Encierro para exigir la declaración del estado de emergencia habitacional en Andalucía

El 15M Vivienda Sevilla reclama que la Junta de Andalucía tiene la obligación y los instrumentos legales para atajar una "catástrofe habitacional sin precedentes"

, Redacción Andalucía
14/03/13 · 18:11

Pasadas las once de esta mañana, miembros del 15M Vivienda Sevilla han iniciado un "encierro indefinido" en la Delegación Provincial la Consejería de Fomento y Vivienda, donde han ofrecido una rueda de prensa con la exigencia de que la consejera, Elena Cortés, se persone en la Plaza de San Andrés, donde se ubica la sede, para recoger la petición de la Declaración del Estado de Emergencia Habitacional en esta Comunidad Autónoma, "con el compromiso de trasladarla al consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera Suárez-Bárcena, cuya competencia es elevar al Consejo de Gobierno dicha demanda".

El 15M Vivienda Sevilla ya había lanzado públicamente esta idea, pero en esta ocasión, junto a la petición formal ha difundido un documento en el que detalla la "catástrofe habitacional sin precedentes en nuestra tierra" y afirma que “la Junta de Andalucía tiene la obligación de atajar esta catástrofe y los instrumentos legales y materiales para hacerlo”. En este sentido, alude a la Ley 2/2002 de Gestión de Emergencias en Andalucía que, entre las definiciones del concepto de "emergencia", incluye "aquellas otras situaciones no catastróficas que requieran actuaciones de carácter multisectorial y la adopción de especiales medidas de coordinación de los servicios operativos”. Mientras que el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía considera situaciones de riesgo “las malas condiciones de habitabilidad”. Para el 15M Vivienda Sevilla, "la actual situación de crisis habitacional en ascenso que asola Andalucía con su evidente secuela de carencia de alojamiento digno para decenas de miles de personas, en muchos casos unido al corte de los suministros esenciales de agua y energía eléctrica", junto a la "ausencia de medidas que la inhiban o al menos la amortigüen", ha de calificarse como "emergencia". Y se ampara en el texto de la Ley que señala que "aquellas emergencias que, no siendo declaradas de interés nacional, se consideren de especial gravedad por su magnitud o extensión, podrán ser declaradas de interés general de Andalucía".

Más de dos millones y medio de personas en riesgo de pobreza, una tasa de desempleo que llega al 36% y que en la población juvenil se eleva hasta el 65% o el segundo puesto en el ranking estatal de temporalidad, son algunas de las dramáticas pinceladas que describen la "catástrofe". En el terreno específico de la vivienda, Andalucía también encabeza el número de ejecuciones hipotecarias y el de lanzamientos, tras la Comunidad Valenciana. En definitiva, señala el 15M Vivienda Sevilla, "Son decenas de miles de personas en Andalucía las que se ven forzadas a vivir en la calle, en chabolas, en estructuras temporales, en locales y garajes, en coches y furgonetas y en espacios con obsolescencia constructiva y funcional, expuestos a situaciones de peligro e insalubridad. También son muchas las personas que actualmente están en albergues, refugios, alojamientos temporales, prisiones y centros de salud, que tendrán que abandonar sin tener un techo donde refugiarse". Una situación hasta ahora sostenida por el "colchón familiar" y el "apoyo mutuo", aunque vaticinan, no por mucho tiempo.

Teniendo en cuenta "el número total de personas en Andalucía que están amenazadas con perder su vivienda, las que la han perdido en los últimos años y las personas que no tienen acceso a una", se habla de "decenas de miles de potenciales desplazados", una "estimación conservadora que se "dispara si se unen "las personas con problemas de habitabilidad". Y en todo caso, muy superior a la que se ha dado en situaciones anteriores, "en casos de desastres naturales" para que se declare el estado de emergencia. "En este caso no estamos viviendo un desastre natural, es una estafa financiera la que está provocando un desastre social y económico. Este hecho, por haber sido evitable y por tener responsables y cómplices, es incluso más sangrante y catastrófico", añaden.

