EL FISCAL NO APORTÓ NI UN SÓLO ARGUMENTO PARA AVALAR LA PETICIÓN DEL GOBIERNO PERUANO
El abogado de Carranza presenta en la Audiencia Nacional sólidas razones para evitar la extradición

Durante la vista oral que tuvo lugar en la mañana de ayer en la Audiencia Nacional, el letrado Gonzalo Boye, defensor del abogado y mediador vecinal de origen peruano Juan Manuel Carranza Laurente, se mostró absolutamente contundente en el rechazo a la petición de extradición que pesa sobre su cliente...

02/02/10 · 19:53
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Juan Manuel se vio arropado en la Audiencia Nacional por un grupo de amigos y compañeros de trabajo. /Fotogracción

Era consciente de que la razón, que se asienta sobre sólidos argumentos jurídicos y humanitarios, estaba de su parte. Por contra, la fiscalía de la Audiencia Nacional se limitó a suscribir la petición del Gobierno de Alan García, sin realizar una sola pregunta.

En la vista se puso de manifiesto que el caso hace referencia a una auténtica persecución política en la que se acusa de “terrorismo” a un abogado por defender los derechos humanos en Perú, sostuvo Boyle. Y que hoy siguen vigentes los motivos que fundamentaron su condición de refugiado político en Argentina en 1996, ya que la acusación en Perú se basa en declaraciones de detenidos que fueron torturados y de “arrepentidos” en los lamentablemente famosos procesos de “jueces sin rostro”.

La Comisión Española de Ayuda al refugiado (CEAR), asesorada por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha elaborado un informe que fue presentado como prueba de la persecución política que está viviendo Juan Manuel Carranza en estos momentos y de su necesidad de protección. Para solicitar la extradición, “el Gobierno peruano retoma los cargos de la acusación en 2008, tras la sentencia condenatoria a Fujimori, cuando las instituciones peruanas trataban de lavar su imagen a nivel internacional”, indicó ayer su abogado.

También se documentaron las inconsistencias del cuadernillo de extradición, que tomaba como válidas unas pruebas previamente anuladas por el Tribunal Constitucional de Perú, así como la clara intencionalidad del procurador de la Fiscalía Antiterrorista de Perú, Julio Galindo, que en abril de 2008,informó en varios medios de comunicación peruanos sobre la detención de Juan Manuel Carranza Laurente en Madrid, un hecho que nunca tuvo lugar. Estos hechos dejaron claro el móvil político de la petición de extradición, que se enmarca en una campaña en la que se persigue con cargos muy similares a otros defensores de los derechos humanos como Mónica Feria Tinta, a la que Alemania ya ha dado la debida protección.

También quedó más que probada la voluntad de Juan Manuel Carranza de colaborar con la justicia española, ya que fue él quien se personó, de forma voluntaria, en este proceso judicial, con la intención de aclarar este asunto con las debidas garantías en España. Tanto él como su abogado y su familia tienen el temor fundado de que en Perú no se celebraría un juicio justo y con las suficientes garantías procesales, y el trato en las cárceles sería, como documentan varios de los informes presentados como pruebas, inhumano y degradante. Así lo certifican contundentes investigaciones de entidades tan diferentes como la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Conferencia Episcopal o la propia defensoría del Pueblo Peruano, entre otras.

Por otro lado, según la normativa aplicable tanto en España como en Perú, los cargos que se imputan, que se basan en pruebas poco sostenibles, habrían prescrito, aseguró Boye, que alertó del daño irreparable que supondría para Manuel y su familia que el Estado español autorizara su extradición.

El comité de Apoyo a Juan Manuel Carranza Laurente sigue recogiendo firmas de apoyo para evitar una extradición que consideran a todas luces injusta. En el marco de la solidaridad con este peruano nacionalizado español, hay que destacar que ayer estuvo acompañado en la Audiencia Nacional por un numeroso grupo de familiares, amigos y compañeros de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), organización en la que trabaja como mediador vecinal, así como de varios responsables de otras entidades que le han mostrado su apoyo, como CEAR o la Asociación Libre de Abogados.

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