Esta no es la única autorización concedida por el Principado a Kin­bauri. La compañía ya cuenta con permisos en zonas de Bel­monte, Tineo, Allande, Cangas del Narcea, Boal, Illano, El Franco y Castropol que, en total, suman una superficie de unos 160 millones de metros cuadrados. De momento, las autorizaciones permiten a la compañía la realización de sondeos, una fase que se puede prolongar al menos dos años, un tiempo que no tranquiliza a los críticos. En ese sentido, la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies da la voz de alarma. “El problema”, asegura Fructuoso Pontigo, miembro de la coordinadora, “es que si les dejas entrar la primera vez, en esta primera fase, la segunda va a ser más difícil impedirlo”. Pontigo, que denuncia las prácticas contaminantes de la compañía en su explotación de Boinás, centra sus críticas en el gobierno. La coordinadora califica de “despropósito” la apuesta política del Ejecutivo socialista por “la megaminería del oro” y hace hincapié en que “a pesar de tratarse de una empresa contaminante”, en alusión a Kinbauri, “el PSOE le permite nuevas investigaciones en superficies desproporcionadas”.
 

Y es que la empresa lleva tiempo en el ojo de los colectivos ecologistas. Hace aproximadamente un año, en abril de 2014, la Confederación Hidrográfica imponía a Kinbauri una multa de 240.000 euros. El motivo, “la continuidad de los peligrosos vertidos al dominio público hidráulico”, en concreto al río Cauxa, en la cuenca del Narcea. Según CHC, entre las sustancias vertidas había cianuros, selenio, cadmio o zinc. Además, la Coordinadora Ecoloxista denuncia la promesa incumplida de una nueva depuradora y la ‘herencia’ de unas balsas de lodos cianurados.
 

Ante este escenario, ¿qué opinan los habitantes de las zonas afectadas? “Algunos ni se han enterado de lo que les viene encima”, afirma Pontigo aunque, dice, hay excepciones. “En Valdés”, continúa, “los vecinos de Paredes, con los que hemos hablado, están preocupados y ya se están organizando.”
 

Quienes sí se han manifestado sobre el asunto son los dos regidores de los concejos afectados por el último permiso. En declaraciones a RPA, el alcalde valdesano, Simón Guardado, del PSOE, aseguraba en abril que “estaremos vigilantes para que se cumplan los requisitos legales, ya que afecta a una zona especialmente sensible, las hoces del Esva”, pero al mismo tiempo señalaba que “el empleo es una cosa prioritaria”. El mismo día, en la misma emisora, el regidor de Tineo, el también socialista José Ramón Feito, señalaba que “si el proyecto llega a buen puerto, la creación de empleo es un factor a tener en cuenta”, aunque matizaba sobre “el coste que tenga en el paisaje”.
 

Ambos alcaldes coincidían también en que el proceso será largo. El tiempo -y los sondeos- dirá si el occidente alberga oro o plata suficiente para los cálculos de Kinbauri. Y también revelará si la población de las zonas afectadas apostará por los puestos de trabajo prometidos por la minería del oro o por la defensa de su entorno.