“Si estáis viendo este vídeo es que el desalojo de Casas Viejas ha comenzado”. Así arrancaba el vídeo, realizado por el propio colectivo, a través del cuál muchas personas recibíamos la noticia del inicio de la actuación policial. La asamblea del centro social okupado había diseñado una estrategia de resistencia no violenta. Durante los meses anteriores, y ante la cercanía de la orden judicial de desalojo, se había construido un túnel ubicado a cuatro metros de profundidad. Al final del túnel, y una vez se desataran los acontecimientos, varios activistas habrían de encadenarse y resistir con el objetivo, un tanto imposible tal y como a la postre se demostró, de que la actuación policial se paralizase.

La resistencia en aquel túnel duró más de 36 horas. El CSOA Casas Viejas, con cinco años de historia en el barrio, había generado una importante red de apoyo entre los movimientos y colectivos sociales de la ciudad y entre el propio vecindario. Y por ello, durante esas horas, fueron muchas las personas que se movilizaron para exigir la paralización del desalojo. Las violentas cargas policiales se sucedían por las calles del centro de Sevilla mientras en el interior de aquel túnel las fuerzas de seguridad se empleaban a fondo para sacar de allí, por la fuerza, a los dos activistas que se habían encadenado.

El pasado martes 16 de septiembre comenzaba el juicio contra diez personas por razón de aquellos hechos. Seis de las personas acusadas, y que se encontraban en el interior del inmueble aquel 29 de noviembre, eran integrantes de la asamblea del centro social Casas Viejas. Se les imputa un delito de resistencia a la autoridad. Las otras cuatro, que simplemente fueron identificadas en las inmediaciones del lugar, están acusadas de un delito de desórdenes públicos.

Declaración de las encausadas

En la primera jornada de juicio, que finalizará el 3 de octubre tras una segunda sesión a celebrar el jueves 18 de septiembre, la mayoría de las personas acusadas negaron todos los cargos en su contra. Las cuatro personas acusadas de desórdenes públicos reiteraron su no-participación en ningún acto violento y declararon que, cuando fueron identificados, se encontraban en la zona porque esta es su lugar de residencia o trabajo.

De las otras seis personas encausadas, uno de los acusados reside por motivos laborales fuera del Estado Español y, con la aprobación del tribunal, no compareció. De los cinco restantes, cuatro negaron que desobedecieran o se resistieran ante la actuación policial, pues cuando la Policía irrumpe en el lugar, sin mostrar la orden judicial, no realizaron ninguna acción de resistencia. El único que sí ha reconocido ese proceder ha sido Agustín Toranzo, uno de los dos activistas que se encadenó en aquel célebre túnel y que es ya la segunda vez que es procesado judicialmente por lo acaecido aquellos días.

 Torrijos, concejal de IU,  apoyó la actuación policial que calificó como “muy profesional”

Unos días después del desalojo, el 30 de noviembre de 2007, Agustín Toranzo compareció ante los medios de comunicación para denunciar que durante la intervención policial había sufrido torturas. Aquellas declaraciones despertaron un importante malestar institucional. Mientras la Policía Nacional anunciaba su intención de querellarse por calumnias, tal y como efectivamente hizo, Torrijos, concejal de IU y Primer Teniente de Alcalde en aquella época, apoyaba una actuación policial que calificó como “muy profesional”. ¿Pero qué sucedió realmente en aquel túnel?.

A Estrasburgo por la libertad de expresión

En 2011 tuvo lugar el juicio por calumnias contra Agustín, que se produce a partir de la denuncia de la propia Policía Nacional. El colectivo Casas Viejas había instalado en aquel túnel unas cámaras que emitían por wifi, de tal forma que buena parte de lo sucedido quedó registrado para la posteridad. La sentencia dicta una condena contra el acusado que en términos económicos equivale a una sanción de unos 5.000 euros (1.200 euros de indemnización y 3.800 de multa). La sentencia afirma que no hubo torturas, aunque sí se empleó la violencia contra las dos personas encadenadas.

Sin embargo, según la legislación española, o la interpretación que de la misma hace la institución judicial, únicamente existe tortura si el objetivo que se persigue es obtener información o humillar a la persona que sufre esa violencia. En el caso de Casas Viejas, y siempre según la sentencia judicial, no hay tortura puesto que el objetivo de la actuación policial era proteger la vida de las personas allí encadenadas. Las imágenes de aquellos vídeos muestran cómo las fuerzas de seguridad emplearon una técnica denominada Isquemia Transitoria, consistente en cortar la circulación sanguínea mediante cuerdas o precintos y colocando a la persona encadenada en posiciones de absoluta incomodidad.

Es por esto que Luis de los Santos, abogado de Agustín y de otros acusados, ha elevado un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, que ha admitido a trámite la demanda. El argumento del letrado es que el derecho a la libertad de expresión de su representado se vulnera en el momento en el que se le impone una condena por calumnias. El condenado, que según el argumento del letrado, ejerció su legítimo derecho a la libertad de expresión en aquella rueda de prensa, afirmando que se habían producido torturas y cuando había vivido en sus propias carnes unos hechos que después, aún en la sentencia judicial contraria, se reconocen.

Londres no es Sevilla

Lo sucedido aquellos días del final de noviembre de 2007 ha quedado reflejado en Londres no es Sevilla, un documental elaborado por la productora sevillana Intermedia y cuyo director es Mariano Agudo. Las imágenes que el colectivo okupa obtuvo gracias a las cámaras instaladas en el túnel forman también parte del film. El documental se puede visionar en la propia web de la productora.