Los okupas entraron el 22 de enero en la antigua cárcel de Torrero. Foto: Primo Romero

“Todas las ocupaciones ilegales de
edificios públicos van a ser desalojadas
con arreglo a los criterios que
marca la ley”, afirmaba el 18 de febrero
el vicealcalde, Fernando Gimeno
(PSOE), sobre la reokupación
de la antigüa cárcel de Torrero. De
esta forma, el Ayuntamiento parecía
reiterar su postura frente a la okupación
de inmuebles municipales: no
se va a permitir esta opción ya que
hay una red de espacios públicos a
los que acceder por la vía oficial.

Sin embargo, la cosa se complicó cuando
el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento,
Carlos Pérez Anadón, dijo
en pleno municipal: “Procuraría que
no se repitieran las escenas de violencia”,
según Javier Grassa, de la
asociación de vecinos Venecia Montes
de Torrero. Varios medios locales
publicaron que el Ayuntamiento permitiría
estar a los jóvenes en la antigua
cárcel, después fuentes del Consistorio
lo desmintieron.

La asamblea okupa de Zaragoza
mantiene su postura de no negociar
con el Ayuntamiento y sigue alerta
ante un posible nuevo desalojo.
“Para nosotros las declaraciones del
Ayuntamiento no cambian nada. Es
un lavado de cara para no perder
electoralmente el barrio”, opina una
de las personas que participa en el
centro social. El procedimiento penal
sigue abierto “contra ocupantes
desconocidos”, igual que la denuncia
del Ayuntamiento. Lo que no sigue
vigente es la misma orden de desalojo,
es decir, que si el juez no dicta una
nueva, la policía no puede actuar como
hizo el 20 de enero.

El Ayuntamiento tenía previsto
instalar un centro cultural en este espacio,
para dar respuesta a una reivindicación
histórica de las asociaciones
vecinales. Con la Expo 2008
se paralizó el proyecto y el Consistorio
se ha desentendido de él, argumentando
que se había quedado sin
dinero. La cárcel fue okupada por
primera vez en octubre, tras el desalojo
del CSO La Vieja Escuela tres
días antes del Hackmeeting de 2010.

A los días, reokupación

A pesar de que se daba por finalizada
la etapa de la asamblea okupa en
el Centro Social Kike Mur tras su
desalojo, durante la manifestación
del 22 de enero se reokupó la antigua
cárcel de Torrero. La indignación
por la brutalidad policial con la
que se produjo el desalojo terminó
cuando los dos centenares de personas
que quedaban al término de la
marcha entraron al edificio.

Los coches
de la policía local dieron media
vuelta ante la presión popular y la
falta de refuerzos. Los okupas, por su parte, iniciaron
la reconstrucción del inmueble tras
los destrozos de los agentes en el
desalojo. Unos días después, volvían
a ofrecer el espacio para charlas, proyecciones
y conciertos. Se han retomado
los comedores veganos, los actos
de jornadas, las clases de inglés,
la tienda gratis, la peluquería...

El desalojo se saldó con una docena
de heridos –cuatro de ellos
han presentado denuncia por agresiones–
y un detenido, que fue
puesto en libertad con la obligación
de acudir al juzgado cuando sea
requerido. Los afectados estudian
defenderse ante la justicia como
acusación popular. Las cámaras de
medios de todo el Estado fueron
testigos de la dureza con la que actuó
la Policía Nacional.