En el Estado español, la economía sumergida representa, según distintos estudios, entre el 20% y el 25% del PIB. Este fenómeno tiene, en no pocas ocasiones, el rostro de muchas personas que no tienen otro remedio para subsistir que trabajar en base a lo que la empresa les exige ilegalmente. Rabha Bentahar, trabajadora del comercio del textil en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), se negó a seguir en esta situación y solicitó varias veces de forma verbal regularizar su relación laboral para evitar jornadas de 60 horas semanales por 400 €.

La dueña de "CFP Moda Joven", Fathia El Jamily, no sólo despidió a Rabha. Además, la denunció ante los tribunales por la sustracción de 5.500 € de la tienda. Rabha, despedida, acusada de un delito y con un niño de corta edad, solicitó ayuda al sindicato CNT de Jerez de la Frontera, que asumió su defensa, tanto pública como jurídica, para evitar el total desahucio de la trabajadora.

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Cádiz, en sentencia de 3 de octubre de 2013, no sólo da la razón a Rabha, al considerar que no se ha probado en ningún momento que cometiera el delito de hurto del que era acusada, sino que añade que "no podemos desechar un móvil espurio en la denuncia". Se refiere al conflicto laboral abierto entre ambas como causa de la denuncia falsa de hurto. En este sentido, la sentencia recoge que la denunciante reconoce a los primeros agentes que acudieron a la tienda "que la acusada trabaja para ella", lo que considera "indicio" de la existencia de una relación laboral. 

CNT sigue adelante con su campaña en apoyo a Rabha, mediante concentraciones ante el establecimiento, ubicado en la calle Ramón y Cajal de la localidad gaditana. Las próximas están previstas para los sábados 9, 16 y 23 de noviembre, a las doce de la mañana. Uno de los objetivos es visibilizar el conflicto, que apenas ha tenido eco en los medios de comunicación, a pesar de que se han remitido varios comunicados, según denuncian los miembros de este sindicato.

Ahora, Rabha está a la espera de que el Juzgado de lo Social de Jerez de la Frontera resuelva su demanda por despido improcedente contra la empresa CFP Moda Joven, en la que exige que se reconozca la relación laboral mantenida durante un año, que asciende a 11.500 €, más un 10% por interés de demora.