Frente a las recientes denuncias de falta de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, la realidad es que el número de policías no ha cesado de crecer.
- “Menos policías en las academias ymás delincuencia en las calles”. Este sensacionalista titular que hace pocos días abría la portada de un periódico gratuito se hacía así eco del fuerte descenso del número de plazas en las convocatorias para entrar en la Policía Nacional (PN) y la Guardia Civil (GC). El reportaje recogía las alarmistas declaraciones de sindicatos policiales que afirmaban: “Las plantillas de ambos cuerpos sufren una importante escasez de personal”. Incluso, un portavoz del SUP añade, “la congelación de la plantilla tendrá consecuencias sobre la seguridad ciudadana”. Y eso a pesar de que los datos de Interior reflejan un descenso en todos índices de criminalidad.
Es cierto que este año, en el Estado
español, solo han salido 369 plazas
para la escala básica del Cuerpo
Nacional de Policía (CNP) y 75 para
la escala ejecutiva –los inspectores.
Unas cifras que están muy lejos de
las 1.949 plazas que se convocaron el
pasado año o las 5.000 de 2008.
Además, como está previsto que los
recortes del gasto público se prolonguen
durante cuatro años, es previsible
que las futuras ofertas de empleo
policial no sean tan generosas. Según
los cálculos de sindicatos policiales,
la plantilla total del CNP disminuirá
unos 5.000 efectivos en los próximos
cuatro años, ya que estiman
que cada año dejarán el servicio entre
2.000 y 2.500 agentes y el número
de nuevas plazas no cubrirá esas bajas.
La disminución de efectivos también
afectará a la GC, cuyas convocatorias
han pasado de las 2.283 plazas
de este año a las 384 para 2011.
Una realidad falseada
En primer lugar, estos datos no tienen
en cuenta la ya elevada plantilla
de estos cuerpos policiales. El 7 de
octubre, en Ávila, juraban el cargo
2.711 nuevos policías que comenzarán
a prestar su servicio. Con esta
promoción, la PN alcanza la mayor
cifra de agentes de su historia: 70.600
efectivos. Días después, el 10 de octubre,
el titular de Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba en su discurso con
motivo de la celebración de la patron de la GC, se encargó de resaltar
el “importante aumento” impulsado
por el Gobierno del PSOE de
más de 15.000 agentes en el instituto
militar –actualmente hay 84.316
efectivos frente a los 68.923 de 2004.
Otro dato fundamental a tener en
cuenta es que en el Estado español,
además del CNP y de la GC, existen
otros cuerpos de policía.
Así, las competencias del CNP y
de la GC varían según las
Comunidades Autónomas, debido a
la asunción de muchas de sus atribuciones
por parte de los Mossos
d’Esquadra en Catalunya, la
Ertzaintza en el País Vasco o la
Policía Foral de Navarra en Navarra.
Todas estas policías autonómicas se
definen como integrales, es decir,
que asumen la totalidad de las funciones
policiales.
Policías autonómicas
La Ertzaintza tiene unos 8.000 agentes
y dispone de 25 comisarías desplegadas
en las distintas comarcas
vascas. Actualmente tiene todas las
competencias en orden público, seguridad
ciudadana, tráfico y juegos
y espectáculos del País Vasco. En
cuanto a los Mossos, con similares
atribuciones en toda Cataluña, disponen
de más de 14.000 agentes
distribuidos en nueve regiones policiales.
Sus responsables pretenden
alcanzar en 2015 los 18.300 policías.
Por su parte, la Policía Foral
de Navarra cuenta con más de mil
agentes.
Pero además de las policías autonómicas
hay que tener en cuenta las
policías municipales, que cada vez
asumen más competencias de policía
integral. En 2008, la Comisión
Estatal de Seguridad Local, un órgano
en el que están representados el
Ministerio del Interior y los municipios,
aprobó un marco para abordar las funciones de policía judicial que,
a partir de entonces, iban a tomar
las policías locales. Con esta medida,
las administraciones estimaron
que más del 30% de los policías locales,
entonces superior a 15.000
agentes, podrían unirse a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del
Estado “en la prevención y la lucha
contra la delincuencia”, lo que implicaba
un sustancial aumento del
papel que desempeñan los Ayuntamientos
en materia de seguridad
ciudadana.
