Tras Morón de la Frontera y Guillena, el 5 de septiembre, Puerto Real (Cádiz) se convirtió en el tercer ayuntamiento andaluz en declarar parte de la deuda municipal como ilegítima. De esta forma, Puerto Real solicita al Gobierno central una quita de 50.675.140 €, al considerarla “equivalente” a la ayuda monetaria aportada a los bancos entre 2009 y 2012. El cálculo ha sido realizado multiplicando el número de portorrealeños por 1.220 €, cantidad que según un informe del Tribunal de Cuentas cada español entregó a la banca a través del Gobierno en aportaciones directas de capital.

La deuda total del municipio, sumando bancos, proveedores y entidades públicas es de 132,6 millones de euros a fecha de 18 de julio de 2014. De esa cantidad, más de 54 millones corresponden a planes de pagos a proveedores, sin contabilizar los intereses

La moción fue presentada por Iván Canca, portavoz de EQUO, y aprobada con los votos de CPER (Ciudadanos Por El Río), Izquierda Unida, PSOE y del gobernante Partido Andalucista. Sólo las dos concejales del Partido Popular se opusieron a la iniciativa del partido ecologista. Canca asevera que es  “indispensable que todos los grupos políticos, colectivos y ciudadanía en general nos unamos para denunciar la trampa de la deuda.” Puerto Real es el municipio gaditano, tras Jerez de la Frontera, con mayor déficit público, superando los dos millones y medio de euros. El citado déficit incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria marcado por la Ley Orgánica 2/2012.

La propuesta declara que “una ayuda del Ministerio equivalente a las deudas contraídas por el plan de pago a proveedores supondría la tabla de salvación para la hacienda municipal y un punto de partida para poder hacer de nuevo política sin el yugo insalvable de una deuda ilegítima e impagable.”

Entre los acuerdos adoptados se incluye exigir la derogación del artículo 135 de la Constitución Española por su “disconformidad con el principio de prioridad absoluta del pago de la deuda”, manifestar la disconformidad con la actual legislación sobre financiación de las Haciendas Locales y solicitar al Gobierno de España que inicie los trámites para realizar una modificación de la misma que permita la viabilidad financiera de los ayuntamientos y solicitar al Gobierno de España que asuma como propia la deuda bancaria del Ayuntamiento de Puerto Real sin amortizar de las sucesivas operaciones contraídas a cuenta de los planes de pago a proveedores, "compensando dicha deuda con las aportaciones directas realizadas a los bancos durante el periodo 2009-2012".

El club de ayuntamientos insumisos aumenta

Con esta nueva moción, ya son al menos 12 los municipios que han aprobado las mociones de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), el tercer municipio andaluz después de las localidades sevillanas de Morón de la Frontera y Guillena. Puerto Real cuenta con 41.537 habitantes y una deuda municipal declarada ilegítima de 50.675.140 euros, por lo que los doce municipios ‘insumisos’ contabilizados –nueve de ellos en Cataluña– suman más de 887.000 habitantes y de 189 millones de euros de deuda declarada ilegítima.

Los cuatro municipios de la Comunidad Valenciana que han aprobado mociones presentadas por BLOC-Compromís no han declarado la deuda municipal como ilegítima aunque sí han aprobado una moratoria inmediata en el pago de la deuda financiera y realizar una auditoría con control ciudadano de la deuda de las administraciones públicas que permita conocer qué cantidad se puede considerar ilegítima. La localidad mallorquina de Artà, a propuesta de IniciativaVerds d'Artà, aprobó en julio de 2013 declarar ilegítima exclusivamente "una parte de los intereses contraídos con las entidades financieras privadas por el capital de 3.466.721,63 € prestados en el marco del Plan de Pago de Proveedores 2012 del MEF"