La semana pasada los colectivos de transexuales y familias de la comunidad andaluza presentaban un comunicado de repulsa contra la tramitación de la nueva Ley Integral de Andalucía. Si hace un mes estos colectivos celebraban la aprobación integra del borrador propuesto por ATA - Andalucía y Conjuntos Difusos para dicha ley, ahora anuncian que el Gobierno andaluz, de manera unilateral y sin aviso previo ha modificado algunos de los artículos que hacían de la norma un ejemplo pionero en Europa. Han comenzado a llamarla la "Ley Trampa". 

En la reunión mantenida la semana pasada por estos colectivos con el Gobierno, la secretaria de Salud Pública de la Junta esgrimía que "si bien no se realizarán test psicológicos para determinar su identidad de género, sí que se van a continuar exigiendo tests para descartar patologías", como anunciaban en su comunicado. Se trata de una nueva manera de apostar por la discriminación y de perpetuar el sistema dispuesto por la UTIG del Carlos Haya de Málaga que deja sin autonomía a las personas transexuales, que las trata como enfermas.

El artículo 4c del nuevo borrador asegura que los servicios recogidos en la ley sólo se prestarán a las personas que hayan obtenido la documentación administrativa que asegure el cambio de género tras pasar una serie de requisitos no especificados en ninguna parte. Según estos colectivos, se trata de una estrategia del Gobierno para "obligar a las personas trans que no hayan obtenido esta documentación, y cuyos derechos se quedan desamparados, a continuar acudiendo a la UTIG". La descentralización de los servicios, tal como se anunció en su día, también se ve incumplida.

Otro de los puntos modificados ha sido el artículo 11 en el que sólo aseguran la atención sanitaria a personas transexuales, es decir eliminando de manera deliberada a cualquier persona que no haya pasado por "la decisión pretendidamente científica, pero arbitraria de las trabajadoras de la Unidad". Esta cuestión deja en una situación de especial vulnerabilidad a las menores, como argumentaba Eva Witt, presidenta de la asociación de familias de personas transexuales "Chrysallis". 

Según los colectivos implicados, el nuevo borrador se queda en papel mojado, en un maquillaje para volver a la misma situación de antes, por lo que anuncian nuevas huelgas de hambre si no llevan a término el borrador presentado por los colectivos y que Izquierda Unida y PSOE se comprometieron a llevar adelante. 

Por su parte, Dani González de ALEAS, perteneciente a IU defiende que son los servicios jurídicos del Parlamento los que han modificado el borrador y en ningún caso van a defender una Ley que no corresponda a las peticiones de los colectivos Trans. Esgrime que es el momento de dejar las reuniones "de puertas para adentro", su colectivo defiende que "el texto llegue al Pleno del Parlamento y que ahí los grupos políticos den la cara y demuestren que apuestan firmemente por la autodeterminación y la despatologización plena de la transexualidad". Según Dani sólo llevándolo a debate se resolverán las dudas y "si el PSOE quiere seguir bajo presión de un lobby tránsfobo que lo diga en el Parlamento, frente al resto de diputados y colectivos".