“Las corralas ahora mismo se han convertido en una patata caliente para el poder.” Así las define Ibán Díaz, miembro de la Intercomisión de Vivienda del 15M y profesor de Geografía Humana en la Universidad de Cádiz, “exponen una contradicción fundamental, miles de viviendas vacías con miles de familias en la calle, en un contexto en que la legitimidad de los bancos esta por los suelos, se cuestiona el sistema de la propiedad y promueve la desobediencia civil, se salta el tema patrimonial. Pero no pueden reprimirlo del todo por la sensibilidad social que hay ahora mismo hacia este tema.”

Cerco administrativo
Cuanto más tiempo llevas de lucha, más enfrentamientos con el poder tienes que vivir. Ese es el caso de la más veterana de las Corralas, la Utopía, en la que viven 36 familias en situación de emergencia social. Tras la ocupación de un inmueble propiedad de una constructora vinculada a casos de corrupción urbanística, los habitantes han tenido que sufrir varios cortes de agua y luz que aún hoy permanecen. Todos se realizaron sin previo aviso, a horas intempestiva y poniendo en riesgo la salud de una de las personas que allí viven, como es el caso de un señor de 70 años que sufre problemas cardiorespiratorios y tiene la necesidad de estar conectado a un respirador eléctrico.
ENDESA es una empresa privada, pero las empresas municipales del Ayuntamiento de Sevilla también han actuado contra las Corralas. Por un lado EMASESA (Empresa Municipal de Aguas) que realizó dos cortes en el suministro, “en uno de los dos el Ayuntamiento se llegó a gastar 20.000 euros en la operación”, afirma Juanjo García, portavoz de La Corrala Utopía. Estas acciones provocaron la reacción de la Asociación Pro Derecho Humanos de Andalucía. En un comunicado decían: “Es inadmisible que, mientras se justifica la falta de intervención social por la carencia de recursos, se dediquen horas de trabajos para cortar los suministros básicos y vigilancia policial para amedrentar a ciudadanos pacíficos cuyo único delito es carecer de vivienda.”
Incluso algunas vecinas han tenido que soportar amenazas por parte de funcionarias del Ayuntamiento de ser denunciadas ante los servicios sociales por las condiciones en las que tienen a sus hijos, según recogió Europa Press y confirma la propia Corrala.

Por otro se encuentra EMVISESA (Empresa Municipal de Viviendas), que actualmente tiene en marcha 300 expedientes administrativos por el impago de rentas asociadas a viviendas protegidas y de los que 90 tienen orden de ser desahuciados.

Cerco jurídico
Los habitantes de las corralas tendrán que hacer frente, si las circunstancias no cambian, a cargos por ocupación. Ibercaja, actual propietaria del inmueble (la anterior propietaria, Maexpa, era una promotora que quebró y cedió en inmueble como pago por las deudas a dicha entidad), a pesar de haberse sentado en una mesa de negociación con el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz para buscar soluciones a la situación, mantiene las denuncias por ocupación a las personas que viven en la Utopía. En el caso de la Corrala Alegría, aunque fueron desalojadas en el mes de septiembre, siguen imputadas 7 personas estando próximo el juicio.
“Nosotros esperamos que los jueces apliquen el eximente de estado de máxima necesidad”, afirma Pastora Filigrana, miembro del Colectivo de abogados 17 de Marzo, “que supondría que no se les juzgara al menos por lo penal, eximente que ya se ha aplicado en algunos casos en Barcelona”.

Cerco policial
La omnipresencia de la policía, no sólo en los desalojos, sino también en concentraciones de apoyo a las distintas corralas es otro punto del vértice de esta espiral de acosos. Las actuación policial más reciente y con mayor número de imputados se llevó a cabo el pasado 24 de noviembre durante la celebración de la Jornada Andaluza por el Derecho a la vivienda. En el transcurso de la misma se dio a conocer una nueva Corrala: La Ilusión, que realoja a 18 familias.
La Policía Local, que acostumbra a ejercer como antidisturbios , cargó con violencia contra la pacífica concentración de apoyo, como se recoge tanto los testimonios de los asistentes como en las imágenes que por la red circulan, así como dan fe los miembros de Diagonal presentes. Si la intervención policial resultaba injustificada, difícil de comprender es como 8 policías resultaron heridos.
Detuvieron a 5 personas: una operadora de cámara de La Sexta noticias; un transeúnte que, camino del cine, se detuvo a grabar la intervención policial; el presidente de una asociación de vecinos de un barrio de Sevilla con 64 años, y otras dos personas más . A todos se les imputan 5 cargos: resistencia a la autoridad, atentado contra la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y ocupación. Éste último es el que más ha asombrado a los miembros del Grupo de abogados 17 de Marzo: “es el más llamativo y el más preocupante porque ninguno se encontraba en el inmueble. Esperamos que caiga por su propio peso. Sin embargo, el hecho de que exista este cargo forma parte de una intimidación al ciudadano, una manera de criminalizar a los movimientos sociales con castigos ejemplares y de penalizar la solidaridad ciudadana”, afirma Pastora. “ Según la experiencia en casos anteriores, no es habitual que un juez falle a favor de los ciudadanos cuando es la policía la que denuncia y lleva acompañados un parte de lesiones “pero esta vez no perdemos las esperanzas de que salgan absueltos, ya que existen muchos testigos y muchas pruebas audiovisuales.”
En respuesta a estas intervenciones, el pasado 3 de Diciembre representantes del grupo 17 de Marzo y de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ( APDH-A ) presentaron una denuncia sobre las actuaciones de la unidad ‘Grupo Hércules’ de la Comisaria Centro del Cuerpo Nacional de Policía (responsable, entre otras, de las detenciones de la concentración citada) para que la Fiscalía abra una investigación de oficio contra estas actuaciones policiales.

Cerco mediático
Bien conocido es el dicho: “Si repites una mentira 100 veces se acaba convirtiendo en verdad” o “Calumnia, que algo queda”. Lo han vivido en primera persona las corralas de Sevilla. Todas han tenido que salir en su defensa frente a algún tipo de manipulación informativa. Por ejemplo, a la Utopía se les achaca que dejaran sin luz a todo el barrio de la Macarena (donde se encuentra el inmueble) como acción de protesta.
La más reciente la ha vivido la nueva Corrala la Ilusión. ABC, publicó una noticia en la que se afirmaba que los realojados en la casa negaron la entrada a un inmigrante que se encontraba en la calle y que iba a pasar la noche al raso. La propia corrala ha recurrido a las redes sociales para desmentir una información que consideran tergiversada. Una muestra más de otro tipo de cerco a una experiencia de ocupación que busca ser una de las soluciones al actual problema de la vivienda.
Para Ibán Díaz esto es solo el principio: “El problema de la vivienda va a ir a más, a la gente se le acaba la paciencia y se le quita la vergüenza, y como la búsqueda de dialogo por parte de la administración es escasa, aumentará la represión.”