ANÁLISIS // RESULTADOS DEL PACTO ENTRE PSOE E IU
Los 180 días de gobierno de la ‘izquierda plural’

Tras los primeros seis meses, las disensiones sobre el
modelo energético, ecológico y social han quedado en
un segundo plano frente al reparto de consejerías.

16/07/09 · 11:31
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FOTO DE FAMILIA. La imagen resume la reedición
del pacto de gobierno entre PSOE e IUBA-
LV. De derecha a izquierda, Vicente Álvarez
Areces y Javier Fernández por parte socialista;
Jesús Iglesias (IU), Nacho González (Los
Verdes) y Pablo Fernández (BA)./ DICK TURPIN

Las siempre complicadas relaciones
entre el PSOE e Izquierda Unida
han dado a luz en Asturies a una
reedición del pacto malogrado de
la anterior legislatura. El acuerdo
necesitó de dos etapas: la primera,
infructuosa, concluye con una prórroga
presupuestaria; en la segunda,
Izquierda Unida, atravesada
por serios problemas internos y
electorales, recibe parcelas que ya
tenía y asume la Consejería de
Desarrollo Rural, una patata caliente
con pocos recursos y desgajada
de la Consejería de Medio
Ambiente. Corría el mes de octubre
de 2008 y ambas fuerzas políticas
justificaron el pacto como
“necesario e imprescindible” para
hacer frente a un momento económico
marcado por la crisis.

Seis meses después del pacto, las
políticas en materia social, económica
y laboral no difieren de las adoptadas
por otras comunidades autónomas
o por el gobierno central. En
el caso de IU, por tanto, las contradicciones
resultan más evidentes
que para su socio de gobierno. Mientras
su coordinador general, Cayo
Lara, critica las medidas anticrisis
del ejecutivo de Rodríguez Zapatero,
sus compañeros asturianos las gestionan
día a día.

El sector industrial es un reflejo de
estas contradicciones. Asturies no
sufría una destrucción de empleo industrial
tal desde las reestructuraciones
sectoriales de los años ochenta.
El penúltimo episodio ha sido el
cierre “temporal”, en palabras de la
empresa, de uno de los dos altos hornos
que Arcelor-Mittal (12% del PIB
asturiano) tiene en Xixón. Respecto
al empleo, el tijeretazo de Arcelor
afectará a más de 13.000 trabajadores
del conjunto del Estado, con especial
incidencia en Asturies, donde
se ha presentado un ERE temporal
con una duración prevista de un año.
Se esperan, además, 1.700 prejubilaciones.

Los más de 3.000 trabajadores
de las subcontratas de la empresa
en Asturies también sufrirán las
consecuencias del recorte. Algunos
ya las han sufrido, como es el caso
de Daorje, que ya ha pasado por un
ERE, finalizado en abril y que afectó
a 261 empleados. En ese sentido, los
representantes sindicales de las auxiliares
han reiterado su malestar y,
mientras tanto, se mantienen a la espera
de una respuesta de la dirección
de Arcelor, prevista para primeros
de junio.

Mientras esto ocurre con el buque
insignia de lo que fuera la industria
pública asturiana, no parece que el
Gobierno regional tenga ninguna receta
clara para el futuro industrial de
la región. El presidente del ejecutivo,
Vicente Álvarez Areces, manifestó
su “dolor” por la decisión de Arcelor
y recordó el “sacrificio” de los trabajadores
al aceptar la congelación de
sus salarios. Más allá de declaraciones
formales, la única medida concreta
que ha trascendido ha sido el
intento de abaratar la tarifa eléctrica
de la empresa mediante la renegociación
con Industria de la tarifa de
grandes consumidores.

Lejos de presionar a la multinacional,
Álvarez Areces ha afirmado tras
reunirse con representantes de ésta
que, “por responsabilidad institucional,
el ejecutivo seguirá trabajando
en la resolución de algunos asuntos
pendientes con la empresa”, actitud
que contrasta con lo ocurrido en
Francia, donde la movilización sindical
está consiguiendo que el gobierno
de Sarkozy ejerza presión sobre
Mittal. En ámbitos próximos a la empresa
se ha apuntado que parte de la
producción asturiana podría trasladarse
a las plantas de Marsella.

Otra multinacional significativa,
Dupont, que ha recibido gran cantidad
de ayuda en dinero público y tiene
un nivel de sindicación prácticamente
nulo en su plantilla, ha anunciado
recientemente el despido de
decenas de trabajadores. No debe olvidarse
en esta enumeración la situación
de los astilleros con el caso
de Naval Gijón, donde la acción
combinada de la Delegación del
Gobierno y los ejecutivos de Asturies
y Xixón ha tenido como efecto el paso
de los representantes sindicales
Cándido González Carnero y Juan
Manuel Martínez Morala, del sindicato
CSI, por la cárcel de Villabona.
Otra de las consecuencias, la principal,
ha sido el cierre final de la empresa,
que despeja los terrenos de
los astilleros para futuras operaciones
urbanísticas.

