El Gobierno de Rajoy presentó en diciembre su segundo recurso al Constitucional contra la ley del Gobierno andaluz que intentaba poner freno a los desahucios por impago hipotecario. Lo hizo sin una nota de prensa ni una comunicación oficial a la consejería de Vivienda. Casi un mes después, el Tribunal Constitucional ha vuelto a admitir a trámite la demanda del Ejecutivo central contra la expropiación temporal de algunas viviendas vacías en proceso de desahucio. Por cinco meses, la ley que primero fue decreto volverá a quedar suspendida y dejará al borde del desahucio, según la consejería de Vivienda de la Junta, a cientos de hogares en una autonomía con más de 700.000 viviendas vacías.

La reacción legal de Fomento de Vivienda ha sido anunciar que solicitará al Constitucional el levantamiento urgente de la suspensión. La consejería trabaja en un informe que intentará probar el encaje legal de la norma dentro de la Constitución, lo que en la práctica supondrá argumentar que la ley no atenta contra el derecho a la propiedad, tal y como pretende el Gobierno. La consejería de Elena Cortés argumenta también que ya hay una ley catalana que da pie a que las administraciones penalicen las viviendas vacías, algo en lo que se basa la PAH en su reciente campaña de mociones municipales. La existencia de esta ley, dice la consejería, niega tanto la excepcionalidad de penalizar las viviendas vacías como de la supuesta invasión de competencias, dado que la ley catalana está en vigor desde 2007 y no ha sido recurrida. Ahora, la junta tendrá 20 días para convencer al Constitucional.

“No entendemos la arbitrariedad de que se haya recurrido la ley andaluza y no se haya recurrido la catalana” ha declarado a DIAGONAL Amanda Meyer, secretaria de vivienda de la consejería e impulsora de las dos normas antidesahucios suspendidas por el Constitucional. “El recurso del Gobierno es un ataque a la soberanía andaluza”, ha denunciado. Desde su entrada en vigor en octubre, la ley ya ha cerrado dos acuerdos de expropiación (uno en Huelva y otro en Torremolinos, Málaga) que no tendrán vuelta atrás. Pero los otros 37 expedientes que ya estaban avanzados se encuentran en vilo. Según ha explicado la consejería de vivienda, solicitará a los juzgados que paralicen el proceso de desahucio de estas viviendas hasta que haya una sentencia firme del Constitucional.