HONDURAS
Apuntan a las fuerzas de seguridad como responsables de la tragedia de Comayagua

El pasado 14 de febrero murieron 360 internos a causa de un incendio en uno de los módulos del penal de Comayagua, en Honduras. Grupos de defensa de los derechos humanos señalan la actuación negligente de las fuerzas de seguridad.

05/03/12 · 12:02
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HONDURAS. Interior de la cárcel de Comayagua donde murieron más de 350 personas / Foto: Fredrik Wass

“Los dos grupos de personas más
importantes de una prisión son los
reclusos y el personal que los custodia.
Y la clave para una prisión bien
administrada es la naturaleza de las
relaciones entre ambos grupos”.
Esta reflexión pertenece al manual
La administración penitenciaria en
el contexto de los derechos humanos
,
escrito por Andrew Coyle, director
del Centro Internacional de
Estudios Penitenciarios
de la
Universidad de Essex, que también
dirigió una serie de cárceles de alta
seguridad. Teniendo en cuenta su
cita, la actuación de los guardias del
penal de Comayagua –a 80 kilómetros
de Tegucigalpa (Honduras)–,
refleja que no otorgaban la dignidad
inherente del ser humano a los
presos
. Los funcionarios de esta
cárcel no sólo no abrieron las celdas,
sino que dispararon contra los
internos, según el testimonio de los
reos que sobrevivieron.

El 14 de febrero, más de 360 internos
murieron a consecuencia de un
incendio en “el hogar” o módulo 6 de
ese penal. El motivo del incendio
queda difuminado por el tratamiento
amarillista de la prensa hondureña,
pero entre las diferentes versiones se
cuela una en la que aparece el dinero
como móvil del crimen.

Un interno que logró huir asegura
que 85 presos habrían pagado a los
responsables de la prisión para llevar
a cabo una fuga a las diez de
aquella noche
. Pero “la policía nos
traicionó”, asegura esa fuente. Mientras
se ejecutase la fuga planeada,
asesinarían en la celda 6 al doctor
Jorge Constantino Ypsilanti Maradiaga,
preso por el asesinato del español
Ángel García Rubio en 2009.
Según la hipótesis del columnista
Serapio Morazán, publicada en rebelion.org –donde también aparece
la versión del superviviente–, se
utilizaron granadas incendiarias
de uso militar “para garantizar que
el incendio borrara las huellas de
los perpetradores y las identidades
de los cadáveres”
. Y sentencia:
“Ningún colchón puede hacer arder
un penal entero de forma tan
rápida y pavorosa”.

A falta del resultado de las investigaciones,
y aunque las anteriores teorías
nacen de la especulación, la corrupción
es una constante en las cárceles
hondureñas
. El Manual de buena
práctica penitenciaria considera
que un buen salario impediría que el
personal se prestase a sobornos. En
cuanto a la formación de la policía
penitenciaria, dicho informe revela
que el 73% tiene un nivel básico de
estudios, es decir, no supera sexto de
primaria. Por parte de las instituciones
no se ofrece una preparación integral
a los empleados administrativos
o de seguridad en los centros penales:
únicamente se basa en el entrenamiento
físico, la defensa y el
manejo de armas.

El análisis Diagnóstico del sistema
penitenciario 2011, realizado por el
Comité Nacional de Prevención hondureño
refleja las deficiencias del sistema
penitenciario de ese país.
Aunque no se garantiza la protección
de la agresión física, se antepone la
seguridad y disciplina a la rehabilitación,
debido a la escasez de programas
educativos y laborales. Por otro
lado, la vida en prisión evidencia la
desigualdad del sistema social común:
“Los que tienen mayor capacidad
económica obtienen mejores privilegios
en su estancia” como, por
ejemplo, eludir el hacinamiento.
Citando al profesor Coyle, “una de
las más grandes pruebas del respeto
por la humanidad reside en el modo
en que la sociedad trata a quienes
han infringido, o han sido acusados
de infringir, la legislación penal”.

Máximo responsable

La violación de derechos humanos
en las cárceles hondureñas es
“consecuencia de las deficiencias
estructurales del propio sistema
penitenciario”
, según indica Marcia
Aguiluz. Esta abogada del
Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL)
ve al Estado
de Honduras como el “máximo responsable”,
pues “esta tragedia se
podía haber evitado. La sentencia
de 2006 de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) ordenaba
tomar medidas para mejorar
las condiciones de las personas
privadas de libertad”.

En este sentido, Honduras ha incumplido
la obligación de la CIDH.
Después de los antecedentes ocurridos
en 2003 y 2004 en La Ceiba y en
San Pedro Sula, respectivamente, será
ocho años más tarde cuando la
CIDH vea el caso de los 107 muertos
de Sula. El relator de la CIDH sobre
las personas privadas de libertad,
Rodrigo Escobar, en declaraciones a
la Cadena Ser, mantiene que, “cuando
los Estados incumplen sus obligaciones
[de investigar este tipo de tragedias],
los órganos de justicia de la
Comisión y de la CIDH asumen su
competencia”. Tal negligencia deja
al descubierto la falta de voluntad del
Gobierno de Porfirio Lobo de mejorar
las condiciones de los presos.

A cambio, el Ejecutivo ha militarizado
el país para disuadir la organización
de la resistencia. El artículo
Un presidio llamado Honduras, firmado
por la Organización Fraternal
Negra Hondureña, denuncia que la
legitimación del golpe de 2009 “le ha
servido al imperio para crear un escenario
de guerra (...) con el propósito
de inculcarle al pueblo la supuesta
necesidad de gobiernos de mano dura
para erradicar la violencia”
. Igualmente,
Karen Spring, miembro de
Rights Action, resalta la preocupación
de grupos de defensa de los derechos
humanos ante el posible sabotaje
al frente amplio Libertad y
Refundación (LIBRE) por parte de la
oligarquía hondureña y la embajada
de EE UU en las elecciones de noviembre
de 2013.

LA GRANJA-PENAL
DE COMAYAGUA

La prisión de Comayagua, en el
centro de Honduras, tenía una
capacidad máxima de 250 presos
pero encerraba a 842, de los
cuales sólo 325 internos tenían
sentencia firme. Según el mencionado
análisis-diagnóstico, el régimen
alimenticio se basa en arroz,
frijoles y tortillas con un «presupuesto
de 13 lempiras diarios»
(0,50 euros) por reo. Éstos dormían
en condiciones de hacinamiento
y con poca ventilación.
A pesar del claro abandono, la
prisión pretendía autosostenerse
con la comercialización de sus
labores productivas. De hecho,
esta cárcel también era conocida
como granja penal por la cría de
cerdos y gallinas, y un huerto
donde cultivaban pipianes, tomates,
guayabas y maíz
. No sólo era
un ejemplo por ser la más productiva
de las 24 cárceles de
Honduras, sino que además
impartía talleres y destacaba por
sus actividades culturales, «entre
ellas literatura, poesía y canto».

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