MEMORIA HISTÓRICA // SIRVIÓ PARA PERDONAR LA REPRESIÓN EJERCIDA POR EL RÉGIMEN FRANQUISTA
La Ley de Amnistía de 1977 o la Transición intransitiva

Un repaso a la ley que
sirvió de punto y final al
Franquismo. Esta
amnistía fue duramente
criticada en las últimas
protestas en defensa de
la Memoria Histórica.

18/05/10 · 6:00

Dice el poeta Juan Gelman
que desaparecen los dictadores
de la escena y
aparecen entonces los
organizadores del olvido. Nos recuerda
Reyes Mate: “La forma más
perversa de olvido consiste en privar
de significación y de actualidad
a la injusticia pasada”. Ambas reflexiones
son especialmente atinadas
para hablar de la Ley de Amnistía,
aprobada por el nuevo Parlamento
‘democrático’ en 1977
. Casi a la vez
que se firmaban los mitificados Pactos
de la Moncloa: el “consenso”
sobre el olvido del pasado acompañaba
así a unos acuerdos destinados
a respetar al bloque económico
en el poder y a frenar la dinámica
ascendente del movimiento obrero.

En realidad, esa ley intentaba
completar las medidas de amnistía
parciales que se habían tomado desdel
verano de 1976
y que habían
permitido ya la libertad o el retorno
del exilio de un número significativo
de antifranquistas. Faltaban, sobre
todo, presos –y “extrañados” o
deportados– de ETA, junto con algunos
del Movimiento por la Autodeterminación
e Independencia del
Archipiélago Canario y del Frente
Revolucionario Antifascista y Patriota,
condenados por delitos de
sangre. Además de muchos trabajadores
despedidos por motivos
“políticos”. Entonces, en el tercer
trimestre de 1977, se produjo la más
intensa movilización en Euskadi para
liberar a todos esos presos.

La respuesta a esa presión por su
puesta en libertad (al final fueron
en total 153, según el fiscal del
Reino) llevó a la aprobación de una
ley que amnistiaba “todos los actos
de intencionalidad política, cualquiera
que fuese su resultado, implicados
como delitos y faltas realizados
con anterioridad al día 15 de
diciembre de 1976” (fecha del referéndum
sobre la Ley de Reforma
Política de Suárez). Sin embargo, la
UCD aprovechó esa “concesión”
obligada para introducir, con el apoyo
tanto del PSOE como del PCE, la
amnistía para “los delitos y faltas
que pudieran haber cometido las
autoridades, funcionarios y agentes
de orden público, con motivo u ocasión
de la investigación y persecución
de los actos incluidos en esta
Ley”; y “los delitos cometidos por
los funcionarios y agentes del orden
público contra el ejercicio de
los derechos de las personas”.
Se ‘perdonaron’ así tanto “delitos”
cometidos por quienes habían
luchado por las libertades democráticas
como la represión franquista.

Se trataba de algo inédito en la
Europa posterior al nazismo. Por
eso, se presentó la Transición como
“modélica”, pese a ser todo lo contrario,
como bien recuerda Jon Elster:
“El caso español es único dentro
de las transiciones a la democracia
por el hecho de que hubo una
decisión deliberada y consensuada
de evitar la justicia transnacional”.

Ése fue el altísimo precio que pagó
la llamada “oposición democrática
antifranquista” en nombre de
una ilusoria “reconciliación nacional”,
bien utilizada por Suárez y los
“poderes fácticos” para asegurarse
el control de la Transición. Éste tendría
su “consagración” en la aprobación
de una Constitución que no
hace mención al rechazo del Franquismo
y blinda, en cambio, la monarquía,
la “indisoluble unidad de
la Nación española” y los privilegios
de la Iglesia, herencias todas ellas
de la dictadura.

Luego, se quiso convertir esa ley
de “punto final” en referente para
otras transiciones. Como comprobamos
en Chile o Argentina, leyes
similares no han resistido a la lucha
por recuperar la memoria y a las
conquistas logradas en el ámbito
del Derecho Internacional y de la
imprescriptibilidad de los crímenes
de lesa humanidad.

Se comprueba así por desgracia
que, como escribió el ya fallecido
Pepín Vidal Beneyto, “el sepultamiento
de la memoria política durante
la Transición, que se tradujo
en una primera fase en una banalización
de la dictadura, se ha transformado
en una naturalización histórica
del franquismo”. Hoy, pese al
enorme coste que esto ha supuesto,
la extensa lista de apologistas de
aquella Transición todavía insiste
en que la aprobación de aquella Ley
era necesaria e incluso inevitable.
Por el contrario, quienes nos opusimos
entonces a la misma seguimos
pensando que otro camino, el de la
intensificación de la movilización
desde abajo hasta la ruptura y la exigencia
de justicia para las víctimas
del Franquismo, era posible.

INTENTOS DE DEROGACIÓN

La petición de derogación
de la Ley de
Amnistía, expresada
en enero de 2009
por el Comité de
Derechos Humanos,
después por el Comité
contra la Tortura
en noviembre y finalmente
por el Grupo
de Trabajo sobre
Desapariciones Forzosas
en diciembre,
todos ellos dependientes
de la ONU,
sigue tropezando con
la resistencia no sólo
de un amplio sector
del poder judicial,
sino también de la
mayoría de la derecha
política, económica
y mediática. Pero
también de un sector
nada despreciable de
la izquierda oficial. La
conocida como Ley
de Memoria Histórica
tampoco llegó a cuestionar
la impunidad
del Franquismo.

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