Recortes sanitarios en las cárceles andaluzas
La vida de los presos es la que menos importa

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) denunció el pasado mes de octubre vulneración de los Derechos Humanos de las personas presas por los recortes presupuestarios en medicamentos para enfermedades graves como la Hepatitis C o VIH en los centros penitenciarios. Una Resolución Judicial ha ordenado a Instituciones Penitenciarias que trate a un preso sevillano tras dos años sin medicación alguna.

, Redacción Andalucía
06/11/13 · 21:55

La escasa centralidad que tiene el cuidado de la vida en la situación sociopolítica actual atraviesa y afecta en mayor medida a las personas que se encuentran en aquellas instituciones en las que las condiciones materiales de sustento dependen exclusivamente del gasto público. Los recortes en políticas públicas ponen en juego de manera directa la vida de los reclusos de las instituciones penitenciarias con enfermedades crónicas como la Hepatitis C o el VIH por haber dejado de cubrir la medicación que estos necesitan.

El caso de Manuel en Sevilla

Las situaciones concretas que se están provocando toman en ocasiones unos tintes realmente dantescos. El caso de M. J. P., recluso de la penitenciaría Sevilla I, ha saltado a la palestra gracias a que el pasado 28 de octubre, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) hizo pública su situación. Este preso está diagnosticado, desde hace años, de VIH y Hepatitis C. Según los últimos informes médicos el enfermo está en riesgo inminente de padecer una cirrosis hepática o un cáncer de hígado porque lleva dos años sin recibir la medicación que le prescribieron en el Hospital Virgen del Rocío, el Telaprevir, única alternativa farmacológica posible.

Hace algunos meses el caso de Manuel fue defendido judicialmente por APDHA, ya que también por la disminución del gasto público han dejado de existir abogados de oficio para estos casos. En aquel entonces Manuel solicitaba la excarcelación para poder recibir la medicación que necesita para la evolución de su enfermedad. Esta petición fue denegada por la juez de turno. Cualquiera con malas intenciones, puede pensar que Manuel pone la excusa de su enfermedad para salir de la cárcel, como si en el exterior pudiera encontrar la mejor solución. Efectivamente, aunque parezca de chiste, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) proporciona ese medicamento a las personas que están en libertad de manera ambulatoria y sin lista de espera. La medicación de Manuel, aun residiendo y siendo ciudadano de Andalucía, está a expensas de los servicios sanitarios de Instituciones Penitenciarias que dependen del Ministerio de Interior. 

La juez negó la excarcelación asumiendo que desde la penitenciaría se le podía ofrecer la medicación, a pesar de haberla retirado a todos los presos que se encuentran en la situación de Manuel. Además, añadía la juez, la ausencia de tratamiento no supone un riesgo para su vida, aunque los informes médicos dicen lo contrario, por la preocupante situación cirrótica y la fibrosis que sufre el paciente. 

Después de que el defensor del pueblo andaluz y la defensora a nivel estatal hayan solicitado que se le dé la medicación al enfermo, la juez para salvar su posición, quiso trasladar al preso a la penitenciaría de Madrid, para ponerlo en lista de espera en el Gregorio Marañón, donde está la única sección sanitaria penitenciaria. Según Maribel Mora, coordinadora de APDHA, "es absurdo un traslado a otra comunidad autónoma cuando en Andalucía puede ser tratado por el SAS". 

No es el único caso

La situación que vive Manuel no es única. En la actualidad en las cárceles estatales cerca del 30% de reclusos están enfermos de Hepatitis C y la atención sanitaria que están recibiendo es insuficiente en muchos de los casos. Los medicamentos como el Telaprevir cuestan alrededor de 30.000 euros anuales por cada tratamiento, con lo cual, como reconocía Mora, son los primeros que dejan de administrarse a los reclusos por efecto de los recortes. 

La coordinadora de APDHA explicaba a DIAGONAL que "los servicios sanitarios de las distintas penitenciarías deberían de haberse delegado desde hace tiempo a las administraciones autonómicas", para poder gestionarse de una manera mas cercana. En la actualidad, la lista de espera del Gregorio Marañón es inmensa, creándose un embudo de pacientes que está acudiendo a las penitenciarías de Madrid para ser tratados por enfermedades más graves. Cabría preguntarse si la legislación sobre penitenciarías que alude al derecho que tienen los reclusos a estar cerca de sus hogares se está incumpliendo también con el rechazo de la medicación. 

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