“La Soleá” nació el pasado 28 de marzo, cuando se liberó un edificio ubicado en la calle Fragua de Vulcano, colindante a la Avenida de La Soleá, en pleno corazón del barrio obrero sevillano de San Pablo. El espacio era un antiguo centro de formación, propiedad de la asociación ADA (“Ayúdanos dejando ayudarte”), que llevaba tres años cerrado. El 10 de abril, la propiedad, escoltada por la policía, “y sin orden judicial alguna”, según el 15M San Pablo, forzó la entrada. Dos días después, el espacio “volvía a recuperarse para el barrio”.

 

Es ese día, viernes 12 de abril, el que corresponde a los hechos juzgados. Más de un centenar de personas se concentraron a las puertas de “La Soleá”, entre ellas, vecinos y vecinas del barrio, para defender el espacio que acababa de ser ocupado de nuevo. La propiedad se presentó, junto a efectivos de la Policía Nacional, que, sin éxito, intentaron en varias ocasiones romper la barrera humana para acceder al centro. Acabaron marchándose, despedidos por la multitud, bajo gritos de “¡Fuera! ¡Fuera!” y “¡Esto es del barrio!”. Éste último, iniciado por uno de los vecinos, que añadía con rabia: “este espacio nos lo han robado”. 

 

Según la asamblea 15M San Pablo, “el relato de los hechos que figura en la denuncia está lleno de falsedades y mentiras” y explican que “para evitar conflictos, unos cuantos de los presentes intentaron de una manera pacífica y dialogante, explicar a la policía los motivos de la concentración, la policía respondió de forma violenta intentando detener al compañero abogado del 15M, y a partir de este momento, pidieron la documentación a muchos de los presentes”. 

 

José Ignacio Aguilar, abogado de la defensa, afirma que “cuando uno lee el atestado, ve que no contiene ninguna acción punible”. El argumentario de la denuncia sostiene, según Aguilar, que las personas imputadas “estaban inmersas en un grupo de más de cien personas, que gritaban insultos como `sinvergüenzas´”; de cuatro de ellas se limita a añadir que “estaban allí” y a las restantes las señala por su “actitud chulesca, agresiva y desafiante”. Según el abogado, “una actitud es un estado del alma, no es punible, el Estado de Derecho no exige a los ciudadanos que se muestren alegres ante la policía, sí legisla sobre insultos, pero en ningún momento se especifica que alguna de las ocho personas imputadas los profiriera”.

 

El edificio —de uso “educativo” según el Plan General de Ordenación Urbana— perteneció al Ministerio de Educación, siendo transferido después a la Junta de Andalucía. En 2006 se cedió  —sin coste alguno— a ADA. Esta entidad arrastra desde 2010 un proceso de embargo por impago de una hipoteca de 250.400 euros y una deuda de aproximadamente 600.000 euros con Construcciones Selama S.L. “Nos preguntamos cómo no se ha ejecutado esa hipoteca si a las familias que dejan de pagar un mes las echan a empujones de sus casas”. Todo lo contrario, según declaraciones en prensa del director del Centro de Formación Profesional de ADA, Javier Fernández-Montes Fernández, de 6 de septiembre de 2010, fue “milagroso” lo que consiguieron. Según su propio relato, el Ayuntamiento les dio una nueva “parcela” en el este de la ciudad, con la condición de pasar de “asociación benéfica” a “asociación de utilidad pública”: “se aprobó en pleno cedernos este solar de Alcosa, de 6.600 metros cuadrados, por 50 años, siempre que cumplamos la función social”. Y poco después, en 2011, recibieron una subvención de  333.765,00 €, de la Consejería andaluza de Empleo “para la realización de acciones de formación profesional”. 

 

Atrás quedaron las promesas de ofrecer alternativas de formación profesional a un barrio, el Polígono San Pablo, marcado por un olvido que dura más de los 50 años regalados por el Ayuntamiento a ADA. Actualmente el edificio permanece cerrado, después de que el 24 de abril la propiedad, de nuevo amparada por la policía, tapiara sus accesos.