En mayo de 2012, un grupo de familias con graves problemas de vivienda ocuparon un edificio cerrado desde hace años en la sevillana avenida de las Juventudes Musicales. Nacía de esta forma la pionera Corrala Utopía. Desde entonces, el movimiento de recuperación de viviendas vacías, generalmente en manos de entidades bancarias, ha salpicado en forma de corralas la geografía andaluza: actualmente son 16, 12 en la provincia de Sevilla y 4 en Málaga. Su camino ha sido dispar, desde el desalojo —como la Corrala Condequintana en Sevilla— hasta el acuerdo con la propiedad —la Corrala Libertad, ubicada en la misma ciudad—. A veces, incluso, las "conquistas" se quedan en papel mojado, como ha ocurrido recientemente con la Corrala Utopía o no se corresponden con la realidad, como en el caso de la malagueña Buenaventura.

Las familias que viven en la Corrala Utopía recibieron a principios de septiembre la noticia de que Ibercaja, dueña del inmueble, volvía a abrir las vías judiciales. La entidad bancaria se escuda en el incumplimiento del acuerdo por parte de las personas residentes.Desde la Corrala Utopía desmienten esa versión y aseguran que han entregado tanto a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz como al Ayuntamiento, los informes sociales requeridos. Aseguran que pueden demostrarlo.

También acusan a Ibercaja de no haber facilitado el alta de los suministros básicos ( luz y agua), tal y como recogía el acuerdo, y aseguran que “nunca han tenido intención de negociar ni cumplir nada. Están esperando que pase el tiempo para marearnos y echarnos a la calle sin que nadie se entere”.

En Málaga, el Ayuntamiento ha anunciado un acuerdo con las 11 familias que viven en la corrala Buenaventura pero éstas lo desmienten. Según Leti, una de las residentes en el inmueble, “el único compromiso real es que tramitemos unas ayudas de emergencia para el alquiler, 1.000 euros que sirven para tres meses”.

La Corrala Buenaventura está en manos de una promotora cordobesa después de que Bankinter ejecutara un levantamiento hipotecario a la anterior promotora, ahora en bancarrota. Las familias de la corrala se han personado en esta causa e informan de que sigue firme el alzamiento para el 3 de octubre.

El problema de la vivienda en Andalucía se refleja a través de las propias estadísticas oficiales, con casi 18.000 ejecuciones hipotecarias en 2012 y más de 630.000 viviendas vacías en todo el territorio andaluz.

Almería, una de las provincias más castigadas con las expropiaciones de la banca (4,9 ejecuciones por 1.000 habitantes), es también una de las provincias con más pisos vacíos, según los datos del censo, con 107 viviendas vacías por cada 1.000 habitantes.

Ante este panorama, el Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda defiende como una medida urgente la declaración del estado de emergencia habitacional y exige a la Junta de Andalucía su aplicación alegando que la administración autonómica tiene las herramientas legales necesarias para hacerla efectiva. De esta forma, según los colectivos de vivienda, se abordaría esta problemática en todos sus frentes, incluyendo desahucios en casos de alquiler o el corte de suministros básicos por impago, y no sólo los alzamientos hipotecarios, eje del decreto andaluz actualmente paralizado en los tribunales.