En el documento se alude también a "factura psicológica" de los desahucios: ruptura de las "redes de identidad, intenso estrés, baja autoestima, ansiedad, angustia y depresión", son algunas de ellas, especialmente graves en colectivos como las personas inmigrantes, "con más dificultad para acceder a las ayudas sociales" y para las que la carencia de vivienda conlleva limitaciones legales, como "la de no poder optar a la reagrupación familiar, ya que para ello debe justificar la posesión de una vivienda adecuada y de medios económicos suficientes para cubrir las necesidades familiares, tal como se exige en la actual Ley de Extranjería". También se menciona a los menores de edad, que con la pérdida del hogar, también dejan atrás "su colegio, su guardería y su círculo de amistades", suponiendo para ellos el desahucio "un hecho traumático con secuelas psicológicas"; o las personas mayores, muchas de ellas, "con problemas de salud, de dependencia o de incapacidad permanente para trabajar".

Entre las medidas que el 15M exige con la declaración del Estado de Emergencia Habitacional se encuentra el respaldo a las "medidas de autoprotección" contempladas en la Ley de Gestión de Emergencias, una exigencia que incluye, entre otras situaciones, a las Corralas. "En cumplimiento de este deber/derecho elemental, cientos de personas han tomado la sensata decisión de oponerse a los desalojos de sus viviendas o la de ocupar viviendas vacías. Paradójicamente, los poderes públicos, el judicial a la cabeza -apartándose del sentido común social, de la norma citada, de la que en el ámbito penal justifica los actos realizados en estado de necesidad y de la institución tradicional de nuestro derecho civil del “derecho al uso inocuo”- reprime de diversas formas esta práctica". También incluye la rehabilitación de servicios esenciales de agua y energía eléctrica, "ya sea por haber sido incapaz de abonar sus facturas, ya sea como consecuencia de represalias de los ayuntamientos tras haberse alojado en viviendas abandonadas, caso de las Corralas".

Otras de las iniciativas contempladas en esta legislación y que el 15M reclama son de carácter excepcional, aunque pueden ser aplicadas incluso antes de activarse un supuesto plan de emergencia, como son las recogidas en el artículo 6 de la norma: "Acordar la permanencia en domicilios" y "Ordenar la ocupación temporal, intervención o requisa de aquellos bienes y servicios que se considere estrictamente necesario, en la forma y supuestos previstos en las Leyes”, lo que permitiría, de forma inmediata, la "suspensión de la ejecución de las órdenes judiciales de lanzamientos de viviendas de residencia habitual, poner a disposición de las personas necesitadas cientos de viviendas ociosas y facilitar los suministros de agua y energía eléctrica o gas a aquellas personas que por diversas razones se encuentran privadas de los mismos".

También se exige la aplicación de medidas orientadas a la "reducción de riesgos y a la prevención de catástrofes y calamidades públicas”, en las que la administración puede desplegar su potestad de inspección y sanción, entre ellas "la puesta en uso de la vivienda pública y de VPO vacante, el inmediato cese de desalojos de viviendas públicas, la aplicación taxativa de la normativa de VPO que obliga al uso como residencia habitual de la vivienda de tal carácter y a la intervención decidida de los servicios de protección del consumidor frente a los abusos bancarios".

El 15M Vivienda Sevilla denuncia la inexistencia de "mapas de riesgo", otra de las obligaciones de la administración pública. "Desgraciadamente, tras cinco años del inicio de la crisis habitacional, estos mapas están por hacer". Tampoco existe un "plan específico y el sectorial de emergencia habitacional". Este colectivo afirma que "resulta sorprendente, por no decir de una extrema frivolidad, que varios años después del inicio de esta catástrofe habitacional y a pesar de la enfática preocupación que ante la misma viene manifestando la Consejería de Fomento y Vivienda, ni se hayan elaborado estos planes, ni se hayan incluido medidas idóneas para abordarla en la redacción dada al Plan Territorial en noviembre de 2011".

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