes externos o el préstamo de 9,5 millones para el fallido proyecto de construir una estación off-shore en el Cantábrico de generación de energía marina, también están en el punto de mira.

Reglamento de expulsión

Con la caída de financiación, el Rectorado de Vicente Gotor recurrió aumentó los precios de las matrículas, más del 60% en 4 años, lo que ha reducido la entrada de estudiantes. Y es que en 2012, la Universidad de Uviéu tenía las tasas académicas más elevadas del Estado, según el diario El País. Ante ello explotaba la paciencia de las Asambleas de Estudiantes, fuerza mayoritaria en el Claustro, y sus movilizaciones culminaban con casi 4000 estudiantes concentrados, junto a Superpública, en el Edificio Histórico el 25 de Abril de 2012. La movilización funcionó y las tasas fueron congeladas para el curso 2012-2013. Tregua que parece haberse roto con la aprobación de unos presupuestos aún más austeros. Rubén Rosón, presidente del Conseyu d’Estudiantes, recuerda que, con el apoyo de Gotor, y en medio de un ‘estado de sitio’ fueron avalados por PP, PSOE, Foro, IU, UGT y sólo con la abstención de CCOO, a pesar del boicot que los estudiantes llevaron a cabo. Han llevado por ello su campaña “SOS Uniovi” al último Claustro y a las puertas de la Xunta Xeneral, y alertan del despido de las 19 trabajadoras del servicio de reprografía, externalizado por la Universidad. Prometen nuevas acciones en Abril, donde uno de sus caballos de batalla será el llamado “Reglamento de Permanencia y Progreso”, aprobado por el Consejo Social en Diciembre de 2010, y cuya principal función es la regulación de las causas de expulsión del alumnado de la Universidad si estos no alcanzan un porcentaje de créditos aprobados anuales (90ECTS el tercer curso, con 48ECTS del primero). Casi 900 alumnos fueron expulsados de la Universidad por este motivo en 2012, mientras que 294 de ellos alegaron causas familiares difíciles o problemas económicos. Son, para Rosón, los estudiantes “invisibles” de la Universidad, “expulsados de una institución pública por una crisis económica que les obliga a trabajar o cuidar de sus familiares”. Recuerda que “ahora corre convocatoria aunque los alumnos no se presenten al examen, lo que acelera la expulsión”. Por ello, han denunciado que partidos, sindicatos y miembros del equipo rectoral en el Consejo Social, sin excepción, apoyaron unas medidas que “atentan contra el acceso de las y los hijos de trabajadores a la universidad pública”.

Consejo Social del 1%

La Ley Orgánica de Universidades de 2001 buscaba desplazar la toma de decisiones a agentes externos a la comunidad universitaria. Surgían los Consejos Sociales, conformados en un 60% por representantes de empresas y partidos, quienes decidirían planes de estudios y presupuestos. A pesar de su nombre, en su seno no encontraremos a organizaciones sociales, sino “a las de la sociedad del 1%, un caballo de Troya de las empresas en la Universidad”, añade Rosón. Su actual presidente, Ladislao Azcona, presentador de informativos durante la Transición, desde los 80 es directivo de empresas de comunicación, sociedades de inversión (Grupo Fernández Tapias) y constructoras como OHL (que aparece en los papeles de Bárcenas, por presuntas donaciones a cambio de obras públicas). No es el único empresario dentro del Consejo Social. Le acompañan Alejandro Fernández, directivo de FADE y presidente de Alimerka, empresa cuyas condiciones laborales pueden inspirar a toda una generación de universitarios. A FADE está también vinculado Alejandro Blanco, y el presidente de los jóvenes empresarios (AJE), Pablo Justel. Los cargos políticos son también habituales. Ligados al PSOE se encuentran Victorina Fernández, ex concejala de Gijón; el parlamentario Ramón Álvarez; el Director general de Hacienda Francisco José Sánchez, que hizo carrera en consejos de administración de varias constructoras públicas; y Miriam Cueto, Directora de Universidades, quien según su página web es miembro desde 1996 de la ultracatólica Fundación Oriol-Urquijo, fundada por el empresario y político falangista José María de Oriol y Urquijo, y cuya familia era hasta 2011 uno de los pilares de los Legionarios de Cristo. El PP cumple su cuota con el parlamentario Francisco Rodríguez y el alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, quien a sus 42 años aún pugna por terminar su licenciatura en Derecho. Por Foro Asturias participa el diputado Francisco Javier Junceda y por IU Emilia Vázquez, mientras los sindicatos cuentan con Daniel Rodríguez (FETE-UGT) y Adrián Redondo (CCOO).