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“Tras 9 años de lógica enloquecida, encarcelamientos injustificados y el mismo proceso como castigo (9 años, 3.285 días, 80.000 horas y 5 millones de minutos de espera) os enviamos este e-mail, el correo electrónico que deseabamos escribir hace 5 millones de minutos”. Con estas palabras anunciaba una plataforma de apoyo a la desobediencia civil y de apoyo a los encausados del macrosumario 18/98 la absolución de 8 de los 9 condenados a penas de 9 y 10 años de prisión en la ’pieza desobediencia civil’. La absolución es firme desde el 29 de abril.

Los absueltos por este auto son: Sabino Ormazabal, Mario Zubiaga, Olatz Altuna,
Mikel Aznar , Fernando Olalde, Iñaki O’Shea, Mikel Zuloaga, Alberto Frías.

Carlos Trenor es el único imputado en la pieza que sigue encarcelado, posiblemente al quedar condenado también en la pieza Orain.

En la vista realizada entre los días 20 y 22 de abril en el Tribunal Supremo para revisar la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, la fiscalía solicitó la absolución para siete de los nueve los miembros de la Fundación Joxemi Zumalabe. Todos habían sido condenados en diciembre de 2007 a penas de nueve
y diez años de prisión por “colaboración con banda armada”.

Además de pedir la absolución
de Sabino Ormazabal, Mario Zubiaga,
Alberto Frías, Olatz Altuna,
Miguel Aznar y Fernando Olalde,
todos ellos actualmente en libertad,
el fiscal Juan Ignacio Campos solicitó
también la no condena para
Mikel Zuloaga, autor del documento
Piztu (Encender), en paradero
desconocido desde hace 16 meses,
al entender que no hay motivos para
condenarle. Respecto a los encarcelados
Carlos Trenor e Iñaki
O’Shea, también imputados en esa
pieza, el fiscal mantiene penas de
prisión (15 y ocho años respectivamente)
al atribuirles otros supuestos
delitos vinculados con la revista
Ezpala y la empresa Orain, editora
del clausurado diario Egin.

La petición fiscal enmienda así la
totalidad de la operación ordenada
por el juez Baltasar Garzón en octubre
de 2000. Tras nueve años, ha
sido la propia fiscalía quien ha señalado
que la fundación nació en
1995 para dinamizar el movimiento
popular vasco y que “ha realizado
esa labor desde entonces”. El mismo
fiscal adujo “problemas técnicos
importantes” en las acusaciones
contra la Fundación y recordó
que no fue ilegalizada ni disuelta
por lo que “se le hacía difícil la condena
a esta asociación”. Incluso señaló
que la Fundación Joxemi Zumalabe,
que promueve la desobediencia
civil, “cumplía sus objetivos
de buscar apoyos a los movimientos
populares del País Vasco entre
el sector juvenil”. Sólo la AVT mantuvo
la petición de penas impuesta
por la Audiencia Nacional.
La fiscalía también ha pedido la
absolución de Natale Landa, condenada
a 11 años en la pieza ‘Ekin’.

Con todo, el fiscal ha mantenido la
tesis oficial de que “todo es ETA” y
se ha limitado a solicitar rebajas de
pena de dos y tres años para 30 de
los 47 condenados aduciendo que
se les aplicó el máximo castigo previsto
sin motivación razonada.
Coincidiendo con el inicio de la
revisión de la sentencia, fue hecho
público un manifiesto que reclama
la no equiparación de la desobediencia
civil con delitos de terrorismo.

500 personas y 50 organizaciones
han firmado una declaración,
impulsada por más de un centenar
de insumisos al servicio militar obligatorio
y respaldado por activistas
antimilitaristas del País Vasco, Navarra,
Valencia, Aragón, Andalucía,
Madrid y las Islas Canarias. Particular
mención merece la solidaridad
catalana. La práctica totalidad
de su movimiento pacifista ha suscrito
el manifiesto, junto a, entre
otros, personalidades de la cultura
y de cuatro diputados catalanes. El
texto rechaza todo el proceso judicial
y denuncia la incongruencia
procesal, la falta de pruebas y la
adulteración de los peritajes.

Los promotores de esta iniciativa
han recibido con cautela la petición
fiscal y esperan, para hacer valoraciones,
a la sentencia del Supremo,
prevista para antes del verano.