"MÉXICO // DENUNCIAN QUE SE ""CONSOLIDA LA IMPUNIDAD"""
Acteal, herida que no cierra

En 1997, la matanza de
45 indios fue considerada
como un “crimen de lesa
humanidad”. La liberación
de sus autores renueva
la demanda de castigo.

03/09/09 · 0:00
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La opinión pública de México,
a la que no faltan temas
alarmantes e imperiosos,
se sacude desde que el pasado
12 de agosto la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) determinó
liberar, por “errores en el
procedimiento penal”, a 20 paramilitares
del grupo que perpetró la
masacre de Acteal, en Chiapas, el
22 de diciembre de 1997. Los “inmediatamente”
liberados, identificados
como miembros del grupo
armado que realizó la masacre, llevaban
en prisión 11 años, ni la mitad
de su condena.

Aquel crimen conmovió al mundo.
Se pronunciaron por la aplicación
de justicia hasta los presidentes
de Estados Unidos y Francia y
el papa que vivía en Roma. En México,
la crisis del Estado fue tal que
cayeron el gobernador de Chiapas,
el negociador federal y una cadena
de funcionarios y mandos policiacos.
El secretario de Gobernación,
Emilio Chuayffet, fue el último fusible
quemado antes del presidente
Ernesto Zedillo Ponce de León y su
secretario de la Defensa Nacional,
general Enrique Cervantes Aguirre,
los dos únicos que se libraron.

Así de alto caló el crimen, que lo
fue de Estado, como se documentó
y denunció reiteradamente aún antes
de la masacre. En el municipio
tzotzil de Chenalhó, desde mayo de
1997 se había desatado una ofensiva
paramilitar clásica contra el municipio
autónomo zapatista San Pedro
Polhó y organizaciones aliadas,
como Las Abejas (pacifista y vinculada
a la diócesis católica de San
Cristóbal de las Casas, entonces un
enclave importante de la teología
de la liberación latinoamericana
que tanto incomodaba al Vaticano).

Tras el levantamiento del EZLN
en 1994, el zapatismo se había extendido
por el territorio indígena de
Chiapas, y el Gobierno estableció
un plan de guerra encubierta en su
contra. Pero las evidencias de su
existencia estuvieron al alcance
desde el primer momento. Había
más de 10.000 desplazados.

Predominaba la certidumbre de
que la masacre, imprevista y dolorosa,
había sido anunciada muchas
veces, de muchas maneras,
en los meses y semanas anteriores.
Sólo el Gobierno negaba que
existiera algo más que “conflictos
agrarios” (que después de la masacre
se llamarían “intra e intercomunitarios”).
En Chenalhó, como
otras regiones de Chiapas, se desarrollaba
una guerra irregular
contra la resistencia zapatista y
sus aliados, alimentada por los
“programas sociales” oficiales, y
diseñada desde la ocupación militar
que se asentó en las comunidades
indígenas desde 1995, y después
de Acteal se extendió todavía
más. La masacre fue preámbulo de
una ofensiva mayor que avanzaría
posiciones y plantaría campamentos
en todo Chenalhó.

Al dictaminar la Corte la liberación
de los paramilitares, avanza la
consolidación de la impunidad para
los autores intelectuales del considerado
internacionalmente “crimen
de lesa humanidad”. Pero también
se reabre una herida nacional que
12 años después no ha cerrado, y
con ello se renueva la demanda de
castigo para el gobierno genocida
de Ernesto Zedillo y sus cómplices.

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