¿Cuál ha sido la evolución de la vivienda en Andalucía?

En las últimas décadas hemos vivido la consolidación de un régimen de provisión de viviendas basado en la propiedad y la deuda. Aunque el sistema de propiedad hunde sus raíces en el franquismo, con el régimen democrático hemos vivido cómo la intervención del Estado en la cuestión de la vivienda se volvía irrelevante, al mismo tiempo que se establecía un modelo basado en el endeudamiento de las familias con entidades financieras. Esta ha sido una contribución fundamental a las dos burbujas económicas que hemos padecido en los últimos años y que han tenido como efecto notorio el hiperdesarrollo del sector de la construcción y del sector financiero. Así, al mismo tiempo que se multiplicaban las viviendas vacías, la creación de empleo y riqueza se hacían cada vez más dependientes de este sector, especialmente en el caso del levante y de Andalucía.
Más allá de las endebles bases del modelo, los problemas con respecto a la provisión de viviendas seguían existiendo, si bien tenían un carácter fragmentario. El mercado de la vivienda se había dualizado. Por un lado, estaba una floreciente clase media y una clase obrera acomodada para las cuales el sistema de endeudamiento funcionaba aparentemente bien, mientras pudieran pagar las desorbitadas e inacabables cuotas con las que accedían a la propiedad. Por otro lado, toda una serie de grupos quedaban excluidos. Así, el chabolismo y la infravivienda, que desaparecieron de otras partes del Estado, siguieron existiendo en Andalucía, ahora totalmente ignorados por la administración. Los procesos especulativos en los centros históricos se cebaron con el desplazamiento de los más débiles, los inquilinos pobres y mayores, a medida que el suelo se revalorizaba en las ciudades grandes como Sevilla, Cádiz o Granada. Por último, los precios desorbitados que llegaron a alcanzar las viviendas excluyeron en gran medida a los jóvenes, entre los cuales la precariedad laboral y la temporalidad se expandían de forma galopante a pesar de las moderadas tasas de desempleo. Así, se creó la paradoja de un parque de viviendas sobredimensionado e infrautilizado y una juventud que no podía independizarse hasta edades muy avanzadas por las dificultades en el acceso a la vivienda.

¿Cuáles son las problemáticas actuales en este ámbito?

Todo el sistema de provisión de vivienda basado en la propiedad y la deuda, que en Andalucía, junto con el turismo, era uno de los dos pilares fundamentales de la economía, se ha venido abajo. La consecuencia lógica ha sido el cierre de empresas y el desempleo, que ha empezado precisamente por la construcción pero que se ha contagiado rápidamente a otros sectores. Las absurdas deudas contraídas en el periodo anterior, unidas a la reducción de los ingresos en gran parte de la población, han dado lugar a la actual orgía de ejecuciones hipotecarias y desahucios. Una parte importante de los andaluces, fundamentalmente estratos de las clases populares que estaban hipotecados para acceder a un piso, pierde ahora sus viviendas. A esta terrible situación se le une el hecho de que los hipotecados pierden el inmueble pero mantienen las deudas contraídas, ya que actualmente las viviendas han perdido una buena parte del inflado precio que ostentaban antes de 2007.

El problema no se restringe a la hipotecas. También se han multiplicado los desahucios de familias que habitaban en régimen de alquiler. En general, los que anteriormente eran los estratos más pobres han visto cómo su situación empeora ostensiblemente, aunque el problema también está empezando a afectar a las clases medias. Podría decirse que el conflicto de la vivienda ha pasado de ser un problema fragmentario a un problema que se percibe como generalizado.

Es indudable que las dificultades son grandes y están bastante generalizadas. Hasta ahora el colchón social permite aguantar, pero no sabemos hasta cuándo durará. La principal ventaja respecto de la provisión de vivienda en nuestro contexto es que, realmente, existen recursos, existen más viviendas incluso de las que se requieren, el problema con esto es que no las tienen aquellos que las necesitan.

¿Cuál ha sido la respuesta ciudadana? ¿Podrías destacar algunas iniciativas?

El movimiento por la vivienda en Andalucía ha crecido de forma generalizada: en activistas, en influencia social y en presencia pública. En este momento, junto a las movilizaciones contra los recortes, supone la mayor expresión de descontento social frente a la crisis. La mayor visibilidad la han tenido las resistencias frente a los desahucios, que han sido múltiples en los últimos dos años y que se han extendido por todo el territorio andaluz. Esto ha dado lugar al surgimiento de plataformas específicas como Stop-Desahucios o la más antigua Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que al menos en Granada, Málaga y Córdoba tienen un peso importante y están consiguiendo avances relevantes.

Por otro lado, el caso de Sevilla es también muy interesante. Allí, las protestas contra los desahucios han sido lideradas por el 15M. A partir de la comisión de vivienda del mismo se ha desarrollado una metodología muy efectiva, con 13 puntos de información de vivienda y encuentro, distribuidos por la ciudad y la provincia, que han servido para consolidar grupos de afectados por el problema. De estos últimos ha surgido la estrategia de ocupación de edificios en manos de los bancos, las denominadas corralas. Actualmente son nueve edificios los ocupados y más de cien familias las realojadas mediante estas acciones directas.
El terreno ganado por lo general es notable. Los bancos y cajas cada vez están más dispuestos a conceder la dación en pago y a negociar alquileres sociales. Por otro lado, aunque la administración central ha adoptado algunas medidas, estas siguen siendo insuficientes, casi ridículas en relación a las dimensiones del problema, y el gobierno andaluz sigue sin tomar ninguna iniciativa relevante.