“Menos policías en las academias ymás delincuencia en las calles”. Este sensacionalista titular que hace pocos días abría la portada de un periódico gratuito se hacía así eco del fuerte descenso del número de plazas en las convocatorias para entrar en la Policía Nacional (PN) y la Guardia Civil (GC). El reportaje recogía las alarmistas declaraciones de sindicatos policiales que afirmaban: “Las plantillas de ambos cuerpos sufren una importante escasez de personal”. Incluso, un portavoz del SUP añade, “la congelación de la plantilla tendrá consecuencias sobre la seguridad ciudadana”. Y eso a pesar de que los datos de Interior reflejan un descenso en todos índices de criminalidad.

Es cierto que este año, en el Estado 
español, solo han salido 369 plazas 
para la escala básica del Cuerpo 
Nacional de Policía (CNP) y 75 para 
la escala ejecutiva –los inspectores. 
Unas cifras que están muy lejos de 
las 1.949 plazas que se convocaron el 
pasado año o las 5.000 de 2008.

Además, como está previsto que los 
recortes del gasto público se prolonguen 
durante cuatro años, es previsible 
que las futuras ofertas de empleo 
policial no sean tan generosas. Según 
los cálculos de sindicatos policiales, 
la plantilla total del CNP disminuirá 
unos 5.000 efectivos en los próximos 
cuatro años, ya que estiman 
que cada año dejarán el servicio entre 
2.000 y 2.500 agentes y el número 
de nuevas plazas no cubrirá esas bajas.

La disminución de efectivos también 
afectará a la GC, cuyas convocatorias 
han pasado de las 2.283 plazas 
de este año a las 384 para 2011.

Una realidad falseada

En primer lugar, estos datos no tienen 
en cuenta la ya elevada plantilla 
de estos cuerpos policiales. El 7 de 
octubre, en Ávila, juraban el cargo 
2.711 nuevos policías que comenzarán 
a prestar su servicio. Con esta 
promoción, la PN alcanza la mayor 
cifra de agentes de su historia: 70.600 
efectivos. Días después, el 10 de octubre, 
el titular de Interior, Alfredo 
Pérez Rubalcaba en su discurso con 
motivo de la celebración de la patron de la GC, se encargó de resaltar 
el “importante aumento” impulsado 
por el Gobierno del PSOE de
más de 15.000 agentes en el instituto 
militar –actualmente hay 84.316 
efectivos frente a los 68.923 de 2004.

Otro dato fundamental a tener en 
cuenta es que en el Estado español, 
además del CNP y de la GC, existen 
otros cuerpos de policía. 
Así, las competencias del CNP y 
de la GC varían según las 
Comunidades Autónomas, debido a 
la asunción de muchas de sus atribuciones 
por parte de los Mossos 
d’Esquadra en Catalunya, la 
Ertzaintza en el País Vasco o la 
Policía Foral de Navarra en Navarra.

Todas estas policías autonómicas se 
definen como integrales, es decir, 
que asumen la totalidad de las funciones 
policiales.

Policías autonómicas

La Ertzaintza tiene unos 8.000 agentes 
y dispone de 25 comisarías desplegadas 
en las distintas comarcas 
vascas. Actualmente tiene todas las 
competencias en orden público, seguridad 
ciudadana, tráfico y juegos 
y espectáculos del País Vasco. En 
cuanto a los Mossos, con similares 
atribuciones en toda Cataluña, disponen 
de más de 14.000 agentes 
distribuidos en nueve regiones policiales.

Sus responsables pretenden 
alcanzar en 2015 los 18.300 policías. 
Por su parte, la Policía Foral 
de Navarra cuenta con más de mil 
agentes. 
Pero además de las policías autonómicas 
hay que tener en cuenta las 
policías municipales, que cada vez 
asumen más competencias de policía 
integral. En 2008, la Comisión 
Estatal de Seguridad Local, un órgano 
en el que están representados el 
Ministerio del Interior y los municipios, 
aprobó un marco para abordar las funciones de policía judicial que, 
a partir de entonces, iban a tomar 
las policías locales. Con esta medida, 
las administraciones estimaron 
que más del 30% de los policías locales, 
entonces superior a 15.000 
agentes, podrían unirse a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del 
Estado “en la prevención y la lucha 
contra la delincuencia”, lo que implicaba 
un sustancial aumento del 
papel que desempeñan los Ayuntamientos 
en materia de seguridad 
ciudadana.

Así, desde hace más de dos años, 
los “municipales” de los Ayuntamientos 
que han suscrito los acuerdos 
de cooperación policial –no todos
los municipios pueden hacerlo 
ya que tienen que cumplir ciertos requisitos 
para asumir estas competencias 
como tener más de 20.000 
habitantes– se ocupan, por ejemplo, 
de las faltas penales, la violencia de 
género, quebrantamientos de condena, 
órdenes de alejamiento, hurtos, 
delitos contra la seguridad del 
tráfico o amenazas y coacciones.

Para ello, las policías locales se han 
integrado en el Sistema Estatal de 
Bases de Datos Policiales, con lo que 
tienen acceso a los antecedentes policiales, 
señalamientos nacionales, 
registros de vehículos… 
Poco a poco las competencias se 
han ido ampliando. Las policías municipales 
de Madrid y Barcelona, 
por ejemplo, tienen unidades de antidisturbios 
y, para ciertos operativos, 
utilizan agentes de paisano. En 
septiembre, un sindicato de la PN 
denunció que varios ayuntamientos 
catalanes han lanzado a sus agentes 
a la caza, redadas mediante, de sin
papeles pese a no tener competencias.

Cada municipio se esfuerza por 
tener el mayor número de agentes 
posibles. Madrid tiene ya 7.000; 
Barcelona, que se acerca ya a los 
3.000, ha ampliado la plantilla de la 
Guardia Urbana en 1.000 plazas en 
los últimos cuatro años; Bilbao tiene 
más de 820 agentes y en marzo convocaba 
30 nuevas plazas; Valencia 
alcanza los 1.900 efectivos y el conjunto 
de la Comunidad Valenciana 
supera los 10.500 policías locales.

Así, es muy difícil conocer el total 
de policías desplegados, porque habría 
que recoger los datos dispersos 
de los diferentes ayuntamientos y 
sumarlos a los efectivos de los diferentes 
cuerpos. Solo con los agentes 
de los Cuerpos de Seguridad del Estado, 
el ratio policial (número de policías 
por cada 1.000 habitantes) medio 
del Estado español se sitúa en 
3,09. Otros cálculos que suman los 
agentes autonómicos suben dicho 
ratio hasta el 3,71, aunque sin contabilizar 
a los agentes municipales.

Según las autoridades europeas, la 
situación óptima está en torno a dos 
policías por cada 1.000 habitantes. 
No es de extrañar que el Directo r
General de la Policía y de la GC haya 
afirmado que el aumento de efectivos 
nos convierte en “la envidia de 
toda Europa, porque incluso en los 
años de bonanza económica no ha 
habido este crecimiento en ninguno 
de los países de nuestro entorno”.