Viviendas vacías en Granada
"La Junta está amenazándome"

Las familias del barrio de Almanjáyar denunciadas por EPSA relatan fuertes presiones de altos cargos.

15/05/13 · 14:48

Ester Sánchez, desempleada de 21 años con una niña de cuatro, ha prestado declaración en la mañana de este miércoles en los juzgados de Granada. Como adelantó DIAGONAL, Sánchez ha sido denunciada por un presunto delito de usurpación por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) tras haber ocupado, como otras familias, varias viviendas vacías de su propiedad, situadas en el barrio de Almanjáyar.

Sánchez ha sido arropada por una treintena de miembros del grupo Stop Desahucios del 15M de Granada. Antonio Redondo, miembro del grupo, ha exhortado a la Junta de Andalucía a retirar la denuncia para poder buscar una solución dialogada. "No entendemos cómo Izquierda Unida (partido al que pertenece la consejera de Vivienda, Elena Cortés) tiene viviendas vacías, dicen que van a expropiar viviendas a los bancos y ellos tienen. Si van a expropiar viviendas, que empiecen por estas familias".

Este martes, después de que DIAGONAL hiciera pública la noticia, Manuel Morales, delegado de Vivienda de la Junta en Granada, manifestó que "se ha aprobado un plan para hacer asequible la vivienda pública en Almanjáyar". Morales añadía que habían propuesto a las familias que ocuparon las viviendas incorporarse a ese plan: "Cinco de ellas han aceptado nuestro ofrecimiento y han abandonado los inmuebles, pero nos consta que hay dos que se niegan".

Presiones de directivos

Las familias afectadas señalan que no hubo "ofrecimiento", sino "amenazas". "Desde el principio la Junta ha estado amenazándome, diciendo que me iban a denunciar, que voy a ir a la cárcel, que voy a tener antecentes penales", ha relatado Sánchez.

DIAGONAL también ha podido hablar con integrantes de otras familias que entregaron las llaves tras las presiones recibidas. Varios de ellos también han sido denunciados y han prestado declaración este miércoles. Estas personas, que prefieren no dar sus nombres, han confirmado el relato de Sánchez, y entre los responsables directos de esas amenazas mencionan a Juan Hidalgo, gerente de EPSA en Granada, y Francisco Javier Fernández, director técnico del Área de Rehabilitación en EPSA. Nahum Álvarez, jefe de servicio de Vivienda de la Delegación de Fomento y Vivienda de la Junta en Granada, y ex director de las cárceles de Albolote (Granada) y Campos del Río (Murcia), también habría jugado un papel importante en las presiones.

En concreto, afirman que Álvarez citó a varias familias un domingo por la tarde frente a un conocido establecimiento comercial de Granada y, "sentados en una escalera, no propuso ninguna solución, sino que entregáramos las llaves, que podríamos tener multas de 200.000 euros, quedarnos en una lista negra para no recibir ninguna vivienda durante diez años o incluso ir a la cárcel". Álvarez llegó a decir a una afectada que ella seguramente no pudiera entrar en ninguna vivienda social al no tener hijos, requisito bastante común para acceder a determinados servicios públicos.

Tags relacionados: derecho a la vivienda Granada
+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

1

  • |
    waka
    |
    18/05/2013 - 8:46am
    Si yo fuera IU y averiguando si los echos son ciertos: teniendo en cuenta el daño que puede hacerle este tipo de cosas, cogería al susodicho que fue realizando amenazas y lo expedientaría o lo expulsaría del cargo que tiene de inmediato. Tras eso, buscaría un plan para poder hacer que estas familias tengan una casa de inmediato.
  • Tienda El Salto