El personal sanitario y colectivos migrantes se organizan para defender la sanidad universal

Aunque la consejera andaluza de Sanidad asegure que el Servicio Andaluz de Salud continuará dando antención sanitaria a "sin papeles", varias organizaciones alertan de las dificultades para obtener la tarjeta sanitaria, así como acceder a una atención mas especializada.

, Redacción Andalucía
20/03/13 · 6:41
Mel

El año pasado se hacía público el Real Decreto Ley 16/2012. Uno de los grandes cambios aportados por este Decreto fue la incorporación del término de “asegurado” para clasificar a las personas que optan a la prestación de servicios sanitarios. Las personas inmigrantes de forma irregular eran uno de los colectivos afectados por esta medida al ser excluída su cobertura sanitaria de manera gratuita, pasando de este modo a cobrar la atención en caso de que tuviera lugar. Hasta el momento en todo el estado las personas “sin papeles” tenían cubierto el derecho a la asistencia sanitaria gracias a la asignación de una tarjeta sanitaria. En la actualidad dicha tarjeta les ha sido retirada.

Los servicios sanitarios de cada comunidad autónoma han aplicado de manera diferente el decreto. La Consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero aseguraba en septiembre del mismo año, que desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se continuaría con la atención sanitaria a personas “sin papeles” siguiéndose el mismo protocolo que hasta entonces. Según Cipriano Jiménez de la APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) estas personas “tienen asegurada en Sevilla la atención primaria en los centros de Salud”, aunque es más complicado cuando se trata de una atención más especializada.

Según Jiménez “la clase médica no se está negando a trabajar de este modo”. Han sido pocos los profesionales que se han negado a asistir a inmigrantes indocumentados, exceptuando algunos casos. Durante algunos meses, según Médicos del Mundo, este decreto generó bastante incertidumbre en el personal sanitario del SAS y han sido muchos los profesionales que han acudido a diferentes colectivos para apoyar cualquier tipo de objeción en este sentido. De cualquier manera la situación no ha cambiado mucho en estos últimos tiempos: las personas en situación irregular ven dificultada el acceso a los servicios de Salud de la Junta “ocasionados sobre todo por los servicios administrativos, antes de ser atendidos por el personal sanitario” según argumenta Jiménez.

Los inmigrantes “sin papeles” han vivido con incertidumbre la aplicación de esta normativa. Sumado a la dificultad que añade estar indocumentado para cualquier servicio, las peripecias que han tenido que solventar para poder ser atendidas por el SAS en casos más especiales no han sido pocas. Desde hace algún tiempo, las personas que reciben atención hospitalaria se van con la factura de los servicios prestados en la mano a su salida del centro. En otras ocasiones les son dificultadas el acceso a medicamentos que para las personas regularizadas son más baratas y en otras “no han sido atendidas por los servicios de administración de determinados centros, siguiendo las políticas de funcionamiento del hospital” según la APDHA.

Las diferentes ONG’s son las que se están encargando de facilitar los servicios sanitarios a estas personas. Valentín Márquez, de Médicos del Mundo, expresaba para DIAGONAL que “tienen que hacer un seguimiento para cada caso especial” facilitando de esa manera que puedan arreglarse de alguna manera los problemas que se están generando. Aunque se supone una cobertura universal de nuestro sistema sanitario, es necesaria la actuación de estas organizaciones como intermediarias para buscar soluciones plausibles ante estas situaciones. A través de charlas y publicidad, así como a través de las redes de las personas afectadas, los colectivos de atención a personas inmigrantes dan a conocer sus servicios.

Lo que parece bien claro para la Plataforma Multicultural por una Sanidad Pública de Sevilla es que no pueden desvincularse estos problemas de la tendencia privatizadora de los servicios Sanitarios. Es por eso que el próximo Jueves 21 de marzo, día internacional contra el Racismo y la Xenofobia esta plataforma integrada por diferentes colectivos de personal sanitario y de personas inmigrantes han decidido tomar la calle con un pasacalles que saldrá a las 18 horas de la Glorieta de San Lázaro, dirigiéndose hacia el Parlamento donde se leerá un manifiesto por la defensa de una Sanidad Pública Universal. El pasacalles tendrá un carácter lúdico y reivindicativo contando con la actuación de diferentes agrupaciones latinas y africanas para expresar su rechazo a las distintas formas de discriminación que han empezado a surgir en la ciudad de Sevilla, la lucha por una Sanidad Pública y sobre todo, como expresaba Jiménez, de la APDHA, “para mostrar que los problemas pueden solucionarse sin rechazo y sin violencia” como algunos grupos sevillanos tratan de hacernos ver.

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