SEVILLA // JUICIO A ESTUDIANTES, DIEZ AÑOS DESPUÉS
La policía admite tener “archivos secretos” de activistas sociales

El 13 de julio finalizó el juicio contra 24 personas por los incidentes de febrero de 2002 en la Universidad de Sevilla en el marco de las protestas anti LOU. En la vista, la policía reconoció la existencia de ficheros ideológicos.

, Redacción Andalucía
22/07/11 · 17:53

La Red de Apoyo a los Estudiantes
anti LOU siempre ha insistido en el
carácter político de este proceso, cuyo
objetivo era quebrar, a través de
la represión, el movimiento de lucha
estudiantil. Lo que pocos esperaban
es que esto se hiciera evidente en la
vista oral. En una de las sesiones, la
sala enmudeció cuando un policía
de la Brigada de Información, testigo
de la Fiscalía, reconocía la utilización
de “archivos secretos”
de carácter
ideológico para identificar a las
personas imputadas .

Según explica Luis de los Santos,
uno de los abogados defensores, la
existencia de estos ficheros ya se había
puesto de manifiesto porque “como
prueba, fueron incluidos informes
políticos sobre una serie de
imputados, acerca de su ideología
o
las manifestaciones a las que acudían”.

Y afirma que el entonces jefe
de la Brigada de Información de la
Policía Nacional y actual concejal
de Seguridad y Movilidad en el
Ayuntamiento de Sevilla, Demetrio
Cabello, “ha llegado a declarar que
utilizan esos informes para que los
jueces sepan con qué tipo de personas
están tratando”.

Este abogado confirma haber “pedido
a la jueza que deduzca testimonio
por un delito contra la libertad
ideológica y contra la intimidad de
las personas a los tres policías de la
Brigada Social que han declarado en
 el juicio. Si esto no ocurre, daremos
cuenta al Defensor y a la Fiscalía
porque creemos que estas prácticas
pueden ser constitutivas de delito”.

Demetrio Cabello, el entonces responsable
policial, se ha negado a
aclarar los criterios utilizados para
identificar a las personas que luego
fueron acusadas de haber participado
en los incidentes. Según el abogado
esto provoca su absoluta indefensión:
“No podemos valorar si es constitucional
o no, y si esta prueba de
cargo está absolutamente viciada
y,
por lo tanto, si todas las diligencias
practicadas en base a esas identificaciones,
por la misma razón, deberían
anularse”.

Durante la vista oral las defensas
han señalado otras irregularidades
del procedimiento,
comenzando por
su dilación indebida. Además, los
guardias de seguridad, testigos de
la acusación, no han reconocido a
ninguna de las personas imputadas.

Algo que las defensas destacaron en
los alegatos finales: “Una cosa es que
de un conjunto de hechos no se recuerden
determinados detalles y otra
bien distinta es que las pruebas de
cargo para condenar se basen en testimonios
que afirman no recordar absolutamente
nada”.

Son algunos ejemplos de un proceso
considerado, desde sus inicios
como un “auténtico despropósito”
por la Red de Apoyo (apoyoantilou.-
blogspot.com). Los abogados y abogadas
de la defensa coinciden en que
en ningún momento han quedado
acreditados por parte de la Fiscalía
los presuntos delitos de desórdenes
públicos y daños ni las faltas de lesiones.
“En base a la falta de pruebas y
al principio de presunción de inocencia
debería de dictarse su absolución”,

sostiene Luis de los Santos.

Durante la vista oral se ha recordado
el contexto sociopolítico en el
que se produjeron estos hechos, una
época de gran agitación social marcada
por las protestas contra la reforma
laboral o las políticas belicistas
del ejecutivo de José María Aznar,
un Gobierno que desde enero
de 2002 ocupaba la presidencia de la
Unión Europea y se preparaba para
la Cumbre de jefes de Estado de la
UE
que iba a tener lugar ese mismo
verano en Sevilla.

En concreto, la masiva respuesta
estudiantil contra la LOU y la Ley de
Calidad despertó a una comunidad
universitaria que no se movilizaba
con tanto ímpetu desde la década de
los ‘80. El rechazo a una ley que abría
la puerta a la mercantilización y elitización
de la Universidad movilizó a
decenas de miles de personas en todo
el Estado. En Sevilla, el Comité
General de Huelga se convirtió en
referente de la lucha.
Una vez aprobada
la ley, la estrategia estudiantil
pasó por reclamar la desobediencia
civil de los órganos universitarios a
la aplicación de la LOU. En Sevilla,
se organizó una acampada a las
puertas del Ayuntamiento que fue
desalojada después de 49 días de resistencia.

Aunque el fiscal ha rebajado la petición por desórdenes públicos, de un año de prisión a cuatro meses, ha mantenido la reclamación de altas cantidades

En lugar de rendirse, un
centenar de estudiantes decidieron
 asistir a la Junta de Gobierno de la
Universidad convocada el 8 de febrero
para dar luz verde a la LOU,
con
la intención de solicitar su aplazamiento
hasta que se celebrase una
Asamblea de Universidad. Una vez
 allí, el entonces rector de la Universidad
de Sevilla, Miguel Florencio, que
había garantizado que escucharía a
los estudiantes, les dio la espalda. Se
produjeron unos incidentes, descritos
en el juicio como de “absoluto
caos”, que se iniciaron tras ser gaseados
los estudiantes, tal y como demuestra
una de las imágenes incluidas
en el sumario, en la que se ve como
un guardia de seguridad se dirige
contra ellos accionando uno de
los extintores.