Así, desde hace más de dos años,
los “municipales” de los Ayuntamientos
que han suscrito los acuerdos
de cooperación policial –no todos
los municipios pueden hacerlo
ya que tienen que cumplir ciertos requisitos
para asumir estas competencias
como tener más de 20.000
habitantes– se ocupan, por ejemplo,
de las faltas penales, la violencia de
género, quebrantamientos de condena,
órdenes de alejamiento, hurtos,
delitos contra la seguridad del
tráfico o amenazas y coacciones.
Para ello, las policías locales se han
integrado en el Sistema Estatal de
Bases de Datos Policiales, con lo que
tienen acceso a los antecedentes policiales,
señalamientos nacionales,
registros de vehículos…
Poco a poco las competencias se
han ido ampliando. Las policías municipales
de Madrid y Barcelona,
por ejemplo, tienen unidades de antidisturbios
y, para ciertos operativos,
utilizan agentes de paisano. En
septiembre, un sindicato de la PN
denunció que varios ayuntamientos
catalanes han lanzado a sus agentes
a la caza, redadas mediante, de sin
papeles pese a no tener competencias.
Cada municipio se esfuerza por
tener el mayor número de agentes
posibles. Madrid tiene ya 7.000;
Barcelona, que se acerca ya a los
3.000, ha ampliado la plantilla de la
Guardia Urbana en 1.000 plazas en
los últimos cuatro años; Bilbao tiene
más de 820 agentes y en marzo convocaba
30 nuevas plazas; Valencia
alcanza los 1.900 efectivos y el conjunto
de la Comunidad Valenciana
supera los 10.500 policías locales.
Así, es muy difícil conocer el total
de policías desplegados, porque habría
que recoger los datos dispersos
de los diferentes ayuntamientos y
sumarlos a los efectivos de los diferentes
cuerpos. Solo con los agentes
de los Cuerpos de Seguridad del Estado,
el ratio policial (número de policías
por cada 1.000 habitantes) medio
del Estado español se sitúa en
3,09. Otros cálculos que suman los
agentes autonómicos suben dicho
ratio hasta el 3,71, aunque sin contabilizar
a los agentes municipales.
Según las autoridades europeas, la
situación óptima está en torno a dos
policías por cada 1.000 habitantes.
No es de extrañar que el Directo r
General de la Policía y de la GC haya
afirmado que el aumento de efectivos
nos convierte en “la envidia de
toda Europa, porque incluso en los
años de bonanza económica no ha
habido este crecimiento en ninguno
de los países de nuestro entorno”.
NAVARRA, LA PRIMERA EN EL RANKING
El entramado policial que las administraciones estatal y foral han ido tejiendo en Navarra ya alcanza la cifra de 3.449 policías para un total de 636.000 habitantes (censo de enero de 2010). El sostenido crecimiento de la Policía Foral impulsa año tras año el ratio de funcionarios policiales por cada mil habitantes, que se eleva ya a 5,42 agentes, casi dos policías más que el promedio estatal. La GC sigue siendo el cuerpo con mayor presencia, con 1.800 agentes, mientras que la PN ronda los 650. La Policía Foral, por su parte, dispone de 999 efectivos, que serán 1.110 cuando finalice el
año, tras la incorporación de los seleccionados en las últimas oposiciones. El objetivo, llegar a los 1.200 'forales' en 2011. Si a estos efectivos se sumaran los 775 agentes municipales navarros, el ratio policial alcanzaría los 6,64.
«JUSTICIA SOCIAL FRENTE A JUSTICIA PENAL»
Para Jaume Asens, abogado catalán, «los poderes públicos, por hacer frente a los problemas de inseguridad, han buscado recetas simplistas de corto plazo frente a los síntomas, y no las causas estructurales. Se reduce
a la dimensión criminal, desvinculada de la social. Y de hecho, circunscrita a un tipo de criminalidad, la pequeña delincuencia de calle, en contraste con la económica o de cuello blanco. La cuestión social de la pobreza se transformará en una cuestión de seguridad y la justicia social, en justicia penal». Frente a ello propone otro modelo de seguridad. «El vigente está vinculado a la esfera ideológica del liberalismo que pretende reducir la seguridad a la protección de la propiedad privada y otros intereses económicos. Hay otro modelo: la seguridad debe quedar vinculada a la cuestión social, al acceso a bienes públicos como salud, educación, vivienda, etc.».
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