En pocos meses dos menores
internados en centros
terapéuticos se han
quitado la vida. La Oficina
del Defensor del Pueblo
reclama que se asuman
responsabilidades.
El suicidio de Saray, una adolescente
de 14 años, el 19 de abril,
mientras era conducida al centro
terapéutico de Casa Joven Juan
Carlos I en la localidad alcarreña
de Azuqueca de Henares, ha vuelto
a evidenciar las duras condiciones
de vida de los menores tutelados en
los centros de la Fundación
O’Belén. A raíz del caso, desde la
Oficina del Defensor del Pueblo se
ha exigido a O’Belén que deje de
“echar balones fuera” ante casos
como el de Saray, y se sigue instando
a que se produzca un debate social
profundo sobre la situación de
estos menores. En opinión de
Enrique Múgica, la niña se arrojó
del vehículo que la trasladaba “por
la desesperación de tener que volver”
a un centro que el informe presentado
en el Senado señalaba como uno de
los más descuidados y abandonados,
en el que ha sido habitual el
maltrato psicológico, la contención
física y el abuso de poder por parte
del personal contratado.
Fuentes cercanas a ex internos
del centro expresan la consternación
que produjo en Casa Joven el
fallecimiento de Saray y su temor a
que sigan produciéndose sucesos
de esta clase. No en vano, en menos
de dos años, tres menores que
estaban internados en los centros
de O’Belén se han quitado la vida y
otros dos han tratado de hacerlo.
En este sentido, las mismas fuentes
denuncian los “métodos inquisitoriales”
empleados en Casa Joven y
consideran que, aunque el equipo
de cuidadores y psicólogos ha cambiado
desde la visita del Defensor
del Pueblo, en el método de O’Belén
sigue prevaleciendo la anulación de
los menores mediante técnicas coercitivas
y sedación médica.
El revuelo mediático generado
por el informe de la Oficina que dirige
Múgica ha tenido otro tipo de
consecuencias. Días después del
suicidio de Saray, Ibercaja anunció
su decisión de abandonar el Patronato
de O’Belén, en el que participaba
desde hace diez años.
Por otra parte, el 22 de abril más
de un centenar de personas se concentraron
en la sede del Instituto
Madrileño del Menor y la Familia
para exigir que se retire a la citada
Fundación la gestión de los centros
de menores y para recordar a
la menor fallecida.
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