Casi diez años después…

El papel del entonces rector, Miguel
 Florencio, ha sido, cuanto menos
ambiguo, ya que pasó de convocar
un paro académico a convertirse en
el impulsor implacable de la represión
estudiantil. Así, se inició un doble
proceso: uno administrativo, que
en base a un reglamento de 1954,
culminó con la expulsión durante
cinco años de la Universidad de cinco
de los estudiantes,
además de la
anulación de ese curso; y otro, penal,
en el que, a raíz de la denuncia interpuesta
por el rector, se produjeron
enseguida las primeras detenciones
a partir de las irregulares identificaciones
policiales y que se cebaron en
las personas que habían sido más visibles
durante la lucha. Estos sucesos
marcaron al movimiento anti LOU
ya que la intensa campaña de criminalización
y represión frenó la lucha.

Aunque el fiscal ha rebajado la petición
por desórdenes públicos, de
un año de prisión a cuatro meses, ha
mantenido la reclamación de altas
cantidades, incluida la indemnización
por responsabilidad civil, que
supera los 37 mil euros.
Mientras, los
y las 24 acusados consideran que la
única decisión justa es su absolución.

En sus intervenciones finales coincidieron
en que han pagado con creces
por unos hechos de los que no
fueron responsables
. “Llevo diez
años preguntándome por qué fui detenida,
por qué fueron a mi casa e intimidaron
a mi hermano pequeño,
por qué me quieren condenar por luchar
por una educación pública y
acudir a una concentración".

Archivos secretos

La referencia en el juicio a «archivos secretos ha confirmado», según Luis de los Santos, "la denuncia que interpusimos en su día una serie de organizaciones ante Fiscalía, Defensor del Pueblo y Agencia de Protección de Datos, sobre la existencia de archivos al margen de la Ley de Protección de Datos, sin que las personas puedan tener acceso para su rectificación y cancelación".

En la denuncia presentada en abril de 2011, a raíz de varios casos, entre ellos, este mismo proceso judicial, se pide la apertura de una investigación por la posible existencia de bases de datos de ciudadanos manejadas por la Brigada de Información de la  Policía Nacional y el Grupo Hércules de la Comisaría Centro de la Policía Nacional, con conocimiento dela Delegación del Gobierno en Sevilla "con una finalidad político- ideológica"y "sin control alguno por parte de la Administración", que pueden vulnerar derechos fundamentales". 

El Defensor del Pueblo Andaluz confirmó el 27 de mayo que abrirá una investigación. 

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comentarios

2

  • |
    anónima
    |
    04/08/2011 - 6:20pm
    Mis amigos Maderos, (que juraron defender a los ciudadanos y cumplir la ley, están horrorizados. Con la excusa del terrorismo de una eta que no existe desde hace + 20 años, han generado Brigadas Político Sociales con el eufemismo de Brigadas de Información. Hay un estado para policial al servicio de los narcos, las putas, colocando a psicopatas en la cúpula político policial de interior) Con talonarios de seguridad privada por detrás, con dos policías la real mil eurista y desmotivado y la creada al margen de la ley, con cuatro por cuatro y 3000 euros en dietas y comisiones, pero que torpe, que burro, reconocer la existencia de la base de datos, Solo se mantenía una voz critica dentro de un sindicato policial, donde lo han comprado, podéis ver la cazicada dentro de comités regionales país vasco noticias. en www.ufpol.org
  • |
    anónima
    |
    02/08/2011 - 1:49pm
    Buen trabajo Inma. Aunque constantemente han querido desviar la atención hacia otros hechos, como la rotura de la puerta para salir cuando fueron gaseados, el tema principal es ese: los imputados e imputadas fueron sancionados/as por la universidad en base a criterios políticos-ideológicos y no en base a lo ocurrido. Que las imágenes de los manifestantes circulan en una base de datos gestionada por la policía y capturadas por infinidad de cámaras en las calles y en los edificios públicos es un hecho, ahora evidente. Desde el desalojo desproporcionado los días previos hasta la época de privatizaciones que nos ha tocado vivir en la Universidad en aras del "pleno-empleo" (conexión empresa-universidad lo llamaban) no han venido más que aumentando las desigualdades, no cabe duda. A la vista de que los métodos heredados del pasado no tienen en cuenta el caracter personal de los datos, ya estamos viendo como se comienza a trabajar en clandestinidad. Ahora yo me pregunto, de todas las personas implicadas en las movilizaciones, la acampada y la ocupación ¿cuantos quedan? ¿donde están el resto personas comprometidas? Y si se sigue usando como chivo expiatorio a unos y unas cuantas estudiantes ¿para dar un ejemplo a quién? "Con la iglesia hemos topao"
  • Imágenes de una rueda de prensa a la vista oral en Sevilla.
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