Fricciones medioambientales

La política energética del nuevo ejecutivo
fue presentada como uno de
los pilares del modelo de desarrollo.
Sin embargo, son notables las contradicciones
de discurso que existen
entre las dos fuerzas gobernantes, y
las que hay a su vez dentro de cada
una de ellas. La actual política energética,
basada en la construcción de
nuevas y costosas infraestructuras,
implica un enorme impacto medioambiental
y poca generación de
empleo. Ecoloxistes n´Aición y otros
colectivos ecologistas han criticado
este modelo eléctrico recordando
que Asturies ya es excedentaria en
producción de energía. La construcción
de un superpuerto y una regasificadora
en Xixón defendida por el
PSOE e IU (no por Los Verdes) implica
la construcción de varias centrales
de ciclo combinado. La línea
de alta tensión de Lada-Velilla, que a
falta del estudio de impacto ambiental,
atravesará el concejo de Ayer pese
al rechazo del trazado por sus habitantes.
Otra autopista eléctrica,
Soto-Penagos, de la que en mayo se
anunció el retraso a 2010 en la ejecución,
es un proyecto irrenunciable
para el PSOE.

También la incineradora de Serín
sigue adelante sin tener en cuenta el
frontal rechazo vecinal. Y la presa
que tenía previsto construirse en
Caliao (Casu) se encuentra a la espera
de los estudios que avalen su consistencia
y, sobre todo, de una mejor
coyuntura económica. Aún así estas
fricciones ente PSOE e IU no han hecho
peligrar el pacto de gobierno, ni
su modelo desarrollista poco comprometido
con el medio ambiente,
en ningún momento.


La Sindicatura, en el ojo del huracán

M. ROJO

La Sindicatura de
Cuentas, nacida con
el objetivo de ejercer
un “control externo
sobre la actividad
económico financiera
del sector público
asturiano”, ha estado
presidida por la
polémica: trabas a la
hora de acceder a
gran cantidad de
documentación, y
presiones “insoportables”,
en palabras
del síndico Antonio
Arias.

Uno de sus informes
más contundentes es
el que se refiere a la
compra de las oficinas
del edificio Calatrava
de Uviéu por
parte de la administración
regional por
valor de 58 millones
de euros a la empresa
Jovellanos XXI,
propiedad de Cosmen
Adelaida y
Alberto Lago, y dirigida
por el ex miembro
de la ejecutiva de la
FSA José Luis Marrón
Jaquete. Este informe
señala que el
ejecutivo asturiano
incumplió la Ley de
Patrimonio al usar a
la constructora
SEDES, de capital
mixto, como “mera
intermediaria” en
una operación inmobiliaria
que debería
de haber sido aprobada
por la Junta
General.
Su próxima operación,
la construcción
de la llamada
‘Ciudad de la Justicia’
en la parcela
del Vasco, en Uviéu,
necesitará de 200
millones de euros
de dinero público.

Vivienda: la crisis del ladrillo

En vísperas de la firma
del pacto que configuró
el actual Gobierno, el
presidente Álvarez Areces
anunciaba medidas
para “aliviar a los constructores
y poner a disposición
de los ciudadanos
viviendas en un
número importante”.

Con miles de pisos
vacíos en Asturies
(según Asciz, sólo en
Uviéu hay más de
20.000) el ejecutivo
regional se acuerda de
los ciudadanos cuando
la burbuja inmobiliaria
ha tocado techo, y la
primera medida es realizar
un trasvase de fondos
públicos a las
arcas privadas de los
constructores. El importe
ronda los 30 millones
de euros, el doble
del gasto que se
emplea en el Salario
Social, y es aportado
por la Consejería de
Bienestar Social a
VIPASA para la compra
de vivienda y su posterior
alquiler a precios
‘asequibles’.

Aún así, la patronal del
sector, a través de la
Confederación Asturiana
de Constructores, ha
criticado esta medida
por considerarla insuficiente,
mientras que
reclaman del ejecutivo
ayudas a los ciudadanos
para la compra de
pisos y evitar así el
desplome de los precios
de la vivienda de
nueva construcción.

Educación pasa factura a IU

M. ROJO
La educación pública ha
pasado por una primavera
caliente. Dos huelgas
y tres manifestaciones
han logrado
paralizar una evaluación
docente que fuentes sindicales
califican de
“subjetiva, basada en
criterios mercantilistas”
y que evita el diálogo
con las centrales sindicales.

SUATEA, CCOO,
ANPE y CSIF no descartan
convocar más movilizaciones,
que ya han
provocado controversias
entre las fuerzas políticas
del ejecutivo asturiano.
Así, el diputado de
Izquierda Unida, Francisco
Javier García Valledor
persistió en defender la
posición que hasta ese
momento había mantenido
su fuerza política,
alineándose con las reivindicaciones
sindicales.

Este empeño le valió
una desautorización
pública por parte de IU,
que abrazó la postura
de la FSA en el debate
parlamentario. Durante
semanas se especuló
con la posibilidad de
que Valledor abandonase
su escaño, bien por
voluntad propia, bien a
instancias de IU. Por
otra parte, la situación
de la educación en Asturias
no difiere de la del
resto del Estado. La privatización
de este servicio
público alcanza cuotas
de más del 50% en
alguna de las diferentes
franjas educativas.

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