El foro tenía varios objetivos: Crear unas jornadas públicas de debate
y reflexión en torno a la propiedad intelectual, redactar una carta de
derechos digitales y, por supuesto, conspirar para intentar detener
las principipales amenazas a las que nos enfrentamos: el tratado
económico ACTA y el Paquete Telecom. En cualquiera de los tres casos
solo hay una palabra para resumirlos: un exito, tanto en la
organización como en sus contenidos.

Como las jornadas públicas están alojadas en la propia web del
evento y no puedo hablaros por el momento de
todos nuestros planes, me centraré en la carta de derechos digitales.

Carta de derechos digitales

Vivimos en un momento de perdida de derechos (laborales, de libertad
de movimiento, etc...) muy acuciante. Estas batallas están llegando a
la red y queríamos revertir la situación mediante la creación de una
carta de derechos fundamentales en el mundo digital. En la mayoría de
los casos se corresponden a derechos humanos universales, pero que
necesitan una traducción para no ser "olvidados" por las
administraciones ni los legisladores, como acostumbran. Para poder
redactarlos se crearon varias mesas de trabajo, intentaré resumiros
algunas de ellas.

Exigencias legales

En esta mesa se trato de conseguir que los derechos de autor en ningún
caso pudieran estar por encima de los derechos fundamentales como la
libertad de expresión o la privacidad. Así, con el fin de asegurar el
acceso a la cultura y el conocimiento, deben desaparecer las
limitaciones que impone el copyright en estos casos. Para ello hay que
asegurar el derecho a cita, el derecho de copia privada sin animo de
lucro así como la licencia para usar las obras sin restricciones en el
ámbito académico, educativo, investigador o satírico. Así mismo no
debe haber ninguna obra que recibiendo subvención publica que no lleve
una licencia libre, ya que lo que es financiado entre todos debe
pertenecernos a todos.

Exigencias en el campo de la educación

La educación es un ejemplo de compartir conocimiento y por ello no
podemos poner restricciones a la hora de hacerlo. Para poder conseguir
un derecho efectivo a la educación debemos partir de varias premisas.
La primera es el uso de software libre y los estandares de
comunicación abiertos, ya que en ambos casos se evita crear
diferencias que generen estudiantes de primera o segunda clase. Los
recursos educativos deben ser libres con el fin de que puedan ser
usados, traducidos o adaptados para cualquier otro educador. Eso mismo
debe suceder con los resultados de la investigación académica, con el
fin de compartir los avances de la humanidad.

Infraestructura libre para una sociedad libre

Actualmente, la mayoría de los proveedores de servicios de internet se
están convirtiendo en proveedores de contenidos multimedia. Eso les
genera un conflicto a la hora de servirnos una internet libre y
’neutral’, apelativo habitual para referirnos a una red en la que no
hay obstáculos artificiales y donde las limitaciones vienen solo dados
por el transmisor y el receptor del mensaje. Por esta razón, es
necesario que parte de nuestros derechos tengan una correspondencia
con la forma en que generamos la infraestructura de internet. Por ello
necesitamos que los ciudadanos tengan el derecho a crear redes
ciudadanos sin depender de un proveedor (como la red ciudadana
guifi.net y espacios en los diferentes rangos de frecuencias para
poder tener derecho a emisoras y canales de tv en la actual tdt.

Como derechos de los usuarios, estos deben tener derecho a cifrar sus
comunicaciones, así como a no revelar las claves ante un juez. Poder
mantener el anonimato también debe ser un derecho fundamental porque
la privacidad también lo es, ya sea navegando o en el uso de servicios
en ‘la nube’. En el caso de las administraciones públicas deben usar
software libre, y en caso de que no exista una alternativa libre,
deben promover la existencia de una, tanto en sus compras como en las
ayudas y subvenciones que concedan. Por último, el estado debe
garantizar una conexión mínima gratuita, independientemente del lugar
de residencia, con el fin de que todos los ciudadanos tengan el
derecho de ejercer sus derechos a través de internet.