Más de 700.000 viviendas vacías en Andalucía
El Constitucional suspende por cinco meses el decreto antidesahucios andaluz

La corte admite a trámite el recurso del Gobierno central, que consideraba que el decreto vulneraba el derecho a la propiedad y afectaba a la estabilidad financiera.

11/07/13 · 14:02

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy contra el Decreto Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda, la normativa impulsada por la consejería de Fomento de la Junta de Andalucía para ofrecer algunas soluciones al problema de los desahucios por impago de hipoteca e impulsar el alquiler de viviendas vacías. La admisión a trámite supone una paralización del decreto por 5 meses.

El Gobierno central recurrió el decreto por entender que afectaba al derecho a la propiedad y escudándose en un informe del Consejo de Estado y una supuesta carta enviada por la Comisión Europea en la que el organismo mostraba preocupación por el posible impacto de la medida en la estabilidad del sector financiero. En mayo, uno de los puntos calientes que tenían que revisar los inspectores de la troika era precisamente el decreto antidesahucios andaluz.

Antes de que se conociera la resolución del Constitucional, la consejera andaluza de Fomento, Elena Cortés, declaró que "el problema es que con este recurso pueden forzar su paralización hasta la sentencia del Constitucional. ¿Qué pasa durante ese tiempo con las familias que necesitan hoy, ahora, la ayuda que ofrece esta norma?". Además, Cortés se ha referido a la supuesta carta de la Comisión Europea alegando que ésta "jamás ha expresado dudas sobre la constitucionalidad de la medida, que está fuera de toda duda". Para Cortés, el recurso del Gobierno central ha salido en auxilio de una "élite financiera ante la que carece por completo de autonomía".

El decreto de Fomento, que entró en vigor el 12 de abril, se aprobó en plena campaña de presión ciudadana por las medidas incluídas en la Iniciativa Legislativa Popular antidesahucios, y también se vio condicionado por el fuerte movimiento popular andaluz agrupado en las llamadas 'Corralas'. La norma impone multas de hasta 9.000 euros a las entidades (inmobiliarias y bancos, no particulares) por cada piso que mantuvieran vacío (más de 700.000 en Andalucía, según el INE) y preveía la expropiación temporal y reversible (mientras los solicitantes se mantuvieran en situación de grave exclusión social) de los pisos en proceso de desahucio, entre otras medidas de fomento del alquiler.  

En estos tres meses de funcionamiento, la Junta ha iniciado el trámite para la expropiación de 10 viviendas y ha comenzado una inspección de viviendas vacías. En opinión del Movimiento Andaluz por la Vivienda, formado por los distintos grupos de stop Desahucios y las corralas, el decreto es un buen primer paso pero "claramente insuficiente en su pretensión de garantizar el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada".

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Ocupación de adosados vacíos. / Juan Jiménez Martínez
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