¿Cuál ha sido la tendencia general de los movimientos migratorios y de las cuestiones relacionadas con la diversidad cultural en Andalucía?

La diversidad cultural en Andalucía no es nada nuevo, al contrario, ha formado parte de todo nuestro proceso histórico como pueblo, desde Tartessos hasta la actualidad (la Bética, presencia visigoda y bizantina, siglos de Al-Andalus, incorporación a Castilla y el Estado español, presencia de esclavos negros durante siglos, comunidad gitana hasta nuestros días). Hoy la situación de multiculturalidad se debe, fundamentalmente, a las nuevas migraciones y esto, que es real, ha servido para que el gobierno andaluz transmita el mensaje de que hemos pasado de ser “tierra de emigración” a “tierra de inmigración”, olvidándose de que continúan sin poder volver cerca de millón y medio de andaluces. Con mensajes que afirmaban cosas tales como que “es nuestro desarrollo económico y social lo que nos convierte en destino de sus desplazamientos”, el gobierno andaluz ha pretendido transmitir una imagen de Andalucía de modernidad y desarrollo, tratando de ocultar los problemas sociales que seguimos sufriendo, muchos arrastrados desde el pasado y otros que han venido a sumarse. Veremos qué se dice ahora, cuando gran parte de la juventud andaluza tiene que volver a buscarse la vida fuera.

En cuanto al tratamiento de la inmigración, comienza con el Plan de Servicios Sociales de Andalucía 1993-96; desde entonces, el planteamiento sigue siendo prácticamente el mismo: las personas inmigrantes presentan “una situación o necesidad especial” -atribuidas a sus propias deficiencias y carencias- que les dificulta su integración social. Así, la mayor parte de las medidas de los posteriores planes integrales para la inmigración van encaminadas a acercar a las personas inmigrantes los recursos existentes, más que a propiciar la introducción de otros códigos culturales y prácticas en las propias instituciones andaluzas. En mi opinión, el problema básico en los planteamientos del gobierno andaluz es entender que una persona está integrada cuando hace un uso normalizado de los servicios públicos, sin tener en cuenta las aportaciones culturales de cada colectivo. En ningún momento se plantea el reconocimiento de las culturas de los colectivos de inmigrantes fuera de sus elementos más superficiales y “folklóricos” (comidas, músicas, bailes...), que aparecen descontextualizados para el disfrute de “elementos exóticos” por parte de la población autóctona. Los aspectos centrales de cada cultura: su organización familiar y social, creencias, visión del mundo y valores sociales quedan ocultos como algo que no hay que enseñar, compartir y menos fomentar. En consecuencia, y a pesar de los múltiples discursos sobre la integración, las políticas andaluzas de inmigración son, en la práctica, asimilacionistas.

¿Esta situación ha empeorado en los últimos años?

La situación de las personas inmigrantes en Andalucía no ha empezado a complicarse en estos años, ya sufrían todo tipo de discriminación, caso del no reconocimiento de sus derechos culturales que acabamos de señalar. Por supuesto, algo que debemos tener en cuenta es que Andalucía carece de competencias para conseguir la igualdad jurídica y política de su población; son las políticas europeas y estatales las que diseñan, en buena medida, la realidad social de Andalucía, construyendo distintas categorías de personas con desiguales derechos: nacionales, comunitarios, inmigrantes con permiso de residencia e inmigrantes irregulares, estos últimos considerados potencialmente delincuentes, aun sabiendo que es la legislación la que impide el acceso legal al territorio y la que dificulta su permanencia.

Ahora, con la crisis-estafa, los primeros en sufrir el paro son las personas inmigrantes, y en Andalucía, donde tenemos el mayor índice de paro del Estado, la situación de este colectivo se agrava más que en otros territorios, aumentando de manera preocupante la irregularidad sobrevenida, es decir, el número de personas que estando en situación regular no han podido renovar sus permisos y vuelven a una situación administrativa de irregularidad, arrastrando en muchos casos a esa situación a toda la familia, que estaba bajo ese permiso que desaparece. También empeora el reconocimiento de derechos fundamentales como el derecho a la salud para quienes se encuentran en situación administrativa irregular. Y lo más grave, para justificar esta exclusión, se criminaliza al colectivo que la sufre, de ahí su encierro en los CIES (Centros de Internamiento de Extranjeros) sin cometer delito alguno, o la actual tramitación de un Anteproyecto de Reforma del Código Penal para que la conducta del mantero vuelva a ser considerada delito.

¿Cómo se organiza la sociedad civil para hacer frente a estas cuestiones?

Colectivos que se están moviendo ante situaciones de total injusticia hay muchos. En el tema que estamos tratando podemos citar la Plataforma Multicultural por una sanidad universal, formada por gran parte del movimiento asociativo de Sevilla, que lucha contra el recorte de prestaciones sanitarias a personas inmigrantes; o la Plataforma contra la Violencia Institucional hacia las Personas Inmigrantes, que está haciendo una labor fundamental denunciando situaciones tan sangrantes como los controles de identidad y redadas practicadas en Sevilla, en muchos casos sin cobertura legal y utilizando como criterio el perfil étnico de la persona.

Movimientos como estos, en defensa de los derechos y la dignidad de todas las personas, son fundamentales y más necesarios que nunca. Sin duda, solo organizándonos para la acción colectiva podremos cambiar la realidad social y conseguir una Andalucía más justa y solidaria.